Víctimas afirman que en el Ecoparque de la Comuna 13 podría haber desaparecidos

Los dueños del Ecoparque de la Comuna 13, localizado en el barrio Altos de San Juan, en Medellín, quieren convertirlo en uno de los lugares más atractivos de la capital de Antioquia. Tiene balnearios, una minigranja, espacios para camping y cuatrimotos, recorridos para cabalgatas, zonas de picnic, hamacas y canchas de voleibol.

Funciona desde hace más de un año y, aunque ha sido bien recibido por los habitantes del sector, víctimas y organizaciones de derechos humanos aseguran que allí estarían inhumadas víctimas del conflicto armado. Lo advierten porque el Ecoparque Comuna 13 está justo en la parte baja de La Escombrera, la fosa común donde habría personas dadas por desaparecidas durante las operaciones militares Mariscal y Orión, ocurridas en mayo y octubre de 2002 y ejecutadas en alianza con los paramilitares, de acuerdo con versiones de mandos de este grupo armado.

James Zuluaga, uno de los creadores del sitio y también líder de la Comuna 13, argumenta que el Ecoparque fue construido para cambiar esa faceta de violencia y terror: “Hasta hace unos años la zona era una de las más peligrosas, seguían asesinando personas, y ya con el proceso de Ecoparque eso se suspendió. Nosotros tomamos un espacio que lo tenían los grupos armados y con esto hicimos que se fueran y empezó mucha gente a venir, demasiada. Tanto que ahora en pandemia es uno de los sitios más visitados de Medellín”.

Pero algunas de las familias de víctimas de desaparición forzada del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de las operaciones militares Orión y Mariscal no están de acuerdo con su construcción. Sostienen que el Ecoparque es una ofensa hacia su dolor y una forma de ocultar la verdad que yace enterrada. “Tapa nuestro dolor, nuestra lucha y memoria a través de un parque donde la gente va a divertirse. Muchos de ellos ni sabrán lo que pasó ahí o no les interesa”, expresa una de las víctimas, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad.

El parque está localizado en la entrada de La Escombrera, en una de las 180 hectáreas que componen la finca de la familia Yepes Arango, quien dio en arriendo este lote para levantar las cabañas y a cambio reciben la mitad de las utilidades. James cuenta que el Ecoparque lo levantaron junto a otros cuatro amigos de la Comuna 13 con “$100.000 o $200.000 que cada uno puso” y luego reinvirtiendo el dinero de las entradas, que están entre los $3.000 y $5.000.

Para organizaciones y víctimas es extraño que “de un día para otro” se haya levantado este proyecto en un sitio que antes era dominado por el bloque Cacique Nutibara y en el que quedaron paramilitares que no se desmovilizaron. También se preguntan cómo se autorizó su construcción si es una zona de su interés para la búsqueda de los desaparecidos y, lo más importante, por qué ninguna entidad hizo estudios para descartar fosas comunes en este terreno antes de construir.

“Claro que puede haber posibilidad de que haya desaparecidos allí. La Escombrera es una montaña. Y esa parte baja, donde hay unas lagunas, funcionó una base paramilitar. Esa era la zona por donde pasaban las volquetas controladas por paramilitares entre 2002 y 2004. Nosotros siempre les hemos dicho a las autoridades que no descarten sitios”, afirma Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

El 29 de agosto de 2018, esta corporación y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decretara medidas cautelares de protección en 17 sitios donde habría personas desaparecidas. Uno de esos lugares es La Escombrera.

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La JEP ya acordonó dos lotes de este sector y La Arenera, en las que se espera que a comienzos de marzo se realicen las primeras prospecciones. También le ordenó a la Alcaldía de Medellín que impida cualquier tipo de intervención, pues ha documentado 435 posibles casos de desaparición forzada en La Escombrera. Sin embargo, la zona donde está el Ecoparque no está dentro del área delimitada por la JEP. De acuerdo con Arboleda, le pedirán a este tribunal que amplíe su trabajo hacia esta zona y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que declare el sitio de interés para la búsqueda.

