Unidad de Búsqueda pide al Gobierno cumplir con garantías de no repetición para evitar desapariciones

Después de que la Defensoría del Pueblo anunciara que hay 87 personas dadas por desaparecidas en el marco de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los marchantes tras seis días del Paro Nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entidad creada después del Acuerdo de Paz, hizo un llamado urgente “al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, para exigir que cesen las agresiones, la violencia desproporcionada que, según fuentes públicas, le han costado la vida a alrededor de 18 personas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas contra manifestantes que participan”.

Según la Unidad, los hechos que vienen ocurriendo en el país y la respuesta que institucionalmente se está dando desde la fuerza pública “antes que garantizar la no repetición, está reproduciendo prácticas de violencia y abusos que no pueden ser admisibles a la luz de la dignidad de las personas”.

(Puede interesarle: Estas son las 87 personas desaparecidas en el Paro Nacional, según Defensoría)

Y agregó que, a diferencia de la Defensoría, los registros de La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, “ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas de personas en contexto de las manifestaciones de los últimos días”. De ellas, 107 continúan desaparecidas. Esta cifra, como todas las que tienen que ver con este crimen, podría ser un subregistro de acuerdo a las mismas fuentes.

“El ejercicio del poder por parte de las instituciones constitucionalmente establecidas es uno de los temas centrales de la construcción de paz y las garantías de no repetición. Por esta razón, son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”, puntualizó la entidad.

Además, expresó su preocupación por los ataques en contra de organismos humanitarios: “El desborde en ejercicio del poder por parte de la fuerza pública, en situaciones como la denunciada hoy acerca del ataque a la comisión humanitaria de Naciones Unidas en Cali, es algo que no puede dejarse pasar sin un mensaje claro e inequívoco de desaprobación por parte del Comandante General de la fuerza pública que es el Presidente de la República”.

Por último, resaltó que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, y se debe cumplir con la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

“La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas hace un llamado al Presidente de la República y a todas las autoridades a tomar medidas eficaces, oportunas y decididas en torno a garantizar los derechos humanos de las personas y a no repetir patrones de violencia perpetrados en el pasado sobre los cuales aún hoy como sociedad tenemos la deuda histórica de responderles a miles de víctimas en circunstancias de violencia y conflicto armado”, concluyó la entidad.

Por otro lado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), expresó su profunda preocupación por la falta de garantías para “la protesta legítima de millones de colombianos y colombianas especialmente jóvenes”, que ha sido “mancillada por individuos que vandalizan y destruyen”.

(Lea también: “Nadie ha dado la orden de disparar”: director de la Policía, general Jorge L. Vargas)

“Acompañamos el dolor de las familias y amigos de quienes han sido asesinados cuando se manifestaban en las calles contra la pobreza, la inequidad, el hambre, el desempleo y la exclusión. Invitamos a continuar en la movilización pacífica por la convivencia y la justicia social como la mejor manera de honrar su memoria. Los disparos, muertos y heridos en Cali y en otras ciudades, que han sido constatados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son inaceptables y nos producen un hondo dolor. Esta barbarie tiene que parar”, expresó a través de un comunicado.

Asimismo, le recordó a la fuerza pública que proteger la vida humana es la tarea fundamental de quienes tienen a cargo la seguridad: “Las personas que cometan delitos deben ser puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes. El empleo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una medida extrema que solo se justifica cuando un presunto delincuente ofrece resistencia armada o pone en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas. No se puede criminalizar la protesta pacífica, ni las justas reivindicaciones que se han expresado en ellas”

La Comisión de la Verdad recordó que la estigmatización y la respuesta violenta del Estado a la protesta social han sido factores determinantes de la persistencia del conflicto armado, según lo que han podido constatar en la búsqueda de la verdad histórica.

Después de que la Defensoría del Pueblo anunciara que hay 87 personas dadas por desaparecidas en el marco de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los marchantes tras seis días del Paro Nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entidad creada después del Acuerdo de Paz, hizo un llamado urgente “al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, para exigir que cesen las agresiones, la violencia desproporcionada que, según fuentes públicas, le han costado la vida a alrededor de 18 personas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas contra manifestantes que participan”.

Según la Unidad, los hechos que vienen ocurriendo en el país y la respuesta que institucionalmente se está dando desde la fuerza pública “antes que garantizar la no repetición, está reproduciendo prácticas de violencia y abusos que no pueden ser admisibles a la luz de la dignidad de las personas”.

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Y agregó que, a diferencia de la Defensoría, los registros de La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, “ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas de personas en contexto de las manifestaciones de los últimos días”. De ellas, 107 continúan desaparecidas. Esta cifra, como todas las que tienen que ver con este crimen, podría ser un subregistro de acuerdo a las mismas fuentes.

“El ejercicio del poder por parte de las instituciones constitucionalmente establecidas es uno de los temas centrales de la construcción de paz y las garantías de no repetición. Por esta razón, son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”, puntualizó la entidad.

Además, expresó su preocupación por los ataques en contra de organismos humanitarios: “El desborde en ejercicio del poder por parte de la fuerza pública, en situaciones como la denunciada hoy acerca del ataque a la comisión humanitaria de Naciones Unidas en Cali, es algo que no puede dejarse pasar sin un mensaje claro e inequívoco de desaprobación por parte del Comandante General de la fuerza pública que es el Presidente de la República”.

Por último, resaltó que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, y se debe cumplir con la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

“La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas hace un llamado al Presidente de la República y a todas las autoridades a tomar medidas eficaces, oportunas y decididas en torno a garantizar los derechos humanos de las personas y a no repetir patrones de violencia perpetrados en el pasado sobre los cuales aún hoy como sociedad tenemos la deuda histórica de responderles a miles de víctimas en circunstancias de violencia y conflicto armado”, concluyó la entidad.

Por otro lado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), expresó su profunda preocupación por la falta de garantías para “la protesta legítima de millones de colombianos y colombianas especialmente jóvenes”, que ha sido “mancillada por individuos que vandalizan y destruyen”.

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“Acompañamos el dolor de las familias y amigos de quienes han sido asesinados cuando se manifestaban en las calles contra la pobreza, la inequidad, el hambre, el desempleo y la exclusión. Invitamos a continuar en la movilización pacífica por la convivencia y la justicia social como la mejor manera de honrar su memoria. Los disparos, muertos y heridos en Cali y en otras ciudades, que han sido constatados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son inaceptables y nos producen un hondo dolor. Esta barbarie tiene que parar”, expresó a través de un comunicado.

Asimismo, le recordó a la fuerza pública que proteger la vida humana es la tarea fundamental de quienes tienen a cargo la seguridad: “Las personas que cometan delitos deben ser puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes. El empleo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una medida extrema que solo se justifica cuando un presunto delincuente ofrece resistencia armada o pone en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas. No se puede criminalizar la protesta pacífica, ni las justas reivindicaciones que se han expresado en ellas”

La Comisión de la Verdad recordó que la estigmatización y la respuesta violenta del Estado a la protesta social han sido factores determinantes de la persistencia del conflicto armado, según lo que han podido constatar en la búsqueda de la verdad histórica.