Víctimas del conflicto armado en Urabá entregaron informe a la JEP

Juan de Dios Arboleda era el inspector de policía del corregimiento Saiza, municipio de Tierralta, Córdoba. Era también un comerciante próspero y reconocido, tenía ganado y vivía bien con su esposa y sus tres hijos. Desde que cumplió 18 años había ocupado posiciones de liderazgo sobre todo en la junta de acción comunal y había sido inspector en varias oportunidades. Todo eso cambió cuando tuvo que huir en 2001 por amenazas de las Farc, grupo que, según cuenta, le robó todas sus pertenencias. Llegó el 7 de febrero a Carepa, Antioquia, con su familia, después de recorrer casi dos días a pie una trocha que solo las mulas remontaban, pues significaba atravesar la serranía del Abibe.

“Yo llegué sin nada, a pedir limosna”, recuerda hoy. Lo que no dejó atrás fue su liderazgo. Empezó a organizar a las familias que, como él, habían llegado desplazadas a un municipio que también era epicentro del conflicto. En el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Memorias que renacen del municipio de Carepa”, se resalta que este municipio tenía una posición privilegiada en el Golfo de Urabá, por servir de conexión con el océano Atlántico, el río Atrato, la zona selvática, las montañas y la frontera con Panamá.

Esta ubicación, dice en CNMH, “lo hacía atractivo para los grupos armados como las guerrillas de las Farc y el Epl, los paramilitares de los Castaño, unificados bajo las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuya expansión de armada provocó el incremento de homicidios en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Mientras las guerrillas mataban a administradores de fincas, los paramilitares masacraban a trabajadores y sindicalistas”.

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Fueron cientos de familias las que llegaron a ese municipio que los recibía, mientras, al mismo tiempo, expulsaba a otras cientos de familias a otros lugares del país. Hoy se dice que cerca del 60% de la población de Carepa es víctima del conflicto.

Esta fue una de las razones por las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió abrir un macrocaso, el 04, para priorizar la situación en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, por hechos cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Dentro de este macrocaso, la JEP tiene acreditadas 35.000 víctimas y ha recibido 29 informes de instituciones y organizaciones.

Apenas Juan de Dios se enteró de que la JEP investigaría estos hechos de manera prioritaria y que recibiría informes de las víctimas, empezó a trabajar con la Corporación Comunitaria de Desplazados de Saiza, Corpodesa, que nació en 2001 y que agrupa a cerca de 750 familias que salieron, como él, de ese corregimiento y se asentaron en Carepa.

(También puede ver: “No eran ‘paras’, eran campesinos inocentes”: exFarc reconocen masacre en Urabá)

En 2019 empezó a trabajar en un informe para la JEP, pero fracasó en el intento. No tenía recursos, la logística de recorrer las veredas para visitar a las víctimas, sobrepasó la capacidad de la organización. Pero finalmente se juntaron con otras organizaciones como la Corporación Integral Familias Campesinas en busca de un mejor Futuro, Corinfacanfu; la Asociación de productores Provincia y Paz, Asoprovipaz; la Asociación de Mujeres Campesinas Flor Silvestre; la Asociación de Productores Campesinos de La Rosita, Aprorosita; y la Corporación para la Paz de Urabá, Urapaz, encontraron el apoyo de la Universidad de Antioquia y en un trabajo conjunto de siete meses elaboraron el informe “De ausencias y despojos en el conflicto armado en Urabá. Unidos hacia la construcción de paz”.

Para hacerlo recorrieron, por ejemplo, el corregimiento El Silencio de Carepa, la vereda Esmeralda, las parcelaciones Flor Silvestre, La Provincia y la Florida en el corregimiento Piedras Blancas. En promedio entrevistaron a 15 familias por organización. “Era apenas un muestreo, no podíamos abarcar a todas las familias”, explica Juan de Dios.

El informe, de unas 50 páginas, tiene como objetivo buscar justicia, verdad, reparación y la no repetición desde los testimonios de las víctimas, según informó la JEP. El documento se lo entregaron, el pasado sábado 19 de marzo, en un evento presencial, pero privado, a la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, quien es la relatora del caso 04.

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Para Juan de Dios, vocero de las organizaciones que presentaron el informe, este acto es el comienzo de un proceso participativo de las víctimas que pretenden no solo confrontar a los miembros de la exguerrilla de las Farc (la mayoría de las víctimas la reportan como su victimario) sino a miembros de la fuerza pública y de las Auc, que también afectaron a varias de las familias que entregaron sus testimonios.

En el documento las organizaciones plantean propuestas de reparación colectiva por los hechos que les han afectado, como una forma de acercarse a la verdad, a la justicia y aportar a la construcción de una paz estable y duradera en el país. “La primera idea era confrontar a comparecientes de Farc y por eso creemos que ellos deben pagar por daños causados a la población. Nosotros no aspiramos a nos den plata, pese a que nosotros lo perdimos todo, pero sí planteamos que puedan hacer carreteras, puentes, escuelas y otras obran que satisfagan las necesidades de las comunidades que retornaron a sus lugares de procedencia y a las que nos quedamos aquí”, explica Juan de Dios.

