‘A la oposición le conviene llegar a 2022 con la idea de que no se hizo suficiente’: Emilio Archila

El año que empieza será fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz. De hecho, para algunos puntos será definitivo, como en la reincorporación de más de 13.000 exguerrilleros que firmaron la paz y en los últimos cuatro años han avanzado en su tránsito a la legalidad. Al finalizar 2021, ese proceso podría estar cerca de concretarse. En temas proyectados para más de 10 O 15 años, 2021 será el año para consolidarse, como en el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, encargado de llevar a buen puerto esos y otros temas del Acuerdo de Paz, entrega un balance de lo alcanzado hasta ahora, responde por las críticas que ha recibido la implementación y habla de lo que se espera para 2021.

¿Cómo describiría el estado actual de la implementación de los PDET?

Hemos logrado que la implementación sea irreversible. Nos aseguramos de que las 32.000 iniciativas que allí quedaron fueran de las comunidades y van a representar alrededor de 120.000 proyectos. La Nación lo incluyó dentro de su Plan de Desarrollo y todas las gobernaciones y alcaldías no solamente lo incluyeron como política de largo plazo, sino que incluyeron muchas iniciativas en sus planes de desarrollo. En cada región tenemos trabajando las mesas de trabajo de los ocho pilares y cerramos el año con cada una de ellas decidiendo cuáles son los objetivos para diciembre de 2021, cuáles proyectos, cuántos, y para cada proyecto los cronogramas de estructuración, financiación, contratación y ejecución. Cuando empezamos el gobierno no había ni una fuente específicamente dedicada a los PDET y terminamos el año habiendo focalizado el 7% de las regalías, las obras por impuestos y el marcador presupuestal. Si uno suma lo que hay en ejecución en esas tres fuentes, más lo de cooperación internacional gracias a la alineación que hemos logrado, eso son $4,9 billones. Eso es más de lo que esos municipios hubieran tenido por los próximos 20 años.

¿Y las comunidades? Las organizaciones en las regiones han dicho que están completamente excluidas de la implementación de los PDET…

En las zonas PDET la implementación es la voz de las comunidades, pero para oír esa voz no solo existe un mecanismo, sino muchos. El más poderoso es que esas 32.000 iniciativas son lo que las comunidades dijeron que necesitaban para sus territorios. Para que un proyecto se pueda financiar en el Ocad-Paz un requisito legal que definimos es que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) certifique que el proyecto corresponde a una iniciativa de la comunidad. El hecho de que sea el municipio el que lo presente no puede implicar ni un milímetro de desviación respecto de lo que las comunidades pidieron. En cada región, los alcaldes y gobernadores incluyeron en sus propios planes de desarrollo, grosso modo, el 50% de las 32.000 iniciativas, entonces cuando cumplen con sus propios planes de desarrollo, a la vez están respondiéndole a las comunidades. Además, la Unidad de Víctimas diseñó un manual que estamos aplicando a partir de este año, que implica que en la manera como se van a desarrollar todos los proyectos vamos a tener en cuenta la participación de las comunidades. En las obras PDET que realiza la ART cada obra la hacen las comunidades. De casi 1.000 obras entregadas, 1.000 han sido construidas con las comunidades, a través de las juntas de acción comunal. En las hojas de ruta, en la última validación que se hace volvemos con las comunidades.

(También le puede interesar: (Especial) La justicia y la verdad avanzan para las víctimas del conflicto armado)

A la fecha, la única hoja de ruta que se ha entregado es la del Catatumbo. ¿Y las demás?

Las otras 15 están en proceso de construcción y las vamos a tener listas en 2021. Ahí tuvimos un tema en que sí nos afectó un poco llegar a los territorios. Pero quiero hacer énfasis en que ni la implementación ni la planeación se ha visto suspendida por la ausencia de las hojas de ruta. Mientras las terminamos hemos hecho una planeación absolutamente meticulosa, señalando cómo vamos a cumplir con las iniciativas de las comunidades en 15 años.

Durante 2021, ¿qué espera que ocurra con los PDET?

En la medida en que tenemos casi $5 billones en ejecución, van a empezar a verse los inicios y finalizaciones de muchas obras, vamos a ver los resultados del fortalecimiento que han tenido los municipios en su capacidad de planeación y ejecución. Vamos a quitarle definitivamente el argumento a los narcotraficantes y hampones que están en estas regiones que siempre han dicho la mentira de que el Estado no se ocupa de esas regiones. Vamos a entender que el desarrollo de estas regiones no solamente es relevante para estas regiones sino para que los niveles de violencia que el país sufrió no vuelvan.

