“Yo no he mandado a matar a nadie”: general Mario Montoya

Montoya estuvo detrás de misiones militares como la Operación Jaque y la Operación Fénix. / Cristian Garavito

Desde el día uno del escándalo de los mal llamados falsos positivos —hace una década ya—, el general (r) Mario Montoya Uribe ha dicho que es inocente. A pesar de la sombra que lo persigue desde entonces, el excomandante del Ejército, que hoy tiene 70 años, ha logrado salir bien librado de las investigaciones en su contra.

El 28 de marzo de 2016, por ejemplo, con bombos y platillos, la Fiscalía de Eduardo Montealegre anunció que pediría audiencia de imputación contra el oficial en retiro por ocho ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares bajo su mando y que dejaron 16 civiles muertos. La audiencia fue programada para el 31 de mayo de ese año, pero, súbitamente, la diligencia fue aplazada, pues la defensa de Montoya pidió la ampliación de su interrogatorio. Entonces trascendió que la audiencia se llevaría a cabo el 29 de junio siguiente, pero tampoco pasó nada. La anunciada imputación cayó en el limbo.

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La administración del fiscal Montealegre culminó su período y en su reemplazó llegó Néstor Humberto Martínez. El caso se redireccionó y durante los últimos dos años el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho Flórez, se empeñó en investigar aún más.

Revisó con lupa, junto con sus investigadores, centenares de reportes de presuntos crímenes cometidos por militares de distintas brigadas y divisiones, y analizó miles de documentos castrenses y directivas sobre políticas de recompensas y estímulos a uniformados, así como radiogramas sospechosos que alertaban sobre la acción de la justicia para descubrir los falsos positivos. Así apareció un contundente informe judicial que concluyó que durante la comandancia de Montoya en el Ejército —entre febrero de 2006 y noviembre de 2008— se reportaron 6.699 muertes en combate. De ese universo, en 2.429 casos se indaga si se trató de asesinatos de civiles para inflar las estadísticas de la guerra contra la subversión.

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El Espectador tiene en su poder los nombres de esos civiles asesinados por balas oficiales, en donde distintos jueces de Colombia han condenado a militares por estos hechos y probado su responsabilidad. La tesis del fiscal Jaime Camacho y de su grupo de colaboradores es que la política de resultados instaurada por el entonces comandante del Ejército derivó en el siniestro capítulo de los falsos positivos. Pero, de nuevo, Montoya sacó un as de la manga: se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora es la JEP su juez natural.

El interrogatorio

¿Y la imputación? Nuevamente cayó en el limbo. ¿Cuál será el destino de estas pruebas? La pregunta ronda a las víctimas de los falsos positivos, que se han opuesto a que la JEP resuelva la situación jurídica del general (r) Montoya. Entre otras razones, porque el excomandante del Ejército y su defensa han reiterado que no van a reconocer responsabilidad alguna en este oscuro capítulo de la violencia en Colombia.

Según ellos, su sometimiento a la JEP se explica porque esta entidad es la encargada de poner punto final a los expedientes inconclusos del conflicto. No obstante, al aceptar que la JEP lo procesara, Montoya se comprometió a decir la verdad y a reparar a las víctimas. ¿Qué verdad contará? ¿Sostendrá la misma versión que le dio a la Fiscalía hace tres años? Durante dos días, el 10 y el 11 de agosto de 2015, Montoya fue interrogado por estos hechos. Es la única diligencia que rindió ante la justicia. El Espectador conoció integralmente esa declaración.

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Su versión está llena de perlas sobre su comandancia: las fricciones que tuvo con otros generales por sus políticas y su forma de enfrentar la guerra, su malestar por el retiro de 27 oficiales y suboficiales —incluidos tres generales— cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el manejo que les dio a las denuncias de varias ONG sobre las ejecuciones extrajudiciales y hasta su opinión sobre sus principales acusadores, como el coronel en retiro Róbinson González del Río.

Para empezar, el general Montoya le describió a la Fiscalía su larga carrera en las filas militares, el contexto de violencia de Colombia durante los últimos 35 años, las amenazas a la población civil y los desafíos de una guerra irregular. Y enseguida aclaró que siempre les exigió a sus hombres el respeto por los derechos humanos y que era mentira que hubiera instaurado una política de metas de muertos en combate. “Yo no he mandado a matar a nadie”, declaró vehemente.

