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Después de años de espera de las víctimas, decenas de encuentros de organizaciones sociales que defienden y visibilizan casos de personas afectadas por crímenes sexuales durante el conflicto e incluso luego de una acción legal interpuesta por la Procuraduría, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió este miércoles su macrocaso 11, relacionado con casos, hechos y conductas de violencia sexual perpetrada por la antigua guerrilla de las FARC y la fuerza pública en los años de la guerra en Colombia.
Este caso, que será el último en abrirse durante el mandato de la justicia transicional, tuvo sus cimientos en La Habana, cuando el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC incorporaron en la mesa de diálogos -tras una larga lucha de las organizaciones de mujeres- comités y subcomités de género que pusieran de manifiesto crímenes como la violencia sexual y de género.
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En esos comités participaron algunas de las organizaciones que luego se juntaron para crear la Alianza 5 claves que reúne a igual número de organizaciones (Women’s Link Worldwide, Corporación Humanas, Colombia Diversa, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres). Esa alianza ha sido la principal impulsora de la apertura de este macrocaso. Su llamado apunta al acceso a la justicia y a la desestigmatización para las personas afectadas por esta conducta criminal- que en el caso colombiano se ensañó de manera diferencial con personas LGBTIQ+, mujeres, niñas y adolescentes-
Colombia+20 habló con representantes de la Alianza sobre los alcances, expectativas y retos que tiene la apertura de este macrocaso, de cara al acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual y de género y de su reparación.
Visibilizar la violencia reproductiva
Women’s Link Worldwide es una organización que antes de la apertura de este macrocaso llevó con insistencia a la JEP un pedido sobre un eje que ningún tribunal transicional en la historia ha tratado: diferenciar la violencia sexual de la violencia reproductiva después de una guerra.
Sin esto, el impacto del macrocaso 11 no sería el mismo en las víctimas. O al menos así lo percibe María Cecilia Ibáñez, abogada en Women’s Link, quien en diálogo con este diario aseguró: “La misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) reconoció expresamente en el capítulo de género, y de niños, niñas y adolescentes que varios hechos de este tipo ocurridos durante el conflicto fueron violencia reproductiva”, dijo Ibáñez.
Y agregó: “Para la JEP esta información no es ajena porque se ha tratado en los casos 07 (afectaciones a la niñez), a nivel intrafilas y en los casos territoriales 02 (Pacífico nariñense) y 05 (norte del Cauca y sur del Valle). Hubo escenarios de embarazos o anticoncepción forzados que se deben tratar de manera diferencial”.
Estas peticiones fueron incluidas por la JEP. Esta jurisdicción anunció en su auto de apertura (05 de 2023) que tendrán en cuenta conductas asociadas al caso como: aborto forzado, anticoncepción forzada, acoso sexual, imposición de sanciones por negarse a requerimientos sexuales, violaciones, esclavitud sexual e imposibilidad de ejercer la maternidad.
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Women´s Link tomó como referencia casos de Guatemala para no replicar ese caso en la justicia transicional colombiana. “Colombia no ha sido el único país con violencias reproductivas en sus conflictos armados. En Guatemala hubo anticoncepciones forzadas que en los tribunales no fueron juzgados de forma independiente. Llevamos este tipo de casos a la JEP para tenerlos de aprendizaje. Allá inyectaban a mujeres con anticonceptivos para violar. Es ver también que muchas mujeres sufrieron impactos hormonales como consecuencia de la anticoncepción y eso no se ha investigado”, agregó Ibáñez.
¿Una metodología que puede dividir a las víctimas?
Antes de la apertura del macrocaso 11 de la JEP, una de las pocas certezas que se tenía, tal como lo anticipó este diario, era que esa instancia tendría dos relatores: Óscar Parra, como el magistrado que investigue las conductas de la fuerza pública en los escenarios de violencia sexual; y Julieta Lemaitre, doliente de las situaciones en las que las FARC fueron los perpetradores.
Si bien esto fue una decisión metodológica de la jurisdicción, desde la Alianza 5 Claves puede ser algo con efectos adversos hacia los grupos de víctimas. Para Adriana Benjumea, de la Corporación Humanas, esta división “es dañina para las víctimas”.
