Tras la identificación de cuerpos desaparecidos reportados como bajas en combate

¿Es posible que integrantes del Ejército hayan presentado cuerpos sin identificar como “bajas en combate” para encubrir ejecuciones extrajudiciales de civiles en tres subregiones de Antioquia? ¿Es posible que decenas de personas desaparecidas forzadas en este departamento estén en fosas comunes como cuerpos sin identificar tras ser presentados por el Ejército como “bajas en combate”?

El caso de Nicolás Emilio García, de 43 años, y su hijo Edier Alejandro García Giraldo, de 16 años, indicaría que sí. Así lo relata Mauricio García, hijo y hermano de las víctimas:

“Nosotros somos del corregimiento Santa Ana, en Granada, Antioquia. Somos una familia campesina. Para el año 2000 se intensificaron los operativos del Ejército en la región. Tenía 10 años en esa época y recuerdo esos días con mucho temor. El 13 de enero de 2003 entró el Ejército dando bala. Se ubicaron en la parte alta del pueblo. Todos salieron corriendo y en esa persecución le dieron a mi hermano un primer impacto en la pierna y otro en la espalda.

Él cayó muerto. Los soldados recogieron el cadáver, lo llevaron a Granada y lo reportaron como guerrillero sin identificar muerto en combate. Con él murieron tres personas más, que fueron reportadas igual. Por rumores, supimos como a los tres días que estaba en Granada. Lo habían enterrado en el cementerio como un NN. Le habían cambiado su ropa.

Un año después, en 2004, estábamos en la finca mi mamá, mi papá y yo. Estaba haciendo tareas en la sala y sentí un estruendo fuerte y un grito de mi mamá muy angustiante. Cuando salí vi a mi papá tirado en el piso y tres soldados alrededor apuntándole con sus fusiles. Me tiraron al lado de él. Mi papá les dijo que era un niño y por eso me tiraron al lado de mi mamá, que estaba en shock nervioso.

Uno de los soldados del Batallón Bajes le dio una patada muy fuerte a mi papá. Lo recuerdo mucho porque su grito fue de mucho dolor. Estaba choqueado porque no sabía qué estaba pasando. Voltearon todo patas arriba en la casa. A mi mamá y a mí nos encerraron en un baño y a mi papá lo amarraron y se lo llevaron a la parte trasera de la casa. Salimos cuando ya se habían ido y no había ruido. Buscamos un carro que nos llevara a Granada y de ahí a Medellín para hacer la denuncia. Mi mamá no encontró ninguno, pero en el pueblo habló con uno de los comandantes y él le dijo que no le iba a pasar nada a mi papá, que solo le estaban haciendo preguntas, que iba a estar bien.

Nos devolvimos a la finca de un tío, porque a nuestra casa ya no podíamos volver. A los pocos días salimos por otra vía y en Medellín contactamos al abogado Fernando Valencia, de la Corporación Jurídica Libertad. Con él hicimos la denuncia y empezamos a visitar anfiteatros en Medellín, porque nos dijeron que habían subido muertos sin identificar de la zona. Al segundo lugar que fuimos encontramos a nuestro papá. Después nos enteramos por una señora que fue testigo que a mi papá lo habían bajado a la parte baja del pueblo y que allí le habían disparado indefenso”.

En la justicia ordinaria, siete soldados reconocieron responsabilidad en la muerte de Nicolás Emilio García y por esta razón fueron condenados de forma anticipada. El proceso por la muerte de Edier Alejandro García Giraldo no se ha movido igual.

Sus historias de vida forman parte del informe: “Ni descuidos ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado”, que el 27 de mayo presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

En este aportaron elementos de prueba de los procesos que acompañan en la justicia ordinaria que darían cuenta de la participación y responsabilidad de los comandantes del Batallón de Artillería Número 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (conocido como Bajes) y la Brigada  XIV, en homicidios, que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales en tres subregiones del departamento de Antioquia: el oriente, el nordeste y el Magdalena Medio antioqueño.

“Esta práctica, además de crear un escenario de desaparición forzada, también contribuyó a mantener la impunidad y evitar el avance en las investigaciones, al no existir denuncias de las irregularidades por parte de los familiares o personas cercanas de los desaparecidos, quienes desconocían que su ser querido había sido presentado como una baja en combate”, sostiene el informe que presentaron las corporaciones jurídicas Yira Castro, Libertad y Humanidad Vigente.