Y añadió: “Yo estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’.

Esta frase se la sabe el Ejército y estaba escrita en los centros de operaciones”. Montoya sostuvo que solo vino a dimensionar el fenómeno de los falsos positivos tras lo acontecido en Ocaña (Norte de Santander) con los hijos de las madres de Soacha en 2008. Según contó, antes de eso solo había escuchado rumores sin confirmar o descartados por investigaciones internas. La ONU y Human Rights Watch, sin embargo, ya habían advertido lo que ocurría.

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A propósito de esos reportes y del ojo vigilante de distintas organizaciones de derechos humanos sobre supuestos delitos o excesos militares, el general Montoya reconoció que hubo un cambio de lenguaje en el interior de las filas castrenses. “Desde hace mucho tiempo atrás empezamos a recibir mucha influencia de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que nos venían cuestionando.

Entonces el Ejército empezó a cambiar la terminología: ya no se hablaba de muerte en combate, sino de neutralización. Ya no se hablaba de operaciones de destrucción sino de operaciones ofensivas. Son otros términos, pero, al final, era lo mismo. Era la terminología que usábamos. ¿Por qué? Por esa influencia, por esa acción que estábamos recibiendo, por los informes de Human Rights Watch y muchas organizaciones no gubernamentales que venían de mucho tiempo atrás haciendo informes sobre el proceder de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

En ese momento de la diligencia la Fiscalía le preguntó si en las órdenes de operaciones o de resultados durante su comandancia se usaba la expresión “dar de baja”, a lo que Montoya contestó: “No, esa palabra estaba proscrita porque nos estaba haciendo demasiado daño (…) ‘Mi general, fueron dados de baja cinco’, me decían por radio, para qué lo voy a negar, pero que así se escribiera, no”.

Después, el oficial en retiro relató que cada vez que una organización de derechos humanos publicaba un reporte criticando a los militares, siempre se elaboraba un informe ejecutivo interno que se enviaba a todas las unidades para “corregir lo que se está diciendo que estamos haciendo posiblemente mal”. De acuerdo con esa versión, era claro que las unidades cuestionadas por la ONU o Human Rights Watch supieron por dos vías que estaban bajo sospecha: por los informes externos de esas organizaciones y por los internos.

En ese instante de la diligencia, Montoya soltó otra afirmación controvertida. Dijo que los crímenes de los jóvenes de Soacha se conocieron por las políticas que él implementó dentro del Ejército. “Doctora, ¿sabe por qué se descubrió lo de Soacha? En las reuniones con la ONU, que hacíamos cada mes, ellos empezaron a cuestionar que había demasiados N.N. (reportados) en los guerrilleros abatidos.

Como Ejército nos dimos a la tarea de que no podíamos seguir reportando N.N., y en el desarrollo de esa tarea fueron identificados los muertos del Batallón Santander, allá en Ocaña”. Según el general, había entonces una política para encontrar o registrar a los desaparecidos, y por eso —agregó— tras la alerta de la ONU ajustaron los protocolos para no seguir reportando cadáveres no identificados. “Así fue, y no solamente los de Ocaña, empezamos a identificar a muchos porque ya trabajábamos en unión con la Fiscalía (…) Esa es la verdad verdadera de eso”.

La Fiscalía indagó entonces por qué si había tanto ruido sobre crímenes perpetrados por militares no se hizo nada a tiempo. Montoya contestó: “No había ninguna evidencia. Toda muerte en combate en el Ejército tiene una investigación disciplinaria y penal, y esas investigaciones después pasaron a la justicia ordinaria, y las que no, la Fiscalía las pidió. Eso está aquí en estas directivas mías”.

Luego el oficial en retiro sostuvo que nunca les pidió a sus hombres determinado número de muertos en combate. “No hay metas, hay unos objetivos por alcanzar que es reducir la capacidad del enemigo. Si yo le pongo (a un oficial) que tiene que hacer cincuenta muertos, lo estoy mandando a que mate. Yo no he mandado matar a nadie”, contó. Los investigadores reformularon su pregunta: “Pero ¿en una operación?”. Montoya respondió: “Si yo le pongo una meta cuantitativa, o sea, me tiene que hacer 50 bajas, ese general me manda a mí para el carajo”.

