Las peticiones del sindicato para la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda
El sindicato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) emitió una propuesta programática de 15 puntos con prioridades, características y requisitos del perfil de quien reemplazará a Luz Marina Monzón.
Silvia Corredor Rodríguez
Con un documento de ocho páginas, el sindicato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) manifestó cuáles son los puntos claves y las prioridades para quien asuma la dirección de esa entidad que nació con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
Este documento surgió a propósito del cierre de gestión de Luz Marina Monzón, que finaliza el próximo 19 de febrero. Se estima que para esa fecha Monzón entregará su cargo a la nueva persona que será seleccionada por el Comité de Escogencia, según lo establecido en el decreto 2612 del 2022 emitido el pasado 28 de diciembre por el Ministerio de Justicia.
El Comité de Escogencia lo componen un delegado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno del Secretario General de la ONU, otro de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, un designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y un delegado de Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
Lea también: Así se elegirá al nuevo director de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos
Según esta cartera, ese Comité tendrá hasta dos meses, prorrogables por un mes más, para elegir a la persona que continuará con el trabajo de esta entidad que, según lo estipulado en el Acuerdo de Paz, estará vigente por mínimo 15 años.
La semana pasada María Camila Moreno, integrante del Comité de Escogencia y delegada de la ICTJ, afirmó en entrevista con la Revista Cambio que no alcanzarán a tener a la persona escogida antes del 19 de febrero por lo que tendrán que asignar a un encargado que, en principio, debería ser funcionario de la entidad.
“Para nosotros el mejor escenario es que se evite la interinidad porque eso genera mucha incertidumbre para los trabajadores, para los procesos de búsqueda y la definición de políticas; porque también nos interesa que se pueda garantizar un buen empalme entre las direcciones. Esperamos que esa transición sea muy armónica y en el menor tiempo posible”, señalaron desde el sindicato.
Los requisitos
Para el sindicato de la UBPD, que agremia a 125 trabajadores y fue creado en diciembre del 2020, la nueva persona que asuma la dirección debería cumplir con 10 condiciones, entre ellos, tener más de 20 años de experiencia laboral en derechos humanos y conflicto armado; y mínimo 10 en investigación, localización y búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La experiencia en trabajo con víctimas, la capacidad de trabajo en equipo y el relacionamiento interinstitucional son centrales para este cargo que tendrá que liderar avances significativos en esta materia.
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Además, señalaron como requisito no “haber sido condenado por sentencia judicial, excepto por delitos políticos o culposos, ni por procesos disciplinarios asociados a acoso laboral o acoso sexual” como se lee en el documento.
Esto último en clara referencia a las denuncias emitidas por el sindicato desde el 21 de septiembre de 2022 sobre casos de acoso laboral, incluso algunas de ellas por parte de la actual directora Monzón. De acuerdo con ese documento ese tipo de acciones se evidenciaron en “afectación psicosocial, violencias basadas en género, burnout (agotamiento) y otras afectaciones físicas y psicológicas que han derivado en la desmotivación colectivas y renuncias”. Un mes después, la entidad se manifestó asegurando que “mantendrá en su política y práctica de escucha respetuosa, activa y constructiva” hacia sus trabajadores.
“El acoso laboral es inaceptable en cualquier escenario, mucho menos en un mecanismo del acuerdo de paz”, manifestó un miembro del sindicato en entrevista con Colombia +20.
Dentro de las peticiones también está no haber trabajado con esta entidad en los últimos dos años, esto se plantea con el fin de evitar un conflicto de interés, clientelismo o la famosa “puerta giratoria” en los procesos de contratación pública.
Lea aquí el documento completo:
Búsqueda transfronteriza y reformas internas: las propuestas del sindicato de la UBPD
La búsqueda transfronteriza es una de las peticiones centrales del sindicado, pues señalan que se debe priorizar el diseño de procedimientos, rutas y estrategias de búsqueda claras con los países vecinos de Ecuador, Venezuela y Panamá.
