Tras el rastro de una comisión de restitución de tierras desaparecida

Sobre las 4:30 de la madrugada del jueves 27 de mayo, las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe salieron de su vivienda en Granada (Meta), a bordo de una motocicleta, para recorrer por 50 minutos la vía que las llevaría hasta Mesetas. Allí tenían programada la cita a las 6:00 de la mañana con Karen Sulay Garay, contratista de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que había llegado el 25 de mayo desde Villavicencio para atender su caso. Una vez se encontraron en la cabecera municipal, las mujeres, junto a la funcionaria y Jhon Steven Cogua, conductor de la camioneta de la empresa Servitransportes Andina, salieron rumbo hacia la finca La Ilusión, en la vereda San Isidro, donde fueron desplazadas dos décadas atrás cuando eran adolescentes.

Hacia las 9:00 de la mañana ambas se reportaron con sus familiares a la altura del caserío Jardín de Peñas, en Mesetas. La última llamada que Sandra Milena le contestó a su esposo, David Ruiz, fue a las 11:00 de la mañana. Para ese momento iban bajando un filo en el sector de Puerto Nariño, a tan solo 300 metros del cruce que conduce hacia la inspección de La Julia, entre los municipios de La Uribe y Mesetas.

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La visita a la finca estaba pendiente desde junio 2019, cuando la URT buscó a las reclamantes para ir al predio a una jornada de reconocimiento de linderos y de notificación del proceso de restitución. Las mujeres se negaron a ir objetando razones de seguridad y no veían garantías para asistir a la finca, cuenta Luz Mery Cortés, hermana de las hoy desaparecidas. En ese momento, ella y Sandra Milena fueron hasta Mesetas, pero al ver que solo irían con el conductor y un topógrafo, rechazaron la visita y se devolvieron.

La familia ya había sido amenazada por reclamar su propiedad, que en 1999 les arrebataron las Farc. A pesar de que esta vez las condiciones eran las mismas, las hermanas aceptaron ir para que el proceso avanzara. Luz Mery Cortés, la mayor, no fue porque no podía faltar al trabajo.

La situación de seguridad de Sandra Milena, quien ha asumido el liderazgo en la reclamación de la tierra, es la más crítica. Como lo demuestra la resolución de la Unidad Nacional de Protección del 21 de mayo de 2019, su riesgo fue considerado excepcional e inminente por cuenta de las múltiples amenazas que recibió en medio del proceso de restitución. En una ocasión, estando en Granada, hombres en una motocicleta la detuvieron y le exigieron abandonar la reclamación de la tierra, a riesgo de ser asesinada. Como resultado del análisis del riesgo, la UNP le otorgó un chaleco antibalas y un celular.

Una venta forzada

Hasta 1996, Luis Eduardo Cortés, Beatriz Uribe y sus tres hijas, Luz Mery, Yadmil y Sandra Milena, vivieron en la finca La Ilusión, en la vereda San Isidro. Después nacería la cuarta, Yenny Paola. Vivían del ganado y cultivaban maíz, yuca, plátano y cacao en su predio, cuya extensión es de 240 hectáreas. El único problema era que la zona estaba controlada por el frente 40 de las antiguas Farc, al mando de Rogelio Benavides.

El 1° de abril de 1996, a Luis Eduardo Cortés lo asesinaron hombres de las Farc, según Beatriz, por negarse a pagar la “vacuna”. Desde entonces, aseguran la viuda y sus hijas, los guerrilleros “les hicieron la vida imposible”. Varias veces preferían pasar la noche en fincas vecinas por el miedo que les producía la presencia de los guerrilleros. “Querían que yo dejara botada la finca, pero no lo hice. Acosada por ellos mismos me tocó hacer un mal negocio”, sostiene Beatriz Uribe.

Según su testimonio, entregado ante las autoridades y por el que fue registrada como víctima de desplazamiento forzado, en noviembre de 1999 un miembro del frente 40 de las Farc, llamado Hermógenes Gómez y conocido como Gafas, llegó hasta la finca La Ilusión y la presionó para que se la vendiera. Ella puso sobre la mesa un precio, pero el hombre fijó uno propio y con ese se cerró el negocio forzado.

Así lo demuestra una carta de venta del 18 de noviembre de 1999, en el que como vendedora aparece Beatriz Uribe y como comprador, Hermógenes Gómez. También está la firma de un testigo. De acuerdo con el documento conocido por este diario, la finca La Ilusión, un terreno de 210 hectáreas, con mejoras en pastos, plátano, casa de habitación y rastrojo y montaña, se vendió por $45 millones. “Alinderada así: por el oriente, con Caño Cuncia; por el occidente, con el río Duda; por el norte, con predios de Enrique García; y por el sur, con Caño Cuncia y el río Duda”, se lee en el archivo que hoy conserva Beatriz.

Esa versión de la historia la corrobora, en parte, un antiguo guerrillero del frente 40 que operó en la zona y que hoy está en proceso de reincorporación en el Meta. Sobre el asesinato de Luis Eduardo Cortés, confirma la autoría de las Farc y afirma que se tomó la decisión porque él le daba información al Ejército. Sin embargo, niega que hayan existido presiones sobre la familia. “A la familia nunca la corrieron, nunca la echaron, porque el del problema era él. Eso es lo que yo conozco”, dice el excombatiente, que prefiere mantener en reserva su nombre.

