Víctimas de Los Guáimaros y El Tapón: 20 años resistiendo el olvido y la impunidad
En agosto se cumplirán dos décadas del asesinato de 15 campesinos en San Juan Nepomuceno (Bolívar). Dejusticia ha acompañado su proceso y desde allí cuentan los avances que han tenido estos casos, que marcaron parte de la crueldad más fuerte con la que el conflicto azotó a los Montes de María.
Camilo Pardo Quintero
Danilson Cantillo, José Manuel Tapia y Eberto Meléndez fueron las tres primeras personas cuyos cuerpos fueron levantados y entregados a sus familiares por el Ejército en la madrugada del 1 de septiembre de 2002, en zona rural de San Juan Nepomuceno (Bolívar), el municipio más al norte de los Montes de María.
Entre el 30 y 31 de agosto de 2002, estos campesinos y 12 compañeros más fueron asesinados en las fincas El Tapón y Los Guáimaros, allí mismo en San Juan. Tras esta masacre en la que no dejaron de sonar fusiles durante dos días, los sobrevivientes (entre los cuales se encontraban sus familiares y vecinos en los corregimientos de San José del Peñón y Corralito) se vieron obligados a salir desplazados de sus hogares y dejados a merced por parte del Estado colombiano. Un olvido tan notorio que se ha mantenido en el tiempo, a tal punto que dos décadas después a se desconoce la plena identidad de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.
Lea también: Los guáimaros se resisten al olvido
Apenas habían pasado dos años desde que en el Carmen de Bolívar, ubicado en la misma subregión, se perpetraron las masacres de El Salado (febrero del 2000) y Macayepo (octubre del 2000). Por si el dolor de estas matanzas no hubiera sido suficiente, desde los Montes de María vieron en las fincas de Los Guáimaros y El Tapón más sangre derramada de su gente, en paralelo “con una justicia inactiva y una comunidad labriega destrozada”, como lamentó ante el trabajo de campo de Dejusticia, en 2017, Yurledys Tapia, hija de José Manuel Tapia, uno de los primeros campesinos en ser asesinado en Los Guáimaros.
El único consuelo que quedó para estas familias fue la pronta recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. El 5 de septiembre de 2002, como documentó Dejusticia en su libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, fueron entregados los cadáveres de Sergio Herrera, Eugenio Mercado, Francisco Contreras, Joaquín Ortega y Manuel Yepes, que fueron los últimos en llegar para completar los 15 campesinos asesinados a quienes se les dio sepultura.
“Todos llegaron colgando de las aeronaves en bolsas negras y en un alto grado de descomposición, por lo que el pueblo completo se impregnó de ese olor a muerte”, recordó Irina Junieles, ex investigadora de Dejusticia.
Tuvieron que pasar 14 años para que las víctimas de Los Guáimaros y El Tapón tuvieran reconocimiento público por los daños sufridos. Tanto tiempo a la deriva, sin procesos judiciales concretos ni respuestas de otras autoridades para esclarecer lo sucedido dolieron casi igual que la muerte de los suyos.
Otros sufrimientos siguen reprimidos y silenciados. La situación de seguridad actual en San Juan Nepomuceno ha hecho que muchos de los familiares de las víctimas mortales, que conformaron la Asociación de Luchadores por la Verdad en Los Guáimaros, no quieran hablar tendidamente ante los medios de comunicación por temor a represalias. “Aun después de 20 años sufrimos los mismos problemas que nos arrebataron a nuestros familiares”, dijo un miembro del colectivo que pidió reserva de identidad.
Le puede interesar: Las familias que recuerdan a las víctimas de la masacre de Los Guáimaros
Dejusticia ha acompañado el proceso social, emocional y jurídico de estas víctimas en San Juan Nepomuceno. Desde allí, investigadores como Carolina Gutiérrez, Irina Junieles o Alejandro Jiménez Ospina, lograron recolectar testimonios de cómo la comunidad percibía a los 15 labriegos asesinados. Mediante el libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible” y un pódcast que lanzaron en el marco de la conmemoración de los 15 años de la masacre, con el mismo nombre, relatan cómo aún en medio del dolor y la desazón por todas las incertidumbres que han generado los procesos judiciales, se mantiene viva la memoria histórica sobre ellos; casi a tal punto de hacerlos sentir en cuerpo presente por medio de las narraciones de quienes más los amaron en vida.