“Hay acuerdos de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal con países como Ecuador, y también con nuestro socio el Comité Internacional de la Cruz Roja que también hace la gestión de toma de muestras y focalización de familiares dentro de las acciones humanitarias. Sin embargo, en estas zonas fronterizas se vive un fuerte ordenamiento territorial a causa de la guerra, hay continuos desplazamientos y en esos proceso, no sabemos si la gente fue desaparecida, murió en otro país y es toda esa información la que necesitamos para continuar con esta labor humanitaria”, explicó el sindicato.
Además también apela a la reingeniería de la UBPD que va desde un fortalecimiento técnico y humano en el área de antropología forense de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación hasta reformas normativas de estructuración funcional y fortalecimiento de las condiciones de estabilidad laboral. Los y las trabajadoras invitan al Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Planeación al acompañamiento de este proceso.
“Hay una necesidad de ampliar la planta de trabajadores, de racionalizar algunos procesos y procedimientos, creemos que eso es posible y necesario. También lograr la vinculación laboral de personas que en este momento son contratistas, que llevan a cabo labores misionales pero también personal tercerizado como por ejemplo, la asistencia informática, los conductores que van a campo, las personas de seguridad y servicios generales, eso esperamos que se haga con esa revisión”, explicaron miembros del sindicato en entrevista con Colombia +20.
Desde el sindicato resaltan que la sobrecarga laboral se presenta en las direcciones general, técnica y territorial de la entidad por la falta de perfiles profesionales forenses, especialmente, y las dificultades en seguridad que enfrentan para llegar a las zonas apartadas del país, donde aún se vive el conflicto arduamente y principalmente se encuentran cuerpos de la población desaparecida. La importancia de fortalecer internamente la oferta y formación académica forense es una petición que también han realizado los familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos desde diferentes espacios.
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Implementar el principio de celeridad en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas; articular acciones con el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional para las labores de identificación y acceso a información de los casos; y diseñar e implementar una estrategia de intervención integral en sitios complejos como cementerios, osarios, fosas comunes para las labores de exhumación son algunos de los puntos que tendrá que atender la nueva dirección de la entidad.
También se suma la petición de la UBPD, como parte de sus focos de acción para el 2023, de acceder a información reservada y clasificada de la fuerza pública y organismos de seguridad que pueda aportar a los procesos de búsqueda. “Es necesario exigir a Fuerza Pública, organismos de seguridad y Justicia Penal Militar el acceso efectivo y oportuno a toda la información necesaria para la búsqueda sin oponer reserva”, manifestó el sindicato en el documento.
Lea: Nueva dirección de la UBPD y política de búsqueda de desaparecidos: retos en 2023
La creación de un laboratorio de identificación humana y genética forense especializado en la búsqueda; y conformar el Comité Genético y el Banco de Perfiles Genético se suman a la lista de pendientes y objetivos para este año trazados por la entidad.
La UBPD junto a organizaciones de derechos humanos y familias buscadoras han adelantado acciones y reuniones con el Ministerio de Justicia para avanzar en la instalación de un Sistema Nacional de Búsqueda dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que focalice los esfuerzos de los diferentes sectores para dar pronta respuesta a las víctimas frente a sus derechos a la verdad y la reparación.
El sindicato espera que sus sugerencias sean tenidas en cuenta por el Comité de Escogencia para que la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda esté alineada con los procesos de paz que se adelatan en el país y tenga un compromiso con los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la entidad. “Nosotros estamos muy preocupados por algunas posturas antisindicales y por una presunta falsa contradicción entre los derechos laborales y la búsqueda”, resaltó el sindicato.
El pasado 29 de diciembre, siete organizaciones de buscadores y familiares de víctimas de desaparición forzada presentaron un listado de 10 candidatos para ocupar la dirección de la UBPD. De acuerdo con la Fundación Hasta Encontrarlos, que las víctimas se postulen para dirigir esta entidad, “no solo es aspirar a un cargo, sino hacer parte del resarcimiento y reconocimiento de sus derechos, especialmente a la participación, ser Sujetos de Derecho”. Es decir, para ellos esto sería acorde a la promesa del Acuerdo de Paz con la Farc de mantener en el centro a las víctimas, en este caso, para resarcir la deuda histórica del país con los desaparecidos y sus familias.
