Víctimas de violencia sexual de las Farc piden que sus casos los lleve la JEP

Fulvia Chunganá nació en el corregimiento La Romelia, en El Tambo (Cauca). Ahí tuvo sus primeros dos hijos y, cuando estaba embarazada del tercero, fue víctima de violencia sexual por parte de un integrante del octavo frente de las Farc. Estuvo hospitalizada un mes y guardó silencio durante los 23 años siguientes. Es ella quien, después de un largo proceso de defensa de los derechos de las mujeres, solo quiere saber la verdad. ¿Por qué le hicieron eso a ella y a otras mujeres? Tiene la certeza de que la única oportunidad que tiene para saberlo es si estos casos, incluidos los que ocurrieron contra menores de edad, son sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El pedido de Chunganá va en respuesta a la propuesta de reforma constitucional que el presidente Iván Duque anunció el pasado 10 de marzo, cuando también objetó la Ley estatutaria de la JEP, en la que pidió que la violencia sexual contra menores de edad sea de competencia de la justicia ordinaria. Esto aunque la Corte Constitucional ya había definido que estos delitos no son amnistiables pero deben ser de competencia de la justicia transicional. 

La garantía de verdad

Fulvia Chunganá ha ido comprendiendo que su cuerpo fue usado para infundir terror, que por eso se generó un desplazamiento y ese hecho extendió el control territorial de esta guerrilla. Esto solo lo entendió cuando pudo hablar, denunciar y rodearse de mujeres, a partir de 2013. Sin embargo, todavía muchas víctimas no saben quién es su victimario ni por qué lo hicieron. 

En el sistema de justicia transicional, del cual hace parte la JEP, hay un valor fundamental para la aplicación de justicia: la verdad. Si no se cumple con este principio se pierden los beneficios, como las penas de menos de 8 años, sin cárcel. Esto no pasa en la justicia ordinaria. “Las sanciones previstas en el sistema penal ordinario no se gradúan según el nivel de verdad que ofrezca la persona y, por ende, no existen estímulos para que la verdad sobre lo sucedido sea revelada”, manifestó en un comunicado Dejusticia.

Lea: Por la verdad de la violencia sexual que atravesó el cuerpo de las mujeres

La coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Ángela Escobar, refuerza esta idea: “Si esto queda en justicia ordinaria, el victimario no va a confesar la verdad porque le van a dar 60 años de cárcel. Él pensará “Para qué voy a decir la verdad, que mejor me investiguen y me comprueben”. Además, la justicia ordinaria no cuenta con mecanismos extrajudiciales que permitan que los actores cuenten la verdad sin el riesgo de ser judicializados, como sí lo tiene la justicia transicional con la Comisión de la Verdad, que recibirá los testimonios de los actores de la guerra para esclarecer los fenómenos de violencia del conflicto armado. 

La impunidad en la justicia ordinaria

Yolanda Perea es la representante de la Mesa Nacional de Víctimas, es una mujer negra de Riosucio (Chocó) y cuando tenía 11 años, en 1997, fue violada en un rincón de su casa por un guerrillero del frente 57 de las Farc y su madre fue asesinada por reclamar este hecho. Fue una de las niñas víctimas de violencia sexual por parte de las Farc pero ella piensa diferente de quienes quieren sacar estos delitos de la JEP.

“Cuando fui víctima tenía 11 años, pero ahora soy mayor de edad y deben respetar mi decisión”, que es que su caso sea juzgado en la JEP y por eso lo entregó a esta justicia junto con 2.000 más, en un evento organizado con dos organizaciones más. “La impunidad en el tema de violencia sexual en justicia ordinaria tiene más del 90%, en la JEP si no dicen la verdad pueden tener hasta 20 años de cárcel si son vencidos en juicio. Y yo digo, siquiera esos tienen 20 años de cárcel, los paramilitares fueron 8 años y a ver cuántos han reconocido el tema de violencia sexual. Los extraditaron y dónde está la verdad”, pregunta. Según información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es de 92% en los casos del Auto 092 y el 97% de todos los casos reportados por la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado.

