“Las víctimas de minas antipersonal en Colombia hicimos la participación ante la JEP con el objetivo de encontrar reparación que para nosotros es justicia y verdad. Ha pasado más de un año de haber entregado informes donde relatamos lo que nos pasó como personas, organizaciones y quienes sufrimos de este flagelo pero no hemos recibido respuesta”, relató Fabián Ordoñez, representante legal de la asociación huilense de sobrevivientes de minas antipersonal.
Ordoñez hace parte de las personas que buscan ser reconocidas dentro de las 50.100 víctimas documentadas por la JEP de medios y métodos ilícitos de guerra utilizados por las FARC dentro del macro caso 10 sobre “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP”. Este macrocaso, que se abrió el pasado 15 de julio del 2022, incluye otros crímenes no amnistiables como homicidios de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual.
La JEP estima que 169.400 víctimas hacen parte del universo de posibles víctimas de estas infracciones al derecho penal internacional cometidas por las FARC y que podrían acreditarse en este macrocaso. Para la apertura del caso, la JEP recolectó 306 informes de organizaciones de víctimas y de la Fiscalía sobre estos crímenes perpetrados por las FARC durante el conflicto armado.
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Ha pasado más de un año desde esa entrega y los sobrevivientes y víctimas de minas antipersonal resaltan no haber sido contactadas para avanzar en las diligencias donde los exmiembros de las FARC entreguen información para reparar a las víctimas.
Colombia+20 consultó a la JEP sobre las razones de las demoras y las próximas acciones que realizarán para dar respuesta a las víctimas. “Las versiones iniciarán este primer semestre. La Sala de Reconocimiento recibió este año un refuerzo en planta de personal para poder asumir los nuevos casos y estás personas están siendo contratadas”, dijo a este diario el alto tribunal.
La Asociación de sobrevivientes de minas antipersonal de la región Abades (Asov-Abades) en Nariño, que integra a 58 víctimas de los municipios de Samaniego, Santacruz y La Llanada, hacen un llamado a la JEP y el gobierno nacional de hacerlos más partícipes de los procesos de acompañamiento psicosocial, de proyectos productivos y seguimiento de implementación de apoyos.
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“Nosotros hacemos un llamado para que se haga una reparación simbólica con entrega de información a las víctimas, acompañamiento en proyectos productivos y participación en los diferentes espacios de mesas de víctimas departamentales y municipales para construir un plan de trabajo con acciones concretas para evaluar anualmente el desarrollo y cumplimiento de estas acciones”, resaltaron.
Según cifras de Descontamina Colombia, en lo corrido de este año 21 personas han sido víctimas de minas antipersonal en 12 eventos. Los departamentos donde se concentran estos casos son Nariño, Cauca y Arauca.
La conmemoración del día internacional para la sensibilización contra las Minas Antipersonal que será el 4 de abril, las víctimas que están registradas ante la JEP esperan recibir avances dentro del macrocaso y tener respuestas del plan de trabajo.
En lo que va de 2023, 21 personas han sido víctimas de minas antipersonal en 12 eventos”.
Descontamina Colombia
La JEP realizará una conmemoración el próximo 11 de abril en sus instalaciones en Bogotá, a la que están convocando a las organizaciones y voceros de víctimas. Allí algunos participantes planean realizar actos simbólicos con sus prótesis que representan la resistencia y el cambio de vida que vivieron por estos artefactos.
La deuda con las víctimas étnicas
Los integrantes de Asov-Abades en Nariño hacen un llamado especial de visibilizar las afectaciones diferenciales a población étnica por la presencia de minas antipersonal (MAP), munición sin explosionar (MSE) y trampas explosivas (TE) en resguardos indígenas y consejos comunitarios.
“La información sobre víctimas de minas de grupos étnicos como afrodescendientes e indígenas, al igual que las afectaciones a resguardos y consejos comunitarios quedó corta en los informes y se necesita llegar a la minucia. Por temas de seguridad por actores armados nunca se denunció por parte de esta población”, explicaron desde Nariño.
Los voceros de la organización aún no hablan a nombre propio por la inseguridad que sienten ante las condiciones de conflicto que aún se viven en el territorio por la presencia de actores armados ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, alguno de los grupos que se encuentran en el departamento de Nariño son el Clan del Golfo o AGC; el Frente Comuneros del Sur del ELN; y disidencias de las FARC.
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Sobre el enfoque étinco, la JEP ha abordado el tema y afectaciones a víctimas por minas antipersonal desde el macrocaso 05 que prioriza las violaciones a los derechos humanos en los municipios del Norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Desde allí han identificado que “la presencia de campos minados y munición sin explotar trajo consigo la pérdida del acceso a territorios ancestrales y colectivos afectando las prácticas étnicas ancestrales”, explicó la JEP a Colombia +20.
Las víctimas y sobrevivientes étnicas de minas antipersonal de otras partes del país esperan recibir verdad, justicia y apoyo institucional desde este nuevo macrocaso.