El documento también establece algunos patrones comunes que habrían tenido las ejecuciones extrajudiciales en estas zonas, entre 2002 y 2008, en especial cuando Juan Carlos Barrera Jurado ostentaba el cargo de comandante del Bajes, y que continuó cuando fue comandante de la Brigada XIV.

Por ejemplo, explica Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, todos los hechos documentados ocurrieron en el período de la implementación de la política de Seguridad Democrática; las víctimas fueron en su mayoría retenidas ilegalmente de su lugar de vivienda; una vez seleccionadas y retenidas, las víctimas eran trasladadas forzosamente a sitios diferentes a aquellos donde se produjeron las aprehensiones; la manipulación de la escena del crimen fue generalizada, así como la adulteración de las evidencias y el despojo a las víctimas de sus documentos de identidad.

En el 98% del universo de casos estudiados (de 97 víctimas, 96 fueron presentadas como personas sin identificar) perpetrados por militares adscritos al Bajes, por ejemplo, las víctimas fueron presentadas en los informes de patrullaje como “delincuentes sin identificar”, sostiene el documento.

Fueron estos patrones los que les permitieron indicar que estos falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales no fueron crímenes aislados ni producto del comportamiento ilegal de algunas “manzanas podridas”, sino que se trató de un entramado sistemático, “planificado y controlado”, sostiene Sara Dávila Meza, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro.

Barrera fue retirado del Ejército luego de que estallara el escándalo de los falsos positivos en 2008. Actualmente, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sigue vinculado a una investigación penal tramitada por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos por estos hechos en el Bajes, que agrupa 65 casos con 97 víctimas, de las cuales 18 continúan sin identificar.

“Frente a las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas de la Brigada IV se estableció que en el período de comandancia de Juan Carlos Barrera Jurado, comprendido entre el 30 de octubre de 2007 al 31 de octubre de 2008, se presentaron 29 personas no identificadas y reportadas como bajas en combate que no han sido investigados en la justicia ordinaria”, aseguró Óscar Alfredo Pardo León, abogado de Humanidad Vigente.

En el análisis del caso a caso, estas tres organizaciones, con el apoyo del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), elaboraron otro informe que contiene recomendaciones técnicas orientadas a la identificación de estas personas presentadas como “bajas en combates”.

Por esa razón, esta semana, las organizaciones que presentaron este documento le pidieron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas (UBPD) que realice una estrategia focal para los cuerpos de personas no identificadas presentadas como “bajas en combate”. También le propusieron realizar una campaña de amplia cobertura para la ubicación de familiares de personas desaparecidas en estas regiones de Antioquia, entre otras medidas.

“El llamado es a generar otras búsquedas con los familiares que no se sabe en qué contexto pudieron haberse desaparecido sus seres queridos”, asegura Eileen Buitrago Pérez, antropóloga forense de Equitas.

Por lo pronto, de acuerdo con Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, “la Unidad va a realizar una mesa de trabajo con estas organizaciones para saber exactamente de qué universo de posibles víctimas se está hablando y a partir de ese análisis de información e intercambio poder hacer unas rutas de atención para impulsar la identificación de esas personas”.

La desaparición forzada en el conflicto armado colombiano es un delito de magnitudes enormes. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el año 2018, estimó que existen 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1970 y 2015. Antioquia es uno de los territorios en Colombia que cuenta con un mayor número de víctimas. Según cifras de Medicina Legal, existen aproximadamente 11.109 personas desaparecidas. Por su parte, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, existen 12.724 desapariciones, de las cuales 6.330 serían desapariciones forzadas.

Durante décadas muchas familias han buscado con desespero y sin éxito a sus seres queridos. Y en estas subregiones de Antioquia, donde se vivió un cruento conflicto armado, es necesario que esa búsqueda humanitaria cruce la información de los cuerpos que siguen sin identificarse y fueron reportados por uniformados del Estado como guerrilleros muertos en combate. Todo con el fin de esclarecer plenamente sus identidades y que se haga una entrega digna de los restos a sus familiares y seres cercanos. Un derecho inalienable.