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Mariana Ardila, abogada de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que lucha en varios países contra la impunidad que hay en delitos de violencia contra las mujeres, dice que esta colectividad ha encontrado que en la justicia ordinaria no se protegen los derechos de las víctimas de un conflicto armado. “Lo que hemos encontrado es que, en escenarios de justicia transicional, donde hay un conflicto armado que dejó un conjunto de violaciones masivas de los derechos humanos, sus mecanismos permiten que los que cometieron delitos reconozcan su responsabilidad, cuenten su verdad y reparen a las víctimas sin necesidad de iniciar una investigación o juicio por cada uno de estos casos, pues puede tardar muchísimos años por la gran cantidad y complejidad de los crímenes”, dice. 

Es decir, mecanismos de justicia transicional como la JEP no van a juzgar cada uno de los casos relacionados con la violencia sexual, que todavía no sabemos cuántos son y que no ha sido posible juzgar en la justicia ordinaria. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica son 15.738 víctimas de violencia sexual; según el Registro Único de Víctimas ascienden a 27.250 las víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual; y según la Coalición contra la Vinculación de Ninõs, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) son 48.915 las víctimas menores de edad solo entre 2009 y 2012.
Ardila explica que, además, no sería posible juzgar cada uno. “En Justicia y Paz se estima que se demoraría 73 años en sentenciar a todos los que se acogieron a esa ley, según un informe de la misma Fiscalía. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en juzgar estos miles de casos?”, pregunta. 

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Aun sabiendo que cada caso no será juzgado, las víctimas han hecho seguimiento de lo entregado a la JEP. “La satisfacción ha sido que ya la Sala de Reconocimiento nos dio un primer informe. Al menos ya se sentaron con nosotras a decirnos cómo están avanzando las historias que entregamos, qué hace falta. Es un diálogo permanente entre la Sala y la organización, lo que nunca tuvimos con justicia ordinaria. Les estamos pidiendo que saquen un caso específico que nos represente”, dice Ángela Escobar.

La reparación y no repetición

Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, entregó a la JEP el resultado de la comisión de la verdad que hicieron. Esta experiencia ha llevado a Gallego a pensar que esta propuesta presidencial no se preocupa por las víctimas. “A nuestra manera de ver es un manejo político que está haciendo el Centro Democrático y la Presidencia de la República, porque ningún gobierno de ningún tipo ha acogido el tema como una visión de resolverlo, prevenirlo, investigarlo, de ponerlo alto y de efectivamente la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores y mujeres tenga algún lugar en la agenda del país”.

Por esta razón, insiste en que la oportunidad que tienen para prevenir que otras mujeres sean violentadas es la JEP, pues las penas, restaurativas o de cárcel, deben apuntar a la no repetición. “Este es uno de los temas que las Farc va a negar en la JEP. Esto va a ir a litigio. Ellos no van a decir “yo hice esto”, no lo van a reconocer. Se requeriría aportar todas las pruebas y normalmente los casos de violencia sexual son bastante dificultosos de probar en el litigio, por el tiempo, etc. Entonces esto también va a generar iguales dificultades en la JEP. Pero en la justicia ordinaria es peor, porque no tiene mejores mecanismos para buscar la verdad”, dice Gallego.

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La abogada Ardila explica que, además, “las sanciones deberían tener un componente restaurativo dirigido a que no se cometan violencias contra las mujeres”. Por ejemplo, que “dentro de esas sanciones esté construir escuelas donde haya programas de educación sexual o donde se haga prevención de violencia contra las mujeres o construir centros de salud sexual y reproductiva en zonas afectadas por el conflicto y donde las mujeres víctimas de violencia sexual puedan ser atendidas y recibir información sobre sus derechos”.

El debate continúa, pero tristemente en la discusión cada vez se escuchan menos argumentos. Yolanda Perea, que no pudo hablar en la Comisión de Paz del Senado esta semana por el duro enfrentamiento que se dio en el recinto luego de las declaraciones de algunas mujeres de la Corporación Rosa Blanca, dice que tiene miedo. “Tengo miedo de las retaliaciones que vayan a venir en contra de mí y de mi familia cuando yo salga a hablar. Me ha tocado sufrir tanto que yo respeto las opiniones de los demás y su forma de oponerse a las cosas, pero siento que en este momento lo que siento y pienso no está siendo respetado ni tenido en cuenta”.