Según el excomandante del Ejército, sí había objetivos para golpear a los grupos ilegales o reducir la criminalidad, pero jamás se dieron órdenes sobre números concretos de muertos, positivos u operaciones en los planes de guerra. “El objetivo es reducir, pero no se dice en cuánto. Nosotros no actuamos de esa manera”, insistió. ¿Y entonces cómo se evaluaban las unidades?, preguntó la Fiscalía.

“Periódicamente, uno está recibiendo la información y uno ve cómo se va reduciendo la amenaza, cuántos desmovilizados, cuántos capturados, cuántos muertos en combate. El de inteligencia dice: ‘Mire, cuando empecé mi comando este grupo tenía 150 y ahora hemos logrado que tenga 100’. Eso ya es un indicador, pero no estamos diciendo que tiene que reducirlo a cero. Otro dice: ‘Mi general, el año pasado aquí hubo 100 secuestros, este año van 10, y así’. Uno recibe esa información y hace una evaluación de cómo va esa unidad”, aseguró Montoya.

En esa línea, el oficial investigado anotó que promovió directivas para desestimular la política de recompensas instaurada en 2005 por el ministro de Defensa Camilo Ospina, que, para los entendidos, fue la génesis de los falsos positivos. Por ejemplo, una directiva de noviembre de 2007 que privilegió, como medición de los resultados operacionales, las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y éstas a su vez sobre las muertes en combate.

Pero ¿por qué hubo necesidad de sacar una directiva en ese sentido si se estaban respetando los protocolos de la guerra?, indagó la Fiscalía. Montoya señaló que en ese momento las guerrillas estaban replegadas y resultaban más desmoralizantes las desmovilizaciones que las muertes. “Cada vez que hay una desmovilización, la guerrilla inmediatamente tiene que cambiar el campamento, porque ellos saben que es posible que venga una operación ofensiva y eso les crea un ambiente de inseguridad”.

De vuelta sobre el episodio de los jóvenes de Soacha que fueron reportados como guerrilleros, el general Montoya contó que se desplazó a Ocaña cuando se destapó el caso y que de inmediato vio los avances de la Fiscalía para determinar que se trataba en realidad de civiles asesinados. Entonces, relató, llamó a su superior, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla, a quien le dijo que tenía pensado suspender a tres coroneles de la Brigada Móvil 15 sobre los que había sospechas.

Media hora después, Padilla le devolvió la llamada con el siguiente mensaje: “General Montoya, hablé con el presidente de la República y dice que su medida es exagerada, que en este momento no hay nada contra ellos, que no vaya a hacer eso”, contó. Al margen de la anécdota, la justicia constató que un coronel investigado por falsos positivos de esa brigada móvil terminó como ayudante del general Montoya en el Comando del Ejército.

Se trata del coronel Santiago Herrera, quien dirigió esa cuestionada unidad militar entre agosto de 2006 y diciembre de 2007. La Fiscalía le preguntó a Montoya por qué ese hombre terminó a su lado, manejándole toda la agenda y los asuntos administrativos. El oficial contestó que se lo había recomendado el segundo comandante del Ejército, general Carlos Lemus Pedraza, pero que cuando se supo que estaba bajo sospecha por lo ocurrido en distintos hechos en Norte de Santander él mismo lo sacó.

“Cuando empezó el ruido de los posibles malos procedimientos allá en la Brigada, tomé la decisión de trasladarlo”. En ese momento, un investigador le soltó lo siguiente a Montoya: “El coronel Santiago Herrera ha manifestado que usted se comunicaba con él para exigirle resultados operacionales calculados en bajas en combate. ¿Qué tiene que decir al respecto?”. El general, sorprendido, contestó: “Eso es totalmente falso”.

(El coronel Herrera declaró hace casi nueve años que Montoya sí presionaba a todos los comandantes y que sí se manejaba el body count o conteo de cuerpos para medir resultados). Poco después en la diligencia, el general Montoya explicó por qué decidió retirar al coronel Herrera del servicio: “Le confieso: no quise en ningún momento que se fuese a pensar que yo lo había traído y que era una persona protegida por mí, porque estaba muy inmediato a mi puesto. Quería demostrar que había tomado una acción y el tipo no me perdona eso.

