Víctimas le piden a la JEP ampliar el plazo para recibir informes

Uno de los insumos más importantes para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con su tarea de esclarecer la verdad y juzgar a los máximos responsables de los delitos más atroces del conflicto armado son los informes de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con las normas, esta justicia puede recibirlos hasta marzo del 2020, aunque puede haber una extensión hasta 2021.

Con el objetivo de garantizar su participación y entregar la mayor cantidad de información sobre los hechos de la guerra, las víctimas le pedirán hoy a Patricia Linares, presidenta de la JEP, hacer efectiva la posibilidad de esta extensión. La propuesta se realizará “ante la falta de pronunciamiento oficial de la Sala de Reconocimiento de Verdad que tiene la facultad de extender este término de acuerdo con la recientemente aprobada Ley Estatutaria”, dijeron las organizaciones involucradas.

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Las víctimas han insistido en la dificultad de recolectar toda la información de 50 años de guerra en tan solo dos. No sólo hay un gran volumen de datos, sino que también se encuentran con un sinnúmero de problemas en las regiones para recolectarlos. “Este es un trabajo que representa grandes esfuerzos humanos y económicos, cuyos resultados serían imposibles de alcanzar en el término de tiempo actualmente previsto para ello”, señalan.

Cuando se creó la JEP, una de las prioridades era garantizar un mecanismo de acceso a la justicia como la primera expresión del derecho a la participación de las víctimas ante esta jurisdicción. Por esta razón se decidió recibir la perspectiva de su sobre los hechos a través de informes, que servirán para contrastar las versiones de quienes se acogieron a esta jurisdicción.

A través de ellos la JEP podrá conocer los hechos que a juicio de las organizaciones violaron sus derechos humanos y reconocerles la capacidad a las víctimas para que participen activamente en los respectivos procesos judiciales, y asegurar decisiones que materialicen su derecho a la justicia. Para la JEP, los enjuiciamientos solo serán medidas de justicia reales si las víctimas y sus familias participan y están informadas de los procesos.

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Hasta ahora esta justicia transicional ha recibido informes sobre delitos, como secuestro; territorios, como Tumaco (Nariño) y Yarumal (Antioquia), y de poblaciones, como los afros y la comunidad de Lgbt. Hoy todos hacen parte de las pruebas para esclarecer los hechos en los siete macro casos que hasta ahora ha abierto la JEP.  

Dentro de las organizaciones que pedirán la extensión están el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Asociación Minga, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – (Movice), Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Humanas y Caribe Afirmativo.

Uno de los insumos más importantes para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con su tarea de esclarecer la verdad y juzgar a los máximos responsables de los delitos más atroces del conflicto armado son los informes de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con las normas, esta justicia puede recibirlos hasta marzo del 2020, aunque puede haber una extensión hasta 2021.

Con el objetivo de garantizar su participación y entregar la mayor cantidad de información sobre los hechos de la guerra, las víctimas le pedirán hoy a Patricia Linares, presidenta de la JEP, hacer efectiva la posibilidad de esta extensión. La propuesta se realizará “ante la falta de pronunciamiento oficial de la Sala de Reconocimiento de Verdad que tiene la facultad de extender este término de acuerdo con la recientemente aprobada Ley Estatutaria”, dijeron las organizaciones involucradas.

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Las víctimas han insistido en la dificultad de recolectar toda la información de 50 años de guerra en tan solo dos. No sólo hay un gran volumen de datos, sino que también se encuentran con un sinnúmero de problemas en las regiones para recolectarlos. “Este es un trabajo que representa grandes esfuerzos humanos y económicos, cuyos resultados serían imposibles de alcanzar en el término de tiempo actualmente previsto para ello”, señalan.

Cuando se creó la JEP, una de las prioridades era garantizar un mecanismo de acceso a la justicia como la primera expresión del derecho a la participación de las víctimas ante esta jurisdicción. Por esta razón se decidió recibir la perspectiva de su sobre los hechos a través de informes, que servirán para contrastar las versiones de quienes se acogieron a esta jurisdicción.

A través de ellos la JEP podrá conocer los hechos que a juicio de las organizaciones violaron sus derechos humanos y reconocerles la capacidad a las víctimas para que participen activamente en los respectivos procesos judiciales, y asegurar decisiones que materialicen su derecho a la justicia. Para la JEP, los enjuiciamientos solo serán medidas de justicia reales si las víctimas y sus familias participan y están informadas de los procesos.

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Hasta ahora esta justicia transicional ha recibido informes sobre delitos, como secuestro; territorios, como Tumaco (Nariño) y Yarumal (Antioquia), y de poblaciones, como los afros y la comunidad de Lgbt. Hoy todos hacen parte de las pruebas para esclarecer los hechos en los siete macro casos que hasta ahora ha abierto la JEP.  

Dentro de las organizaciones que pedirán la extensión están el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Asociación Minga, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – (Movice), Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Humanas y Caribe Afirmativo.