Según su análisis: “Se debe hablar más del crimen que de los perpetradores. Es algo que nos sigue dividiendo, porque en narrativas de guerra esto es algo cometido por todos los actores de la guerra. Poner en el centro a las víctimas no es ponerlas divididas. Creo que hay mayores desafíos con las violencias sexuales perpetradas por la fuerza pública, porque no son menores, es un grupo armado alzado en armas legalmente que claramente no se espera que sea desmovilizado y todo esto, como ya hemos visto en otros casos, impone obstáculos en investigación y judicialización”, explicó.
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Una opinión similar desde la Alianza y Claves la tiene Linda Cabrera, de Sisma Mujer. Para ella, dividir las investigaciones en FARC y fuerza pública es algo que “puede que solo beneficie a los perpetradores. Es útil para ellos porque pasa lo mismo que buscaban en la guerra: diferenciarse de los otros, cuando en la práctica y en términos de violencia sexual actuaron de la misma manera”.
Lo cierto es que con el macrocaso 11 ya abierto, la especificidad investigativa que es factor de controversia para grupos de víctimas y la Alianza 5 Claves, estará en la JEP con tres subcasos: “Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP”; “Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública”; y “Violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las FARC-EP”.
Expectativas por cumplir
Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, recuerda una frase que le quedó del expresidente Juan Manuel Santos cuando anunció su intención en firme de acordar una paz con las FARC: “Él dijo que negociar la paz nos iba a costar tragarnos algunos sapos y con toda seguridad la violencia sexual contra las mujeres fue uno de esos. Para visibilizar esto generamos ruido desde Colombia hasta la mesa de negociación y por eso destacamos el trabajo de personas como Catalina Díaz, Juanita Goebertus o Elena Ambrossi para cumplir con que eso se escuchara. Ahí quedó la primera expectativa: que vieran que hablar de eso no era estorbar en la negociación, sino a potenciarla. Que no se piense que estos crímenes no son autónomos y se tienen que poner como secundarios de otras formas de violencia. No atacamos a la JEP, pero sí tenemos que ser siempre críticas”.
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De acuerdo con Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, otra gran expectativa era el de conseguir como hito que se hablara y trataran las violencias sexuales y reproductivas en clave de la población LGBTIQ+. Para la investigadora, poner sobre el análisis que estas situaciones no son amnistiables no fue fácil en una justicia colombiana que por años fue negacionista y estigmatizadora frente a estas situaciones.
“No debemos pensar más en los perpetradores sino en el daño causado. Todos los actores cometieron violencias basadas en género, entonces la JEP con este macrocaso debe resolver preguntas relacionadas a por qué había motivaciones para perseguir y violentar personas trans; por qué atacar mujeres por ser mujeres; por qué vulnerar los cuerpos de niñas por ser niñas; por qué durante el conflicto armado un ser humano mereció ser humillado por su orientación sexual”, comentó.
Adriana Benjumea y la Corporación Humanas tienen experiencia tratando estas situaciones en contextos transicionales. A partir de su vivencia en Justicia y Paz, y representando víctimas en los macrocasos 02 y 07 de la JEP, Benjumea tiene claro que el deber ahora de la justicia transicional es poner al macrocaso 11 en funciones de no silenciar más ninguna voz de víctimas que optaron por callar ante la indiferencia y de respaldar a cabalidad sus relatos con garantías de justicia y no repetición.
“Las víctimas esperan todo. Es la última oportunidad que tienen para que en sus cuerpos haya justicia. Logramos que estos crímenes queden en un marco ético y político, ahora la JEP deberá mostrar la gravedad de esto con su rigurosidad y entendiendo que nada de acá es un planteamiento caprichoso”, agregó.
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El componente de persecución como parte de la complejidad y gravedad de los crímenes sexuales durante el conflicto es otra parte de las expectativas por cumplir.
“Uno no persigue o viola a lo que es igual que uno. Uno lo hace a quien considera inferior.” A esa conclusión llega Beatriz Quintero, quien sostiene que muchas de las agresiones de este tipo que sucedieron en la guerra fueron por el tipo de sexualidad que tenían las víctimas.
De hecho, desde Colombia Diversa, Marcela Sánchez dice que este componente les da gravedad a los crímenes sexuales, con el agravante de que “no hemos tomado a la persecución de las personas de forma seria. Atacaron a personas motivadas en razones de género, sexualidad y lesionando la dignidad sin reparos”.
Más puntualmente, Sánchez acuñó que “el crimen de persecución de género analiza por ejemplo si una masacre, o asesinato, o reclutamiento forzado (como crimen de guerra) se motivó, entre otro, en intenciones discriminatorias hacia un cierto tipo de personas -para sacar ventaja por ejemplo en la guerra-. Es decir, se analiza no solo la violación de derechos humanos en sí sino su motivación prejuiciosa o discriminatoria”.