¿Cómo están ayudando realmente esas obras de pequeña envergadura al desarrollo estructural de esas regiones? Se ha dicho que se está haciendo una “miscelánea” de obras desconectadas entre sí que no necesariamente generan desarrollo…

Nos hace falta a nosotros un proceso de ilustración y capacitación. En este momento tenemos, entre aprobados y en ejecución, proyectos que van desde $100 millones hasta $350.000 millones. El proyecto de $350.000 millones es un proyecto que conecta eléctricamente todo el Pacífico y se va a demorar cuatro años. Es evidente que hay algunas que se ven y otras que no. Quienes tienen la percepción de que estamos obrando desarticuladamente es por culpa nuestra, porque no hemos tenido la posibilidad de explicar eso. Obvio que primero se ve una placa huella de 2 o 3 kilómetros que la vía más importante que se haya aprobado nunca jamás en el Catatumbo, que la aprobamos el año pasado por casi $400.000 millones. Eso no quiere decir ni que solamente estemos trabajando con las obras PDET, que son las pequeñas, ni que estén desarticuladas.

Al Gobierno se le señala de centrarse particularmente en implementar los PDET, pero haber descuidado otros elementos fundamentales de la Reforma Rural Integral. Para hablar de casos puntuales: los Planes Nacionales Sectoriales que también son 16, el acceso y la formalización de tierra y la jurisdicción agraria…

En todos los frentes tenemos los mismos niveles de planeación y el mismo objetivo de largo plazo. Teníamos la obligación de tener un plan de vías terciarias para el país: la ministra de Transporte tiene el plan más ambicioso de vías terciarias que nunca haya tenido el país y para el año entrante tiene el presupuesto más grande que nunca ha habido de vías terciarias. Está previsto que debemos tener un plan de electrificación y el ministro tiene la planeación completa para llegar durante este cuatrienio al nivel de electrificación más alto que ha tenido el país en su historia. Tenemos el programa de Agua al campo del ministro Malagón, en cumplimiento del Acuerdo de Paz; tenemos el programa de educación rural, tenemos el presupuesto más alto que nunca ha tenido el país. El ministro de justicia estuvo hace tres semanas con el presidente en Urabá, dándole inicio al programa de los centros de reconciliación para las zonas rurales, que se va a extender a todas las zonas PDET y se presentó el proyecto de justicia rural que va a cambiar la manera como opera la justicia en estas regiones en particular para las disputas que se dan alrededor de la tenencia, utilización y explotación de la tierra.

En materia de formalización de tierras, nunca se había tenido un programa financiado de catastro multipropósito: durante este año se hizo el cambio de las reglas de cómo funciona el catastro, conseguimos 150 millones de dólares de préstamo, con los que vamos a llegar a alrededor de 60 municipios, la mitad son PDET.

Mencionó el proyecto de justicia rural. ¿Se refiere al de la jurisdicción agraria, que estableció el Acuerdo de Paz? ¿En qué va ese proyecto?

Ya lo presentamos y va por el tercer debate en Congreso. Se llama especialidad agraria porque en ese trabajamos con el Consejo de Estado y ellos insistieron en que no debíamos presentarlo como jurisdicción agraria sino una especialidad agraria. De hecho, Juanita Goebertus lo ha celebrado bastante.

¿Entonces por qué cree que se le señala de concentrarse solo en los PDET?

Le daría tres respuestas. La primera es que no sé, porque en todos los frentes, como le mencioné, tenemos avances. La segunda es que yo creo que ha sido una falla mía no lograr que los demás temas sean igualmente visibles que el tema de los PDET. Y una pequeñísima parte es que a la oposición le conviene que lleguemos a 2022 con la idea de que no se está haciendo suficiente y de pronto la oposición ha sido mejor que yo.

(Lea también: “Los PDET están divorciados del Acuerdo de Paz”: los reclamos de las comunidades)

Uno de los temas en los que más se han denunciado incumplimientos es en el que tiene que ver con la sustitución de cultivos. En ese programa hay 99.000 familias que dijeron que quieren dejar los cultivos de coca. ¿Cómo les han cumplido a esas familias con lo que se les prometió?

El programa tiene dos componentes: la promesa, que la hizo el gobierno anterior, y todo el cumplimiento, que lo hemos hecho nosotros. Arrancar la coca es facilísimo, porque para erradicarla usted lo único que tiene que hacer es prometer cosas y la familia voluntariamente le arranca la coca. Esas 99.000 familias recibieron esa promesa, pero les dijeron una mentira diciéndoles que iban a poder llegar a la etapa de ciclo largo en dos años, eso simplemente es una bobada. Nadie, en ninguna parte del mundo, puede arrancar la coca, tener la huerta casera, hacer la asistencia técnica, sembrar los cultivos y que esos cultivos den frutos en dos años. Ni había los contratos para cumplirles con asistencia técnica, ni para el cultivo de ciclo corto, ni el de ciclo largo, ni para las huertas caseras, ni existían los Pisda, que son los planes de desarrollo para las zonas donde hay sustitución y no coinciden con los PDET. El presidente dijo que le íbamos a cumplir a esas familias. El resultado es que en este momento tenemos prácticamente la totalidad de las familias dentro del programa y siguen en su proceso de sustitución. Luego para un programa en el que se habían hecho promesas por $3,3 billones y solamente había $500.000 millones, lo que hemos logrado es heroico. Invertimos en esas familias el año pasado prácticamente $1 billón. Con eso, más del 75% ya están en la etapa de asistencia técnica. Eso es como estarle dando asistencia técnica a todo Tumaco, estamos hablando de 400.000 colombianos. Ese programa, gracias a la decisión del presidente, sigue siendo un programa de éxito.

