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Fueron pocos días los que Angelmiro Ardila volvió a pasar con su familia después de terminar de prestar su servicio militar en el Ejército. Lo último que supieron sus padres y sus nueve hermanos es que se iba para otro municipio a trabajar en una raspa de hoja de coca, una de las pocas ofertas que aparecía por esos días de 2012 en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Pero nunca regresó. Un grupo guerrillero lo habría matado por negarse a entrar a sus filas, y sus comandantes entregaron un cadáver en descomposición que sus parientes nunca supieron si era el del joven, de apenas 23 años.
“Tocamos muchas puertas para que lo identificaran, pero no pasó. Pensábamos que ese día no iba a llegar, hasta que en 2020 la Unidad de Búsqueda tomó el caso. Tenemos la esperanza de por fin saber si es él o no, a ver si cerramos este dolor”, dice Francelina, una de las hermanas de Angelmiro.
La historia de esta familia hace parte de las (por lo menos) 2.421 desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto entre 1978 y 2016 en el Catatumbo, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Se trata de una zona que ejemplifica la realidad de decenas de territorios del país donde buscar a estas personas tiene un desafío adicional: la presencia y el control de grupos armados que mantienen viva la guerra.
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El municipio de Tibú, uno de los actuales epicentros del conflicto, concentra la mayor cantidad de casos de desaparición en la región: 1.525 (el 66 % de todo el Catatumbo).
Desde 2021, la UBPD puso la lupa en La Gabarra, un corregimiento ubicado a 55 kilómetros del casco urbano de Tibú, cerca de la frontera con Venezuela, donde el paso de la guerra ha dejado por lo menos 514 desaparecidos, sin que el conflicto se haya apagado.
“En La Gabarra hay un ambiente de tensión fuerte. Allí están el ELN, las disidencias de las FARC, el Ejército y la Policía. Son cuatro grupos armados que históricamente han tenido relación con la desaparición, y es posible que a alguno de estos no le interese que se esclarezcan esos hechos, lo cual hace más difícil la situación”, explica el defensor de derechos humanos Wilfrido Cañizares, director de la fundación Progresar.
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Empezar labores en este corregimiento, a pesar del accionar de estos grupos, le tomó la Unidad de Búsqueda más de un año de investigación, reuniones, socialización y construcción de confianza con las comunidades . En diciembre de 2022, luego de su primera fase de intervención en el cementerio de La Gabarra, la entidad recuperó 16 cuerpos que pertenecerían a víctimas de la masacre de La Duquesa, a civiles asesinados que trataron de desaparecer en el río Catatumbo y a excombatientes de grupos paramilitares y guerrillas. Se estima que en el camposanto habría 62 personas inhumadas en fosas colectivas y otras 31 que fueron enterradas como cuerpos no identificados (NN) en sepulturas individuales.
“Entrar a una zona como esta y obtener resultados es producto de un proceso muy largo de construcción de confianza y pedagogía con las comunidades. Es una metodología fundamental para desplegar por todas las zonas del país donde la situación de seguridad sigue siendo muy compleja”, dice Carlos Ariza Castillo, director de Prospección y Recuperación de la UBPD.
La guerra no es la única barrera
Un líder comunal de la asociación de juntas de La Gabarra, que llegó al Catatumbo desplazado de Arauca, dice que el inicio de las labores de búsqueda en el territorio es una oportunidad de hacer un resarcimiento y lograr “que se recupere la dignidad y el tejido social” que la violencia ha destruido.
“Acá hemos tenido falsos positivos cometidos por el Ejército, choques con la fuerza pública por los cultivos de uso ilícito y un abandono estatal que ha generado muchas desconfianzas con las entidades. Ha sido un proceso entender que la Unidad de Búsqueda es un mecanismo independiente, humanitario, que no tiene que ver con el Gobierno ni la Fiscalía, porque las comunidades le tienen temor a la institucionalidad”, explica el líder, que pidió no mencionar su nombre.
El primer llamado que recibió la UBPD para entrar al territorio llegó de parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). A principios de 2021 se empezó a planear el ingreso, pero la retención de un líder de la comunidad en abril encendió las alertas de seguridad y retrasó la entrada de la entidad hasta septiembre de ese año.
“Llegar a estos territorios implica una participación activa de las comunidades, incorporar sus saberes en la metodología, construir un proceso de búsqueda escuchando sus necesidades y la complejidad de que el conflicto siga activo. La única manera de gestar confianza acá es a través de resultados, de nunca prometer lo que no se puede cumplir”, dice Rosa María Pérez, funcionaria de la UBPD encargada de la relación con las comunidades.
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En territorios donde los grupos ilegales dictan la ley y el orden, las comunidades no solo son el canal para solicitar el ingreso de las entidades, sino también su escudo protector. Y en un proceso tan complejo desde lo técnico, como la búsqueda de desaparecidos, no basta con lograr que el personal ingrese. También se debe asegurar que sus equipos (que incluyen sistemas de posicionamiento y georreferenciación, drones, navegadores y micrófonos) no representan una amenaza para los armados.
“Lo que hemos visto es que en la zona todos quieren que la búsqueda de desaparecidos se haga una realidad. En los peajes comunitarios bajan la cuerda para que pasemos, nos ayudan con información para hacer el proceso más ágil, nos dicen que van a tratar de llevarnos a lugares de acceso más complejo. Es el dolor de la gente, y todos quieren ponerle fin”, dijo Adriana García, investigadora líder de la UBPD en el Catatumbo.
