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La apertura oficial del macrocaso de violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido más lenta de lo planeado. La justicia transicional lleva por lo menos dos años haciendo trabajo en territorio para hacer una descripción en detalle de esta conducta criminal y cómo fue un instrumento de guerra sucia. En el papel hay cosas listas y por eso distintos colectivos de víctimas aún no entienden las razones por las cuales esto no es una realidad.
De hecho, en mayo de 2022, desde la misma fiscalía de la JEP se anunció que la apertura del macrocaso 11 era inminente, respondiendo así a los reclamos de miles de víctimas en las regiones del país.
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Bajo la premisa de que la violencia sexual y las violencias basadas en género durante la guerra arruinaron sueños, familias y modos de vida, la JEP priorizó esfuerzos de equipos territoriales para construir el caso desde adentro y que para Colombia esto dejara de ser un mito. Por la complejidad de casos para reunir a un universo de víctimas representativo, sumado a otros obstáculos logísticos y procedimentales, esto tuvo bastantes demoras al interior de la jurisdicción.
Prueba de ello fue el ultimátum que la Sección de Revisión de la JEP le dio a la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción para abrir el caso a más tardar el 2 de agosto de 2023. El 14 de agosto, la Procuraduría General de la Nación se unió a ese llamado y desde allí le hicieron otro ‘jalón de orejas’ a esa sala por no cumplir con esos plazos.
De hecho, el Ministerio Público le pidió explicaciones detalladas a la Sala de Reconocimiento sobre esta falta si ya tenían encima una asignación que tuvo que ser acatada y cumplida.
Ese día la Procuraduría emitió un documento llamando la atención de la JEP porque ya habían pasado 36 días hábiles desde la instrucción para abrir el macrocaso. La solicitud no fue una simple sugerencia, sino una comunicación vía acción de tutela; lo que causó el agravante de esta situación.
Esta acción de tutela, dentro de su argumentación, dijo que no había “justificación alguna” por parte de la JEP para no abrir el macrocaso en ese lapso y, según se lee, “cada día que transcurre sin que la Sala de Reconocimiento adopte una decisión sobre la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género, implica la violación de los derechos de las víctimas”.
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Una fuente cercana a la JEP habló con Colombia+20 para explicar por qué se habrían presentado algunas de estas demoras y cómo se espera que proceda esa jurisdicción de paz para que el macrocaso de violencia sexual sea una realidad de aquí a inicios del mes de octubre.
La fuente, que pidió anonimato a este diario, aseguró: “En un inicio se tenía pensado un auto de apertura solo con el nombre del magistrado Óscar Parra como relator del macrocaso 11. Al interior de la JEP esto no sentó del todo bien, pues se sabía la complejidad que acarrearía llevar estas investigaciones y que solo fuera una cabeza la doliente en ello. No se dudaron de las cualidades de Parra como cabeza, sino que estuvo presente la idea de incluir a alguien más, alguien que pudiera dar aportes desde los temas de género y de conductas criminales propias de las FARC en esos hechos”, indicó.
De acuerdo con las consultas de este diario, esa fue la razón por la que se incluyó el nombre de la magistrada Julieta Lemaitre como la otra relatora principal. Su conocimiento extenso sobre las formas bélicas de proceder de las antiguas FARC cambió el orden para estructurar desde las bases el macrocaso 11.
“Hasta mediados de julio se decía que solo el magistrado Parra iba a quedar al frente del caso. Pero cabezas fuertes en la JEP dijeron que no podían “dar el papayazo” de salir con un caso tan delicado, con víctimas mujeres en su mayoría y con un hombre como líder. Así se explica que la magistrada Lemaitre haya sido asignada como la que manejará los casos que involucraron a la guerrilla de las FARC y Parra hará lo propio con fuerza pública”, explicó la fuente.
Y agregó: “Un día le escuché decir al magistrado Roberto (Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP) que el caso quedaría con menos legitimidad desde la óptica de víctimas y más las mujeres que representan el grueso de la población afectada. Todos quieren a una magistrada como Lemaitre en estos casos, pero las dudas de si ponerla o no al frente demoró todo… la consecuencia es clara con eso: más retrasos y más presión sobre la JEP”
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Un caso para tomar con pinzas
De acuerdo con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (desagregando posibles casos de subregistro), en Colombia hay más de 35.000 víctimas de violencia sexual. El 90% de estas personas son niñas y mujeres que padecieron sobre sus cuerpos los rigores más bajos de la guerra y población en la cual estará centrado el macrocaso 11 de la JEP.
Esta complejidad poblacional comienza en cómo agrupar a tanta gente -como la JEP ya lo ha hecho en los 10 macrocasos que están abiertos- y cómo priorizar patrones o hechos que dejaron afectaciones colectivas en los territorios.
La misma JEP reconoció que en este momento se encuentran analizando 37 informes de organizaciones de sociedad civil que fueron víctimas de crímenes sexuales o basados en género durante el conflicto y que a partir de sus hallazgos y de recopilación de datos para saber a cuántas personas se deben considerar en ese macrocaso. Pero que a pesar de eso ya está la directriz interna para que no se incumplan más plazos y el macrocaso 11 se abra a más tardar el 9 de octubre de 2023.
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La Defensoría del Pueblo ha manifestado que este caso se debe tomar con pinzas por los contextos tan delicados que lleva. De hecho, a partir de sus Alertas Tempranas es que la fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación) y el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) han recopilado varios insumos para atar cabos y darle especificidad a varios de los hechos que muestran los informes que han llegado a la justicia transicional desde la sociedad civil.
A su vez, la Defensoría también ha estado en línea con el Ministerio Público al asegurar que estas demoras de la JEP han permitido vulneraciones a los derechos fundamentales de las víctimas, a sus derechos a la verdad, la justicia y a las garantías de no repetición.
Lo cierto es que la Sala de Reconocimiento, represada por tantas funciones, seguirá adelantando esfuerzos para cumplir con este último plazo que le fue impuesto para el macrocaso.