(Lea también: El viaje de las madres de Soacha al “fin del mundo”)

¿Es posible que integrantes del Ejército hayan presentado cuerpos sin identificar como “bajas en combate” para encubrir ejecuciones extrajudiciales de civiles en tres subregiones de Antioquia? ¿Es posible que decenas de personas desaparecidas forzadas en este departamento estén en fosas comunes como cuerpos sin identificar tras ser presentados por el Ejército como “bajas en combate”?

El caso de Nicolás Emilio García, de 43 años, y su hijo Edier Alejandro García Giraldo, de 16 años, indicaría que sí. Así lo relata Mauricio García, hijo y hermano de las víctimas:

“Nosotros somos del corregimiento Santa Ana, en Granada, Antioquia. Somos una familia campesina. Para el año 2000 se intensificaron los operativos del Ejército en la región. Tenía 10 años en esa época y recuerdo esos días con mucho temor. El 13 de enero de 2003 entró el Ejército dando bala. Se ubicaron en la parte alta del pueblo. Todos salieron corriendo y en esa persecución le dieron a mi hermano un primer impacto en la pierna y otro en la espalda.

Él cayó muerto. Los soldados recogieron el cadáver, lo llevaron a Granada y lo reportaron como guerrillero sin identificar muerto en combate. Con él murieron tres personas más, que fueron reportadas igual. Por rumores, supimos como a los tres días que estaba en Granada. Lo habían enterrado en el cementerio como un NN. Le habían cambiado su ropa.

Un año después, en 2004, estábamos en la finca mi mamá, mi papá y yo. Estaba haciendo tareas en la sala y sentí un estruendo fuerte y un grito de mi mamá muy angustiante. Cuando salí vi a mi papá tirado en el piso y tres soldados alrededor apuntándole con sus fusiles. Me tiraron al lado de él. Mi papá les dijo que era un niño y por eso me tiraron al lado de mi mamá, que estaba en shock nervioso.

Uno de los soldados del Batallón Bajes le dio una patada muy fuerte a mi papá. Lo recuerdo mucho porque su grito fue de mucho dolor. Estaba choqueado porque no sabía qué estaba pasando. Voltearon todo patas arriba en la casa. A mi mamá y a mí nos encerraron en un baño y a mi papá lo amarraron y se lo llevaron a la parte trasera de la casa. Salimos cuando ya se habían ido y no había ruido. Buscamos un carro que nos llevara a Granada y de ahí a Medellín para hacer la denuncia. Mi mamá no encontró ninguno, pero en el pueblo habló con uno de los comandantes y él le dijo que no le iba a pasar nada a mi papá, que solo le estaban haciendo preguntas, que iba a estar bien.

Nos devolvimos a la finca de un tío, porque a nuestra casa ya no podíamos volver. A los pocos días salimos por otra vía y en Medellín contactamos al abogado Fernando Valencia, de la Corporación Jurídica Libertad. Con él hicimos la denuncia y empezamos a visitar anfiteatros en Medellín, porque nos dijeron que habían subido muertos sin identificar de la zona. Al segundo lugar que fuimos encontramos a nuestro papá. Después nos enteramos por una señora que fue testigo que a mi papá lo habían bajado a la parte baja del pueblo y que allí le habían disparado indefenso”.

En la justicia ordinaria, siete soldados reconocieron responsabilidad en la muerte de Nicolás Emilio García y por esta razón fueron condenados de forma anticipada. El proceso por la muerte de Edier Alejandro García Giraldo no se ha movido igual.

Sus historias de vida forman parte del informe: “Ni descuidos ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado”, que el 27 de mayo presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

En este aportaron elementos de prueba de los procesos que acompañan en la justicia ordinaria que darían cuenta de la participación y responsabilidad de los comandantes del Batallón de Artillería Número 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (conocido como Bajes) y la Brigada  XIV, en homicidios, que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales en tres subregiones del departamento de Antioquia: el oriente, el nordeste y el Magdalena Medio antioqueño.

“Esta práctica, además de crear un escenario de desaparición forzada, también contribuyó a mantener la impunidad y evitar el avance en las investigaciones, al no existir denuncias de las irregularidades por parte de los familiares o personas cercanas de los desaparecidos, quienes desconocían que su ser querido había sido presentado como una baja en combate”, sostiene el informe que presentaron las corporaciones jurídicas Yira Castro, Libertad y Humanidad Vigente.