Libro del cementerio, la pista clave para buscar
Una de las primeras puertas que tocó la Unidad de Búsqueda fue la del sacerdote Leonardo Riveros, párroco de La Gabarra, quien no niega que al principio pensó que “era otra entidad que llegaba, decía que iba a investigar, legalizaba sus presupuestos, se iba y nunca volvía a entregar sus resultados”.
El padre Riveros se convirtió en una ficha crucial para armar el rompecabezas de la desaparición en el corregimiento. Al no contar con expedientes de necropsias, el libro de inhumaciones del cementerio fue el punto de partida de la información, y permitió contrastar los registros con los sistemas de información estatales usados para la búsqueda.
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“Hace dos años, cuando llegué a la parroquia, me encontré en el libro varios registros de NN, personas que eran sepultadas sin identificación. Había otras con nombres, pero sin datos de familiares. También existía información sobre si las muertes eran violentas o no, y a todo eso tuvo acceso la Unidad, incluyendo la entrada al cementerio para empezar a identificar a estas personas que son víctimas y seguro tienen familiares buscándolos”, comenta el sacerdote.
Según la investigadora Adriana García, la complejidad de la búsqueda en el cementerio está asociada con que el 98 % de las inhumaciones son en tierra, no tienen nomenclatura y el lugar no ha sido administrado efectivamente, por lo que la información es escasa.
“Ya priorizamos una zona del cementerio, pero todos los elementos son fundamentales para la investigación. Incluso, saber qué prenda de vestir tenía la persona te da pistas para direccionarla y hacer supuestos. Hemos encontrado cadáveres con signos de muertes violentas, de proyectiles en el cráneo, y conforme vamos avanzando la gente ha ampliado los datos. Sabemos también que el río Catatumbo fue usado como sitio de disposición de los cuerpos, y algunos fueron rescatados por pescadores y posteriormente inhumados. Toda esa información es crucial para la estrategia de identificación”.
Los flujos migratorios
Uno de los hallazgos clave que ha logrado la investigación en el Catatumbo es que muchas de las víctimas no eran de la región, sino que procedían de departamentos de todas las zonas del país. Personas que viajaban en época de bonanza a trabajar en los cultivos de coca o miembros de grupos ilegales que eran enviados desde otros contingentes, morían y eran inhumados en la región.
Ese es el caso de personas de Córdoba que llegaron a la zona como combatientes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), o de miembros de la columna móvil Arturo Ruíz de las Farc -incluyendo menores de edad-, que eran originarios del oriente del país (y que sobrevivieron a la Operación Berlín, la ofensiva que lanzó el Ejército para desmantelar a esa estructura, que dejó al menos 74 guerrilleros que aún no cumplían los 18 años).
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Los casos de civiles también abundan. El líder comunal del corregimiento asegura que “hay muchísimos casos de jóvenes que llegaban a trabajar y los mataban. En La Gabarra, las Autodefensas tenían puestos de control y allí desapareció mucha gente. Conocimos casos de muchachos que iban solos y no volvían, era gente que venía de Boyacá, Arauca, Bogotá, hasta de Nariño y las costas Pacífica y Caribe. Muchos de esos datos estaban consignados en libros que los mismos paramilitares destruyeron y no pudimos recuperar”.
Ante esa situación, la Unidad de Búsqueda ha alentado a que se fortalezca la toma de muestras de ADN a escala nacional, para tener mayor probabilidad de identificar los cuerpos que se recuperen y no coincidan con las víctimas de la zona.
El director de Prospección y Recuperación de la UBPD, Carlos Ariza, asegura que en la actualidad el país cuenta con un banco de perfiles genéticos de 60.000 muestras (que corresponden a 30.000 personas), lo que indica que solo hay información de familiares para corroborar uno de cada tres casos de las más de 104.000 desaparecidos que conforman el universo de victimización que la UBPD tiene sobre este crimen.
“Uno de nuestros objetivos es ampliar la consciencia para que las familias sigan buscando a sus desaparecidos. No es lo mismo identificar con información de un padre o madre que con la de un hermano o primo, y muchos de los padres de las víctimas están muriendo. Si las nuevas generaciones no continúan la búsqueda, habrá que dar un vuelco muy doloroso: exhumar a los familiares”.
Paz Total, una esperanza
El padre Leonardo Riveros asegura que una de las grandes expectativas que tiene la comunidad con los diálogos que el gobierno Petro está intentando establecer con los grupos que operan en el Catatumbo es que estos le aporten a la verdad sobre la desaparición en la región.
“En los procesos de paz es fundamental el componente de verdad. Así como lo hicieron algunos paramilitares y guerrilleros ya desmovilizados, esperamos que con la paz total se sepa más información sobre los desaparecidos. Acá la gente espera que la Unidad de Búsqueda llegue a todos los espacios. Cada caserío tiene una historia de dolor, de personas que perdieron la vida, y lo que se espera es que lleguen allá a llevarles voz de aliento a esas comunidades con la búsqueda de personas”.
Ese es el anhelo de la familia de Angelmiro Ardila, que espera poder saber si el cuerpo que la guerrilla le entregó es el de su ser querido, para por fin sepultarlo y empezar a cerrar el duelo y la incertidumbre que solo ha crecido en los últimos 11 años. También es la añoranza de miles de habitantes del Catatumbo y todas las zonas donde el conflicto sigue vivo e incluso siguen ocurriendo desapariciones. No basta con el cese de hostilidades ni la salida de los armados de sus territorios: saber el paradero y suerte de sus seres queridos también es una necesidad para cicatrizar las heridas de la guerra.