Fulvia Chunganá nació en el corregimiento La Romelia, en El Tambo (Cauca). Ahí tuvo sus primeros dos hijos y, cuando estaba embarazada del tercero, fue víctima de violencia sexual por parte de un integrante del octavo frente de las Farc. Estuvo hospitalizada un mes y guardó silencio durante los 23 años siguientes. Es ella quien, después de un largo proceso de defensa de los derechos de las mujeres, solo quiere saber la verdad. ¿Por qué le hicieron eso a ella y a otras mujeres? Tiene la certeza de que la única oportunidad que tiene para saberlo es si estos casos, incluidos los que ocurrieron contra menores de edad, son sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El pedido de Chunganá va en respuesta a la propuesta de reforma constitucional que el presidente Iván Duque anunció el pasado 10 de marzo, cuando también objetó la Ley estatutaria de la JEP, en la que pidió que la violencia sexual contra menores de edad sea de competencia de la justicia ordinaria. Esto aunque la Corte Constitucional ya había definido que estos delitos no son amnistiables pero deben ser de competencia de la justicia transicional. 

La garantía de verdad

Fulvia Chunganá ha ido comprendiendo que su cuerpo fue usado para infundir terror, que por eso se generó un desplazamiento y ese hecho extendió el control territorial de esta guerrilla. Esto solo lo entendió cuando pudo hablar, denunciar y rodearse de mujeres, a partir de 2013. Sin embargo, todavía muchas víctimas no saben quién es su victimario ni por qué lo hicieron. 

En el sistema de justicia transicional, del cual hace parte la JEP, hay un valor fundamental para la aplicación de justicia: la verdad. Si no se cumple con este principio se pierden los beneficios, como las penas de menos de 8 años, sin cárcel. Esto no pasa en la justicia ordinaria. “Las sanciones previstas en el sistema penal ordinario no se gradúan según el nivel de verdad que ofrezca la persona y, por ende, no existen estímulos para que la verdad sobre lo sucedido sea revelada”, manifestó en un comunicado Dejusticia.

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La coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Ángela Escobar, refuerza esta idea: “Si esto queda en justicia ordinaria, el victimario no va a confesar la verdad porque le van a dar 60 años de cárcel. Él pensará “Para qué voy a decir la verdad, que mejor me investiguen y me comprueben”. Además, la justicia ordinaria no cuenta con mecanismos extrajudiciales que permitan que los actores cuenten la verdad sin el riesgo de ser judicializados, como sí lo tiene la justicia transicional con la Comisión de la Verdad, que recibirá los testimonios de los actores de la guerra para esclarecer los fenómenos de violencia del conflicto armado. 

La impunidad en la justicia ordinaria

Yolanda Perea es la representante de la Mesa Nacional de Víctimas, es una mujer negra de Riosucio (Chocó) y cuando tenía 11 años, en 1997, fue violada en un rincón de su casa por un guerrillero del frente 57 de las Farc y su madre fue asesinada por reclamar este hecho. Fue una de las niñas víctimas de violencia sexual por parte de las Farc pero ella piensa diferente de quienes quieren sacar estos delitos de la JEP.

“Cuando fui víctima tenía 11 años, pero ahora soy mayor de edad y deben respetar mi decisión”, que es que su caso sea juzgado en la JEP y por eso lo entregó a esta justicia junto con 2.000 más, en un evento organizado con dos organizaciones más. “La impunidad en el tema de violencia sexual en justicia ordinaria tiene más del 90%, en la JEP si no dicen la verdad pueden tener hasta 20 años de cárcel si son vencidos en juicio. Y yo digo, siquiera esos tienen 20 años de cárcel, los paramilitares fueron 8 años y a ver cuántos han reconocido el tema de violencia sexual. Los extraditaron y dónde está la verdad”, pregunta. Según información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es de 92% en los casos del Auto 092 y el 97% de todos los casos reportados por la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado.

