Víctimas piden que el general (r) Guillermo Quiñones diga la verdad por casos de “falsos positivos”

Este viernes, 12 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará la versión del mayor general en retiro Guillermo Quiñones Quiroz, excomandante de la Cuarta División del Ejército e investigado en el caso de 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), más conocido como “falsos positivos”. El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que representa a varias víctimas en este caso, aseguraron que tienen documentados 30 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la comandancia de este exmilitar.

“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de “falsos positivos” fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, dice un comunicado del Colectivo.

César Santoyo Santos, director del Colectivo, explicó que también comparecerá el general (r) Cipriano Peña Chivatá el próximo 19 de febrero. Lo que esperan las víctimas, según él, es que la JEP “determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional”, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en los departamentos del Meta y Guaviare.

De hecho, según el abogado, hay 15 casos de sentencias condenatorias contra la Nación en los que se han responsabilizado a seis exmilitares en el proceso penal, ocurridos en el mismo periodo que comandó Quiñones. Según el Colectivo, en varios de estos casos se cometió el delito de desaparición forzada con modalidad de ocultamiento de cuerpos al ser inhumados como no identificados.

La abogada Olga Naizir, aseguró que en estos casos también han encontrado “inconsistencias entre las declaraciones de algunos soldados con la información reflejada en los documentos militares, así como irregularidades asociadas al levantamiento de los cadáveres, como haberlos realizado en lugares diferentes a los de ocurrencia de los presuntos combates, lo que permite suponer la intención de distorsionar la forma como ocurrieron los hechos”.

(Vea: Veinte casos de ejecuciones extrajudiciales en los Llanos se acreditaron ante la JEP)

Según la JEP, con esta versión esperan avanzar en el esclarecimiento de los casos ocurridos en la región del Casanare, en la que estudian 197 posibles casos de “falsos positivos” por parte de la Brigada XVI, que pertenecía a la Cuarta División, cometidos entre 2005 y 2008, en los municipios de Pisba, Pajarito y Labranzagrande, en Boyacá; Tame, en Arauca; Barranca de Upía, Meta, y Paratebueno, Cundinamarca.

De acuerdo a la documentación de la organización que representa a las víctimas, han identificado cuatro patrones de macrocriminalidad y sistematicidad en común, como ofertas falsas de trabajo, irregularidades respecto a las prendas de vestir que en muchas ocasiones no correspondían a las tallas de las víctimas, inconsistencias por haberlos sepultado como Personas No Identificadas (NN), a pesar de que en sus cuerpos llevaban documentos de identificación, y diferencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo.

La diligencia judicial se llevará a cabo de manera virtual y será reservada, pero las víctimas podrán asistir y participar de la misma. “Los familiares de las víctimas han reiterado a la JEP la importancia que se priorice el departamento del Guaviare dentro del Caso 003, ya que en la justicia ordinaria no ha habido grandes avances en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en esta región del país, por ejemplo, hechos cometidos presuntamente por el Batallón “José Joaquín París”, adscrito a la Cuarta División del Ejército, casos que se encuentran en la absoluta impunidad”, concluye el comunicado del Colectivo.

El caso de “falsos positivos” en la JEP

Esta sería la primera versión de Quiñones ante la JEP por el caso 003. La Jurisdicción Especial para la Paz ha acreditado 720 víctimas directas o indirectas del caso de “falsos positivos” y se han desarrollado 419 versiones judiciales con 330 exmilitares. Para esta diligencia, 51 víctimas podrán seguir la transmisión y ocho abogados representantes de diversas organizaciones, estarán autorizados para intervenir.

Este viernes, 12 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará la versión del mayor general en retiro Guillermo Quiñones Quiroz, excomandante de la Cuarta División del Ejército e investigado en el caso de 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), más conocido como “falsos positivos”. El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que representa a varias víctimas en este caso, aseguraron que tienen documentados 30 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la comandancia de este exmilitar.

“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de “falsos positivos” fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, dice un comunicado del Colectivo.

César Santoyo Santos, director del Colectivo, explicó que también comparecerá el general (r) Cipriano Peña Chivatá el próximo 19 de febrero. Lo que esperan las víctimas, según él, es que la JEP “determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional”, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en los departamentos del Meta y Guaviare.

De hecho, según el abogado, hay 15 casos de sentencias condenatorias contra la Nación en los que se han responsabilizado a seis exmilitares en el proceso penal, ocurridos en el mismo periodo que comandó Quiñones. Según el Colectivo, en varios de estos casos se cometió el delito de desaparición forzada con modalidad de ocultamiento de cuerpos al ser inhumados como no identificados.

La abogada Olga Naizir, aseguró que en estos casos también han encontrado “inconsistencias entre las declaraciones de algunos soldados con la información reflejada en los documentos militares, así como irregularidades asociadas al levantamiento de los cadáveres, como haberlos realizado en lugares diferentes a los de ocurrencia de los presuntos combates, lo que permite suponer la intención de distorsionar la forma como ocurrieron los hechos”.

(Vea: Veinte casos de ejecuciones extrajudiciales en los Llanos se acreditaron ante la JEP)

Según la JEP, con esta versión esperan avanzar en el esclarecimiento de los casos ocurridos en la región del Casanare, en la que estudian 197 posibles casos de “falsos positivos” por parte de la Brigada XVI, que pertenecía a la Cuarta División, cometidos entre 2005 y 2008, en los municipios de Pisba, Pajarito y Labranzagrande, en Boyacá; Tame, en Arauca; Barranca de Upía, Meta, y Paratebueno, Cundinamarca.

De acuerdo a la documentación de la organización que representa a las víctimas, han identificado cuatro patrones de macrocriminalidad y sistematicidad en común, como ofertas falsas de trabajo, irregularidades respecto a las prendas de vestir que en muchas ocasiones no correspondían a las tallas de las víctimas, inconsistencias por haberlos sepultado como Personas No Identificadas (NN), a pesar de que en sus cuerpos llevaban documentos de identificación, y diferencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo.

La diligencia judicial se llevará a cabo de manera virtual y será reservada, pero las víctimas podrán asistir y participar de la misma. “Los familiares de las víctimas han reiterado a la JEP la importancia que se priorice el departamento del Guaviare dentro del Caso 003, ya que en la justicia ordinaria no ha habido grandes avances en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en esta región del país, por ejemplo, hechos cometidos presuntamente por el Batallón “José Joaquín París”, adscrito a la Cuarta División del Ejército, casos que se encuentran en la absoluta impunidad”, concluye el comunicado del Colectivo.

El caso de “falsos positivos” en la JEP

Esta sería la primera versión de Quiñones ante la JEP por el caso 003. La Jurisdicción Especial para la Paz ha acreditado 720 víctimas directas o indirectas del caso de “falsos positivos” y se han desarrollado 419 versiones judiciales con 330 exmilitares. Para esta diligencia, 51 víctimas podrán seguir la transmisión y ocho abogados representantes de diversas organizaciones, estarán autorizados para intervenir.