Mire, él entró a mi oficina (un día) y por poquito me pega: ‘Usted no me conoce a mí, usted no sabe quién soy yo, mi general. ¿Cómo así que usted me va a suspender?’. Le dije, ‘Entiéndase con la Fiscalía’”. A renglón seguido, el interrogatorio se concentró en las acusaciones del coronel Róbinson González del Río, condenado por 46 ejecuciones extrajudiciales, contra el excomandante del Ejército. Según él, Montoya les exigía “ríos de sangre”.

En respuesta, Montoya trató a González del Río como un “bandido” y un “sinvergüenza”. Y aseguró: “No lo he visto, bajo juramento, en mi vida militar. Nunca me he cruzado con él una palabra, nunca (levanta su mano derecha en señal de juramento). Para mí fue una gran sorpresa que el tipo saliera a hablar por los medios de mí. Usted me lo pone al frente y no sé quién es”.

Al final, Montoya insistió en su política de respeto a los civiles: “Cuando estamos hablando de resultados operacionales no estamos hablando de que (los militares) tienen que ir a matar, de ninguna manera. Todo el tiempo de mi comandancia estuve hablando de la trasparencia y limpieza en las operaciones”. Y añadió: “Las bajas deben ser bien hechas, una baja mal hecha es una incapacidad militar. Una operación sucia es un acto de cobardía, eso está aquí escrito 92 veces, doctor, 92. No fue que me lo inventé en el año 2008. Nooo. Eso se lo transmití a mis hombres”.

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Y como una especie de declaración de principios, indicó: “Yo quería ganar la guerra, pero limpiamente, doctor, limpiamente. En alguna parte digo eso (en alguna directriz o mensaje radial). Yo quisiera encontrar eso, lo debo tener marcado, donde les digo: ‘Ganemos la guerra limpiamente para que mañana no tengamos problemas, para que podamos mirar a los ojos a nuestra señora, a nuestros hijos, sin escrúpulos ni miedo’.

Lo dije hasta la saciedad. Yo exigía resultados operacionales, era lo que nos correspondía; es que el enemigo nos estaba acorralando, este país estaba tomado por los bandidos. En el año 2002 usted no podía salir de Bogotá”. Y concluyó su discurso con una frase inquietante. “Le voy a decir una frase gravísima: el Ejército de Colombia trabaja al son que le toquen. Si no hay exigencias, no opera. Así somos, seres humanos, y en esta situación que estamos ahora (el proceso de paz) pues peor, porque nadie quiere ser el último muerto de la guerra”.

Y en ese súbito momento de confesiones, Montoya explicó lo difícil que es el Ejército: “Estuve 40 años en el Ejército y muchas órdenes se quedan en el aire, doctor. Es una institución de 250.000 hombres, donde usted todos los días tiene que estar repitiendo lo mismo. Usted les dice a los soldados: ‘No cojan el camino’, y más cogen el camino”. Sobre el general Carlos Suárez, quien se encargó en 2008 de hacer la investigación interna sobre los falsos positivos, Montoya sostuvo que se metió a inspeccionar unidades militares sin siquiera consultárselo, lo cual le pareció “una descortesía”.

“Nunca supe de los informes que pasó sobre las novedades encontradas en el Ejército. Me enteré el día que destituyeron la gente allá en Palacio”. Se refiere a la decisión del entonces presidente Álvaro Uribe, de octubre de 2008, que cobró las cabezas de 27 militares por el escándalo. Según Montoya, nadie le consultó esa medida y por eso pocos días después pidió su retiro.

En síntesis, esta fue la extensa declaración que le dio Mario Montoya Uribe a la justicia. Ha sido su única versión y todo indica que no tiene pensado modificarla en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Reiterará nuevamente que expidió directivas, boletines y mensajes radiales en defensa de las operaciones limpias, a pesar de que las evidencias indiquen lo contrario? ¿Seguirá sosteniendo que el altísimo número de muertes en combate se debió a que le tocó enfrentar los tiempos más azarosos de la guerra contra las Farc durante el segundo gobierno de la Seguridad Democrática? ¿Cuál será el destino de las pruebas que durante años recogió el fiscal Jaime Camacho y que tenían a Montoya ad portas de una imputación de cargos por el homicidio de un centenar de civiles? Apenas algunas preguntas que surgen del accidentado proceso contra el militar de más alto rango en la historia de Colombia procesado por homicidio.