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Martín Cruz Vega, conocido en la guerra como “Rubín Morro”, excomandante del frente 5 y exfundador del frente 25 de las antiguas Farc, reconoció este viernes en versión pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que permitió el ingreso de menores de 15 años a las filas guerrilleras, aún cuando eso incumplía las normas internas de la organización. “Eso se hacía bajo algunas condiciones como, por ejemplo, porque ya iban a cumplir los 15 años o también se dio en algunas ocasiones cuando había condiciones de orfandad o dificultades económicas al interior de las familias, entonces normalmente se hacía el ingreso a la guerrilla. Reconocemos que fue un error gravísimo”, dijo en los primeros cinco minutos de la diligencia judicial y como respuesta a la primera pregunta del magistrado Iván González, sobre si reconocía el delito.
La historia de Cruz es particular. Se reconoce como poeta y escribió durante los 40 años de la guerra. Nació en 1962 en Marquetalia (Tolima) cuando su padre, identificado con el seudónimo de “Morro Pelado”, se unía a la lucha armada y participaba en la fundación de las Farc. Su padrino de nacimiento fue “Joselo Lozada”, otro cofundador de la guerrilla, también lo vio crecer Manuel Marulanda, el entonces comandante y un gran amigo de su padre. En medio de la diligencia judicial de este viernes, 9 de octubre, incluso mencionó que en sus planes nunca estuvo volverse guerrillero pero, a sus 15 años, comenzó a ser víctima de señalamientos y estereotipos que reproducían alrededor de él por ser hijo de uno de los fundadores de la que llegó a ser la guerrilla más antigua de Latinoamérica. “Yo nunca quise ser guerrillero pero cuando me dijeron que me iban a perseguir y a detener por mi padre, me tocó ser guerrillero”.
Durante su tiempo en las filas guerrilleras dirigió el Bloque Efraín Guzmán y perteneció al Bloque Noroccidental José María Córdova, donde operó en sus últimos años en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Risaralda. Desde su experiencia en estas regiones, contó la complejidad que tenían para ampliar su número de combatientes en zonas donde había mayor presencia de comunidades indígenas, como es el caso; o de personas evangélicas. Sin embargo, aseguró: “Nunca vi que se obligara a una persona a permanecer en la guerrilla, ya fuera sobre los 15 años o menos, siempre los ingresos se dieron por voluntad pero nunca bajo presión”.
(Lea también: “El reclutamiento de menores no era un delito en las Farc”: Carlos Antonio Lozada)
En su versión, también negó que haya sido una política general de las Farc que se permitieran ingresos a menores de 15 años; de hecho, explicó que la norma siempre fue mantener este mínimo de edad, entre otras cosas, por motivos de seguridad de todo el frente al que se incorporara. “Nunca fue una norma general ingresar niños menores de esa edad, ni siquiera los mismos hijos o hijas de exguerrilleros que nacían allí con nosotros porque muchos de ellos nacían, crecían y se iban”. No obstante, sí reconoció que la norma de ingresos se violó en algunas ocasiones.
A la pregunta del magistrado Iván González, sobre si había cometido o sido cómplice del delito, respondió que desde su perspectiva “siempre pensó que la madurez era muy importante para los combatientes porque los jóvenes suelen ser volátiles, por eso consideraba que era mejor desde los 18 años". A diferencia de versiones que entregaron en este mismo tribunal los excomandantes Carlos Antonio Lozada y Joaquín Gómez, por ejemplo, en los que aseguraron que ni los comandantes de los distintos Bloques ni el secretariado tenían conocimiento de las edades de ingreso al interior de distintos frentes, Cruz dijo que cuando se elaboraban las “hojas de vida” de ingreso de nuevos combatientes “el jefe de personal de cada bloque o quien hiciera el ingreso era el responsable de llevar esos documentos al Estado Mayor del Bloque y luego eso se iba para el Estado Mayor Nacional”.
Añadió que “eran carpetas enormes que se hacían escritas o en computador y se enviaban los informes donde decía quién lo reclutó, quién lo admitió, quién lo ingresó, la fecha de ingreso y todo eso llegaba a los comandantes nacionales. Estaba sistematizado de esa manera”. También dijo que, usualmente, los comandantes de Bloque se comunicaban con los comandantes de los distintos frentes “frecuentemente” para saber a quién incorporaba, fueran mayores o menores de edad y para conocer las causas y circunstancias de la incorporación.
Uno de los asuntos sobre los que más se detuvo “Morro” fue que, en los casos de menores de edad que llegaban solicitando el ingreso, ocurrió en reiteradas ocasiones que llegaran las familias pidiendo el regreso de sus hijos a sus hogares. Sobre ello, dijo que “hubo más de un muchacho que se devolvía, eso era muy frecuente", pero explicó que estas decisiones debían ser tomadas por el comandante, quien además elaboraba una carta que debían firmar los padres de familia, como constancia, para que sus hijos fueran retornados.
De acuerdo con la versión del exjefe guerrillero, todos los movimientos, datos, información y especificaciones de la vida de los combatientes estaba documentada a través de informes físicos o digitalizados donde también se anotaban los “buenos comportamientos” de los combatientes, así como las faltas y sanciones que cometían. Sin embargo, confesó que sobre el 2014, en medio de los diálogos de paz en La Habana, los documentos fueron destruidos. “Todos esos documentos existían, teníamos archivos suficientes pero como en la clandestinidad la orden siempre es no dejar huella de nada por los riesgos que eso implica, los destruimos. Yo, por ejemplo, viajé a La Habana en 2014 y no sabía qué hacer con todo ese material así que lo destruí porque además nunca se nos pasó que existiría una justicia, como esta, en la que fueran importantes esas evidencias”.
