¿Qué dicen las regiones frente a la “Paz Total” del gobierno Petro?
Alcaldes y organizaciones sociales se pronuncian en varias zonas afectadas por el conflicto para entrar al debate sobre esta nueva política de paz del presidente.
La idea de”Paz Total” del nuevo gobierno va a toda marcha. Así se deduce de los anuncios de múltiples grupos ilegales que han declarado su voluntad de sumarse a la iniciativa, también los avances que delegados del presidente Petro lograron con los negociadores de la guerrilla del Eln en Cuba, con miras a una reactivación de los diálogos que iniciaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Pero la última propuesta del gobierno parece audaz y arriesgada. En un proyecto de ley radicado este martes 30 de agosto ante el Congreso para que la llamada ley de orden púbico (418 de 1997), sea modificada y facilite el desarrollo de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de conseguir la “Paz total”. En el proyecto se ponen sobre la mesa varias medidas para que la paz sea una política de Estado.
En contexto: Gobierno Petro y su ambiciosa apuesta por la Paz Total
Aunque en el borrador no se menciona, tanto el ministro del interior, Alfonso Prada, como el senador Iván Cepeda sugieren que era posible darle la facultad a alcaldes para que lideren iniciativas humanitarias en sus territorios, donde operan diferentes grupos armados ilegales, lo que los autoriza para conversar con ellos y llegar a acuerdos mínimos. Esto no quiere decir que los alcaldes adelantarán negociaciones de paz y menos que habrán zonas de despeje en el país, solo serán acercamientos entre las autoridades locales y los grupos armados ilegales.
En el marco normativo vigente esto es ilegal pues sólo el presidente o quién él designe está facultado para sostener acercamientos con los grupos ilegales, por ello la propuesta ha llamado la atención sobre cómo se concretaría o cuáles serían sus mecanismos. Aunque el proyecto de ley no menciona explícitamente a autoridades locales como los alcaldes, si le da poder al presidente para “constituir regiones de paz” en donde se lleven a cabo acuerdos o diálogos regionales, y ahí podría caber la propuesta de que los alcaldes asuman estas funciones. Hace unos días justamente Petro anunció que tenía la intención de que el Madgalena sea un nuevo gran departamento.
Esta propuesta ha generado varias reacciones en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Catatumbo se prepara
Desde el Catatumbo, esa propuesta ya venía tomando forma: las autoridades y el movimiento social de la región esperan que en el mes de septiembre sesione la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo. Y que lo haga precisamente en Tibú, el municipio en el que más se ha venido recrudeciendo el conflicto y en el que los grupos armados graban videos fuertemente armados frente a la alcaldía, a plena luz del día. Un espacio en el que tendrían un rol protagónico las autoridades locales.
Además: Otros detalles de la reforma: “Paz total”: Política de paz sería política de Estado
“Uno de los temas que abordaremos allí será precisamente el establecimiento de unos mínimos humanitarios”, sostuvo el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Ese carácter humanitario es el que el proyecto del Gobierno quiere darles a los diálogos regionales, y no el de negociaciones de paz alternas con los grupos armados.
La propuesta la respalda el gobernador Serrano: “Estamos en la mejor disposición, con la mejor voluntad, para acompañar el proceso de paz que está impulsando el Gobierno Nacional; adicionalmente quién como nosotros para entender el conflicto, para saber cuáles son las raíces del conflicto y y cómo poder abordarlo. Por eso es muy importante que los territorios, no solamente Norte de Santander, sino la gente sea tenida en cuenta en este proceso nuevo de diálogo que genera esperanza, pero que en el caso nuestro debe hacerse con todos los actores.
Lea también: Los esfuerzos de paz que no se apagan en Catatumbo
Arauca: epicentro de la confrontación
Arauca es uno de los departamentos más afectados por la confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc. Solo en enero, la Defensoría del Pueblo registró 66 homicidios y 1.284 personas desplazadas en el departamento. A agosto, la cuenta de los asesinatos va en más de 300, de acuerdo con el Observatorio en Frontera, Territorio y Paz en Universidad Nacional de Colombia.
