Este lunes, el departamento de Arauca prendió las alarmas del país tras una serie de atentados terroristas. Aunque ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la responsabilidad de los ataques, las primeras versiones indican que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás de estos hechos.
Este grupo armado, que hace un 21 meses inició un proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, tiene el control de varias zonas del departamento, y desde la década de 1980 puso a la infraestructura petrolera como blanco de ataque.
Según denunció Cenit, compañía filial de Ecopetrol, en total fueron cinco atentados: tres contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y otros dos contra el Bicentenario. Además, en la noche se presentó un ataque con explosivas contra un CAI de la Policía.
Atentados en Arauca se dan en medio de crisis con ELN y advertencias de inteligencia militar
Si bien aún no se confirma la participación del ELN, los hechos causaron preocupación porque ocurrieron en medio de la peor crisis de la negociación de paz y apenas tres días después del fin de la tregua que este grupo armado tenía con el Gobierno tras el vencimiento del cese al fuego bilateral.
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“Desde el 2022 no había atentados sistemáticos. Era de esperarse, porque no hay cese al fuego, y en ese sentido el ELN no estaría violándolo, sino desarrollando actividades propias de su quehacer ilegal”, dice el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, quien le hace seguimiento al proceso de paz con la guerrilla.
A este contexto de tensión en la mesa de diálogos se suman las advertencias de la inteligencia militar sobre posibles hechos de violencia a manos del grupo rebelde.
En las últimas semanas, informes periodísticos de La Silla Vacía y Revista Semana advirtieron del nerviosismo entre los organismos del Estado por movimientos de células urbanas y frentes del ELN que, presuntamente, estaban planeando atentados en varias ciudades del país, incluida Bogotá.
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De hecho, Trejos no descarta que se sigan replicando acciones de este tipo: “Estábamos esperando algo a nivel urbano, pero sucedió en Arauca. Es posible que cada frente de guerra tenga su plan de acción, en el que creo yo, va a tratar de no confrontar a la Fuerza Pública, pero sí el ataque a infraestructura y a otros grupos. Puede que sucedan hechos similares en el sur del Bolívar o Chocó”.
El profesor plantea, además, que la gran pregunta con estos ataques terroristas es qué está pasando con la inteligencia militar: “Ya esto se preveía, había advertencias, antecedentes, y no se tomaron ciertas medidas. Queda la sensación de que los grupos armados van dos pasos adelante del Estado”.
Las dudas sobre la falta de eficacia de la Fuerza Pública son una constante en Arauca. Como denunció Colombia+20 tras una reciente visita a ese departamento, los líderes sociales aseguran que pese a la militarización del departamento la violencia se mantiene y va en aumento.
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“Históricamente el departamento ha tenido una situación alta de homicidios, eso en el marco de un departamento altamente militarizado con más de 9.000 uniformados del Ejército, sin contar policías y miembros de inteligencia militar. Es muy contradictorio que en un departamento altamente militarizado todos los días estén muriendo de manera violenta personas, cuando debe ser una obligación del Estado proteger la vida de la población”, relató una defensora de derechos humanos.
Precisamente, la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento de Arauca emitió un pronunciamiento público tras el asesinato de dos líderes sociales en una semana. En el comunicado piden que de manera urgente se brinden garantías a la labor del movimiento social que además sufre una fuerte estigmatización y señalamiento por grupos armados en la zona.
“Una vez más, el tejido social araucano y principalmente el movimiento comunal es objeto de agresión, sin que por parte del Estado se vea el más mínimo esfuerzo por brindar garantías a su labor y protección a sus líderes y lideresas”, se lee en el comunicado que conoció Colombia+20.
Según reportó la Federación de Juntas, en menos de una semana se registró el asesinato de dos líderes sociales y en lo que va del año se han presentado por lo menos 97 muertes violentas, 7 de ellas en los últimos seis días; alrededor de 75 retenciones; desplazamientos, confinamientos, amenazas, atentados, violencia sexual, estigmatizaciones y señalamientos.
El hecho más reciente fue este martes 27 de agosto con el asesinato del líder comunal Oscar Javier Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Corocito, del municipio de Tame. Y el pasado viernes 23 de agosto, hombres armados asesinaron a Willis Guillermo Robinson Sánchez en Puerto Rondón.
“Repudiamos y expresamos nuestro más enérgico rechazo, por estas acciones violentas, que siguen afectando a nuestra organización comunal, la más grande del país, y pone en vilo la labor social que desarrollamos por los derechos de las comunidades en los territorios la construcción de paz con justicia y dignidad. Reiteramos la exigencia al Estado colombiano de adoptar las medidas urgentes y necesarias para la protección efectiva de los lideresas, lideresas, organizaciones y proyectos sociales”, dice el comunicado.
La tensión en la mesa: sin cese al fuego y con un ultimátum que no tuvo efectos
Ya en el pasado se ha visto el uso de la violencia terrorista por parte del ELN en medio de los procesos de paz. No hay que olvidar que la última negociación con ese grupo, durante el Gobierno de Iván Duque, quedó suspendida como respuesta al tentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, el 17 de enero de 2019, que dejó 23 muertos y 87 heridos.
Ahora, en medio de los diálogos con el Gobierno Petro, la mayoría de los frentes del ELN han disminuido su actuar violento, especialmente durante los 12 meses que duró el cese al fuego bilateral (del 3 de agosto de 2023 a la misma fecha de este año).
Sin embargo, ante el vencimiento del cese y la falta de acuerdo para prorrogarlo, las dudas sobre el comportamiento de la guerrilla comenzaron a crecer.
Inicialmente, de forma unilateral, el ELN se comprometió a no desarrollar acciones ofensivas contra el Estado hasta el 23 de agosto, fecha que estableció como plazo para que el Gobierno emitiera un decreto que retirara a esa guerrilla de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).
El único pronunciamiento al respecto fue del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, quien aseguró que para emitir ese decreto es necesario un trámite en el Congreso, y resaltó que ahora no hay ambiente favorable para eso.
Sobre la fecha, el senador Iván Cepeda, negociador del Gobierno, aseguró que no van a permitir mensajes en tono de ultimátum.
“No está cerrado ni cierra las puertas a cualquier clase de discusión y debate en la mesa, pero no a través de la vía de la imposición, no a través de la fijación unilateral de fechas inexorables y con el tono y la forma de un ultimátum. Eso no es aceptable, el Gobierno no lo acepta y sencillamente no accede a eso, así de sencillo”, dijo Cepeda en su momento.
En medio de ese ambiente, la fecha dada por el ELN se cumplió sin ningún tipo de resultado, por lo que la ola de atentados en Arauca se ha interpretado como una respuesta de la guerrilla para presionar al gobierno.
Por ahora, se espera que se establezca con claridad si el grupo es el responsable de las acciones terroristas en Arauca. Al margen de si se atribuye los atentados o no, lo que exigen las comunidades es que el grupo conserve su compromiso con la paz y evite realizar estas acciones, cuyas consecuencias recaen, especialmente, en civiles inocentes.
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