Juan de Dios Arboleda era el inspector de policía del corregimiento Saiza, municipio de Tierralta, Córdoba. Era también un comerciante próspero y reconocido, tenía ganado y vivía bien con su esposa y sus tres hijos. Desde que cumplió 18 años había ocupado posiciones de liderazgo sobre todo en la junta de acción comunal y había sido inspector en varias oportunidades. Todo eso cambió cuando tuvo que huir en 2001 por amenazas de las Farc, grupo que, según cuenta, le robó todas sus pertenencias. Llegó el 7 de febrero a Carepa, Antioquia, con su familia, después de recorrer casi dos días a pie una trocha que solo las mulas remontaban, pues significaba atravesar la serranía del Abibe.

“Yo llegué sin nada, a pedir limosna”, recuerda hoy. Lo que no dejó atrás fue su liderazgo. Empezó a organizar a las familias que, como él, habían llegado desplazadas a un municipio que también era epicentro del conflicto. En el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Memorias que renacen del municipio de Carepa”, se resalta que este municipio tenía una posición privilegiada en el Golfo de Urabá, por servir de conexión con el océano Atlántico, el río Atrato, la zona selvática, las montañas y la frontera con Panamá.

Esta ubicación, dice en CNMH, “lo hacía atractivo para los grupos armados como las guerrillas de las Farc y el Epl, los paramilitares de los Castaño, unificados bajo las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuya expansión de armada provocó el incremento de homicidios en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Mientras las guerrillas mataban a administradores de fincas, los paramilitares masacraban a trabajadores y sindicalistas”.

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Fueron cientos de familias las que llegaron a ese municipio que los recibía, mientras, al mismo tiempo, expulsaba a otras cientos de familias a otros lugares del país. Hoy se dice que cerca del 60% de la población de Carepa es víctima del conflicto.

Esta fue una de las razones por las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió abrir un macrocaso, el 04, para priorizar la situación en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, por hechos cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Dentro de este macrocaso, la JEP tiene acreditadas 35.000 víctimas y ha recibido 29 informes de instituciones y organizaciones.

Apenas Juan de Dios se enteró de que la JEP investigaría estos hechos de manera prioritaria y que recibiría informes de las víctimas, empezó a trabajar con la Corporación Comunitaria de Desplazados de Saiza, Corpodesa, que nació en 2001 y que agrupa a cerca de 750 familias que salieron, como él, de ese corregimiento y se asentaron en Carepa.

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En 2019 empezó a trabajar en un informe para la JEP, pero fracasó en el intento. No tenía recursos, la logística de recorrer las veredas para visitar a las víctimas, sobrepasó la capacidad de la organización. Pero finalmente se juntaron con otras organizaciones como la Corporación Integral Familias Campesinas en busca de un mejor Futuro, Corinfacanfu; la Asociación de productores Provincia y Paz, Asoprovipaz; la Asociación de Mujeres Campesinas Flor Silvestre; la Asociación de Productores Campesinos de La Rosita, Aprorosita; y la Corporación para la Paz de Urabá, Urapaz, encontraron el apoyo de la Universidad de Antioquia y en un trabajo conjunto de siete meses elaboraron el informe “De ausencias y despojos en el conflicto armado en Urabá. Unidos hacia la construcción de paz”.

Para hacerlo recorrieron, por ejemplo, el corregimiento El Silencio de Carepa, la vereda Esmeralda, las parcelaciones Flor Silvestre, La Provincia y la Florida en el corregimiento Piedras Blancas. En promedio entrevistaron a 15 familias por organización. “Era apenas un muestreo, no podíamos abarcar a todas las familias”, explica Juan de Dios.

El informe, de unas 50 páginas, tiene como objetivo buscar justicia, verdad, reparación y la no repetición desde los testimonios de las víctimas, según informó la JEP. El documento se lo entregaron, el pasado sábado 19 de marzo, en un evento presencial, pero privado, a la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, quien es la relatora del caso 04.

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Para Juan de Dios, vocero de las organizaciones que presentaron el informe, este acto es el comienzo de un proceso participativo de las víctimas que pretenden no solo confrontar a los miembros de la exguerrilla de las Farc (la mayoría de las víctimas la reportan como su victimario) sino a miembros de la fuerza pública y de las Auc, que también afectaron a varias de las familias que entregaron sus testimonios.

En el documento las organizaciones plantean propuestas de reparación colectiva por los hechos que les han afectado, como una forma de acercarse a la verdad, a la justicia y aportar a la construcción de una paz estable y duradera en el país. “La primera idea era confrontar a comparecientes de Farc y por eso creemos que ellos deben pagar por daños causados a la población. Nosotros no aspiramos a nos den plata, pese a que nosotros lo perdimos todo, pero sí planteamos que puedan hacer carreteras, puentes, escuelas y otras obran que satisfagan las necesidades de las comunidades que retornaron a sus lugares de procedencia y a las que nos quedamos aquí”, explica Juan de Dios.