En ese departamento, líderes e instituciones aplauden la iniciativa, pero consideran que hay varios factores a revisar. “La paz se construye en la medida en la que se pueda generar un vínculo con las fuerzas vivas del territorio: la sociedad civil, las fuerzas económicas, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios... En la medida en que a todos se les integre en estos diálogos regionales por supuesto que se va a generar una incidencia en eco frente a los actores armados para iniciar a construir lo que sería la ruta de paz”, señaló Juan Carlos Villate, personero de Tame y quien es conocido en la región por su presencia en las zonas más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, el personero ratifica una preocupación documentada en una reciente visita de Colombia+20 al territorio: que los diálogos tengan un efecto palpable en estas zonas. “El proceso con la guerrilla de las Farc mitigó las dinámicas violentas en el territorio, pero por la presencia de otros actores armados aún no podemos hablar de Arauca como un territorio de posconflicto, como muchas veces se ha denominado. Las hostilidades, las masacres, los secuestro, los reclutamientos y las extorsiones continúan y que el Gobierno parta con esta iniciativa es una luz de esperanza. Pero nuestra preocupación es que no vaya a haber un compromiso real, material, que permita que la gente pueda al menos ir a sus fincas a seguir trabajando, sin la presión de pagar una cuota para estar en el territorio o atemorizada por los enfrentamientos entre los actores armados”, señala.
A esta preocupación se suma la poca confianza que las comunidades locales tienen en las instituciones. “El Gobierno Nacional debe entrar a revisar la legitimidad y la gobernabilidad que los alcaldes y gobernadores tienen en las comunidades. Muchos no la tienen. Habría que revisar otros liderazgos en el territorio con los cuales promover esos diálogos”, añade Villate.
Vea: Exguerrilleros que apuestan a la paz en Arauca
Las ideas del Sur de Bolívar
Colombia+20 conoció el borrador de un acta de una reunión en Norosí el pasado 27 de agosto, evento con el cuál las comunidades del sur de Bolívar se adelantaron al proyecto de le, porque buscan integrar sus propuestas al proyecto de “Paz Total”. Con presencia del alcalde Arturo Londoño, las comunidades nombraron 20 delegados de los ocho municipios del sur de Bolívar para una mesa regional de paz. El llamado fue a construir un plan de desarrollo “desde abajo y con las comunidades” con espacios colectivos “de construcción de una paz total”.
Entre otras propuestas, las comunidades llamaron a crear guardias para la protección de los derechos humanos y el control territorial. También llamaron a dar “cumplimento total a los acuerdos de paz, ya que en muchos de los temas expuestos ya están firmados como compromiso de Estado”, e instaron a un diálogo con “todos los actores armados”. Además instaron a tomar en cuenta los derechos de las mujeres, que fueron especialmente afectadas durante la guerra.
Vea: Los campesinos del sur de Bolívar que piden a la JEP ser reconocidos como víctimas del glifosato
Chocó: recelos en la interlocución con los grupos armados
En el Chocó, donde la presencia del Estado es deficiente y muchas veces inexistente, otro tipo de organizaciones como los Consejos Comunitarios y la iglesia católica han llenado ese vacío y son quienes con bastante frecuencia deben llegar a acuerdos con los grupos armados en sus territorios para que respeten la vida de las comunidades.
Un personero de la región al que consultamos y prefiere mantener su nombre en reserva aseguró que le parece arriesgado la propuesta lanzada por personas cercanas al gobierno de que sean alcaldes o gobernadores quienes entablen una interlocución directa con los grupos armados. “Muchos de los alcaldes han recibido amenazas, yo no sé si eso sea positivo”, agregando que son las personerías junto a la iglesia la que suele mediar en situaciones humanitarias: “las iglesias tienen un gran reconocimiento en las comunidades, las alcaldías son la primera autoridad, pero no tienen ese mismo acercamiento, los alcaldes no se mueven de la cabecera municipal, los actores armados tienen cierto recelo con ellos, son casos muy particulares en cada territorio”.