El dilema de la reparación
En este universo de víctimas, la JEP estipula que después del actuar de todos los actores armados durante el conflicto hay 35.178 víctimas por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, entre 1957 y 2016. El reto de reparación y acceso pleno a la justicia se vuelve aun mayor entendiendo que la jurisdicción transicional está cerca de llegar a la mitad de su mandato.
Si bien la JEP se encargará de investigar y sancionar lo que tiene que ver con las FARC (5.82 %) de este total de hechos y agentes del Estado (3.14 %), que son opacados por una cifra escandalosa d ellos paramilitares, que se llevaron el 33 % de la comisión de estos crímenes durante la guerra, la complejidad del macrocaso 11 estará también sujeta al tratamiento diferencial a las personas que sufrieron estos daños que, para muchos, y en su derecho y el dolor de las secuelas, son irreparables.
Para distintos colectivos de víctimas, en el macrocaso 11 puede que no haya ningún Trabajo, Obra o Acción con componente Reparador (TOAR) o ningún acto de perdón que sacie su afán de justicia. Abordar este tipo de traumas debe ser algo tratado con pinzas y la Alianza 5 Claves ha sido consciente de ello.
Adriana Benjumea considera que no habrá ninguna reparación si esta no es transformadora. “Debe existir el binomio de justicia y salud. Creo que los TOAR anticipados resultan siendo impunidad para las víctimas y por eso se debe penar en algo más integral… cómo pensar en un acceso a la justicia sin salud para tratar lo que sucedió. Estamos hablando de crímenes internacionales incluidos en el Estatuto de Roma y no se alivian con una mera amonestación. Debe haber proporcionalidad en la pena sin desligarse del funcionamiento de la JEP. No puede haber una brecha de impunidad como la que hubo en cada día en la que no se abrió este caso”, insistió.
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María Cecilia Ibáñez, por su parte, asegura que ahora con el macrocaso abierto es el momento para que haya impunidad por estas formas de violencia. “Visibilizar y presionar sigue siendo nuestra tarea. Que de verdad haya enfoques de género certeros y que se vea por qué a las mujeres y a las personas con orientaciones diversas se les atacó de esta forma”, concluyó.
La insistencia para abrir este macrocaso ha sido de ires y venires. El 9 de marzo de 2022, luego de la insistencia de organizaciones sociales y de víctimas, la JEP dijo que no abriría este caso porque ya abordaban este tipo de situaciones en otros macrocasos. El tiempo le dio la razón a quienes sufrieron esos vejámenes y por eso la reparación para ellas no puede arrancar sin entender por qué esto que se trata es tan grave.
Para Linda Cabrera, estos debates deben ir más allá de la JEP y “algo que nos cuestione ocmo sociedad. Debe haber, a mitad del mandato de la JEP, herramientas y mecanismos para acelerar procesos que permitan superar esta deuda con las víctimas. Se debe subsanar con metodología sensibles y ágiles que garanticen el acceso a la justicia de todos. Este caso es el más complejo para muchas personas, y con razón, porque tratan los crímenes más atroces por razón de discriminación”.
Comparar dolores y flagelos es horroroso y en muchos casos desacertado. Pero en contexto de reparación, Beatriz Quintero a veces hay que poner en paralelo otras situaciones para medir cómo se puede actuar de una forma procedente.
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“Claro que debe ser transformador e integral el proceso de reparación. A veces te pueden dar una plata, pero eso no transforma nada. Puede que a alguien que le hayan despojado tierras lo reparen regresándole su tierra y garantizando que eso no se repita… pero a alguien cuyo cuerpo fue vulnerado ¿qué? Ahí despojaron algo que no se puede devolver. Hay víctimas de violencia sexual que les han ofrecido dinero para repararlos y su sensación es sentirse como trabajadores sexuales. Hay que pensar en las consecuencias como que hay dificultades para mantener relaciones afectivas y sexuales… este daño no es individual, sino que repercute en toda la comunidad”, concluyó.
No hay tiempo para perder. Desde ya está fijado que las primeras personas en rendir versión en rondas de diligencia del macrocaso 11 serán comparecientes de 20 unidades tácticas del Ejército Nacional, que hacen parte de las divisiones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.
De ahí en adelante seguirá el camino por la justicia de crímenes atroces, sistemáticos y degradantes que no discriminaron ideología o poder militar.