Víctimas y organizaciones advierten falta de articulación del Sistema Integral de Verdad

Meses antes de que comenzara la cuarentena en Colombia por el COVID-19, abogados, víctimas y organizaciones de derechos humanos ya habían manifestado la falta de articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad.

(Lea también: Organizaciones de mujeres reclaman que la violencia sexual sea un macrocaso en la JEP)

Una de esas señales fue la exhumación de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), en diciembre de 2019. Detrás del hallazgo de la fosa común había un distanciamiento entre los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, al punto de que esta última decidió apartarse del caso y asumir la labor de observación. Esto a pesar de que en mayo de 2019, ambas entidades habían conformado una mesa técnica para trabajar en las medidas cautelares que está estudiando la JEP sobre otros lugares y cementerios donde habría personas desaparecidas.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, integrante del Movice y una de las responsables de las medidas cautelares, sostiene que todavía es confuso para las víctimas hasta dónde va la competencia de las entidades. “Ha habido dificultades para concretar el trabajo de ambos mecanismos en acciones en terreno, inspecciones judiciales o en las audiencias. Cuando se debe hacer una exhumación quién la coordina, ¿la UBPD o la JEP? Falta más claridad”, señala.

Ante esta pregunta, la directora de la UPBD, Luz Marina Monzón, responde que la definición de la competencia de cada entidad se está discutiendo en la mesa técnica. “Si la medida cautelar está asociada con un caso que está abierto en la JEP e implica recolección de pruebas, como en Dabeiba, entonces ahí lidera la exhumación esta entidad. Si la exhumación es producto de una medida cautelar la dirigirá la UBPD, porque no está relacionada con la recolección de pruebas”, aclara.

Los mandatos de las entidades son distintos: la JEP es judicial, mientras que la Comisión y la UBPD son extrajudiciales y, por tanto, no pueden participar de manera activa en investigaciones procesales. Pero para Arboleda debería haber un punto medio de intermediación para las víctimas, bien sea la mesa técnica creada o que se haga más pedagogía para entender hasta dónde va el trabajo de cada entidad en casos concretos.

En opinión de Érik Arellana, hijo de Nydia Érika Bautista y quien trabaja con familiares en la búsqueda de desaparecidos, otro aspecto donde se siente la falta de integración es con la toma y recolección de testimonios de víctimas y comparecientes. Cada persona, sobre todo en el caso de las víctimas, señala Érik, tiene que dar su testimonio a las tres entidades, lo cual es desgastante e incluso revictimizante.

Sobre las versiones de los comparecientes en la JEP, en febrero de este año el comisionado Alejandro Valencia había manifestado su preocupación porque no estaban yendo a la Comisión o no daban información distinta. En su última rendición de cuentas, este mecanismo le pidió a la JEP que fortaleciera la aplicación del régimen de condicionalidad de los comparecientes “a fin de garantizar su contribución efectiva” a la verdad de esta entidad.

Valencia asegura que la pandemia por el coronavirus no ha sido el mejor aliado para que esta situación mejore. Aunque han tenido acercamientos con los comparecientes, estos prefieren evitar las entrevistas virtuales por la seguridad y confidencialidad de la información. Eso sí, sostiene también que el relacionamiento con la JEP sí venía avanzando en este sentido. “Antes de la pandemia sí logramos tener copia de bastante información que había obtenido la JEP. Ahora hemos tenido dificultades porque hay mucha información muy pesada y por seguridad no nos hemos arriesgado”.

(Lea también: Piden esclarecer abortos forzados y violencias sexuales ocurridas en el conflicto armado)

Con respecto a los testimonios de las víctimas, el comisionado Alejandro Valencia señala que hay interés en profundizar en algunas entrevistas de acuerdo con el interés de cada mecanismo. “Por la confidencialidad, nosotros no podemos compartir las entrevistas que hacemos con la JEP o alguna otra entidad judicial, eso sí tenemos que explicárselo mejor a la gente”, agrega.

No obstante, además de los testimonios, algunos abogados también sostienen que varios de los informes que han entregado no son remitidos ni compartidos entre las tres entidades. Así ocurrió con el documento “De Arauca somos y resistimos: ejecuciones extrajudiciales 2002-2008”, elaborado por cinco organizaciones de derechos humanos.

Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las entidades que participaron en este informe, asegura que se lo entregaron a la JEP en octubre de 2019, pero días después la Comisión de la Verdad se los pidió porque aún no lo había trasladado la JEP. “Lo más idóneo es que la JEP se lo hubiera remitido, porque es insumo para el núcleo de trabajo de responsabilidad de agentes del Estado. Sabemos que ese informe o versiones voluntarias sobre ejecuciones extrajudiciales de Soacha no le han llegado a la Comisión. Desde afuera da una impresión de desconexión”, afirma.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, defiende que, aunque entiende los reparos, también se debe comprender que la solicitud de cada víctima tiene lógicas distintas en cada entidad. “Una cosa es un requerimiento judicial y otra un requerimiento a la Comisión o la UBPD. Son lenguajes diferentes, pero se está haciendo todo el esfuerzo para propiciar espacios comunes para que las organizaciones y víctimas no tengan que duplicar esfuerzos”. Y agrega que con las demás entidades tienen mesas de trabajo donde se comparte información entre comisionados y magistrados. Una de ellas es precisamente para el caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales.

De aquí a un mes, de acuerdo con Luz Marina Monzón, se espera que las tres entidades del sistema de justicia transicional hayan definido los lineamientos de trabajo coordinado en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, la recolección de testimonios y el traslado de información. “El sistema integral lo que busca es hacer una transformación de la forma como responde el Estado, que es segmentada y desarticulada. Hemos podido decantar de qué manera se da una respuesta integral, pero no es una tarea que se construya de la noche a la mañana”, sostiene.