Con un documento de ocho páginas, el sindicato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) manifestó cuáles son los puntos claves y las prioridades para quien asuma la dirección de esa entidad que nació con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
Este documento surgió a propósito del cierre de gestión de Luz Marina Monzón, que finaliza el próximo 19 de febrero. Se estima que para esa fecha Monzón entregará su cargo a la nueva persona que será seleccionada por el Comité de Escogencia, según lo establecido en el decreto 2612 del 2022 emitido el pasado 28 de diciembre por el Ministerio de Justicia.
El Comité de Escogencia lo componen un delegado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno del Secretario General de la ONU, otro de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, un designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y un delegado de Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
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Según esta cartera, ese Comité tendrá hasta dos meses, prorrogables por un mes más, para elegir a la persona que continuará con el trabajo de esta entidad que, según lo estipulado en el Acuerdo de Paz, estará vigente por mínimo 15 años.
La semana pasada María Camila Moreno, integrante del Comité de Escogencia y delegada de la ICTJ, afirmó en entrevista con la Revista Cambio que no alcanzarán a tener a la persona escogida antes del 19 de febrero por lo que tendrán que asignar a un encargado que, en principio, debería ser funcionario de la entidad.
“Para nosotros el mejor escenario es que se evite la interinidad porque eso genera mucha incertidumbre para los trabajadores, para los procesos de búsqueda y la definición de políticas; porque también nos interesa que se pueda garantizar un buen empalme entre las direcciones. Esperamos que esa transición sea muy armónica y en el menor tiempo posible”, señalaron desde el sindicato.
Los requisitos
Para el sindicato de la UBPD, que agremia a 125 trabajadores y fue creado en diciembre del 2020, la nueva persona que asuma la dirección debería cumplir con 10 condiciones, entre ellos, tener más de 20 años de experiencia laboral en derechos humanos y conflicto armado; y mínimo 10 en investigación, localización y búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La experiencia en trabajo con víctimas, la capacidad de trabajo en equipo y el relacionamiento interinstitucional son centrales para este cargo que tendrá que liderar avances significativos en esta materia.
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Además, señalaron como requisito no “haber sido condenado por sentencia judicial, excepto por delitos políticos o culposos, ni por procesos disciplinarios asociados a acoso laboral o acoso sexual” como se lee en el documento.
Esto último en clara referencia a las denuncias emitidas por el sindicato desde el 21 de septiembre de 2022 sobre casos de acoso laboral, incluso algunas de ellas por parte de la actual directora Monzón. De acuerdo con ese documento ese tipo de acciones se evidenciaron en “afectación psicosocial, violencias basadas en género, burnout (agotamiento) y otras afectaciones físicas y psicológicas que han derivado en la desmotivación colectivas y renuncias”. Un mes después, la entidad se manifestó asegurando que “mantendrá en su política y práctica de escucha respetuosa, activa y constructiva” hacia sus trabajadores.
“El acoso laboral es inaceptable en cualquier escenario, mucho menos en un mecanismo del acuerdo de paz”, manifestó un miembro del sindicato en entrevista con Colombia +20.
Dentro de las peticiones también está no haber trabajado con esta entidad en los últimos dos años, esto se plantea con el fin de evitar un conflicto de interés, clientelismo o la famosa “puerta giratoria” en los procesos de contratación pública.
Lea aquí el documento completo:
Búsqueda transfronteriza y reformas internas: las propuestas del sindicato de la UBPD
La búsqueda transfronteriza es una de las peticiones centrales del sindicado, pues señalan que se debe priorizar el diseño de procedimientos, rutas y estrategias de búsqueda claras con los países vecinos de Ecuador, Venezuela y Panamá.
