Las lecciones que Justicia y Paz le deja a la JEP para tratar la violencia sexual
Se avecina la apertura del macrocaso de violencia sexual en la JEP. Las víctimas piden escucha rigurosa y tratamiento diferencial de sus flagelos en un crimen de guerra que fue sistemático y no excluyó a actores armados. ¿Qué antecedentes tiene el país en el manejo de este tipo de crímenes en tribunales transicionales? Estos son los aciertos y desaciertos de Justicia y Paz que podrían servirle a la JEP para tratar casos de violencia sexual.
Camilo Pardo Quintero
La apertura de un macrocaso sobre violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es inminente. La insistencia por años de víctimas de ese flagelo, la sistematicidad de ese tipo de crímenes durante la guerra y la preparación que ha tenido la justicia transicional colombiana para tratar este patrón criminal fueron elementos claves para que hoy se hable sin tapujos de la necesidad de investigar contextos de este calibre, en favor de la verdad de muchos relatos sobre el conflicto armado que han sido silenciados y estigmatizados.
El macrocaso 11 se tendrá que abrir el próximo mes luego de una interposición exitosa de una tutela de la Procuraduría a la JEP. Esto ocasionó que el Tribunal de Paz de esa jurisdicción ordenara, la semana pasada, la priorización del macrocaso que le dará acceso a la justicia a miles de mujeres y hombres que padecieron del rigor de los grupos armados mediante violencia sexual y violencias basadas en género.
Pero esta no es la primera vez que un tribunal transicional en Colombia aborde temas de violencias sexuales, reproductivas o basadas en género para explicar cómo estas conductas fueron parte de estrategias de guerra sucia por parte de actores armados.
En los estrados de Justicia y Paz, modelo creado tras la desmovilización de paramilitares en 2005, se comenzaron a abordar estas investigaciones. Las constantes en este tipo de casos a lo largo de los últimos 18 años han sido el retraso en las diligencias judiciales y la toma de decisiones y elaboración lenta de sentencias; lo cierto es que hay un cúmulo de aprendizajes que podría tomar la JEP al empezar el abordaje de este patrón macrocriminal en sus salas y secciones.
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Entre 2006 y 2021, Justicia y Paz emitió 29 sentencias sobre violencia sexual en las que halló responsables a paramilitares de 11 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales estuvieron el Mineros, Central Bolívar, Élmer Cárdenas y Vencedores de Arauca. Según el los documentos del Tribunal Superior de Medellín, en esas salas se dictaminó que esos brazos armados de las autodefensas perpetraron más de 1.950 crímenes de este tipo y dejaron un saldo de más de 2.000 víctimas inscritas por esos hechos en el Registro Único de Víctimas (RUV). El número podría ser superior, debido al subregistro.
De manera individual, Justicia y Paz declaró como objeto de condena a más de 514 excombatientes de las AUC. La gran falla, que se esperan que no se repita en la JEP por la forma en la que fue concebido ese tribunal, es que esas decisiones judiciales no fueron sinónimo de reparación ni garantía de no repetición. Voceros de víctimas que por años tocaron las puertas del modelo de Justicia y Paz esperan que en la JEP se investiguen y resuelvan los casos teniendo en cuenta enfoques diferenciales para la atención de quienes sufrieron ese tipo de afectaciones por actores armados como FARC, fuerza pública o terceros civiles.
El camino contra la impunidad
Ludirlena Pérez es una lideresa social de La Dorada (Caldas) que fue violada y empalada por paramilitares del Bloque Centauros de las AUC hace 19 años. Su caso de sobrevivencia se convirtió en un ícono de la defensa de derechos humanos en el país.
Pérez, quien sobrevivió al crimen sexual al que fue sometida luego de tres cirugías y 134 puntos en todo el cuerpo, explica que, a pesar de los avances en los casos, al modelo transicional con las Autodefensas le quedaron varios pendientes.
“Justicia y Paz, a mi parecer, pudo haber sacado decisiones importantes dentro de sus sentencias, pero en muchos puntos se pasó por encima de las necesidades reales y de fondo de las víctimas. Es decir, identificó patrones, varios de los bloques responsables y más cosas relevantes, pero descuidó puntos esenciales de lo que buscábamos como víctimas al no hacer énfasis en la atención psicosocial, permitir relatos a media marcha e incluso al ser laxos frente a la forma en la que los grupos armados ante ellos hablaban sobre nosotros. Permitieron memoria selectiva y estigmatización”, le dijo a Colombia+20.