Meses antes de que comenzara la cuarentena en Colombia por el COVID-19, abogados, víctimas y organizaciones de derechos humanos ya habían manifestado la falta de articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad.

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Una de esas señales fue la exhumación de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), en diciembre de 2019. Detrás del hallazgo de la fosa común había un distanciamiento entre los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, al punto de que esta última decidió apartarse del caso y asumir la labor de observación. Esto a pesar de que en mayo de 2019, ambas entidades habían conformado una mesa técnica para trabajar en las medidas cautelares que está estudiando la JEP sobre otros lugares y cementerios donde habría personas desaparecidas.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, integrante del Movice y una de las responsables de las medidas cautelares, sostiene que todavía es confuso para las víctimas hasta dónde va la competencia de las entidades. “Ha habido dificultades para concretar el trabajo de ambos mecanismos en acciones en terreno, inspecciones judiciales o en las audiencias. Cuando se debe hacer una exhumación quién la coordina, ¿la UBPD o la JEP? Falta más claridad”, señala.

Ante esta pregunta, la directora de la UPBD, Luz Marina Monzón, responde que la definición de la competencia de cada entidad se está discutiendo en la mesa técnica. “Si la medida cautelar está asociada con un caso que está abierto en la JEP e implica recolección de pruebas, como en Dabeiba, entonces ahí lidera la exhumación esta entidad. Si la exhumación es producto de una medida cautelar la dirigirá la UBPD, porque no está relacionada con la recolección de pruebas”, aclara.

Los mandatos de las entidades son distintos: la JEP es judicial, mientras que la Comisión y la UBPD son extrajudiciales y, por tanto, no pueden participar de manera activa en investigaciones procesales. Pero para Arboleda debería haber un punto medio de intermediación para las víctimas, bien sea la mesa técnica creada o que se haga más pedagogía para entender hasta dónde va el trabajo de cada entidad en casos concretos.

En opinión de Érik Arellana, hijo de Nydia Érika Bautista y quien trabaja con familiares en la búsqueda de desaparecidos, otro aspecto donde se siente la falta de integración es con la toma y recolección de testimonios de víctimas y comparecientes. Cada persona, sobre todo en el caso de las víctimas, señala Érik, tiene que dar su testimonio a las tres entidades, lo cual es desgastante e incluso revictimizante.

Sobre las versiones de los comparecientes en la JEP, en febrero de este año el comisionado Alejandro Valencia había manifestado su preocupación porque no estaban yendo a la Comisión o no daban información distinta. En su última rendición de cuentas, este mecanismo le pidió a la JEP que fortaleciera la aplicación del régimen de condicionalidad de los comparecientes “a fin de garantizar su contribución efectiva” a la verdad de esta entidad.

Valencia asegura que la pandemia por el coronavirus no ha sido el mejor aliado para que esta situación mejore. Aunque han tenido acercamientos con los comparecientes, estos prefieren evitar las entrevistas virtuales por la seguridad y confidencialidad de la información. Eso sí, sostiene también que el relacionamiento con la JEP sí venía avanzando en este sentido. “Antes de la pandemia sí logramos tener copia de bastante información que había obtenido la JEP. Ahora hemos tenido dificultades porque hay mucha información muy pesada y por seguridad no nos hemos arriesgado”.

(Lea también: Piden esclarecer abortos forzados y violencias sexuales ocurridas en el conflicto armado)

Con respecto a los testimonios de las víctimas, el comisionado Alejandro Valencia señala que hay interés en profundizar en algunas entrevistas de acuerdo con el interés de cada mecanismo. “Por la confidencialidad, nosotros no podemos compartir las entrevistas que hacemos con la JEP o alguna otra entidad judicial, eso sí tenemos que explicárselo mejor a la gente”, agrega.

No obstante, además de los testimonios, algunos abogados también sostienen que varios de los informes que han entregado no son remitidos ni compartidos entre las tres entidades. Así ocurrió con el documento “De Arauca somos y resistimos: ejecuciones extrajudiciales 2002-2008”, elaborado por cinco organizaciones de derechos humanos.

Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las entidades que participaron en este informe, asegura que se lo entregaron a la JEP en octubre de 2019, pero días después la Comisión de la Verdad se los pidió porque aún no lo había trasladado la JEP. “Lo más idóneo es que la JEP se lo hubiera remitido, porque es insumo para el núcleo de trabajo de responsabilidad de agentes del Estado. Sabemos que ese informe o versiones voluntarias sobre ejecuciones extrajudiciales de Soacha no le han llegado a la Comisión. Desde afuera da una impresión de desconexión”, afirma.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, defiende que, aunque entiende los reparos, también se debe comprender que la solicitud de cada víctima tiene lógicas distintas en cada entidad. “Una cosa es un requerimiento judicial y otra un requerimiento a la Comisión o la UBPD. Son lenguajes diferentes, pero se está haciendo todo el esfuerzo para propiciar espacios comunes para que las organizaciones y víctimas no tengan que duplicar esfuerzos”. Y agrega que con las demás entidades tienen mesas de trabajo donde se comparte información entre comisionados y magistrados. Una de ellas es precisamente para el caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales.

De aquí a un mes, de acuerdo con Luz Marina Monzón, se espera que las tres entidades del sistema de justicia transicional hayan definido los lineamientos de trabajo coordinado en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, la recolección de testimonios y el traslado de información. “El sistema integral lo que busca es hacer una transformación de la forma como responde el Estado, que es segmentada y desarticulada. Hemos podido decantar de qué manera se da una respuesta integral, pero no es una tarea que se construya de la noche a la mañana”, sostiene.