En muchos casos han pasado meses desde que las familias dejaron de recibir los pagos y todavía no tienen proyectos productivos en marcha. ¿Esas familias no están desamparadas?

No. Esas familias recibieron los pagos, estamos en la parte de asistencia técnica y huertas caseras. Cuando usted tiene la huerta casera ya tiene un medio de subsistencia. Aparte de eso, hicimos un trabajo grande para verificar que un porcentaje de ellas estaba recibiendo apoyos con los programas de víctimas. Además, hicimos un esfuerzo para incluir un número importante dentro de los programas de soporte con ocasión del Covid. Ha sido un esfuerzo gigantezco porque lo que nos dejaron era un desastre, una cantidad de promesas que no tenían ninguna forma de cumplirse y nosotros hemos hecho el esfuerzo para ponernos al día.

Esas 99.000 familias no eran todas las que suscribieron acuerdos colectivos de sustitución, sino las que alcanzaron a individualizarse. ¿Qué pasa con las que no alcanzaron, pero que también tienen intención de sustituir voluntariamente la coca?

Lo que hubiera sido terriblemente irresponsable era haber seguido en la misma dinámica de incluir familias en la etapa individual siendo que el hueco que nos habían dejado era de casi $3 billones. Eso era seis veces el presupuesto que el gobierno anterior tenía para Invías. Hemos diseñado otros mecanismos, como el de formalizar para sustituir. En ese las familias dejan la coca y les damos la titularidad de los predios. Nosotros solamente incluimos familias allí cuando tenemos los recursos. Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo en Tibú, Catatumbo, con el apoyo de la Fundación Buffet, donde tenemos más de 1.000 familias adicionales en ese programa. Tenemos otro programa que llamamos Hecho a la Medida, en que con gobernadores y alcaldes miramos qué alternativas podemos conseguir para las familias que quieren sustituir.

El ministro de Defensa dijo que en 2020 se erradicaron 130.000 hectáreas y en teoría en el país había 154.000. De 2018 a 2019 se redujeron apenas 16.000 hectáreas, pero para eso se tuvieron que erradicar forzosamente alrededor de 80.000. ¿El esfuerzo y el despliegue tan grande que se hace en erradicación forzada no termina siendo inútil frente a lo que ya ha probado la sustitución en efectividad?

Yo no comparto que ese sea un tema binario tan elemental. Para poder acabar con un tema tan complicado como el narcotráfico hay que utilizar muchísimos elementos en muchos de los eslabones de los que se compone esa peste de negocio ilegal. Hay que atacar los precursores, el consumo, las finanzas, las vías de acceso, las rutas, combatir a los criminales que están detrás, obtener la solidaridad de los países que son consumidores, fortalecer las fronteras de Colombia y de los países consumidores. Aparte de eso hay que disminuir el número de cultivos ilícitos y conseguir para esas zonas productos alternativos y en el mediano plazo hay que tener el desarrollo de las regiones.

En los trabajos en donde el presidente nos ha pedido que trabajemos es en 120 de los 170 municipios PDET, donde está el 95% de la coca. La fortaleza de los PDET es que en el trasfondo son la solución de largo plazo para la llegada del Estado a esos municipios. En lo que tiene que ver con erradicación y sustitución lo que ha pedido el presidente es que trabajemos cada mecanismo en las zonas en donde corresponde y que sean los más eficientes. Este gobierno no ha escogido entre uno y otro, ha trabajado con ambos en una estrategia integral.

En materia de reincorporación, ¿a hoy cuántos son realmente los excombatientes que siguen en el proceso? ¿Siguen los casi 13.000 exguerrilleros?

Nosotros hicimos un censo. Era importante hacerlo porque prácticamente todo el apoyo se iba a acabar en agosto de 2019. Se acababa el apoyo financiero, la administración de los espacios territoriales, el sistema especial de salud, la provisión de alimentos. Nosotros entendemos que un proceso de reincorporación no es una cosa que se logre en dos años, es un proceso que se demora cinco, seis, siete, hasta ocho años. Entonces hicimos el censo para saber en dónde están, cuántos son, qué expectativas tienen, qué tipo de ingresos quieren tener, cuántos quieren ser empresarios, cuántos empleados, quiénes estan en qué nivel de escolaridad, quiénes quieren ir a la universidad, etc. En paralelo, incluimos en el plan de desarrollo la hoja de ruta para tener los niveles mínimos de cumplimiento de las seis garantías. Algunas de esas, como la de vivienda, ni siquiera estaba en los acuerdos ni en la legislación anterior, eso es iniciativa de este gobierno. Las cifras que yo tengo son 13.000 excombatientes activos en este momento en el proceso de reincorporación.

Uno de los principales reclamos de Farc es el tema de la tierra. Hasta el momento se han comprado los predios de cuatro espacios territoriales. ¿Y el resto? ¿Cómo avanza el acceso a tierras para los excombatientes?