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Esta lideresa, que tiene perfectamente identificados a sus victimarios, lleva casi dos décadas afirmando que Colombia necesita con urgencia un tratamiento judicial especializado para afrontar las secuelas de la violencia sexual durante la guerra.
“Justicia y Paz, dentro de sus grandes aportes para el tratamiento de violencia sexual, impulsó a que la Fiscalía General tuviera en el papel rutas específicas de investigación para tratar y entender en su conjunto este tipo de situaciones como las que yo viví. Lastimosamente se quedó en eso… en papel. La estigmatización que sufrimos fue compleja. Ni a mí ni a mis compañeras de lucha se nos atendió con rigor nuestros gritos de ayuda, sino hasta la llegada de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP a nuestras vidas. Allí nos escucharon y partieron de lo que la justicia había hecho u omitido antes para avanzar”, sintetizó.
Hasta ahora, los tribunales de Justicia y Paz son los únicos que trataron de manera específica casos de violencia sexual, pero se espera que la JEP empiece pronto el macrocaso exclusivo para ello. Aún así, no se puede desconocer que el tribunal de paz, a lo largo de los otros 10 macrocasos que tiene abiertos, ha intentado abordado transversalmente esos hechos perpetrados en la guerra. Además, ha facilitado las rutas de acceso a las víctimas para la apertura del caso 11, lo cual le ha permitido tener un panorama más amplio de los estándares que las magistraturas deben tener al llevar estos hechos.
Contrario a lo que sucedió con Justicia y Paz, la JEP formuló un protocolo para atender y tratar este tipo de sucesos cuando entren en su jurisdicción. La vocación dialógica de ese modelo de justicia propone que cuando una víctima de violencia sexual sea interviniente cuente con garantías procesales que al menos durante procedimientos de Justicia y Paz fueron nulos o muy pocos.
Una de las grandes lecciones que tiene la JEP para no repetir errores de Justicia y Paz es la de brindarle la posibilidad a la víctima de que intervenga directamente en cualquier parte del proceso.
A su vez, como se lee en un documento de la JEP que contiene el protocolo de atención, se establece que estas personas también están en el derecho de “interponer los recursos ordinarios ante las decisiones adoptadas por el Tribunal de Paz; solicitar la reapertura de la investigación y aportar nuevos elementos probatorios; participar de manera individual y colectiva; y que su territorio sea entendido y comprendido como víctima”.
En contexto: El ultimátum a la JEP para abrir el macrocaso de violencia sexual: tiene 30 días
Sobre esto, Ángela Cerón, directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) y sobreviviente de violencia sexual por parte de paramilitares, da un análisis de lo que se podría esperar de un tratamiento diferencial dentro de la JEP por hechos como los que ella vivió.
“En Justicia y Paz muchas personas perdieron beneficios y fueron devueltos a justicia ordinaria por no decir la verdad sobre estos crímenes. La pregunta y el desafío ahora está en ver cómo la JEP puede superar esas brechas de impunidad. Cómo puede lograr que en sus audiencias se diga la verdad y no haya necesidad de extremar medidas. Seguramente, además de los protocolos de atención, será ver cómo los comités y oficinas de género ayudan a construir un enfoque serio que deje de estigmatizar. De nada nos va a servir ser testigos de un reguero de sentencias sin que en el trasfondo se plasme la dignidad de las víctimas”, narró.
Cerón también explicó que si bien los procesos en Justicia y Paz sobre violencia sexual cojearon en algunas cosas, no se puede echar en saco roto el hecho de que le dejó a la JEP un aporte a la hora de interpretar y tipificar estos crímenes.
“Justicia y Paz a pesar de sus limitaciones mostró que es clave el análisis del contexto en estos casos tan puntuales. También que no se puede hacer una lectura de esos hechos que no sea desde una perspectiva que estudie la macrocriminalidad… es decir, que si se toma a la violencia sexual o basada en género como algo aislado estaremos mal, desubicados y atacando sin piedad a las víctimas”, concluyó.
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Otro elemento a tener en cuenta es que la JEP en su macrocaso sobre violencia sexual también tendrá un componente adicional sugerido en 2021 por el magistrado Raúl Sánchez en medio de una diligencia por el caso 05 (Afectaciones territoriales al norte del Cauca y sur del Valle) y es el de articularse con otros modelos de justicia para obtener respuestas.
