Un diálogo sobre la justicia que reclaman los desplazados del conflicto

El Registro Único de Víctimas (RUV) ha calculado que al menos ocho millones de personas han vivido el desplazamiento forzado en Colombia, es decir, el 85% del total de víctimas del conflicto armado. Bolívar, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo, Cesar y Nariño han sido los departamentos que más han tenido que presenciar la terrible imagen de decenas de personas empacando lo que pueden, y dejando sus tierras, animales y víveres, para salvaguardar sus vidas.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en 2016, las víctimas han reclamado verdad y justicia por lo que les sucedió. El desplazamiento, al igual que muchos otros delitos, tiene una impunidad superior al 90%. Por eso, ha habido una insistencia, también de parte de las organizaciones sociales, en tener un espacio protagónico en el sistema de justicia transicional, creado después de las negociaciones de La Habana (Cuba) y dentro del cual están la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Hasta el momento han reclamado las víctimas, no hay una macrocaso de la JEP abierto para abordar este tema y desconocen si en el informe final de la CEV habrá o no un espacio especial para ellas.

Con el objetivo de dialogar sobre esas peticiones y preocupaciones, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) realizarán este lunes 23 de agosto, de 9:00 a 11:00 a. m. el evento Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente, que se transmitirá en las plataformas digitales y página web de Colombia+20 de El Espectador.

El propósito de este encuentro es generar un espacio de diálogo que aborde la situación de desplazamiento forzado en Colombia y cómo desde el Sistema Integral de Paz se garantizarán los derechos de esta población, a la luz del principio de centralidad de las víctimas establecido en el Acuerdo de Paz, las garantías para la no repetición y derechos ante la justicia transicional.

Al evento asistirán Marco Romero, director de Codhes; Larry Sacks, director Misión Usaid Colombia; Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; Patricia Tobón, comisionada de la Verdad; Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas; Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento; José Negrete, delegado de la población desplazada de la Mesa Nacional de Víctimas, y Monseñor Héctor Fabio Henao, de Pastoral social. La moderación estará a cargo de Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia+20.

La importancia de este diálogo radica en que el desplazamiento forzado sigue siendo una de las manifestaciones más visibles de la crisis humanitaria que atraviesan varios territorios en el país. Colombia está siendo testigo de una nueva oleada de masacres, de “paros armados”, reclutamientos forzados de menores, desaparición de personas, minas antipersona, amenazas y bombardeos contra comunidades vulnerables, y abusos de los grupos armados legales e ilegales.

Mientras que las instituciones creadas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz trabajan por esclarecer la verdad histórica y judicial sobre los crímenes ocurridos antes de 2017, Colombia acumula nuevas víctimas, según Marco Romero, director de Codhes. Los datos indican un recrudecimiento de la crisis humanitaria tras la aparente calma durante los diálogos de paz entre 2015 y 2016. En el período de transición se han producido al menos 485 desplazamientos masivos que han perjudicado a más de 167.000 personas en 19 departamentos. Los territorios más afectados se encuentran en el corredor del Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo (Norte de Santander).

Aunque el 2020 estuvo marcado por la llegada de la pandemia por la COVID-19 y las cuarentenas estrictas para contener su expansión, en Colombia el número de eventos de desplazamientos múltiples y masivos fue más alto que en 2019. Hay una continuidad del desplazamiento, así lo registró el Informe de Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento de Codhes: durante 2020, 32.217 personas fueron desplazadas forzosamente en 106 eventos de desplazamiento múltiple y masivo. En ese sentido, la justicia transicional, de acuerdo con Romero, debe tener una mirada prospectiva y ayudar a detener este flagelo.

En medio de ese panorama, aparecen varios interrogantes: ¿Qué hay detrás de estos episodios de desplazamiento forzado? ¿Por qué el Acuerdo de Paz no logró ponerle fin a la crisis humanitaria? ¿Quiénes deben asumir la responsabilidad por estos hechos? ¿Qué podemos esperar en los próximos años?

Si quiere sumarse a este evento y conocer algunas de las respuestas, puede ingresar a https://justiciaparalosdesplazados.eventovirtual.co/. Para enviar sus preguntas, comentarios o inquietudes, no dude en contactar las redes sociales, el canal de YouTube y la página web de Colombia+20 o El Espectador.

