“Yo no di la orden”: general (r) Paulino Coronado ante las víctimas y la JEP

El general (r) Paulino Coronado fue el último en intervenir en la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por "falsos positivos" de la JEP.

Foto: Óscar Pérez

La esperada intervención del general en retiro Paulino Coronado en la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por “falsos positivos” en la JEP dejó un sinsabor entre las víctimas. Luego de escuchar durante dos días a otros nueve militares y un civil reclutador reconocer y aceptar su participación en esa práctica en la subregión del Catatumbo entre 2007 y 2008, y afirmar que existió una “banda criminal” al interior de las unidades militares en la región, escucharon del general (r) Coronado un reconocimiento ambiguo.

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Aunque se atuvo a la imputación que le hizo la JEP en junio de 2021, que fue por omisión como comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, sostuvo vehementemente que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región.

“Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, sostuvo en el estrado.

Y continuó: “Aunque la Fiscalía y la JEP evidenciaron que nunca ordené, que no di la orden, auspicié, o planeé los asesinatos cometidos por hombres bajo mi mando (…) acepto la responsabilidad”. Dijo que es responsable por no haber previsto que “la política de inflexión física” – de presionar por bajas – que impulsaba el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, podía conducir a la comisión de esos crímenes.

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Igualmente, que falló al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División, al mando para esa época del general Saavedra y el general Cortés. Dijo que ellos rompieron la cadena de mando al increpar directamente mediante programas radiales del Ejército a los oficiales y suboficiales de los pelotones, pasando por encima de él.

El general (r) se extendió en detalle en describir las acciones que tomó ya en septiembre de 2008, cuando empezó a estallar el escándalo, y cuando, según él, se enteró por periodistas de lo que había ocurrido. Luego, cuando se hizo público lo que había pasado, él y otra veintena de generales y oficiales fueron retirados del Ejército. Sobre eso, dijo que el único soporte para su retiro fue el informe que presentó el general Carlos Arturo Suárez, quien investigó internamente los hechos de los “falsos positivos”. En el documento, dijo, había reseñados hechos ocurridos en jurisdicción de otras unidades militares, en otras regiones del país.

Sin embargo, aseguró: “si mi llamamiento a calificar servicios sirvió que se parara esta práctica criminal, bienvenida mi calificación de servicios, bienvenida mi imputación, y pasaré a la historia como el primer general condenado por estos hechos”.

Pero hay un episodio que puso contra las cuerdas al general. Se lo recordó la magistrada de la JEP Catalina Díaz, quien presidía la audiencia: una reunión del 6 de diciembre de 2007, en Ocaña, casi un año antes de que estallara el escándalo, que fue convocada por el movimiento campesino del Catatumbo y la Asociación Minga bajo el nombre “Encuentro por la vida y el Territorio”. Tenía precisamente la finalidad de denunciarle a él y a la Fuerza Pública que en la región venían sucediendo ejecuciones extrajudiciales. Está probado que él asistió a esa audiencia pública – él lo reconoce – pero él dice que allí ningún campesino denunció lo que estaba pasando. “No hablaron”, enfatizó.

“¿Usted conocía lo que estaba pasando, sabía de las denuncias?”, lo interpeló la magistrada. “No lo conocía”, respondió el general.

Lo dicho por el general ocasionó la molestia de las víctimas, quienes, en un episodio que no mostró la transmisión, se pusieron de pie masivamente y ondearon carteles en los que se leyó: “Aquí faltó verdad”, “¿Quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”, y “Quiero a Montoya ya”.

A su vez, desde la Asociación Minga, convocante de la reunión en cuestión, se pronunciaron frente a lo dicho por el general y sostuvieron que en ese espacio sí se le hicieron las denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales e incluso que él se comprometió a escalarlas a nivel superior. Según esa organización, así lo demostrarían los comunicados de la época.