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Luego de tres días de diálogos y deliberaciones, la minga humanitaria promovida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llegó a su fin. El encuentro se convocó de manera extraordinaria a raíz de la persistencia de hechos de violencia a manos de los grupos armados presentes en el territorio, quienes a pesar de estar adelantando acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro siguen hostigando a la población.
Aunque se logró construir un mandato con casi 30 exigencias para atender la crisis humanitaria de los territorios, el evento terminó con un sinsabor por la inasistencia de voceros de la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC denominadas Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC) para escuchar los reclamos de las comunidades, que llegaron desde Nariño, Putumayo, Huila y varios municipios del Cauca.
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Al cierre de la minga, las autoridades indígenas anunciaron que más de 500 comuneros se movilizarán a Bogotá para exponer la gravedad del conflicto en el suroccidente del país.
“Este escenario va a continuar en el propósito de lograr desescalar el conflicto en nuestros territorios con una hoja de ruta. Es importante visibilizar a nivel nacional, en la capital de la República, las conclusiones que han salido de la minga humanitaria, y por lo tanto este domingo una caravana de la guardia indígena estará viajando a Bogotá para cumplir esa misión. Las autoridades estaremos llevando una propuesta al Gobierno Nacional para que se articule el trabajo de lograr la paz con el propósito de la política de Paz Total”, explicó el consejero mayor del CRIC Ancízar Majín.
Se trata de una propuesta para garantizar la participación de la población civil en las mesas de diálogo con los grupos ilegales, uno de los principales reclamos durante los tres días del evento. Además, se le planteará al Ejecutivo cuáles son los mínimos y los máximos humanitarios para continuar esas negociaciones.
El llamado a los grupos armados
Durante los tres días de minga participaron, según el CRIC, cerca de 5.000 personas, y se escucharon más de 100 intervenciones que pusieron de relieve todas las afectaciones que se viven en los territorios: asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado, siembra de minas antipersonales, entre otros hechos. No solo participaron miembros de organizaciones indígenas, sino también campesinos y negritudes.
“Los grupos armados hablan de que tienen voluntad de paz, pero no manifiestan. Si la tienen, no entendemos por qué siguen perturbando los territorios. Esperábamos que vinieran a dar la cara y decir a qué se comprometen, pero apenas enviaron videos y comunicados que no responden a las demandas y solicitudes que hicimos. Eso es una burla. Nuestro posicionamiento es que a partir de hoy no queremos ver más muertos, más niños reclutados ni nada de eso. Lo que se necesita es que se pongan en marcha alivios humanitarios”, dijo una lideresa indígena durante la minga.
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También hubo críticas al Gobierno. Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz envió un delegado al encuentro, las comunidades criticaron que no se hubiera presentado la cabeza de la entidad, Danilo Rueda. “Acá no necesitamos que traigan más video, sino que haya presencia real en los territorios y con funcionarios con poder de decisión”, dijo un líder.
¿Qué exigen las comunidades?
Al cierre del encuentro, el CRIC emitió un mandato de las comunidades en el que resaltaron 28 exigencias para dar respuesta a la crisis humanitaria que se vive en la región.
Entre los puntos está respetar la vida de todos los habitantes, detener el reclutamiento de comuneros (tanto en la Fuerza Pública como en los grupos ilegales) y reconocer la instrumentalización de la niñez y la juventud en el conflicto, reintegrar a los miembros de las comunidades que están haciendo parte de las filas y establecer una ruta de acompañamiento para su retorno.
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Además, detener el conflicto a través de un cese multilateral y de hostilidades, permitir que los organismos de desminado puedan descontaminar los territorios de artefactos explosivos y garantizar que los territorios no sean objeto de pasquines, panfletos, pancartas ni letreros de los grupos armados.
Las comunidades también le exigieron al Estado que genere las condiciones, reconocimiento y respeto a la guardia indígena como protagonistas en los procesos y rutas de veeduría, monitoreo y seguimiento frente a las orientaciones de la sociedad civil en relación a los alivios humanitarios exigidos a los actores armados.
Frente a lo político también se hicieron reclamos, como priorizar una agenda que garantice la participación de todos los actores de la sociedad civil en la Paz Total, avanzar en mecanismos de diálogo interjurisdiccional para facilitar los diálogos y procesos de paz, garantizar un diagnóstico real de la tenencia y uso de la tierra, así como poner en marcha la reforma rural, cumplir el acuerdo de paz, entre otras exigencias.
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Se trata de clamores que las comunidades llevan años exigiendo, y que esperan que ahora, bajo la apuesta de Paz Total, por fin se logren materializar. “No queremos que esto se quede en un espacio de diálogo de tres días que no refleje cambios. Si los grupos armados tienen voluntad de paz, que lo demuestren y nos respeten a vida. Si ciudades como Buenaventura pudieron estar más de 80 días sin muertos, acá también debe haber condiciones para que eso pase. No queremos seguir sembrando (enterrando) a ningún compañero. Acá lo único que pedimos es que nos dejen vivir en paz y con dignidad”, sentenció un líder.
*Este artículo se hizo en el marco de una misión de prensa convocada por la Asociación Minga.