“El respeto a las víctimas ya no permite leyes de punto final”: presidente de la JEP

El magistrado Roberto Carlos Vidal es el actual presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La tensión entre los siete miembros del último secretariado que tuvo la extinta guerrilla de las FARC y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parece ir subiendo de nivel por cuenta de dos duras cartas en las que los excombatientes advertían sobre varios presuntos incumplimientos de esa justicia transicional y proponían un tribunal de cierre -que muchos interpretaron como una ley de punto final- para reemplazarla.

En diálogo con este diario, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, habló, entre otros temas, de las razones por las que no podría haber una ley de punto final.

¿Cuál es su lectura acerca de la propuesta del antiguo secretariado de las extintas FARC de tener un tribunal de cierre?

Se trata de dos mundos que se están conectando y uno es el mundo de la política, en el que las FARC en buena hora, habiendo cumplido sus compromisos en el Acuerdo, se dirigen como un actor político en la sociedad, como los grandes guardianes del cumplimiento del acuerdo junto a otros actores, y en esos términos están poniendo en conocimiento público los problemas que ha tenido la implementación de los compromisos que ellos suscribieron, y entre esos algunos que vinculan al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el otro mundo es en el que ellos son comparecientes ante la jurisdicción, donde son las personas que vienen a la JEP a resolver sus asuntos jurídicos, los que son máximos responsables que aportan verdad y responden por su participación en la comisión de los más graves crímenes internacionales y hacen parte de nuestros procesos.

Esos dos mundos están conectados pero son distintos, en el que ellos se pronuncian como firmantes del acuerdo y actor político, pues nosotros en la JEP somos sumamente respetuosos de su opinión, celebramos de hecho que ellos hagan esas manifestaciones y en algunas de las cuestiones, por supuesto, oímos las observaciones que ellos tienen.

En otras, en las que están involucrados temas que tienen que ver con nuestros procesos y donde nos relacionamos como juez y compareciente, sí pedimos un respeto muy grande por la autonomía de la JEP como alta corte y como un tribunal de justicia transicional que los está investigando y que ha mostrado enormes avances en términos de verdad y de responsabilidad.

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Algunas personas han leído este tribunal como una ley de punto final, de hecho ustedes se han pronunciado de esta manera, ¿esto tendría alguna consecuencia dentro de la JEP o en su trabajo?

Hay una diferencia entre cerrar, que es la preocupación que hay en todo conflicto armado, lograr un cierre político, lograr un cierre militar, no más hostilidades, y un cierre judicial. Hoy en día la comprensión que tenemos en eso no es simplemente resolver el problema judicial de los que fueron combatientes, sino antes que cualquier cosa tratar de resolver los problemas del ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto. Así es que hablamos de cierre y en ese sentido la Jurisdicción Especial para la Paz está concebida como un tribunal de cierre del conflicto entre las FARC y el Gobierno y estamos avanzando en ello. Por eso la JEP tiene una estricta temporalidad, nosotros tenemos un plazo para la terminación de nuestros procesos, que lo estamos cumpliendo, y tenemos una planeación para hacerlo. El país puede estar tranquilo de que en esos plazos vamos a cumplir con el cierre de los juicios y de las investigaciones y también de las condenas que habrá de los actores que comparecen a la JEP como las FARC, la Fuerza Pública y en algunos casos terceros y funcionarios del Estado.

Pero una cosa distinta son las leyes de punto final que se utilizaron en toda la región, incluyendo Colombia, antes de que existiera la Corte Penal Internacional y toda la legislación y la jurisprudencia interamericana sobre protección de derechos a las víctimas. Acuerdos como el del Frente Nacional o incluso el de la desmovilización del M-19 eran acuerdos entre las partes combatientes y que se resolvían en un perdón recíproco y con un pasar la página del conflicto. Claro, todavía hay actores que quisieran que eso funcionara así. Pero bajo las condiciones actuales y, por fortuna, el respeto al derecho a las víctimas ya no permite ese tipo de acuerdos.