Respecto a si hubo alguna verificación de la existencia o no de fosas comunes en el predio antes de construir, James Zuluaga responde que ninguna entidad ha hecho búsquedas en esa zona y que ellos partieron de lo dicho por la gente: “De la quebrada hacia el otro lado, esa parte donde se pusieron los escombros, lógicamente nos informaron que era donde sucedía toda esa actividad triste de la comuna. Este otro lado es tierra fértil, que no ha tenido ningún problema”.

No obstante, Zuluaga dice que sí puede existir la posibilidad de que haya desaparecidos y que en dado caso los dueños determinarán si se pueden hacer las prospecciones, “pero pienso que lo primero que debería hacer la Alcaldía es levantar un camposanto o una casa de memoria en el lugar donde se supone que están las víctimas”.

Con respecto a la crítica de las víctimas, Zuluaga sostiene que es cuestionable que prefieran un espacio vacío y donde sigan ocurriendo crímenes a un lugar donde la gente pueda divertirse y pasar un rato tranquila.

Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín le respondió a este medio que la Secretaría de Gestión y Control Territorial ya está haciendo las visitas de verificación en el parque para empezar a regularlo. Además, asegura que este sitio no tiene un permiso específico de la Alcaldía de Medellín ya que no está ceñido al concepto de ecoparque de ciudad, sino que es un balneario en un predio privado. Agrega que han cumplido con el cerramiento y vigilancia de los dos lotes que ordenó la JEP y por esta razón también harán una inspección al Ecoparque.

Las víctimas que recogen las memorias de la Comuna 13 hablan de otras irregularidades con el Ecoparque, como que alrededor del sitio estén vendiendo lotes entre los $3 y $7 millones a familias vulnerables. “Nosotros incluso nos hicimos pasar por una familia que iba a comprar uno. Y eso es un riesgo enorme, porque es una montaña artificial que se puede venir abajo en cualquier momento. La gente dice que quienes están vendiendo están relacionados con actores ilegales que operan en la zona”, agrega una de las personas consultadas.

Finalmente, las fuentes consultadas por este diario hicieron un llamado al alcalde de Medellín sobre este lugar que, según ellas, ignora su lucha por conocer qué sucedió en la Comuna 13 durante la guerra.

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Los dueños del Ecoparque de la Comuna 13, localizado en el barrio Altos de San Juan, en Medellín, quieren convertirlo en uno de los lugares más atractivos de la capital de Antioquia. Tiene balnearios, una minigranja, espacios para camping y cuatrimotos, recorridos para cabalgatas, zonas de picnic, hamacas y canchas de voleibol.

Funciona desde hace más de un año y, aunque ha sido bien recibido por los habitantes del sector, víctimas y organizaciones de derechos humanos aseguran que allí estarían inhumadas víctimas del conflicto armado. Lo advierten porque el Ecoparque Comuna 13 está justo en la parte baja de La Escombrera, la fosa común donde habría personas dadas por desaparecidas durante las operaciones militares Mariscal y Orión, ocurridas en mayo y octubre de 2002 y ejecutadas en alianza con los paramilitares, de acuerdo con versiones de mandos de este grupo armado.

James Zuluaga, uno de los creadores del sitio y también líder de la Comuna 13, argumenta que el Ecoparque fue construido para cambiar esa faceta de violencia y terror: “Hasta hace unos años la zona era una de las más peligrosas, seguían asesinando personas, y ya con el proceso de Ecoparque eso se suspendió. Nosotros tomamos un espacio que lo tenían los grupos armados y con esto hicimos que se fueran y empezó mucha gente a venir, demasiada. Tanto que ahora en pandemia es uno de los sitios más visitados de Medellín”.

Pero algunas de las familias de víctimas de desaparición forzada del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de las operaciones militares Orión y Mariscal no están de acuerdo con su construcción. Sostienen que el Ecoparque es una ofensa hacia su dolor y una forma de ocultar la verdad que yace enterrada. “Tapa nuestro dolor, nuestra lucha y memoria a través de un parque donde la gente va a divertirse. Muchos de ellos ni sabrán lo que pasó ahí o no les interesa”, expresa una de las víctimas, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad.