El documento también establece algunos patrones comunes que habrían tenido las ejecuciones extrajudiciales en estas zonas, entre 2002 y 2008, en especial cuando Juan Carlos Barrera Jurado ostentaba el cargo de comandante del Bajes, y que continuó cuando fue comandante de la Brigada XIV.

Por ejemplo, explica Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, todos los hechos documentados ocurrieron en el período de la implementación de la política de Seguridad Democrática; las víctimas fueron en su mayoría retenidas ilegalmente de su lugar de vivienda; una vez seleccionadas y retenidas, las víctimas eran trasladadas forzosamente a sitios diferentes a aquellos donde se produjeron las aprehensiones; la manipulación de la escena del crimen fue generalizada, así como la adulteración de las evidencias y el despojo a las víctimas de sus documentos de identidad.

En el 98% del universo de casos estudiados (de 97 víctimas, 96 fueron presentadas como personas sin identificar) perpetrados por militares adscritos al Bajes, por ejemplo, las víctimas fueron presentadas en los informes de patrullaje como “delincuentes sin identificar”, sostiene el documento.

Fueron estos patrones los que les permitieron indicar que estos falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales no fueron crímenes aislados ni producto del comportamiento ilegal de algunas “manzanas podridas”, sino que se trató de un entramado sistemático, “planificado y controlado”, sostiene Sara Dávila Meza, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro.

Barrera fue retirado del Ejército luego de que estallara el escándalo de los falsos positivos en 2008. Actualmente, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sigue vinculado a una investigación penal tramitada por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos por estos hechos en el Bajes, que agrupa 65 casos con 97 víctimas, de las cuales 18 continúan sin identificar.

“Frente a las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas de la Brigada IV se estableció que en el período de comandancia de Juan Carlos Barrera Jurado, comprendido entre el 30 de octubre de 2007 al 31 de octubre de 2008, se presentaron 29 personas no identificadas y reportadas como bajas en combate que no han sido investigados en la justicia ordinaria”, aseguró Óscar Alfredo Pardo León, abogado de Humanidad Vigente.

En el análisis del caso a caso, estas tres organizaciones, con el apoyo del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), elaboraron otro informe que contiene recomendaciones técnicas orientadas a la identificación de estas personas presentadas como “bajas en combates”.

Por esa razón, esta semana, las organizaciones que presentaron este documento le pidieron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas (UBPD) que realice una estrategia focal para los cuerpos de personas no identificadas presentadas como “bajas en combate”. También le propusieron realizar una campaña de amplia cobertura para la ubicación de familiares de personas desaparecidas en estas regiones de Antioquia, entre otras medidas.

“El llamado es a generar otras búsquedas con los familiares que no se sabe en qué contexto pudieron haberse desaparecido sus seres queridos”, asegura Eileen Buitrago Pérez, antropóloga forense de Equitas.

Por lo pronto, de acuerdo con Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, “la Unidad va a realizar una mesa de trabajo con estas organizaciones para saber exactamente de qué universo de posibles víctimas se está hablando y a partir de ese análisis de información e intercambio poder hacer unas rutas de atención para impulsar la identificación de esas personas”.

La desaparición forzada en el conflicto armado colombiano es un delito de magnitudes enormes. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el año 2018, estimó que existen 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1970 y 2015. Antioquia es uno de los territorios en Colombia que cuenta con un mayor número de víctimas. Según cifras de Medicina Legal, existen aproximadamente 11.109 personas desaparecidas. Por su parte, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, existen 12.724 desapariciones, de las cuales 6.330 serían desapariciones forzadas.

Durante décadas muchas familias han buscado con desespero y sin éxito a sus seres queridos. Y en estas subregiones de Antioquia, donde se vivió un cruento conflicto armado, es necesario que esa búsqueda humanitaria cruce la información de los cuerpos que siguen sin identificarse y fueron reportados por uniformados del Estado como guerrilleros muertos en combate. Todo con el fin de esclarecer plenamente sus identidades y que se haga una entrega digna de los restos a sus familiares y seres cercanos. Un derecho inalienable.

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