La escucha a otros modelos de justicia, los aprendizajes sobre lo positivo y lo que dejó dudas en Justicia y Paz serán claves para que el macrocaso 11 avance a buen ritmo cuando se abra. Más de 200 casos de este crimen se archivaron en Justicia y Paz y está por verse cuánto de hechos podrá tomar la JEP para esclarecer hechos que por miedo o amenazas no fueron tratados plenamente por la justicia colombiana.
La apertura de un macrocaso sobre violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es inminente. La insistencia por años de víctimas de ese flagelo, la sistematicidad de ese tipo de crímenes durante la guerra y la preparación que ha tenido la justicia transicional colombiana para tratar este patrón criminal fueron elementos claves para que hoy se hable sin tapujos de la necesidad de investigar contextos de este calibre, en favor de la verdad de muchos relatos sobre el conflicto armado que han sido silenciados y estigmatizados.
El macrocaso 11 se tendrá que abrir el próximo mes luego de una interposición exitosa de una tutela de la Procuraduría a la JEP. Esto ocasionó que el Tribunal de Paz de esa jurisdicción ordenara, la semana pasada, la priorización del macrocaso que le dará acceso a la justicia a miles de mujeres y hombres que padecieron del rigor de los grupos armados mediante violencia sexual y violencias basadas en género.
Pero esta no es la primera vez que un tribunal transicional en Colombia aborde temas de violencias sexuales, reproductivas o basadas en género para explicar cómo estas conductas fueron parte de estrategias de guerra sucia por parte de actores armados.
En los estrados de Justicia y Paz, modelo creado tras la desmovilización de paramilitares en 2005, se comenzaron a abordar estas investigaciones. Las constantes en este tipo de casos a lo largo de los últimos 18 años han sido el retraso en las diligencias judiciales y la toma de decisiones y elaboración lenta de sentencias; lo cierto es que hay un cúmulo de aprendizajes que podría tomar la JEP al empezar el abordaje de este patrón macrocriminal en sus salas y secciones.
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Entre 2006 y 2021, Justicia y Paz emitió 29 sentencias sobre violencia sexual en las que halló responsables a paramilitares de 11 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales estuvieron el Mineros, Central Bolívar, Élmer Cárdenas y Vencedores de Arauca. Según el los documentos del Tribunal Superior de Medellín, en esas salas se dictaminó que esos brazos armados de las autodefensas perpetraron más de 1.950 crímenes de este tipo y dejaron un saldo de más de 2.000 víctimas inscritas por esos hechos en el Registro Único de Víctimas (RUV). El número podría ser superior, debido al subregistro.
De manera individual, Justicia y Paz declaró como objeto de condena a más de 514 excombatientes de las AUC. La gran falla, que se esperan que no se repita en la JEP por la forma en la que fue concebido ese tribunal, es que esas decisiones judiciales no fueron sinónimo de reparación ni garantía de no repetición. Voceros de víctimas que por años tocaron las puertas del modelo de Justicia y Paz esperan que en la JEP se investiguen y resuelvan los casos teniendo en cuenta enfoques diferenciales para la atención de quienes sufrieron ese tipo de afectaciones por actores armados como FARC, fuerza pública o terceros civiles.
El camino contra la impunidad
Ludirlena Pérez es una lideresa social de La Dorada (Caldas) que fue violada y empalada por paramilitares del Bloque Centauros de las AUC hace 19 años. Su caso de sobrevivencia se convirtió en un ícono de la defensa de derechos humanos en el país.
Pérez, quien sobrevivió al crimen sexual al que fue sometida luego de tres cirugías y 134 puntos en todo el cuerpo, explica que, a pesar de los avances en los casos, al modelo transicional con las Autodefensas le quedaron varios pendientes.
“Justicia y Paz, a mi parecer, pudo haber sacado decisiones importantes dentro de sus sentencias, pero en muchos puntos se pasó por encima de las necesidades reales y de fondo de las víctimas. Es decir, identificó patrones, varios de los bloques responsables y más cosas relevantes, pero descuidó puntos esenciales de lo que buscábamos como víctimas al no hacer énfasis en la atención psicosocial, permitir relatos a media marcha e incluso al ser laxos frente a la forma en la que los grupos armados ante ellos hablaban sobre nosotros. Permitieron memoria selectiva y estigmatización”, le dijo a Colombia+20.
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Esta lideresa, que tiene perfectamente identificados a sus victimarios, lleva casi dos décadas afirmando que Colombia necesita con urgencia un tratamiento judicial especializado para afrontar las secuelas de la violencia sexual durante la guerra.