Justamente hace cinco años, última vez en la que se realizó un seguimiento público riguroso al caso de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón, las investigaciones judiciales habían estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en oficinas de justicia ordinaria y justicia transicional, en las que a lo largo de tres despachos en Barranquilla buscaron determinar una posible responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc en esos asesinatos. El tribunal de Justicia y Paz hizo lo propio, de forma paralela, frente a las versiones que plantearían una posible (pero aún desestimada) participación y coautoría de paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María en esos sucesos.
“Ante la JEP las familias están a la espera de la apertura de nuevos casos, pues se presentó el informe con el fin de que fuera evaluado para la próxima priorización. Asimismo, se espera que en el próximo informe de la CEV exista algún tipo de pronunciamiento en clave de esclarecimiento de estos hechos”
Ivonne Díaz, investigadora de Dejusticia
En 2018, frente al complejo escenario judicial, el investigador Alejandro Jiménez señaló que tanto la justicia ordinaria, como Justicia y Paz, y el mismo Sistema Integral para la Paz podrían tener competencia en este caso. Las dudas se mantuvieron y durante los años más recientes, ningún modelo de justicia adoptó en su totalidad el caso del asesinato de estos 15 labriegos en San Juan Nepomuceno.
Lea: El recuerdo de Danilson Cantillo, 16 años después de la masacre de Los Guáimaros
El caso ante la justicia transicional
Las familias de Los Guáimaros, con acompañamiento técnico de Dejusticia, han presentado dos informes ante el Sistema Integral para la Paz. El primero fue ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en el año 2018, y otro ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en el año 2021. La finalidad de esto fue desde el comienzo que se abriera un caso en relación a las afectaciones que dejó la guerra en esta zona del país.
“Ante la JEP las familias están a la espera de la apertura de nuevos casos, pues se presentó el informe con el fin de que fuera evaluado para la próxima priorización. Asimismo, se espera que en el próximo informe de la CEV exista algún tipo de pronunciamiento en clave de esclarecimiento de estos hechos”, le dijo a este diario Ivonne Díaz, investigadora de Dejusticia y quien conoce todos los pormenores del caso de Los Guáimaros y El Tapón desde que trabajó en la Defensoría Regional de Bolívar.
Ivonne Díaz también le comentó a Colombia+20 que “a pesar que las familias han utilizado diversas herramientas desde la justicia transicional y la justicia ordinaria para denunciar la impunidad en la que viven desde ha casi 20 años, y exigir justicia y verdad, aún el Estado sigue sin pronunciarse”.
La investigadora sugirió que Dejusticia seguirá haciendo un acompañamiento especial a las víctimas en San Juan Nepomuceno como antesala a la conmemoración de los 20 años de la masacre, el próximo mes de agosto: “En agosto de este año se cumplirán 20 años de la masacre y las familias siguen desconociendo las razones de lo ocurrido y quiénes fueron sus responsables”, señaló.
En 2017, la Asociación de Luchadores por la Verdad en Los Guáimaros y Dejusticia consideraron “fundamental que la Fiscalía entregara un balance de sus acciones, dé respuesta a las familias y explique las razones por las cuales el caso continua en la impunidad”. Un lustro después y con pocas respuestas desde el ente de investigación, las esperanzas en San Juan recaen sobre la justicia transicional y los aprendizajes que diferentes espacios de escucha organizados por la Comisión de la Verdad han dejado dentro de la comunidad.