Además, mencionó que nunca hubo un compromiso en medio de los diálogos de conservar evidencias como esa. Habló también del “cuaderno de las sanciones” en el que cada frente escribía a puño y letra las anotaciones y observaciones en los comportamientos de los guerrilleros que tuviera a su mando, para llevar un registro; sin embargo, cada que las hojas del cuaderno se terminaban también se deshacían de él.
En esto último coincidió Carlos Antonio Lozada, quien en su versión pública el pasado 18 de septiembre, también aseguró que habían ordenado acabar los archivos de las Farc en los que se tuviera información sobre operativos, balances, informes y en los que se pusieron los nombres de quienes incumplieron la norma de reclutamiento; la diferencia entre ambas versiones es que según Lozada, la depuración ocurrió en 2008.
(Vea: “Solís Almeida” dijo que menores que ingresaron a las Farc lo hicieron por voluntad)
¿Cómo se daba el reclutamiento?
Aunque “Morro”, al igual que “Lozada”, que “Joaquín Gómez” y que “Solís Almeida” han coincidido en que los reclutamientos no eran forzosos ni bajo amenazas, el exjefe del antiguo Bloque Noroccidental explicó que los espacios donde llevaban a cabo el “proselitismo político” con las comunidades era a través de encuentros con la comunidad que se realizaban por medio de torneos de fútbol y actividades deportivas. En medio de la diligencia judicial, el magistrado González lo interpeló sobre este punto e indagó sobre si a estas reuniones asistían menores de edad, a lo que el exguerrillero confirmó que sí y que solían participar grupos familiares completos. “Hablábamos con los jóvenes, con los adultos, con mujeres cabeza de hogar, era nuestra forma de hacer campaña política y persuadir”.
Lo que sí estaba prohibido, según dice, era llevar a niños y niñas a conocer o permanecer en los campamentos, así como acampar con la población pero en los encuentros deportivos, incluso, admitió que llegaban armados pese a la presencia de menores de edad. “Es una realidad que los niños lo vieran a uno de pequeños y dijeran que querían ser guerrilleros, esas son realidades que no se pueden negar aquí”.
En medio de su declaración, en la que no reconoció el reclutamiento forzoso a menores de edad, dijo que “si nosotros soportamos 52 años en la guerra fue porque tuvimos cierto apoyo de la población. La gran mayoría de las regiones a las que íbamos estaba con lo que nosotros proponíamos, pero quienes no estaban de acuerdo como el caso de los evangélicos, nunca vi que se tomaran represalias contra ellos, pero sí intentábamos hacerles entender que no éramos como ellos decían sino que éramos una respuesta al abuso del Estado".
Sobre los nuevos ingresos, dijo que los jóvenes o adultos llegaban a integrarse “a través del voz a voz que recorría en medio de esas reuniones o de espacios comunitarios y no respondía a una estrategia planeada para llevarse personas en contra de su voluntad”.
Al igual que el resto de excomandantes que han comparecido ante esta justicia por este caso, aseguró que uno de los más graves errores fue no comprobar la edad de ingreso, a través de un documento de identidad en el que se ratificaran los datos de los nuevos combatientes que ingresaban a las filas insurgentes. “Nos guiábamos por la estatura, pero a veces nos pasaba que el muchacho era muy alto pero apenas estaba sobre los 15 años, o también sucedía lo contrario, de pronto era un joven indígena y era muy bajito pero resulta que ya tenía los 15 o 20 años. El error fue no haber confrontado las edades, porque mucha gente mintió sobre eso".
Los desaparecidos que reclaman las víctimas
Durante la segunda parte de la diligencia judicial, la defensa de las víctimas en cabeza de las abogadas Érika Gómez Ardila, de la Coaliación contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y Mariana Pachón, de la Fundación Paz Colombia tuvieron un espacio para plantear las inquietudes y preguntar al compareciente. Por su parte, la abogada Pachón nombró aproximadamente 15 alias o seudónimos de hombres y mujeres que, según los informes que tienen ellas en su poder y en representación de las familias de las víctimas, fueron reclutados siendo menores de edad y ahora están desaparecidos porque sus familiares no volvieron a saber nada de ellos, ni con la firma del acuerdo de paz.
Algunos de los seudónimos de guerra por los que preguntaron fueron “Boris Martínez”, “Rosemberg”, “Angie”, “Barney”, Claudia Milena García y Javier Darío Durán, hijo del “mono tula”. Mientras la representante nombraba cada persona la labor de “Morro” era decir si había conocido la persona y si sabía de su actual paradero, ya que como organizaciones están representando a las familias que buscan a sus desaparecidos que, dicen, fueron reclutados para las filas guerrilleras siendo menores de edad.
Sobre este punto, el exguerrillero había mencionado anteriormente que con la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de Farc y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, están buscando a varios excombatientes que murieron en combates y que fueron enterrados en la selva. “Era muy difícil lograr enterrar a los compañeros en cementerios urbanos entonces siempre era en árboles, al lado de una piedra”. Para lograrlo, cuenta, creó un grupo de WhatsApp con 20 desertores que, antes de la firma del acuerdo de paz, habían decidido abandonar la guerra y con quienes se presume se podría llegar a las pistas sobre el paradero de varios exguerrilleros.
Finalmente, y luego de responder a las peticiones e inquietudes de la defensa de las víctimas y del delegado de la Procuraduría para casos de la JEP, el exjefe guerrillero ratificó su compromiso con la paz y la verdad: “Ahora tenemos una concepción de país que está materializada desde la palabra y no desde las armas”. Esta versión pública se dio en el marco del caso 07 que investiga la JEP sobre “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. A las diligencias deben acudir 14 exjefes guerrilleros, por ahora, van cinco.