La idea de”Paz Total” del nuevo gobierno va a toda marcha. Así se deduce de los anuncios de múltiples grupos ilegales que han declarado su voluntad de sumarse a la iniciativa, también los avances que delegados del presidente Petro lograron con los negociadores de la guerrilla del Eln en Cuba, con miras a una reactivación de los diálogos que iniciaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Pero la última propuesta del gobierno parece audaz y arriesgada. En un proyecto de ley radicado este martes 30 de agosto ante el Congreso para que la llamada ley de orden púbico (418 de 1997), sea modificada y facilite el desarrollo de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de conseguir la “Paz total”. En el proyecto se ponen sobre la mesa varias medidas para que la paz sea una política de Estado.
En contexto: Gobierno Petro y su ambiciosa apuesta por la Paz Total
Aunque en el borrador no se menciona, tanto el ministro del interior, Alfonso Prada, como el senador Iván Cepeda sugieren que era posible darle la facultad a alcaldes para que lideren iniciativas humanitarias en sus territorios, donde operan diferentes grupos armados ilegales, lo que los autoriza para conversar con ellos y llegar a acuerdos mínimos. Esto no quiere decir que los alcaldes adelantarán negociaciones de paz y menos que habrán zonas de despeje en el país, solo serán acercamientos entre las autoridades locales y los grupos armados ilegales.
En el marco normativo vigente esto es ilegal pues sólo el presidente o quién él designe está facultado para sostener acercamientos con los grupos ilegales, por ello la propuesta ha llamado la atención sobre cómo se concretaría o cuáles serían sus mecanismos. Aunque el proyecto de ley no menciona explícitamente a autoridades locales como los alcaldes, si le da poder al presidente para “constituir regiones de paz” en donde se lleven a cabo acuerdos o diálogos regionales, y ahí podría caber la propuesta de que los alcaldes asuman estas funciones. Hace unos días justamente Petro anunció que tenía la intención de que el Madgalena sea un nuevo gran departamento.
Esta propuesta ha generado varias reacciones en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Catatumbo se prepara
Desde el Catatumbo, esa propuesta ya venía tomando forma: las autoridades y el movimiento social de la región esperan que en el mes de septiembre sesione la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo. Y que lo haga precisamente en Tibú, el municipio en el que más se ha venido recrudeciendo el conflicto y en el que los grupos armados graban videos fuertemente armados frente a la alcaldía, a plena luz del día. Un espacio en el que tendrían un rol protagónico las autoridades locales.
Además: Otros detalles de la reforma: “Paz total”: Política de paz sería política de Estado
“Uno de los temas que abordaremos allí será precisamente el establecimiento de unos mínimos humanitarios”, sostuvo el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Ese carácter humanitario es el que el proyecto del Gobierno quiere darles a los diálogos regionales, y no el de negociaciones de paz alternas con los grupos armados.
La propuesta la respalda el gobernador Serrano: “Estamos en la mejor disposición, con la mejor voluntad, para acompañar el proceso de paz que está impulsando el Gobierno Nacional; adicionalmente quién como nosotros para entender el conflicto, para saber cuáles son las raíces del conflicto y y cómo poder abordarlo. Por eso es muy importante que los territorios, no solamente Norte de Santander, sino la gente sea tenida en cuenta en este proceso nuevo de diálogo que genera esperanza, pero que en el caso nuestro debe hacerse con todos los actores.
Lea también: Los esfuerzos de paz que no se apagan en Catatumbo
Arauca: epicentro de la confrontación
Arauca es uno de los departamentos más afectados por la confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc. Solo en enero, la Defensoría del Pueblo registró 66 homicidios y 1.284 personas desplazadas en el departamento. A agosto, la cuenta de los asesinatos va en más de 300, de acuerdo con el Observatorio en Frontera, Territorio y Paz en Universidad Nacional de Colombia.