Aún así, ningún esfuerzo ha sido del todo en vano. Después de la publicación del libro conjunto entre Dejusticia y los familiares de Los Guáimaros y El Tapón, continuaron las acciones orientadas de esta organización al acompañamiento técnico para la elaboración de los informe ante la CEV y la JEP; ejercicios de conmemoración como la presentación de muestra fotográfica en el Museo Itinerante de la Memoria de Montes de María; y algunas reuniones de seguimiento al caso con Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
Vea el tráiler de NO ODIARÁS, el documental de Colombia+20 que próximamente se proyectará en salas de cine:
Danilson Cantillo, José Manuel Tapia y Eberto Meléndez fueron las tres primeras personas cuyos cuerpos fueron levantados y entregados a sus familiares por el Ejército en la madrugada del 1 de septiembre de 2002, en zona rural de San Juan Nepomuceno (Bolívar), el municipio más al norte de los Montes de María.
Entre el 30 y 31 de agosto de 2002, estos campesinos y 12 compañeros más fueron asesinados en las fincas El Tapón y Los Guáimaros, allí mismo en San Juan. Tras esta masacre en la que no dejaron de sonar fusiles durante dos días, los sobrevivientes (entre los cuales se encontraban sus familiares y vecinos en los corregimientos de San José del Peñón y Corralito) se vieron obligados a salir desplazados de sus hogares y dejados a merced por parte del Estado colombiano. Un olvido tan notorio que se ha mantenido en el tiempo, a tal punto que dos décadas después a se desconoce la plena identidad de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.
Lea también: Los guáimaros se resisten al olvido
Apenas habían pasado dos años desde que en el Carmen de Bolívar, ubicado en la misma subregión, se perpetraron las masacres de El Salado (febrero del 2000) y Macayepo (octubre del 2000). Por si el dolor de estas matanzas no hubiera sido suficiente, desde los Montes de María vieron en las fincas de Los Guáimaros y El Tapón más sangre derramada de su gente, en paralelo “con una justicia inactiva y una comunidad labriega destrozada”, como lamentó ante el trabajo de campo de Dejusticia, en 2017, Yurledys Tapia, hija de José Manuel Tapia, uno de los primeros campesinos en ser asesinado en Los Guáimaros.
El único consuelo que quedó para estas familias fue la pronta recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. El 5 de septiembre de 2002, como documentó Dejusticia en su libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, fueron entregados los cadáveres de Sergio Herrera, Eugenio Mercado, Francisco Contreras, Joaquín Ortega y Manuel Yepes, que fueron los últimos en llegar para completar los 15 campesinos asesinados a quienes se les dio sepultura.
“Todos llegaron colgando de las aeronaves en bolsas negras y en un alto grado de descomposición, por lo que el pueblo completo se impregnó de ese olor a muerte”, recordó Irina Junieles, ex investigadora de Dejusticia.
Tuvieron que pasar 14 años para que las víctimas de Los Guáimaros y El Tapón tuvieran reconocimiento público por los daños sufridos. Tanto tiempo a la deriva, sin procesos judiciales concretos ni respuestas de otras autoridades para esclarecer lo sucedido dolieron casi igual que la muerte de los suyos.
Otros sufrimientos siguen reprimidos y silenciados. La situación de seguridad actual en San Juan Nepomuceno ha hecho que muchos de los familiares de las víctimas mortales, que conformaron la Asociación de Luchadores por la Verdad en Los Guáimaros, no quieran hablar tendidamente ante los medios de comunicación por temor a represalias. “Aun después de 20 años sufrimos los mismos problemas que nos arrebataron a nuestros familiares”, dijo un miembro del colectivo que pidió reserva de identidad.
Le puede interesar: Las familias que recuerdan a las víctimas de la masacre de Los Guáimaros
Dejusticia ha acompañado el proceso social, emocional y jurídico de estas víctimas en San Juan Nepomuceno. Desde allí, investigadores como Carolina Gutiérrez, Irina Junieles o Alejandro Jiménez Ospina, lograron recolectar testimonios de cómo la comunidad percibía a los 15 labriegos asesinados. Mediante el libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible” y un pódcast que lanzaron en el marco de la conmemoración de los 15 años de la masacre, con el mismo nombre, relatan cómo aún en medio del dolor y la desazón por todas las incertidumbres que han generado los procesos judiciales, se mantiene viva la memoria histórica sobre ellos; casi a tal punto de hacerlos sentir en cuerpo presente por medio de las narraciones de quienes más los amaron en vida.