Usted dice que el tema central con esta tensión podría ser el aporte de verdad que está haciendo la JEP, qué está llegando a lugares remotos y, de paso, tocando a muchos actores…

Claro, es que la diferencia entre lo que nosotros hacemos y una ley de punto final es que nuestro trabajo se basa en la verdad, en los aportes de verdad y esa es la demanda más importante que nos han hecho las víctimas. Nosotros nos hemos reunido todos estos años con víctimas que nos dicen todo el tiempo que lo que quieren es saber lo que pasó. Muchas verdades del conflicto colombiano han sido muchas acalladas. Ellos nos piden verdad, nos piden reconocimiento. La sociedad necesita reconocer a las víctimas y darles toda la dignidad. Finalmente que los responsables reconozcan eso y asuman ante el país y ante ellas, sobre todo la responsabilidad. Eso es lo que hoy se entiende por un sistema judicial respetuoso de los derechos de las víctimas y que es un mínimo internacional.

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Hablemos sobre los tres incumplimientos que alegan las FARC que tiene la JEP: la demora en las amnistías, la vinculación de más excombatientes de bajo rango y el temor a que no haya una solaresolución de conclusiones. Empecemos con las amnistías…

Hemos hecho una investigación muy detallada sobre amnistías que concedió el presidente de la República en la autoridad dentro del acuerdo. Hay otras amnistías, un poco más de 1.500 que concedieron los jueces ordinarios, y los casos en que nosotros concedemos amnistías que eran un poquito más de 1.000 de las que hemos concedido 600. La investigación que presentamos hace un par de semanas mostraba que alrededor del 85 por ciento de las personas que se desmovilizaron ya tienen su amnistía resuelta. Y esa era una preocupación nuestra, porque la amnistía resuelta implica que ellos puedan ejercer sus derechos de ciudadano y ese es uno de los propósitos centrales del acuerdo. Entonces eso, nos hemos preocupado mucho del tema. Faltan algunas amnistías que están en proceso, pero hemos podido explicar con mucho detalle a los comparecientes de las FARC cuál es la situación de las amnistías.

… Y en el caso de que supuestamente la JEP está vinculando a más excombatientes y no centrándose en los máximos responsables, ¿qué dice de eso?

Don temas legales un poquito densos, pero trataré de ponerlo en estos términos: uno de los aportes más grandes que ha hecho la JEP en sus investigaciones tiene que ver con el acceso a la verdad. Ese acceso lo tenemos porque el acuerdo nos dispuso de unas herramientas que no habían tenido autoridades judiciales antes. Tenemos la base de datos más grande sobre hechos del conflicto: casi 20 millones de entradas individuales tienen la base de datos de la JEP que cruza todas las bases públicas y privadas sobre el conflicto armado. Tenemos 1.000 informes presentados por las organizaciones de víctimas y entidades públicas y privadas. Y sobre todo, la obligación que tienen nuestros comparecientes de aportar verdad exhaustiva y detallada sobre lo que nosotros averiguamos y así poder permanecer en la JEP y recibir sus beneficios. Todo eso nos da, si quieren, un acceso privilegiado a la verdad y nos ha permitido conocer dimensiones del conflicto que estaban desconocidas o que habían sido simplemente ignoradas cuestiones tan graves para el país.

Las FARC entonces en esa queja, lo que está diciendo es que nosotros hemos ido en esos procesos investigando máximos responsables y a otras personas que tuvieron una responsabilidad muy grande en el patrón que investigamos o que estuvieron cerca de la acción. Pero ara que nos entiendan, muchas víctimas venían a preguntarnos por los familiares secuestrados. Yo mismo recibí preguntas de ese estilo, cuestiones que son muy dolorosas y que entenderá la gente de qué se trata. Víctimas que decían quiero saber ¿Cómo murió mi papá? ¿En qué condiciones estaba? ¿Le dolió? ¿Se quejó? ¿Habló de nosotros? ¿De sus hijos? Y cuando nosotros le preguntábamos eso a los miembros del antiguo secretariado n os decían, pues yo no tengo ni idea. Yo lo que hice fue dar una orden general de hacer unos secuestros, pero no estaba al lado de su papá ni yo fui el que lo secuestré. Entonces, ¿qué nos tocó ir? Donde el carcelero que lo estaba cuidando, donde el comandante que ordenó ese secuestro y que era el que nos podía dar esa información y que tiene una responsabilidad por ello. Entonces, la responsabilidad en la JEP se va extendiendo mucho más allá pues de las siete personas del secretariado.

Sobre las sanciones, el temor de los excombatientes es que no haya una única resolución, sino una por cada uno de los 11 macrocasos y que eso demore mucho más tiempo..

