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El 16 de mayo de 1984, según relata una investigación de Archivos el Búho de la Universidad Nacional, cerca de 80 personas de la comunidad universitaria fueron detenidas, algunas de ellas torturadas, dentro y fuera del plantel educativo. A pesar de que han pasado más de tres décadas, Colombia continúa registrando hechos de violencia en medio de manifestaciones sociales y estudiantiles que involucran a la Fuerza Pública, como el último caso el pasado 24 de febrero de 2021 en Bogotá, en el que un joven fue herido en su ojo, según denuncia, por un artefacto arrojado por miembros de la Policía.
Para no olvidar lo que estudiantes llaman “memoria universitaria”, este jueves fue entregado ante la Comisión de la Verdad un informe que detalla los hechos del 16 de mayo del 84, una reconstrucción detallada de esta fecha que marcó el movimiento estudiantil en el país. Además de esta investigación titulada Reventando silencios: memorias del 16 de mayo de 1984 en la ciudad universitaria, ya han sido entregados ante esta institución otros informes que relatan el impacto del conflicto en las universidades públicas del Caribe y otro entregado por la Universidad Nacional.
Para llegar a los eventos reseñados sobre esta fecha, primero hay que entender las transformaciones sociales y políticas dentro y fuera de la Universidad Nacional. Rodrigo Torrejano Jiménez, investigador de Archivos el Búho, asegura que durante la década de los setenta y principios de los ochenta la Universidad Nacional pasó de ser una universidad “blanca”, es decir de algunas élites y sectores privilegiados bogotanos, a ser una universidad “popular”. Esto debido a “la llegada de grandes cantidades de gente de los santanderes, Nariño, Boyacá y otras regiones que llegaron a estudiar a la Nacional bajo el sistema de bienestar, que les garantizaba no solo educación, sino también vivienda. Recordemos que para esa época había residencias estudiantiles, para mujeres y hombres”, agrega.
Quienes llegaron en ese entonces a la capital eran “hijos de la generación de la violencia interpartidista entre liberales y conservadores, que se acostumbraron a vivir entre la guerra y vida” dice Torrejano Jiménez. Esta confluencia con estudiantes de otros territorios se complementó con la movilización política y social del estudiantado nacional en los años anteriores. Por ejemplo, protestas por el cierre de residencias universitarias en 1976, lo cual obligó a los estudiantes a pagar arriendos a altos costos e incluso devolverse a sus tierras de origen; también el paro estudiantil de 1977; el rechazo al Estatuto de Seguridad promulgado en 1978 durante el gobierno de Julio César Turbay, y la toma y ocupación de las residencias universitarias por parte de los estudiantes, en 1982.
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Con este contexto en mente, que alimentaba un malestar latente en el movimiento estudiantil, hubo un hecho que detonó los sucesos del 16 de mayo. El líder universitario Jesús Chucho León, presidente de la Cooperación estudiantil de aquella época y estudiante de odontología, fue asesinado en Cali el 9 de mayo de 1984. Las primeras versiones de las autoridades es que había sido asesinado por robarle su moto, sin embargo, hubo preguntas que jamás se respondieron y hasta hoy no se conoce quiénes fueron los responsables de este crimen. “Lo más duro es que en la autopsia al cuerpo de Chucho se demostró que fue una muerte violenta con señales de tortura. Los detalles de la autopsia están en el informe”, indica el investigador Torrejano Jiménez.
Para reclamar por la violencia y por los asesinatos de Chucho y del profesor universitario Luis Armando Muñoz González, se convocó un día de protesta y movilización en la Universidad Nacional. Aquí llegamos al 16 de mayo de 1984. Los hechos han sido reconstruidos por Archivos el Búho a través de entrevistas a ex estudiantes de la UN que estuvieron ese día en el campus, relatos de sobrevivientes de violencia estatal, una recopilación documental de la hemeroteca de la Universidad y revisión de prensa.
Como es relatado, aquel día la Fuerza Pública llegó rodeando el campus y adentro algunos jóvenes se preparaban para el enfrentamiento o “tropel”. “Nosotros no negamos que durante esa época existían algunos círculos dentro de la Universidad conectados a grupos insurgentes como el M-19, el EPL o ELN. Es parte del relato, pero es importante separar que era un sector y no todo el movimiento estudiantil estaba infiltrado. Esto no significaba que la Fuerza Pública tuviera la libertad de atacar indiscriminadamente a los demás estudiantes”, dice Torrejano.
Según se logró constatar, tras el lanzamiento de un artefacto casero a la Fuerza Pública, la Policía ingresó al campus y comenzó a atacar y detener a estudiantes. “Hubo un accionar letal por parte de la Policía”, advierte. De ahí a quienes capturaban les iban poniendo una capucha hecha por los mismos uniformados (ver fotos), esto según se relata, para que no los identificaran posteriormente.