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Mariana Ardila, abogada de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que lucha en varios países contra la impunidad que hay en delitos de violencia contra las mujeres, dice que esta colectividad ha encontrado que en la justicia ordinaria no se protegen los derechos de las víctimas de un conflicto armado. “Lo que hemos encontrado es que, en escenarios de justicia transicional, donde hay un conflicto armado que dejó un conjunto de violaciones masivas de los derechos humanos, sus mecanismos permiten que los que cometieron delitos reconozcan su responsabilidad, cuenten su verdad y reparen a las víctimas sin necesidad de iniciar una investigación o juicio por cada uno de estos casos, pues puede tardar muchísimos años por la gran cantidad y complejidad de los crímenes”, dice. 

Es decir, mecanismos de justicia transicional como la JEP no van a juzgar cada uno de los casos relacionados con la violencia sexual, que todavía no sabemos cuántos son y que no ha sido posible juzgar en la justicia ordinaria. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica son 15.738 víctimas de violencia sexual; según el Registro Único de Víctimas ascienden a 27.250 las víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual; y según la Coalición contra la Vinculación de Ninõs, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) son 48.915 las víctimas menores de edad solo entre 2009 y 2012.
Ardila explica que, además, no sería posible juzgar cada uno. “En Justicia y Paz se estima que se demoraría 73 años en sentenciar a todos los que se acogieron a esa ley, según un informe de la misma Fiscalía. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en juzgar estos miles de casos?”, pregunta. 

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Aun sabiendo que cada caso no será juzgado, las víctimas han hecho seguimiento de lo entregado a la JEP. “La satisfacción ha sido que ya la Sala de Reconocimiento nos dio un primer informe. Al menos ya se sentaron con nosotras a decirnos cómo están avanzando las historias que entregamos, qué hace falta. Es un diálogo permanente entre la Sala y la organización, lo que nunca tuvimos con justicia ordinaria. Les estamos pidiendo que saquen un caso específico que nos represente”, dice Ángela Escobar.

La reparación y no repetición

Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, entregó a la JEP el resultado de la comisión de la verdad que hicieron. Esta experiencia ha llevado a Gallego a pensar que esta propuesta presidencial no se preocupa por las víctimas. “A nuestra manera de ver es un manejo político que está haciendo el Centro Democrático y la Presidencia de la República, porque ningún gobierno de ningún tipo ha acogido el tema como una visión de resolverlo, prevenirlo, investigarlo, de ponerlo alto y de efectivamente la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores y mujeres tenga algún lugar en la agenda del país”.

Por esta razón, insiste en que la oportunidad que tienen para prevenir que otras mujeres sean violentadas es la JEP, pues las penas, restaurativas o de cárcel, deben apuntar a la no repetición. “Este es uno de los temas que las Farc va a negar en la JEP. Esto va a ir a litigio. Ellos no van a decir “yo hice esto”, no lo van a reconocer. Se requeriría aportar todas las pruebas y normalmente los casos de violencia sexual son bastante dificultosos de probar en el litigio, por el tiempo, etc. Entonces esto también va a generar iguales dificultades en la JEP. Pero en la justicia ordinaria es peor, porque no tiene mejores mecanismos para buscar la verdad”, dice Gallego.

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La abogada Ardila explica que, además, “las sanciones deberían tener un componente restaurativo dirigido a que no se cometan violencias contra las mujeres”. Por ejemplo, que “dentro de esas sanciones esté construir escuelas donde haya programas de educación sexual o donde se haga prevención de violencia contra las mujeres o construir centros de salud sexual y reproductiva en zonas afectadas por el conflicto y donde las mujeres víctimas de violencia sexual puedan ser atendidas y recibir información sobre sus derechos”.

El debate continúa, pero tristemente en la discusión cada vez se escuchan menos argumentos. Yolanda Perea, que no pudo hablar en la Comisión de Paz del Senado esta semana por el duro enfrentamiento que se dio en el recinto luego de las declaraciones de algunas mujeres de la Corporación Rosa Blanca, dice que tiene miedo. “Tengo miedo de las retaliaciones que vayan a venir en contra de mí y de mi familia cuando yo salga a hablar. Me ha tocado sufrir tanto que yo respeto las opiniones de los demás y su forma de oponerse a las cosas, pero siento que en este momento lo que siento y pienso no está siendo respetado ni tenido en cuenta”.