En ese departamento, líderes e instituciones aplauden la iniciativa, pero consideran que hay varios factores a revisar. “La paz se construye en la medida en la que se pueda generar un vínculo con las fuerzas vivas del territorio: la sociedad civil, las fuerzas económicas, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios... En la medida en que a todos se les integre en estos diálogos regionales por supuesto que se va a generar una incidencia en eco frente a los actores armados para iniciar a construir lo que sería la ruta de paz”, señaló Juan Carlos Villate, personero de Tame y quien es conocido en la región por su presencia en las zonas más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, el personero ratifica una preocupación documentada en una reciente visita de Colombia+20 al territorio: que los diálogos tengan un efecto palpable en estas zonas. “El proceso con la guerrilla de las Farc mitigó las dinámicas violentas en el territorio, pero por la presencia de otros actores armados aún no podemos hablar de Arauca como un territorio de posconflicto, como muchas veces se ha denominado. Las hostilidades, las masacres, los secuestro, los reclutamientos y las extorsiones continúan y que el Gobierno parta con esta iniciativa es una luz de esperanza. Pero nuestra preocupación es que no vaya a haber un compromiso real, material, que permita que la gente pueda al menos ir a sus fincas a seguir trabajando, sin la presión de pagar una cuota para estar en el territorio o atemorizada por los enfrentamientos entre los actores armados”, señala.
A esta preocupación se suma la poca confianza que las comunidades locales tienen en las instituciones. “El Gobierno Nacional debe entrar a revisar la legitimidad y la gobernabilidad que los alcaldes y gobernadores tienen en las comunidades. Muchos no la tienen. Habría que revisar otros liderazgos en el territorio con los cuales promover esos diálogos”, añade Villate.
Vea: Exguerrilleros que apuestan a la paz en Arauca
Las ideas del Sur de Bolívar
Colombia+20 conoció el borrador de un acta de una reunión en Norosí el pasado 27 de agosto, evento con el cuál las comunidades del sur de Bolívar se adelantaron al proyecto de le, porque buscan integrar sus propuestas al proyecto de “Paz Total”. Con presencia del alcalde Arturo Londoño, las comunidades nombraron 20 delegados de los ocho municipios del sur de Bolívar para una mesa regional de paz. El llamado fue a construir un plan de desarrollo “desde abajo y con las comunidades” con espacios colectivos “de construcción de una paz total”.
Entre otras propuestas, las comunidades llamaron a crear guardias para la protección de los derechos humanos y el control territorial. También llamaron a dar “cumplimento total a los acuerdos de paz, ya que en muchos de los temas expuestos ya están firmados como compromiso de Estado”, e instaron a un diálogo con “todos los actores armados”. Además instaron a tomar en cuenta los derechos de las mujeres, que fueron especialmente afectadas durante la guerra.
Vea: Los campesinos del sur de Bolívar que piden a la JEP ser reconocidos como víctimas del glifosato
Chocó: recelos en la interlocución con los grupos armados
En el Chocó, donde la presencia del Estado es deficiente y muchas veces inexistente, otro tipo de organizaciones como los Consejos Comunitarios y la iglesia católica han llenado ese vacío y son quienes con bastante frecuencia deben llegar a acuerdos con los grupos armados en sus territorios para que respeten la vida de las comunidades.
Un personero de la región al que consultamos y prefiere mantener su nombre en reserva aseguró que le parece arriesgado la propuesta lanzada por personas cercanas al gobierno de que sean alcaldes o gobernadores quienes entablen una interlocución directa con los grupos armados. “Muchos de los alcaldes han recibido amenazas, yo no sé si eso sea positivo”, agregando que son las personerías junto a la iglesia la que suele mediar en situaciones humanitarias: “las iglesias tienen un gran reconocimiento en las comunidades, las alcaldías son la primera autoridad, pero no tienen ese mismo acercamiento, los alcaldes no se mueven de la cabecera municipal, los actores armados tienen cierto recelo con ellos, son casos muy particulares en cada territorio”.