“Hay acuerdos de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal con países como Ecuador, y también con nuestro socio el Comité Internacional de la Cruz Roja que también hace la gestión de toma de muestras y focalización de familiares dentro de las acciones humanitarias. Sin embargo, en estas zonas fronterizas se vive un fuerte ordenamiento territorial a causa de la guerra, hay continuos desplazamientos y en esos proceso, no sabemos si la gente fue desaparecida, murió en otro país y es toda esa información la que necesitamos para continuar con esta labor humanitaria”, explicó el sindicato.
Además también apela a la reingeniería de la UBPD que va desde un fortalecimiento técnico y humano en el área de antropología forense de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación hasta reformas normativas de estructuración funcional y fortalecimiento de las condiciones de estabilidad laboral. Los y las trabajadoras invitan al Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Planeación al acompañamiento de este proceso.
“Hay una necesidad de ampliar la planta de trabajadores, de racionalizar algunos procesos y procedimientos, creemos que eso es posible y necesario. También lograr la vinculación laboral de personas que en este momento son contratistas, que llevan a cabo labores misionales pero también personal tercerizado como por ejemplo, la asistencia informática, los conductores que van a campo, las personas de seguridad y servicios generales, eso esperamos que se haga con esa revisión”, explicaron miembros del sindicato en entrevista con Colombia +20.
Desde el sindicato resaltan que la sobrecarga laboral se presenta en las direcciones general, técnica y territorial de la entidad por la falta de perfiles profesionales forenses, especialmente, y las dificultades en seguridad que enfrentan para llegar a las zonas apartadas del país, donde aún se vive el conflicto arduamente y principalmente se encuentran cuerpos de la población desaparecida. La importancia de fortalecer internamente la oferta y formación académica forense es una petición que también han realizado los familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos desde diferentes espacios.
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Implementar el principio de celeridad en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas; articular acciones con el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional para las labores de identificación y acceso a información de los casos; y diseñar e implementar una estrategia de intervención integral en sitios complejos como cementerios, osarios, fosas comunes para las labores de exhumación son algunos de los puntos que tendrá que atender la nueva dirección de la entidad.
También se suma la petición de la UBPD, como parte de sus focos de acción para el 2023, de acceder a información reservada y clasificada de la fuerza pública y organismos de seguridad que pueda aportar a los procesos de búsqueda. “Es necesario exigir a Fuerza Pública, organismos de seguridad y Justicia Penal Militar el acceso efectivo y oportuno a toda la información necesaria para la búsqueda sin oponer reserva”, manifestó el sindicato en el documento.
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La creación de un laboratorio de identificación humana y genética forense especializado en la búsqueda; y conformar el Comité Genético y el Banco de Perfiles Genético se suman a la lista de pendientes y objetivos para este año trazados por la entidad.
La UBPD junto a organizaciones de derechos humanos y familias buscadoras han adelantado acciones y reuniones con el Ministerio de Justicia para avanzar en la instalación de un Sistema Nacional de Búsqueda dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que focalice los esfuerzos de los diferentes sectores para dar pronta respuesta a las víctimas frente a sus derechos a la verdad y la reparación.
El sindicato espera que sus sugerencias sean tenidas en cuenta por el Comité de Escogencia para que la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda esté alineada con los procesos de paz que se adelatan en el país y tenga un compromiso con los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la entidad. “Nosotros estamos muy preocupados por algunas posturas antisindicales y por una presunta falsa contradicción entre los derechos laborales y la búsqueda”, resaltó el sindicato.
El pasado 29 de diciembre, siete organizaciones de buscadores y familiares de víctimas de desaparición forzada presentaron un listado de 10 candidatos para ocupar la dirección de la UBPD. De acuerdo con la Fundación Hasta Encontrarlos, que las víctimas se postulen para dirigir esta entidad, “no solo es aspirar a un cargo, sino hacer parte del resarcimiento y reconocimiento de sus derechos, especialmente a la participación, ser Sujetos de Derecho”. Es decir, para ellos esto sería acorde a la promesa del Acuerdo de Paz con la Farc de mantener en el centro a las víctimas, en este caso, para resarcir la deuda histórica del país con los desaparecidos y sus familias.