El parque está localizado en la entrada de La Escombrera, en una de las 180 hectáreas que componen la finca de la familia Yepes Arango, quien dio en arriendo este lote para levantar las cabañas y a cambio reciben la mitad de las utilidades. James cuenta que el Ecoparque lo levantaron junto a otros cuatro amigos de la Comuna 13 con “$100.000 o $200.000 que cada uno puso” y luego reinvirtiendo el dinero de las entradas, que están entre los $3.000 y $5.000.

Para organizaciones y víctimas es extraño que “de un día para otro” se haya levantado este proyecto en un sitio que antes era dominado por el bloque Cacique Nutibara y en el que quedaron paramilitares que no se desmovilizaron. También se preguntan cómo se autorizó su construcción si es una zona de su interés para la búsqueda de los desaparecidos y, lo más importante, por qué ninguna entidad hizo estudios para descartar fosas comunes en este terreno antes de construir.

“Claro que puede haber posibilidad de que haya desaparecidos allí. La Escombrera es una montaña. Y esa parte baja, donde hay unas lagunas, funcionó una base paramilitar. Esa era la zona por donde pasaban las volquetas controladas por paramilitares entre 2002 y 2004. Nosotros siempre les hemos dicho a las autoridades que no descarten sitios”, afirma Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

El 29 de agosto de 2018, esta corporación y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decretara medidas cautelares de protección en 17 sitios donde habría personas desaparecidas. Uno de esos lugares es La Escombrera.

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La JEP ya acordonó dos lotes de este sector y La Arenera, en las que se espera que a comienzos de marzo se realicen las primeras prospecciones. También le ordenó a la Alcaldía de Medellín que impida cualquier tipo de intervención, pues ha documentado 435 posibles casos de desaparición forzada en La Escombrera. Sin embargo, la zona donde está el Ecoparque no está dentro del área delimitada por la JEP. De acuerdo con Arboleda, le pedirán a este tribunal que amplíe su trabajo hacia esta zona y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que declare el sitio de interés para la búsqueda.

Respecto a si hubo alguna verificación de la existencia o no de fosas comunes en el predio antes de construir, James Zuluaga responde que ninguna entidad ha hecho búsquedas en esa zona y que ellos partieron de lo dicho por la gente: “De la quebrada hacia el otro lado, esa parte donde se pusieron los escombros, lógicamente nos informaron que era donde sucedía toda esa actividad triste de la comuna. Este otro lado es tierra fértil, que no ha tenido ningún problema”.

No obstante, Zuluaga dice que sí puede existir la posibilidad de que haya desaparecidos y que en dado caso los dueños determinarán si se pueden hacer las prospecciones, “pero pienso que lo primero que debería hacer la Alcaldía es levantar un camposanto o una casa de memoria en el lugar donde se supone que están las víctimas”.

Con respecto a la crítica de las víctimas, Zuluaga sostiene que es cuestionable que prefieran un espacio vacío y donde sigan ocurriendo crímenes a un lugar donde la gente pueda divertirse y pasar un rato tranquila.

Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín le respondió a este medio que la Secretaría de Gestión y Control Territorial ya está haciendo las visitas de verificación en el parque para empezar a regularlo. Además, asegura que este sitio no tiene un permiso específico de la Alcaldía de Medellín ya que no está ceñido al concepto de ecoparque de ciudad, sino que es un balneario en un predio privado. Agrega que han cumplido con el cerramiento y vigilancia de los dos lotes que ordenó la JEP y por esta razón también harán una inspección al Ecoparque.

Las víctimas que recogen las memorias de la Comuna 13 hablan de otras irregularidades con el Ecoparque, como que alrededor del sitio estén vendiendo lotes entre los $3 y $7 millones a familias vulnerables. “Nosotros incluso nos hicimos pasar por una familia que iba a comprar uno. Y eso es un riesgo enorme, porque es una montaña artificial que se puede venir abajo en cualquier momento. La gente dice que quienes están vendiendo están relacionados con actores ilegales que operan en la zona”, agrega una de las personas consultadas.

Finalmente, las fuentes consultadas por este diario hicieron un llamado al alcalde de Medellín sobre este lugar que, según ellas, ignora su lucha por conocer qué sucedió en la Comuna 13 durante la guerra.

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