La población civil entre los diálogos y las operaciones militares

El principio de distinción es uno de los pilares del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Durante el conflicto armado interno las partes enfrentadas deben diferenciar siempre entre las personas que integran la población civil y los combatientes. La población civil está protegida frente a los ataques, estos solo pueden dirigirse contra quienes participan directamente en las hostilidades; así mismo se debe distinguir entre los bienes civiles y los objetivos militares. Observar este y otros principios erigidos como mínimos inderogables del DIH, permite fortalecer una regulación ética de la   guerra.

Las comunidades en los municipios, y en las zonas rurales de más difícil acceso, padecen en forma continua e inclemente los rigores de la confrontación armada; las matanzas, las amenazas, las presiones, el confinamiento, el desplazamiento forzado, la toma de rehenes, el reclutamiento de niños y niñas, el constreñimiento y las represalias. Esta no es una enunciación de los delitos que aparecen en el Código Penal, en el capítulo de personas y bienes protegidos por el DIH, no, estas conductas criminales recaen sobre miles de colombianos en su diario vivir. El referente del Estado de derecho caracterizado por el imperio de la ley se desvaneció, fue sustituido por la generalización de los actos de terrorismo y la omisión de la adopción de medidas para la protección de la población civil.

El dilema de vida o muerte para los habitantes de los territorios parece irresoluble. No hay territorios vedados para la acción de la Fuerza Pública en su labor de contrarrestar a los violentos, el Gobierno tiene la obligación de restablecer el orden público donde fuere turbado y combatir las economías ilegales de los grupos al margen de la ley; pero con las operaciones militares aumenta la presión y la estigmatización de los pobladores por las exigencias de las partes en conflicto.

Una de las alternativas es que al retomar el control de las zonas donde el Estado brilla por su ausencia o la acción de los gobiernos ha sido débil, la presencia de la Fuerza Pública debe ser permanente, aunada con la ejecución inmediata de estrategias para garantizar la integridad física y moral de las personas, así como con el inicio o fortalecimiento de programas sociales sólidos articulados con las necesidades y exigencias de las comunidades.

Siempre la primera opción para la búsqueda de la paz debe ser el diálogo, la experiencia de las naciones en el mundo demuestra que este es el camino civilizado para llegar a la reconciliación. En nuestro país nuevamente hay expectativa y pesimismo, tras el anuncio de la reunión que se realizará entre los delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Gobierno Nacional, en enero de 2025. Expectativa porque ya se había cumplido con seis ciclos de diálogo en Venezuela, México y Cuba, con avances como el cese al fuego y el rechazo al secuestro de personas, entre otros asuntos, es decir un camino recorrido. De pesimismo, porque la historia parece repetirse, conversaciones y diálogos poco efectivos y procesos que se suspenden o terminan, generando la intensificación de las hostilidades que afecta especialmente a la población civil.

Hoy tenemos lecciones aprendidas, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son objeto de los tira y afloja; tampoco son admisibles los actos de terrorismo, aun con los diálogos suspendidos, para demostrar fuerza;  está claro que el cese del fuego bilateral salva vidas y es necesario insistir en ello, pero su declaratoria no significa que el Gobierno y la Fuerza Pública dejen de cumplir con sus deberes constitucionales, o que los diálogos sean una patente que permita expansión y fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

El desconocimiento de un mando central o los fenómenos de disidencias conduce a que el Gobierno adecúe sus metodologías desde lo político y en los territorios para abordar realidades disimiles, con delegados conocedores de los nuevos conflictos armados y de las regiones. Si hay avances, es necesario replantear las dinámicas y estrategias que permita mantener el diálogo, siendo imperativo honrar lo acordado y respetar el DIH; no basta con declaraciones a la opinión pública, se requiere compromiso, acciones concretas y afirmativas.

*Kenneth Burbano Villamarín. Decano Facultad de Derecho Universidad Libre de Bogotá