Lo que tendría que decir es la JEP tiene un horizonte limitado de investigación. Eso es lo que se llama la posibilidad de priorización. La justicia ordinaria trató de investigar todos los millones y millones de crímenes que se cometieron en el conflicto y eso lo que produjo fue impunidad porque no hay capacidad para investigar eso. El Acuerdo de Paz nos dio la posibilidad de priorizar, es decir tomar los caso más graves y representativos, concentrarnos en eso y dentro de eso no juzgar a todo el mundo, sino solo a los máximos responsables. Ese proceso lo terminamos el año pasado.

Decidimos que la JEP investiga solo 11 macro casos, pero que son casos con decenas de miles de víctimas, cientos de comparecientes, decenas de miles de hechos: 20.000 secuestros, 6.400 falsos positivos, por ejemplo. Cinco de esos macrocasos involucran gente de las FARC. Claro, cada uno de esos casos va a tener sus conclusiones, tal vez vaya a tener unas sentencias condenatorias en los casos en que corresponda. Pero digamos la garantía que tienen los comparecientes de la JEP es que la sanción en la JEP es solo una. No sumamos sanciones como pasa en la justicia ordinaria, sino que es solo una. Hasta ocho años haciendo labores para ayudar a la restauración de las víctimas y que la JEP tiene un carácter temporal. Creo que hay salvaguardas que permiten a los comparecientes entender que no van a estar perpetuamente sometidos a un proceso en la jurisdicción.

Esta tensión tiene varios antecedentes como las constantes peticiones del entonces canciller Álvaro Leyva en el Consejo de Seguridad para que la JEP se abriera a otros grupos y se dejara de “fragmentar la verdad”, un término que también usa el presidente Gustavo Petro. Ustedes hablaron con el presidente y le presentaron hace meses una propuesta, ¿cuál fue?

En la justicia transicional lo que se han creado es como competencias verdaderamente fragmentadas para estudiar la verdad. La primera fue la de los compañeros magistrados de los tribunales de Justicia y Paz. Ellos tenían una competencia absolutamente limitada y solo podían investigar a los paramilitares que se desmovilizaron en ese proceso de paz, al punto que si ellos encontraran información sobre otra persona distinta, les tocaba remitir la investigación a otra autoridad competente porque ellos no lo eran. Nosotros ahora tenemos una competencia un poquito más grande.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha convocado a muchas autoridades, a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, a nosotros para una comisión bastante plural de reforma a la justicia, en que se han traído muchas propuestas. Una de las que ha presentado la Jurisdicción Especial para la Paz es que pudiéramos reunirnos todas las autoridades judiciales y también en otro momento de gobierno relacionadas con la justicia transicional y que pudiéramos como sumar los esfuerzos y utilizar esto que hemos llamado competencias concurrentes, es decir, no trabajar cada uno separadamente, sino de repente trabajar juntos y ver cómo podríamos cada uno aportar desde su pedacito y juntarlo todo en un intento que acompañe los procesos de paz del futuro. Pero todo eso es una decisión, es una propuesta en la que nosotros aportamos experiencia, pero las decisiones sobre eso le corresponden al Gobierno y al Congreso.

Hablando del Congreso, se está tramitando la ley de segundas oportunidades, en la que también hablan un poco de esto, de ampliar Justicia y Paz y que entren más personas dentro de esa competencia. ¿Eso va en contravía de la idea que tiene el Ministerio de Justicia?

Mire, yo no usaría la palabra contravía. Lo que le diría, más bien, es que la paz total es un desafío jurídico y judicial de unas proporciones enormes que estamos hablando de gravísimos delitos que involucran a un montón de gente y hay una preocupación grande de cómo resolver esto de manera masiva. Yo lo que leo allí, más que contradicciones, es como intentos desde diferentes sectores por encontrar vías posibles. Y yo creo que no se debe descartar ninguna, sino que hay que ver qué es lo que añade o qué es lo que contribuye a cada una de esas propuestas de diferentes orillas. Le mencionaba la que nosotros hemos hecho y sugerido al Ministerio de Justicia.

En esa ley de segundas oportunidades ellos están pensando en un sistema centrado en los tribunales de Justicia y Paz que pudieran recibir a una cantidad de actores que se están quedando como sin solución jurídica. Eso hace parte de los debates que tendrán que darse en el Congreso y es lo que se llama la arquitectura para la paz. ¿Cómo va a ser la arquitectura jurídica para lograr la paz? Nosotros desde la JEP hemos dicho somos completamente respetuosos de las decisiones y el trabajo que se realice en esos órganos que son los competentes para diseñarlo y tenemos toda la disposición para aportarle nuestra experiencia en el tema y que ellos toman lo que le parezca que es viable y útil.