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Nuestro resumen semanal sobre los temas de paz, reconciliación y justicia transicional.

El Registro Único de Víctimas (RUV) ha calculado que al menos ocho millones de personas han vivido el desplazamiento forzado en Colombia, es decir, el 85% del total de víctimas del conflicto armado. Bolívar, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo, Cesar y Nariño han sido los departamentos que más han tenido que presenciar la terrible imagen de decenas de personas empacando lo que pueden, y dejando sus tierras, animales y víveres, para salvaguardar sus vidas.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en 2016, las víctimas han reclamado verdad y justicia por lo que les sucedió. El desplazamiento, al igual que muchos otros delitos, tiene una impunidad superior al 90%. Por eso, ha habido una insistencia, también de parte de las organizaciones sociales, en tener un espacio protagónico en el sistema de justicia transicional, creado después de las negociaciones de La Habana (Cuba) y dentro del cual están la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Hasta el momento han reclamado las víctimas, no hay una macrocaso de la JEP abierto para abordar este tema y desconocen si en el informe final de la CEV habrá o no un espacio especial para ellas.

Con el objetivo de dialogar sobre esas peticiones y preocupaciones, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) realizarán este lunes 23 de agosto, de 9:00 a 11:00 a. m. el evento Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente, que se transmitirá en las plataformas digitales y página web de Colombia+20 de El Espectador.

El propósito de este encuentro es generar un espacio de diálogo que aborde la situación de desplazamiento forzado en Colombia y cómo desde el Sistema Integral de Paz se garantizarán los derechos de esta población, a la luz del principio de centralidad de las víctimas establecido en el Acuerdo de Paz, las garantías para la no repetición y derechos ante la justicia transicional.

Al evento asistirán Marco Romero, director de Codhes; Larry Sacks, director Misión Usaid Colombia; Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; Patricia Tobón, comisionada de la Verdad; Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas; Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento; José Negrete, delegado de la población desplazada de la Mesa Nacional de Víctimas, y Monseñor Héctor Fabio Henao, de Pastoral social. La moderación estará a cargo de Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia+20.

La importancia de este diálogo radica en que el desplazamiento forzado sigue siendo una de las manifestaciones más visibles de la crisis humanitaria que atraviesan varios territorios en el país. Colombia está siendo testigo de una nueva oleada de masacres, de “paros armados”, reclutamientos forzados de menores, desaparición de personas, minas antipersona, amenazas y bombardeos contra comunidades vulnerables, y abusos de los grupos armados legales e ilegales.

Mientras que las instituciones creadas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz trabajan por esclarecer la verdad histórica y judicial sobre los crímenes ocurridos antes de 2017, Colombia acumula nuevas víctimas, según Marco Romero, director de Codhes. Los datos indican un recrudecimiento de la crisis humanitaria tras la aparente calma durante los diálogos de paz entre 2015 y 2016. En el período de transición se han producido al menos 485 desplazamientos masivos que han perjudicado a más de 167.000 personas en 19 departamentos. Los territorios más afectados se encuentran en el corredor del Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo (Norte de Santander).

Aunque el 2020 estuvo marcado por la llegada de la pandemia por la COVID-19 y las cuarentenas estrictas para contener su expansión, en Colombia el número de eventos de desplazamientos múltiples y masivos fue más alto que en 2019. Hay una continuidad del desplazamiento, así lo registró el Informe de Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento de Codhes: durante 2020, 32.217 personas fueron desplazadas forzosamente en 106 eventos de desplazamiento múltiple y masivo. En ese sentido, la justicia transicional, de acuerdo con Romero, debe tener una mirada prospectiva y ayudar a detener este flagelo.

En medio de ese panorama, aparecen varios interrogantes: ¿Qué hay detrás de estos episodios de desplazamiento forzado? ¿Por qué el Acuerdo de Paz no logró ponerle fin a la crisis humanitaria? ¿Quiénes deben asumir la responsabilidad por estos hechos? ¿Qué podemos esperar en los próximos años?

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