Las cifras de ese día son parciales, pues no hay seguridad absoluta de si asesinaron o desaparecieron a algún joven o profesor. Según el informe 81 personas fueron detenidas, entre estudiantes, docentes, trabajadores de la UNAL y habitantes de la zona (en total, 70 hombres y 11 mujeres). De acuerdo con los registros médicos y de prensa, fueron víctimas de golpes, torturas e incluso agresiones sexuales por parte de la Fuerza Pública dentro del plantel educativo y en su trasladado a centros de detención. De las 81 personas, 68 permanecieron detenidas de manera irregular entre 2 semanas a 4 semanas en la Cárcel Distrital, y solo 1 persona fue judicializada y condenada. Asimismo, al menos 46 personas habrían resultado heridas, de las cuales cinco de ellas con arma de fuego disparadas, según esta versión, por la Policía Nacional.
Elizabeth Díaz fue estudiante de psicología de la Universidad Nacional durante esta época y sobreviviente de aquel día. “Para mí es muy fuerte recordar esta historia, yo tengo un deseo y es que se reivindique la memoria de los detenidos y de los asesinados ese día. Desde antes había comenzado la intimidación a las familias de quienes desaparecieron y en esa época era peor”, relata Elizabeth. Como ella, otros sobrevivientes hablan de personas asesinadas, sin embargo, no hay registro oficial en ninguna entidad sobre alguna víctima fatal.
Y Elizabeth continúa: “Mi historia empieza cuando yo conocí a Chucho y a su hermano Jaime, que estudiaba medicina. Cuando asesinaron a Chuchito organizamos la actividad con música en honor a su memoria ese 16 de mayo, luego se armó el tropel y la pedrea. Se escuchó una explosión e inmediatamente las fuerzas del Estado empezaron a disparar. No olvido que ningún policía tenía los brazaletes con identificación. Quienes fueron detenidos no estaban en el tropel, todos estábamos afuera. Una imagen brutal fue cuando entraron en motos al edificio de Sociología. Yo vi cuando la policía traía los cuerpos de los muchachos y los apilaban, uno sobre otro”.
“En 1984 no había celulares ni cámaras en los postes, a diferencia de lo que pasó el 9 de septiembre del 2020, cuando los asesinatos y disparos de la Policía sí quedaron grabados. Los muertos y desaparecidos del 16 de mayo de 1984 quedaron en el olvido porque no hay registro fílmico de ellos”, señala Jairo Ramírez, un exalumno de la Universidad Nacional quien estuvo presente aquel día.
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A estos testimonios se une el de Fidel Morales, estudiante de medicina entre 1980 y 1987: “Para nosotros ha sido muy duro reconstruir estos hechos. Fue un evento tan traumático que la mayoría de nosotros entramos en un estado de estupor que no nos permitió hacer una reflexión sobre qué había significado. Solo hasta ahora con el Acuerdo de Paz y la Comisión he entendido la importancia de sanar los hechos del pasado”.
Después de los hechos del 16 de mayo de 1984, la Universidad Nacional estuvo cerrada para los estudiantes durante casi 11 meses. Pese a que funcionaba administrativamente, este cierre le impidió a los alumnos reunirse en el campus o asistir a sus clases y actividades. Esta separación del estudiantado con el plantel marcó a los jóvenes de aquella época porque allí justamente se compartía el conocimiento, las reflexiones políticas y sociales de un país que atravesaba por un momento histórico entre el accionar de las guerrillas, el ascenso del paramilitarismo y la consolidación del narcotráfico como una fuerza económica y política.
“La imposibilidad de mantener vivo el movimiento estudiantil y sus proposiciones para el país radicalizaron a los miembros del movimiento y así se fortalecieron las células insurgentes que estaban dentro de la universidad”, cuenta el investigador Rodrigo Torrejano Jiménez.
Para reconstruir estos hechos, los investigadores realizaron cuatro talleres de memoria con testigos, víctimas y sobrevivientes. Estos talleres coincidieron con la movilización estudiantil y ciudadana del paro nacional de 2019. Esto fue un aliciente para continuar con su labor de reconstrucción histórica. Fue en estos talleres donde decidieron entregar su trabajo a la Comisión de la Verdad, porque el campus universitario también estuvo atravesado por hechos del conflicto armado y tienen la certeza que para no olvidar hay que recordar y contar.
Próximamente se lanzará un libro con los relatos recogidos en el informe de Archivos el Búho, además el 5 de marzo presentarán una cartografía del movimiento estudiantil en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Hasta la fecha, los investigadores tienen una base de datos con al menos 500 registros de violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública como torturas, amenazas y detenciones arbitrarias a miembros de la comunidad universitaria.
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