Le decía contravía porque es, por un lado, se presenta una idea para la reforma a la justicia que tenga este gran sistema de justicia transicional que sume las competencias y, por otro lado, un proyecto que quiere que todo se centre en Justicia y Paz y donde pareciera que la JEP no tiene mucho que ver…

Sí, sin duda ellos están pensando más en un papel central de los tribunales de Justicia y Paz y eso puede ser interesante en el futuro. Eso hace parte de un debate público que tiene que enriquecerse mucho porque lo que hay es que encontrar, en últimas, las fórmulas que posibiliten la paz. Yo lo que creo es que no puede pasar que se diga que la paz no se puede hacer por un obstáculo jurídico. La paz se tiene que viabilizar desde muchos sectores.

¿Se ha pensado en que la JEP amplíe, como lo ha pedido el mismo canciller Leiva, a otros grupos armados, a otros actores, incluso ahora que hablábamos de la paz total?

Yo ahí quisiera ser muy enfático. La posibilidad de cómo se organizan las instituciones para lidiar con el tema de justicia está en manos de las iniciativas del Gobierno y el Congreso. Ellos están en libertad de construir lo que consideren adecuado. Del lado de la JEP nosotros hemos sido muy claros: Nosotros no hemos solicitado ninguna ampliación de nuestro mandato, no hemos solicitado ninguna prórroga ni la tenemos en la cabeza. Nosotros estamos concentrados en cumplir nuestra función y hacerla bien. Es una función monumental con lo que tenemos. Si una justicia que hace bien lo que tiene que hacer, en el tiempo que lo tiene que hacer y que de esa manera vuelve sólidos los acuerdos, es un gran mensaje para los futuros acuerdos de paz. Por ahora ese es nuestro aporte. El resto estará por verse.

Le insisto en algo, ¿tampoco se ha puesto sobre la mesa que la JEP sea el tribunal para los procesos que sigan en la apuesta de paz total?

De parte nuestra, no. De hecho, vemos como un riesgo muy grande entrar en el lenguaje de ampliaciones porque puede fácilmente desfigurar lo que tenemos. Si usted tiene un producto bien hecho, no lo dañe. La JEP creemos que está muy bien diseñada para juzgar a las FARC, a la Fuerza Pública. Siempre hemos advertido que cualquier modificación de la JEP tiene que ser muy equilibrada, pero eso lo decide el Gobierno y el Congreso.

¿Hay alguna manera, propuesta o reunión para poder aliviar esta tensión con las FARC?

Nosotros con ellos tenemos una comunicación permanente. Nos reunimos habitualmente para mirar los desarrollos del proceso, pero además también como jueces y comparecientes nos reunimos dentro del proceso judicial. Entonces como de que tengamos que buscar una ocasión demasiado especial para encontrarnos, pues no porque nos estamos encontrando todo el tiempo, conocemos bien sus posiciones, somos muy respetuosos de ellas. Ese diálogo tendrá que seguir en lo posible dentro de los canales de ellos como firmantes, pero también en lo que toca en los canales de ellos como comparecientes ante sus jueces que somos nosotros en la JEP.

Los ex-FARC tienen la idea de que si esto no se solucionan van a activar mecanismos internacionales para decir que hay incumplimiento. Usted mismo decía que podría abrir la puerta a que se activara la Corte Penal Internacional… ¿Vamos para allá?

Yo creo que de nadie es interés crear una gran tormenta alrededor de esto y procuraremos y estamos con toda la voluntad y toda la intención de que los procesos transcurran dentro de la normalidad que requieren, de que nosotros ejerzamos nuestra autoridad en la independencia que es debida y que las preocupaciones también de Comunes y de las antiguas FARC pues tengan eco y ellos estén más tranquilos en el cumplimiento de los acuerdos. Eso es lo que esperamos que pase hacia el futuro realmente.

Magistrado, ¿ya hay fecha para las sanciones?

Absolutamente, esta semana estamos empezando los primeros proyectos de sanciones que van a empezar a operar como sanciones anticipadas, ya tenemos un grupo importante de comparecientes de la Fuerza Pública, de las antiguas FARC, que van a empezar a trabajar en Antioquia, en Bogotá y en Nariño. Sobre la sentencia del macrocaso 01 también está muy próxima a llegar, en los próximos, ya es cuestión de 3 o 4 meses.

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