El partido Farc es un partido de oposición entonces están en su legítimo derecho de ver el vaso no medio lleno sino un cuarto de lleno. El tema de la tierra no estaba previsto en los acuerdos y cuando nosotros llegamos ni había normas ni plata para eso. El presidente entendió que para los temas de vivienda y para algunos proyectos productivos se necesita acceso a tierras. Por eso incluimos en el plan de desarrollo que los inmuebles de la SAE los podemos utilizar para los proyectos productivos de los excombatientes y los proyectos de vivienda. Ahí tenemos alrededor de 500 lotes y ya salió el decreto en el que está la vía para que podamos utilizar esos inmuebles a disposición de los excombatientes y de hecho ya entregamos uno de esos este año.

En el tema de los espacios territoriales, esa figura jurídica terminó en agosto de 2019. Previendo eso, miramos cuáles tenían vocación de permanencia y cuáles debían trasladarse. Alrededor de 14 son los que nosotros creemos que podrían mantenerse, conseguimos una partida presupuestal de $16.000 millones y con eso iniciamos los procesos. Ese proceso implica que hay una valoración que hace el IGAC y después de eso, tenemos que iniciar el proceso de negociación y compra con los dueños. El presidente estuvo en Antioquia y allá entregamos uno.

¿Cuáles son las cifras de lo que se ha aprobado en proyectos productivos para los excombatientes?

Hablando solo de lo que se ha hecho en el Consejo Nacional de Reincorporación, ahí hemos trabajado no solamente cuantitativamente sino cualitativamente. Cuando nosotros llegamos había una debilidad grande en la forma como se venían formulando los proyectos. Una de las primeras cosas que me pidió Pastor Alape era que le ayudara a vender 10.000 toneladas de trigo que no tenían compradores. Hicimos un convenio con InnPulsa, que apoya a los empresarios colombianos, para que los que son colectivos sean formulados por ellos y los individuales vengan con los parámetros que ellos nos señalaron. En este momento tenemos alrededor de 2.050 proyectos. De esos, 85 son colectivos. Eso quiere decir que en 30 meses hemos creado más de 2.000 empresas. No hay ninguna ciudad de 13.000 familias, ninguna población de 55.000 habitantes, que sea tan emprendedora como eso. Si sumamos los beneficiarios de proyectos productivos más los que tienen empleo fijo, eso es alrededor de 7.000 excombatientes.

Al finalizar 2021, ¿qué espera que haya ocurrido con los 13.000 excombatientes? ¿Su entrada de lleno a la vida sin armas ya será un hecho?

Imagínese 13.000 familias de cuatro personas cada una. Eso es una población de 55.000 habitantes, una población intermedia en Colombia. Imagínese que esa población tiene en este momento, recién creadas, más de 2.000 empresas, que tiene más de 2.000 personas con empleos recientes. El 99% de esa población está bancarizada, el 90% de ellos están en el sistema de salud, el 85% están en el sistema de pensiones. Para la tercera parte de ellos, los que están en los espacios territoriales, el Gobierno está pagando la administración, el arriendo, la luz, el agua, el teléfono. Para esa población de 55.000 colombianos, tenemos un miembro de la Fuerza Pública por cada 12 de ellos dándoles protección. Cuando les preguntamos cómo veían su futuro, el 75% dijo que lo ve con optimismo. Eso que le acabo de decir es la isla de la fantasía.

Está omitiendo en esa isla de la fantasía los 250 excombatientes asesinados. ¿El reclamo por seguridad de los firmantes del Acuerdo tampoco es con razón?

Tratándose de un tema como la vida, uno es mucho. El objetivo nuestro es llegar a cero. Para hacer un análisis serio de esto hay que evaluar todas las medidas que ha tomado no solamente el Gobierno sino las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Especial de la Fiscalía. Es muy difícil hacer la valoración de qué tan efectivos hemos sido. No se puede saber con los 250 esquemas de seguridad que cubren a más de 350 de ellos cuántas veces los hemos salvado. El año pasado hubo menos homicidios que el año inmediatamente anterior. Creemos que tenemos que enfocarnos todos en ir en contra de los que son los autores de estos crímenes que son narcotraficantes. Los que la Fiscalía ha resuelto no solamente se refieren a los autores materiales, también a los intelectuales. Tenemos el cartel de los más buscados con 30 de esos salvajes con las recompensas más altas que pueda haber. Gracias a esas recompensas han caído varios cabecillas. La Unidad Especial de la Fiscalía es 50% más efectiva que el resto de la Fiscalía.

Pero esa efectividad cómo la mide, porque en términos de condenas a los responsables, que permitan hablar de esclarecimiento en casos de homicidio, los resultados son mínimos…

No. Sentencias en firme tenemos más de 25. Esas se han producido en menos de dos años y medio. En esas sentencias están no solamente los autores materiales sino los autores intelectuales. En la cárcel, entre los condenados y los que están por autos de detención, hay más de 120 personas. Los casos emblemáticos como el del esposo de Yessenia (Rodolfo Fierro), como el que ocurrió en Norte de Santander con la participación de miembros de la Fuerza Pública (Dimar Torres), se resolvieron uno en cuatro meses y el otro en seis meses.

(Lea: El Sistema de Justicia Transicional en cifras)

El año que empieza será fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz. De hecho, para algunos puntos será definitivo, como en la reincorporación de más de 13.000 exguerrilleros que firmaron la paz y en los últimos cuatro años han avanzado en su tránsito a la legalidad. Al finalizar 2021, ese proceso podría estar cerca de concretarse. En temas proyectados para más de 10 O 15 años, 2021 será el año para consolidarse, como en el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, encargado de llevar a buen puerto esos y otros temas del Acuerdo de Paz, entrega un balance de lo alcanzado hasta ahora, responde por las críticas que ha recibido la implementación y habla de lo que se espera para 2021.

¿Cómo describiría el estado actual de la implementación de los PDET?

Hemos logrado que la implementación sea irreversible. Nos aseguramos de que las 32.000 iniciativas que allí quedaron fueran de las comunidades y van a representar alrededor de 120.000 proyectos. La Nación lo incluyó dentro de su Plan de Desarrollo y todas las gobernaciones y alcaldías no solamente lo incluyeron como política de largo plazo, sino que incluyeron muchas iniciativas en sus planes de desarrollo. En cada región tenemos trabajando las mesas de trabajo de los ocho pilares y cerramos el año con cada una de ellas decidiendo cuáles son los objetivos para diciembre de 2021, cuáles proyectos, cuántos, y para cada proyecto los cronogramas de estructuración, financiación, contratación y ejecución. Cuando empezamos el gobierno no había ni una fuente específicamente dedicada a los PDET y terminamos el año habiendo focalizado el 7% de las regalías, las obras por impuestos y el marcador presupuestal. Si uno suma lo que hay en ejecución en esas tres fuentes, más lo de cooperación internacional gracias a la alineación que hemos logrado, eso son $4,9 billones. Eso es más de lo que esos municipios hubieran tenido por los próximos 20 años.

¿Y las comunidades? Las organizaciones en las regiones han dicho que están completamente excluidas de la implementación de los PDET…

En las zonas PDET la implementación es la voz de las comunidades, pero para oír esa voz no solo existe un mecanismo, sino muchos. El más poderoso es que esas 32.000 iniciativas son lo que las comunidades dijeron que necesitaban para sus territorios. Para que un proyecto se pueda financiar en el Ocad-Paz un requisito legal que definimos es que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) certifique que el proyecto corresponde a una iniciativa de la comunidad. El hecho de que sea el municipio el que lo presente no puede implicar ni un milímetro de desviación respecto de lo que las comunidades pidieron. En cada región, los alcaldes y gobernadores incluyeron en sus propios planes de desarrollo, grosso modo, el 50% de las 32.000 iniciativas, entonces cuando cumplen con sus propios planes de desarrollo, a la vez están respondiéndole a las comunidades. Además, la Unidad de Víctimas diseñó un manual que estamos aplicando a partir de este año, que implica que en la manera como se van a desarrollar todos los proyectos vamos a tener en cuenta la participación de las comunidades. En las obras PDET que realiza la ART cada obra la hacen las comunidades. De casi 1.000 obras entregadas, 1.000 han sido construidas con las comunidades, a través de las juntas de acción comunal. En las hojas de ruta, en la última validación que se hace volvemos con las comunidades.

(También le puede interesar: (Especial) La justicia y la verdad avanzan para las víctimas del conflicto armado)

A la fecha, la única hoja de ruta que se ha entregado es la del Catatumbo. ¿Y las demás?

Las otras 15 están en proceso de construcción y las vamos a tener listas en 2021. Ahí tuvimos un tema en que sí nos afectó un poco llegar a los territorios. Pero quiero hacer énfasis en que ni la implementación ni la planeación se ha visto suspendida por la ausencia de las hojas de ruta. Mientras las terminamos hemos hecho una planeación absolutamente meticulosa, señalando cómo vamos a cumplir con las iniciativas de las comunidades en 15 años.

Durante 2021, ¿qué espera que ocurra con los PDET?

En la medida en que tenemos casi $5 billones en ejecución, van a empezar a verse los inicios y finalizaciones de muchas obras, vamos a ver los resultados del fortalecimiento que han tenido los municipios en su capacidad de planeación y ejecución. Vamos a quitarle definitivamente el argumento a los narcotraficantes y hampones que están en estas regiones que siempre han dicho la mentira de que el Estado no se ocupa de esas regiones. Vamos a entender que el desarrollo de estas regiones no solamente es relevante para estas regiones sino para que los niveles de violencia que el país sufrió no vuelvan.

¿Cómo están ayudando realmente esas obras de pequeña envergadura al desarrollo estructural de esas regiones? Se ha dicho que se está haciendo una “miscelánea” de obras desconectadas entre sí que no necesariamente generan desarrollo…

Nos hace falta a nosotros un proceso de ilustración y capacitación. En este momento tenemos, entre aprobados y en ejecución, proyectos que van desde $100 millones hasta $350.000 millones. El proyecto de $350.000 millones es un proyecto que conecta eléctricamente todo el Pacífico y se va a demorar cuatro años. Es evidente que hay algunas que se ven y otras que no. Quienes tienen la percepción de que estamos obrando desarticuladamente es por culpa nuestra, porque no hemos tenido la posibilidad de explicar eso. Obvio que primero se ve una placa huella de 2 o 3 kilómetros que la vía más importante que se haya aprobado nunca jamás en el Catatumbo, que la aprobamos el año pasado por casi $400.000 millones. Eso no quiere decir ni que solamente estemos trabajando con las obras PDET, que son las pequeñas, ni que estén desarticuladas.

Al Gobierno se le señala de centrarse particularmente en implementar los PDET, pero haber descuidado otros elementos fundamentales de la Reforma Rural Integral. Para hablar de casos puntuales: los Planes Nacionales Sectoriales que también son 16, el acceso y la formalización de tierra y la jurisdicción agraria…

En todos los frentes tenemos los mismos niveles de planeación y el mismo objetivo de largo plazo. Teníamos la obligación de tener un plan de vías terciarias para el país: la ministra de Transporte tiene el plan más ambicioso de vías terciarias que nunca haya tenido el país y para el año entrante tiene el presupuesto más grande que nunca ha habido de vías terciarias. Está previsto que debemos tener un plan de electrificación y el ministro tiene la planeación completa para llegar durante este cuatrienio al nivel de electrificación más alto que ha tenido el país en su historia. Tenemos el programa de Agua al campo del ministro Malagón, en cumplimiento del Acuerdo de Paz; tenemos el programa de educación rural, tenemos el presupuesto más alto que nunca ha tenido el país. El ministro de justicia estuvo hace tres semanas con el presidente en Urabá, dándole inicio al programa de los centros de reconciliación para las zonas rurales, que se va a extender a todas las zonas PDET y se presentó el proyecto de justicia rural que va a cambiar la manera como opera la justicia en estas regiones en particular para las disputas que se dan alrededor de la tenencia, utilización y explotación de la tierra.

En materia de formalización de tierras, nunca se había tenido un programa financiado de catastro multipropósito: durante este año se hizo el cambio de las reglas de cómo funciona el catastro, conseguimos 150 millones de dólares de préstamo, con los que vamos a llegar a alrededor de 60 municipios, la mitad son PDET.

Mencionó el proyecto de justicia rural. ¿Se refiere al de la jurisdicción agraria, que estableció el Acuerdo de Paz? ¿En qué va ese proyecto?

Ya lo presentamos y va por el tercer debate en Congreso. Se llama especialidad agraria porque en ese trabajamos con el Consejo de Estado y ellos insistieron en que no debíamos presentarlo como jurisdicción agraria sino una especialidad agraria. De hecho, Juanita Goebertus lo ha celebrado bastante.

¿Entonces por qué cree que se le señala de concentrarse solo en los PDET?

Le daría tres respuestas. La primera es que no sé, porque en todos los frentes, como le mencioné, tenemos avances. La segunda es que yo creo que ha sido una falla mía no lograr que los demás temas sean igualmente visibles que el tema de los PDET. Y una pequeñísima parte es que a la oposición le conviene que lleguemos a 2022 con la idea de que no se está haciendo suficiente y de pronto la oposición ha sido mejor que yo.

(Lea también: “Los PDET están divorciados del Acuerdo de Paz”: los reclamos de las comunidades)

Uno de los temas en los que más se han denunciado incumplimientos es en el que tiene que ver con la sustitución de cultivos. En ese programa hay 99.000 familias que dijeron que quieren dejar los cultivos de coca. ¿Cómo les han cumplido a esas familias con lo que se les prometió?

El programa tiene dos componentes: la promesa, que la hizo el gobierno anterior, y todo el cumplimiento, que lo hemos hecho nosotros. Arrancar la coca es facilísimo, porque para erradicarla usted lo único que tiene que hacer es prometer cosas y la familia voluntariamente le arranca la coca. Esas 99.000 familias recibieron esa promesa, pero les dijeron una mentira diciéndoles que iban a poder llegar a la etapa de ciclo largo en dos años, eso simplemente es una bobada. Nadie, en ninguna parte del mundo, puede arrancar la coca, tener la huerta casera, hacer la asistencia técnica, sembrar los cultivos y que esos cultivos den frutos en dos años. Ni había los contratos para cumplirles con asistencia técnica, ni para el cultivo de ciclo corto, ni el de ciclo largo, ni para las huertas caseras, ni existían los Pisda, que son los planes de desarrollo para las zonas donde hay sustitución y no coinciden con los PDET. El presidente dijo que le íbamos a cumplir a esas familias. El resultado es que en este momento tenemos prácticamente la totalidad de las familias dentro del programa y siguen en su proceso de sustitución. Luego para un programa en el que se habían hecho promesas por $3,3 billones y solamente había $500.000 millones, lo que hemos logrado es heroico. Invertimos en esas familias el año pasado prácticamente $1 billón. Con eso, más del 75% ya están en la etapa de asistencia técnica. Eso es como estarle dando asistencia técnica a todo Tumaco, estamos hablando de 400.000 colombianos. Ese programa, gracias a la decisión del presidente, sigue siendo un programa de éxito.

En muchos casos han pasado meses desde que las familias dejaron de recibir los pagos y todavía no tienen proyectos productivos en marcha. ¿Esas familias no están desamparadas?

No. Esas familias recibieron los pagos, estamos en la parte de asistencia técnica y huertas caseras. Cuando usted tiene la huerta casera ya tiene un medio de subsistencia. Aparte de eso, hicimos un trabajo grande para verificar que un porcentaje de ellas estaba recibiendo apoyos con los programas de víctimas. Además, hicimos un esfuerzo para incluir un número importante dentro de los programas de soporte con ocasión del Covid. Ha sido un esfuerzo gigantezco porque lo que nos dejaron era un desastre, una cantidad de promesas que no tenían ninguna forma de cumplirse y nosotros hemos hecho el esfuerzo para ponernos al día.

Esas 99.000 familias no eran todas las que suscribieron acuerdos colectivos de sustitución, sino las que alcanzaron a individualizarse. ¿Qué pasa con las que no alcanzaron, pero que también tienen intención de sustituir voluntariamente la coca?

Lo que hubiera sido terriblemente irresponsable era haber seguido en la misma dinámica de incluir familias en la etapa individual siendo que el hueco que nos habían dejado era de casi $3 billones. Eso era seis veces el presupuesto que el gobierno anterior tenía para Invías. Hemos diseñado otros mecanismos, como el de formalizar para sustituir. En ese las familias dejan la coca y les damos la titularidad de los predios. Nosotros solamente incluimos familias allí cuando tenemos los recursos. Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo en Tibú, Catatumbo, con el apoyo de la Fundación Buffet, donde tenemos más de 1.000 familias adicionales en ese programa. Tenemos otro programa que llamamos Hecho a la Medida, en que con gobernadores y alcaldes miramos qué alternativas podemos conseguir para las familias que quieren sustituir.

El ministro de Defensa dijo que en 2020 se erradicaron 130.000 hectáreas y en teoría en el país había 154.000. De 2018 a 2019 se redujeron apenas 16.000 hectáreas, pero para eso se tuvieron que erradicar forzosamente alrededor de 80.000. ¿El esfuerzo y el despliegue tan grande que se hace en erradicación forzada no termina siendo inútil frente a lo que ya ha probado la sustitución en efectividad?

Yo no comparto que ese sea un tema binario tan elemental. Para poder acabar con un tema tan complicado como el narcotráfico hay que utilizar muchísimos elementos en muchos de los eslabones de los que se compone esa peste de negocio ilegal. Hay que atacar los precursores, el consumo, las finanzas, las vías de acceso, las rutas, combatir a los criminales que están detrás, obtener la solidaridad de los países que son consumidores, fortalecer las fronteras de Colombia y de los países consumidores. Aparte de eso hay que disminuir el número de cultivos ilícitos y conseguir para esas zonas productos alternativos y en el mediano plazo hay que tener el desarrollo de las regiones.

En los trabajos en donde el presidente nos ha pedido que trabajemos es en 120 de los 170 municipios PDET, donde está el 95% de la coca. La fortaleza de los PDET es que en el trasfondo son la solución de largo plazo para la llegada del Estado a esos municipios. En lo que tiene que ver con erradicación y sustitución lo que ha pedido el presidente es que trabajemos cada mecanismo en las zonas en donde corresponde y que sean los más eficientes. Este gobierno no ha escogido entre uno y otro, ha trabajado con ambos en una estrategia integral.

En materia de reincorporación, ¿a hoy cuántos son realmente los excombatientes que siguen en el proceso? ¿Siguen los casi 13.000 exguerrilleros?

Nosotros hicimos un censo. Era importante hacerlo porque prácticamente todo el apoyo se iba a acabar en agosto de 2019. Se acababa el apoyo financiero, la administración de los espacios territoriales, el sistema especial de salud, la provisión de alimentos. Nosotros entendemos que un proceso de reincorporación no es una cosa que se logre en dos años, es un proceso que se demora cinco, seis, siete, hasta ocho años. Entonces hicimos el censo para saber en dónde están, cuántos son, qué expectativas tienen, qué tipo de ingresos quieren tener, cuántos quieren ser empresarios, cuántos empleados, quiénes estan en qué nivel de escolaridad, quiénes quieren ir a la universidad, etc. En paralelo, incluimos en el plan de desarrollo la hoja de ruta para tener los niveles mínimos de cumplimiento de las seis garantías. Algunas de esas, como la de vivienda, ni siquiera estaba en los acuerdos ni en la legislación anterior, eso es iniciativa de este gobierno. Las cifras que yo tengo son 13.000 excombatientes activos en este momento en el proceso de reincorporación.

Uno de los principales reclamos de Farc es el tema de la tierra. Hasta el momento se han comprado los predios de cuatro espacios territoriales. ¿Y el resto? ¿Cómo avanza el acceso a tierras para los excombatientes?

El partido Farc es un partido de oposición entonces están en su legítimo derecho de ver el vaso no medio lleno sino un cuarto de lleno. El tema de la tierra no estaba previsto en los acuerdos y cuando nosotros llegamos ni había normas ni plata para eso. El presidente entendió que para los temas de vivienda y para algunos proyectos productivos se necesita acceso a tierras. Por eso incluimos en el plan de desarrollo que los inmuebles de la SAE los podemos utilizar para los proyectos productivos de los excombatientes y los proyectos de vivienda. Ahí tenemos alrededor de 500 lotes y ya salió el decreto en el que está la vía para que podamos utilizar esos inmuebles a disposición de los excombatientes y de hecho ya entregamos uno de esos este año.

En el tema de los espacios territoriales, esa figura jurídica terminó en agosto de 2019. Previendo eso, miramos cuáles tenían vocación de permanencia y cuáles debían trasladarse. Alrededor de 14 son los que nosotros creemos que podrían mantenerse, conseguimos una partida presupuestal de $16.000 millones y con eso iniciamos los procesos. Ese proceso implica que hay una valoración que hace el IGAC y después de eso, tenemos que iniciar el proceso de negociación y compra con los dueños. El presidente estuvo en Antioquia y allá entregamos uno.

¿Cuáles son las cifras de lo que se ha aprobado en proyectos productivos para los excombatientes?

Hablando solo de lo que se ha hecho en el Consejo Nacional de Reincorporación, ahí hemos trabajado no solamente cuantitativamente sino cualitativamente. Cuando nosotros llegamos había una debilidad grande en la forma como se venían formulando los proyectos. Una de las primeras cosas que me pidió Pastor Alape era que le ayudara a vender 10.000 toneladas de trigo que no tenían compradores. Hicimos un convenio con InnPulsa, que apoya a los empresarios colombianos, para que los que son colectivos sean formulados por ellos y los individuales vengan con los parámetros que ellos nos señalaron. En este momento tenemos alrededor de 2.050 proyectos. De esos, 85 son colectivos. Eso quiere decir que en 30 meses hemos creado más de 2.000 empresas. No hay ninguna ciudad de 13.000 familias, ninguna población de 55.000 habitantes, que sea tan emprendedora como eso. Si sumamos los beneficiarios de proyectos productivos más los que tienen empleo fijo, eso es alrededor de 7.000 excombatientes.

Al finalizar 2021, ¿qué espera que haya ocurrido con los 13.000 excombatientes? ¿Su entrada de lleno a la vida sin armas ya será un hecho?

Imagínese 13.000 familias de cuatro personas cada una. Eso es una población de 55.000 habitantes, una población intermedia en Colombia. Imagínese que esa población tiene en este momento, recién creadas, más de 2.000 empresas, que tiene más de 2.000 personas con empleos recientes. El 99% de esa población está bancarizada, el 90% de ellos están en el sistema de salud, el 85% están en el sistema de pensiones. Para la tercera parte de ellos, los que están en los espacios territoriales, el Gobierno está pagando la administración, el arriendo, la luz, el agua, el teléfono. Para esa población de 55.000 colombianos, tenemos un miembro de la Fuerza Pública por cada 12 de ellos dándoles protección. Cuando les preguntamos cómo veían su futuro, el 75% dijo que lo ve con optimismo. Eso que le acabo de decir es la isla de la fantasía.

Está omitiendo en esa isla de la fantasía los 250 excombatientes asesinados. ¿El reclamo por seguridad de los firmantes del Acuerdo tampoco es con razón?

Tratándose de un tema como la vida, uno es mucho. El objetivo nuestro es llegar a cero. Para hacer un análisis serio de esto hay que evaluar todas las medidas que ha tomado no solamente el Gobierno sino las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Especial de la Fiscalía. Es muy difícil hacer la valoración de qué tan efectivos hemos sido. No se puede saber con los 250 esquemas de seguridad que cubren a más de 350 de ellos cuántas veces los hemos salvado. El año pasado hubo menos homicidios que el año inmediatamente anterior. Creemos que tenemos que enfocarnos todos en ir en contra de los que son los autores de estos crímenes que son narcotraficantes. Los que la Fiscalía ha resuelto no solamente se refieren a los autores materiales, también a los intelectuales. Tenemos el cartel de los más buscados con 30 de esos salvajes con las recompensas más altas que pueda haber. Gracias a esas recompensas han caído varios cabecillas. La Unidad Especial de la Fiscalía es 50% más efectiva que el resto de la Fiscalía.

Pero esa efectividad cómo la mide, porque en términos de condenas a los responsables, que permitan hablar de esclarecimiento en casos de homicidio, los resultados son mínimos…

No. Sentencias en firme tenemos más de 25. Esas se han producido en menos de dos años y medio. En esas sentencias están no solamente los autores materiales sino los autores intelectuales. En la cárcel, entre los condenados y los que están por autos de detención, hay más de 120 personas. Los casos emblemáticos como el del esposo de Yessenia (Rodolfo Fierro), como el que ocurrió en Norte de Santander con la participación de miembros de la Fuerza Pública (Dimar Torres), se resolvieron uno en cuatro meses y el otro en seis meses.

(Lea: El Sistema de Justicia Transicional en cifras)