Además, ratifica que la finca fue comprada por las Farc y que incluso Gafas vivió en el predio, aunque advierte que no fue una venta forzada: “Él sí vivió en esa finca, pero porque la negociaron. Esa finca fue comprada, porque él tenía la finca legal, con papeles y todo. A él le tocó salir de ahí por la persecución del Ejército y esa finca la siguió teniendo el movimiento”. Hoy el excombatiente está aportando verdad en el sistema de justicia transicional sobre este y otros hechos sucedidos en la región en el marco del conflicto. Gafas, según él, se retiró de las Farc años después por temas de salud. Rogelio Benavides, comandante del frente 40 de la época, habría muerto en combate.

Calarcá y el antiguo corredor de “Romaña”

Para la familia Cortés Uribe, la venta fue en realidad un despojo y por eso decidieron ir con su caso a la URT e ir hasta la finca a pesar de los riesgos. Lo único que se sabe de la camioneta en la que viajaban las dos reclamantes, la funcionaria y el conductor es que apareció abandonada en San Juan de Lozada, a ocho horas de la vereda San Isidro, entre La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).

La Defensoría del Pueblo ha documentado la expansión territorial de las disidencias de Gentil Duarte en este corredor estratégico, que va desde el páramo del Sumapaz y conecta, a través del cañón del Duda con la Sierra de La Macarena, los parques naturales de Los Picachos, Tinigua y La Macarena; y estos, a través de las cuencas de los ríos Duda, Güejar, Losada y Guayabero, hasta las selvas del Guaviare, Caquetá y Vaupés.

Allí se habrían consolidado los frentes disidentes primero, séptimo y cuarenta, reorganizados bajo el Bloque Jorge Briceño. Mientras el primero y el séptimo se han concentrado hacia el sur del Meta, el frente cuarenta “ha logrado consolidarse como actor protagónico en casi toda la jurisdicción de los municipios de Uribe y Mesetas”, según la alerta temprana 026 que emitió la Defensoría para estos dos municipios en junio de 2020, en la que aparece referenciada la vereda San Isidro, donde desapareció la camioneta de la comisión de restitución. Y ese frente 40, dice la entidad, está al mando de quien es conocido como Calarcá, subalterno de Gentil Duarte.

Pero ese corredor también ha sido la zona histórica de Henry Castellanos Garzón o Romaña, y se convirtió en su momento en la retaguardia del Bloque Oriental. Según información extraoficial, la Segunda Marquetalia estaría disputándoles ese territorio a los hombres de Gentil Duarte. Los pasados 2 y el 3 de marzo, tres hombres, que en su momento tuvieron alguna relación con las antiguas Farc, fueron asesinados en hechos distintos en Sumapaz, del lado de Cundinamarca y Meta. Las autoridades atribuyeron los tres homicidios a la disputa entre la disidencia de Iván Márquez y Gentil Duarte por esa zona estratégica, que conecta el oriente del país con el altiplano andino de Cundinamarca, Huila y Tolima.

El 16 de octubre de 2020, Juan de Jesús Monroy, conocido como Albeiro Suárez, un excombatiente y líder de la reincorporación en el Meta, fue asesinado en la vereda El Playón, de Uribe (Meta). El hecho fue atribuido también a las disidencias, que citaron al excombatiente a una reunión y lo asesinaron. El líder y otros exguerrilleros adelantaban su proceso de reincorporación en La Julia, a pocos minutos de la vereda San Isidro, donde está el predio La Ilusión. En ese mismo mes de octubre, una camioneta de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue incinerada en la zona de San Juan de Lozada, justo donde encontraron la camioneta en la que se desplazaba la comisión de restitución de tierras.

La finca La Ilusión estaría, al parecer, en el inventario de bienes que entregaron las Farc en 2017. En ese listado está una finca de propiedad del frente 40 en la misma vereda San Isidro de Mesetas. Sin embargo, la que aparece en el inventario registra 850 hectáreas y el nombre de Canoso. De todas formas, según la información de las autoridades y de acuerdo con la disputa entre ambas facciones disidentes en la zona, es probable que la finca sea reivindicada por alguno de esos grupos.

Sin acompañamiento de la fuerza pública

El sábado 29 de mayo, cuando habían pasado dos días de la desaparición, familiares de Yadmil y Sandra Milena se desplazaron hasta Mesetas para buscar respuestas con las autoridades. En el batallón del Ejército en el municipio les informaron que la Unidad de Restitución de Tierras no los había notificado sobre el desplazamiento al predio ni había pedido acompañamiento para ello.

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Así lo ratifica Deisy Melo, personera de Mesetas. “En eso quiero ser clara: ni la Personería, ni la Alcaldía, ni la Policía o el Ejército conocíamos del desplazamiento de esas personas hacia la vereda. Eso ha quedado claro en los consejos de seguridad y las reuniones que hemos hecho estos días. La funcionaria llegó a la cabecera de Mesetas y dijo que estaría en el municipio hasta el 1° de junio. Pero Mesetas tiene la cabecera y tiene 64 veredas”, enfatiza la funcionaria. Lo mismo asegura Deisy Olaya, secretaria de Gobierno de Mesetas.

¿Por qué la comisión de la URT a ese predio no contó con el acompañamiento de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta además la situación de seguridad de las reclamantes? Buscamos a la Unidad de Restitución, desde donde se negaron a responder ese interrogante. Igualmente, intentamos obtener respuesta de Jenny Andrea Capote, la recién nombrada directora territorial de la Unidad para el Meta, pero tampoco fue posible. La entidad ha emitido comunicados en los que explica que la directora Capote ha estado en contacto con las autoridades municipales y la Fuerza Pública en Mesetas para fortalecer los esfuerzos en la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.

El caso lo investiga la Fiscalía Primera Gaula y el viernes las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que conduzca al paradero de las dos hermanas, la funcionaria y el conductor. Los familiares de las reclamantes dicen que las autoridades no los han contactado y continúan sin tener ni una pista sobre ellas.