“Justicia y Paz, dentro de sus grandes aportes para el tratamiento de violencia sexual, impulsó a que la Fiscalía General tuviera en el papel rutas específicas de investigación para tratar y entender en su conjunto este tipo de situaciones como las que yo viví. Lastimosamente se quedó en eso… en papel. La estigmatización que sufrimos fue compleja. Ni a mí ni a mis compañeras de lucha se nos atendió con rigor nuestros gritos de ayuda, sino hasta la llegada de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP a nuestras vidas. Allí nos escucharon y partieron de lo que la justicia había hecho u omitido antes para avanzar”, sintetizó.
Hasta ahora, los tribunales de Justicia y Paz son los únicos que trataron de manera específica casos de violencia sexual, pero se espera que la JEP empiece pronto el macrocaso exclusivo para ello. Aún así, no se puede desconocer que el tribunal de paz, a lo largo de los otros 10 macrocasos que tiene abiertos, ha intentado abordado transversalmente esos hechos perpetrados en la guerra. Además, ha facilitado las rutas de acceso a las víctimas para la apertura del caso 11, lo cual le ha permitido tener un panorama más amplio de los estándares que las magistraturas deben tener al llevar estos hechos.
Contrario a lo que sucedió con Justicia y Paz, la JEP formuló un protocolo para atender y tratar este tipo de sucesos cuando entren en su jurisdicción. La vocación dialógica de ese modelo de justicia propone que cuando una víctima de violencia sexual sea interviniente cuente con garantías procesales que al menos durante procedimientos de Justicia y Paz fueron nulos o muy pocos.
Una de las grandes lecciones que tiene la JEP para no repetir errores de Justicia y Paz es la de brindarle la posibilidad a la víctima de que intervenga directamente en cualquier parte del proceso.
A su vez, como se lee en un documento de la JEP que contiene el protocolo de atención, se establece que estas personas también están en el derecho de “interponer los recursos ordinarios ante las decisiones adoptadas por el Tribunal de Paz; solicitar la reapertura de la investigación y aportar nuevos elementos probatorios; participar de manera individual y colectiva; y que su territorio sea entendido y comprendido como víctima”.
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Sobre esto, Ángela Cerón, directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) y sobreviviente de violencia sexual por parte de paramilitares, da un análisis de lo que se podría esperar de un tratamiento diferencial dentro de la JEP por hechos como los que ella vivió.
“En Justicia y Paz muchas personas perdieron beneficios y fueron devueltos a justicia ordinaria por no decir la verdad sobre estos crímenes. La pregunta y el desafío ahora está en ver cómo la JEP puede superar esas brechas de impunidad. Cómo puede lograr que en sus audiencias se diga la verdad y no haya necesidad de extremar medidas. Seguramente, además de los protocolos de atención, será ver cómo los comités y oficinas de género ayudan a construir un enfoque serio que deje de estigmatizar. De nada nos va a servir ser testigos de un reguero de sentencias sin que en el trasfondo se plasme la dignidad de las víctimas”, narró.
Cerón también explicó que si bien los procesos en Justicia y Paz sobre violencia sexual cojearon en algunas cosas, no se puede echar en saco roto el hecho de que le dejó a la JEP un aporte a la hora de interpretar y tipificar estos crímenes.
“Justicia y Paz a pesar de sus limitaciones mostró que es clave el análisis del contexto en estos casos tan puntuales. También que no se puede hacer una lectura de esos hechos que no sea desde una perspectiva que estudie la macrocriminalidad… es decir, que si se toma a la violencia sexual o basada en género como algo aislado estaremos mal, desubicados y atacando sin piedad a las víctimas”, concluyó.
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Otro elemento a tener en cuenta es que la JEP en su macrocaso sobre violencia sexual también tendrá un componente adicional sugerido en 2021 por el magistrado Raúl Sánchez en medio de una diligencia por el caso 05 (Afectaciones territoriales al norte del Cauca y sur del Valle) y es el de articularse con otros modelos de justicia para obtener respuestas.
La escucha a otros modelos de justicia, los aprendizajes sobre lo positivo y lo que dejó dudas en Justicia y Paz serán claves para que el macrocaso 11 avance a buen ritmo cuando se abra. Más de 200 casos de este crimen se archivaron en Justicia y Paz y está por verse cuánto de hechos podrá tomar la JEP para esclarecer hechos que por miedo o amenazas no fueron tratados plenamente por la justicia colombiana.