La escena tuvo lugar durante la tarde del último viernes de abril. En una mesa redonda en la que participaban más de 50 indígenas que planteaban sus propuestas para parar la guerra en el Cauca, un joven de cabello largo y mochila terciada se paró de su silla y tomó la palabra. “Yo sí creo que de esta minga tiene que salir una exigencia a esos grupos armados que dicen estar negociando la paz: si su voluntad es real, que nos respeten la vida. Si en Buenaventura pudieron estar más de 80 días sin asesinatos, acá se tiene que poder”.
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Ese llamado a detener los asesinatos y desescalar el conflicto les llegó al ELN y las disidencias llamadas Estado Mayor Central de las FARC, dos de los grupos que se disputan el control de este departamento enterrado en el suroccidente del país. Pero solo se necesitaron cuatro días para que los fusiles volvieran a aterrorizar a la población civil y sus balas destruyeran la vida de sus miembros.
Una de las víctimas fue William Vargas, un joven kiwe thegnas (guardia indígena) que acompañaba a una comisión humanitaria que llegó hasta inmediaciones de los municipios de Caldono y Jambaló, donde las columnas (disidentes de las FARC) Jaime Martínez y Dagoberto Ramos se enfrentaron durante varias horas con la guerrilla del ELN este miércoles 3 de mayo. En medio del fuego cruzado, Vargas recibió un disparo. No pudo ser trasladado a ningún centro médico por la magnitud de los combates y terminó muriendo.
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“Hay un sinsabor muy grande. Creímos que los actores armados iban a acatar la solicitud de respetar la vida de las comunidades. Nos preguntamos cuál es el sentido real de paz de estos grupos”, le dijo a Colombia+20 el mayor Alejandro Casamachín, coordinador de Diálogos Humanitarios del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Casamachín habla de acatar porque apenas hace unos días, entre el 26 y el 29 de abril, más de 5.000 indígenas, campesinos y afro de todo el suroccidente del país se reunieron en una minga humanitaria en la que le plantearon una serie de exigencias al Gobierno Petro y a los grupos armados ilegales.
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Lo que más cuestionamientos genera en las comunidades del Cauca es que los grupos que protagonizan los combates son, precisamente, lo que van más avanzados en las negociaciones de paz con el Ejecutivo. El pasado 2 de mayo empezó el tercer ciclo de diálogos con el ELN, mientras que el próximo 16 de mayo iniciaría la mesa de negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC) de FARC, al que pertenecen la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos.
“Estos procesos requieren de madurez política de los grupos armados. Si van a seguir cometiendo estos hechos, ¿de qué voluntad de paz hablan?”, cuestionó un líden juvenil indígena.
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Según fuentes del CRIC, a raíz de los hechos en Caldono y Jambaló, se instó a la Comisión de Paz del Senado y la Cámara de Representantes a una reunión urgente en la que se evalúe esta situación, que mantiene confinadas a decenas de personas.
Tras los combates del miércoles, que empezaron a plena luz del día (11:30 a.m.) los niños y niñas tuvieron que resguardarse en centros educativos, y sus familias en sus casas. El CRIC también denunció que la columna Dagoberto Ramos retuvo los celulares de la comunidad y la guardia indígena, lo cual incomunicó a la población por más de seis horas.
“Se denuncia la violación grave de los Derechos Humanos e infracciones a las disposiciones del DIH, por la ubicación de minas antipersonal sobre las vías de acceso a la zona, por parte de los grupos armados en confrontación, para impedir el ingreso de organismos de Derechos Humanos y el libre ejercicio de la autoridad propia indígena y guardia, colocando en altísimo a riesgo a la vida e integridad física de la población y causando terror como arma de intimidación y violencia contra las comunidades”, agregó el CRIC.
El llamado a las mesas de diálogo
Aunque algunos habitantes abandonaron las zonas donde se presentaron los enfrentamientos, el mayor Alejandro Casamachín aseguró que la decisión de las comunidades fue permanecer en sus territorios.
“Pese al miedo y la zozobra, la comunidad está retornando, asumiendo el riesgo. Por eso les hacemos un llamado a esos grupos armados a que replanteen su metodología de construcción de paz. Nosotros no nos vamos a bajar de nuestra apuesta desde el sentir de la gente para la gente”, dijo.
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El coordinador de Diálogos Humanitarios del CRIC insistió en que las mesas de diálogos de paz, tanto con el ELN como con el EMC, deben escuchar a las comunidades y promover alivios humanitarios para que estos hechos de violencia no sigan ocurriendo.
“Estos procesos de paz tienen que cambiar y trascender a una construcción real de participación de la sociedad civil, que son los principales instrumentalizados en la guerra. La gente en territorio sabe qué necesita y cómo se solucionan sus problemas. Los pueblos campesinos, afro e indígenas no necesitamos que los actores armados digan qué queremos, porque nosotros ya tenemos desarrollados nuestros planes de vida. Lo que necesitamos es que nos dejen participar”, señaló Casamachín.