Justamente hace cinco años, última vez en la que se realizó un seguimiento público riguroso al caso de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón, las investigaciones judiciales habían estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en oficinas de justicia ordinaria y justicia transicional, en las que a lo largo de tres despachos en Barranquilla buscaron determinar una posible responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc en esos asesinatos. El tribunal de Justicia y Paz hizo lo propio, de forma paralela, frente a las versiones que plantearían una posible (pero aún desestimada) participación y coautoría de paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María en esos sucesos.
“Ante la JEP las familias están a la espera de la apertura de nuevos casos, pues se presentó el informe con el fin de que fuera evaluado para la próxima priorización. Asimismo, se espera que en el próximo informe de la CEV exista algún tipo de pronunciamiento en clave de esclarecimiento de estos hechos”
Ivonne Díaz, investigadora de Dejusticia
En 2018, frente al complejo escenario judicial, el investigador Alejandro Jiménez señaló que tanto la justicia ordinaria, como Justicia y Paz, y el mismo Sistema Integral para la Paz podrían tener competencia en este caso. Las dudas se mantuvieron y durante los años más recientes, ningún modelo de justicia adoptó en su totalidad el caso del asesinato de estos 15 labriegos en San Juan Nepomuceno.
Lea: El recuerdo de Danilson Cantillo, 16 años después de la masacre de Los Guáimaros
El caso ante la justicia transicional
Las familias de Los Guáimaros, con acompañamiento técnico de Dejusticia, han presentado dos informes ante el Sistema Integral para la Paz. El primero fue ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en el año 2018, y otro ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en el año 2021. La finalidad de esto fue desde el comienzo que se abriera un caso en relación a las afectaciones que dejó la guerra en esta zona del país.
“Ante la JEP las familias están a la espera de la apertura de nuevos casos, pues se presentó el informe con el fin de que fuera evaluado para la próxima priorización. Asimismo, se espera que en el próximo informe de la CEV exista algún tipo de pronunciamiento en clave de esclarecimiento de estos hechos”, le dijo a este diario Ivonne Díaz, investigadora de Dejusticia y quien conoce todos los pormenores del caso de Los Guáimaros y El Tapón desde que trabajó en la Defensoría Regional de Bolívar.
Ivonne Díaz también le comentó a Colombia+20 que “a pesar que las familias han utilizado diversas herramientas desde la justicia transicional y la justicia ordinaria para denunciar la impunidad en la que viven desde ha casi 20 años, y exigir justicia y verdad, aún el Estado sigue sin pronunciarse”.
La investigadora sugirió que Dejusticia seguirá haciendo un acompañamiento especial a las víctimas en San Juan Nepomuceno como antesala a la conmemoración de los 20 años de la masacre, el próximo mes de agosto: “En agosto de este año se cumplirán 20 años de la masacre y las familias siguen desconociendo las razones de lo ocurrido y quiénes fueron sus responsables”, señaló.
En 2017, la Asociación de Luchadores por la Verdad en Los Guáimaros y Dejusticia consideraron “fundamental que la Fiscalía entregara un balance de sus acciones, dé respuesta a las familias y explique las razones por las cuales el caso continua en la impunidad”. Un lustro después y con pocas respuestas desde el ente de investigación, las esperanzas en San Juan recaen sobre la justicia transicional y los aprendizajes que diferentes espacios de escucha organizados por la Comisión de la Verdad han dejado dentro de la comunidad.
Aún así, ningún esfuerzo ha sido del todo en vano. Después de la publicación del libro conjunto entre Dejusticia y los familiares de Los Guáimaros y El Tapón, continuaron las acciones orientadas de esta organización al acompañamiento técnico para la elaboración de los informe ante la CEV y la JEP; ejercicios de conmemoración como la presentación de muestra fotográfica en el Museo Itinerante de la Memoria de Montes de María; y algunas reuniones de seguimiento al caso con Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
Vea el tráiler de NO ODIARÁS, el documental de Colombia+20 que próximamente se proyectará en salas de cine: