A las mujeres nukaks las quisieron despojar hasta de sus cuerpos

Durante 2019, un pequeño grupo de mujeres indígenas nukaks e investigadoras de la Confluencia de las Mujeres para la Acción Pública, una organización feminista, se fueron a recorrer distintos territorios en los que había asentamientos de este pueblo indígena. Su objetivo: hablar de lo que no se habla. Es decir, de la violencia sexual que han ejercido todos los actores armados, legales e ilegales, contra ellas en los últimos 30 años, desde 1988, cuando ocurrió el primer contacto de este pueblo con la sociedad mayoritaria (gente no indígena). Todas conocían historias de violencia y estaban dispuestas a contarlas con la autorización de las mayoras y con la traducción de una compañera de confianza. Así, con una grabadora y un computador, empezó un trabajo que nunca se había documentado, y menos con el objetivo de contar su verdad, para que todo el país la conociera.

(Lea también: #YoHagoPaz rompiendo el silencio sobre la violencia sexual)

Este ejercicio comenzó después de que las mujeres nukaks del Guaviare se decidieran, en 2018, a contar sus historias en el Congreso de la República, durante el Tribunal Simbólico contra el Patriarcado y también después de que algunas pocas intentaran acceder a la justicia ordinaria, sin éxito. Lo hicieron como un grito de auxilio y de exigencia. Fueron 20 las que trabajaron en la construcción de un informe sobre violencia sexual que le entregan hoy a la Comisión de la Verdad, con la esperanza de que en el informe final de esta entidad, sobre lo que sucedió en el conflicto armado colombiano, queden consignados los vejámenes que han sufrido.

En este documento, que no es público, queda claro que hay una “relación entre el despojo del territorio y el despojo de los cuerpos de las mujeres”, dice Kelly Peña, coordinadora regional de la Confluencia de las Mujeres y quien coordinó también la realización del informe. Se refiere a la forma en la que la vida de las mujeres, y de todo el pueblo nukak, ha cambiado en los últimos 30 años, después del contacto inicial.

“Una de las cosas que observamos es que justamente en esos años empieza a configurarse el conflicto armado en la región. Ya a finales de los 70 la semilla de la coca se había regado y eso había incrementado la presión sobre su territorio. Esa presión es la que lleva de alguna manera a que los nukaks empiecen a salir, a tener interacciones con occidente. Ahí es cuando se roban un niño, comienza la gripe, comienzan a enfermarse, a morir. En el informe hay algunas descripciones de cómo ellas en medio de la gripe se quedaron solitas, viendo cómo los chulos se comían a sus mamás, a sus papás. Y llegar a Calamar también fue el comienzo del asedio sexual”, dice Peña. A Calamar, un municipio pequeño y campesino, llegaron mujeres desnudas, y ahí empezaron a “decirles cosas, a morbosearlas”.

Entonces, continúa Peña, “cuando las nukaks salen de su maloca a encontrarse con los colonos, con occidente, se encuentran con una sociedad capitalista, patriarcal, colonialista, y ellas, en total condición de vulnerabilidad, hacen ese encuentro. No solo son vulnerables por el hecho de ser indígenas y mujeres, sino también por el hecho de ser un contacto inicial. Otra cosa que las pone muy vulnerables es el contexto en el que viven, que es un contexto extractivista, porque la economía de la coca tiene unas lógicas culturales muy fuertes, que uno va a cualquier asentamiento de colonos donde se saca la coca y hay prostitución, consumo de licor y todo tipo de violencias hacia las mujeres”.

Posteriormente, ellas identificaron que su situación humanitaria empeoró en los lugares de refugio. En el informe se refieren a la situación de los nukaks como “refugiados”, aunque este término aplique en el Derecho Internacional Humanitario para conflictos internacionales. La decisión tiene que ver con que todo el pueblo está desplazado, pero vive en “asentamientos”, y esta última palabra no deja ver el despojo territorial. En estos lugares se dieron otras lógicas alrededor de la violencia sexual.

(Lea también: ¿Por qué la justicia no les cree a las víctimas de violencia sexual?)

En el idioma nukak violencia sexual se dice Neitiyuat, y tiene que ver con tres hechos: penetración sin consentimiento, acoso y explotación sexual infantil. La que reprochan más es la última, que, desde su presencia en los asentamientos, se ha incrementado, sobre todo contra las niñas y adolescentes. El asedio a las niñas, que en algunas ocasiones se ha documentado por parte de diferentes actores armados y colonos, está impune. Las pocas mujeres o familias que se atreven a denunciar, en algunos casos, han sido víctimas de represalias.

Peña dice que esto tiene que ver con que la violencia se ha normalizado. “Violan a una niña nukak o la niña está en situación de explotación sexual infantil y es normal, no hay nadie que haga algo. Por ejemplo, en las zonas donde las instituciones ni el Estado llegan, ni la guerrilla, ni los campesinos, ni nadie hace nada”. Como consecuencia, muchas mujeres nukaks se sienten como objetos, maltratadas y usadas, según sus relatos.

Esto no cambió con la firma del Acuerdo de Paz. Como en muchos territorios, el Estado no tuvo en cuenta la diversidad de la población ni pensó en cómo copar los espacios que dejaron las Farc. Por esto, como lo denunció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en su informe de 2019, se reportaron tres casos de violencia sexual en mujeres indígenas en Meta, Arauca y Guaviare. “Aunque en el Ministerio de Defensa hay una política de cero violencias hacia las mujeres, pues estos casos suceden ahí. Nos deja pensando en si esto fue considerado a la hora de firmar el Acuerdo, si se consideró qué iba a pasar con esta población, cómo iba a llegar el Estado a los campesinos, a las mujeres indígenas, tratando esto como un asunto de salud mental”, dice Kelly Peña.

Algunas mujeres nukaks han decidido contarle a la justicia las violencias que sufren. Pero varias desisten porque no hay enfoque étnico para hacerlo. “Le piden la fecha exacta en la que ocurrió, la hora, y muchas nukaks difícilmente saben español y las temporalidades son distintas”, explica Peña. De hecho, la Fiscalía tiene un reporte de solo nueve denuncias.

Este informe es una alerta. Las mujeres siguen teniendo miedo y tristeza, y las más jóvenes no conocen su territorio y las formas de vida de su comunidad. En este informe fueron fundamentales las lecturas de las más jóvenes y también las de sus padres y madres, lo que ellos piensan y sienten. Con este acto quieren, fundamentalmente, llamar a las instituciones a que protejan a las niñas, y a la sociedad guaviarense a que se incomode. No es normal que a las niñas y mujeres nukaks las sigan violentando.

La entrega del informe se hará en la Casa de la Verdad de San José del Guaviare, en un evento simbólico y ritual, al que asistirán 20 mujeres indígenas que compartirán sus reflexiones y relatos.

(Lea: Hombres violentados sexualmente en el conflicto armado hablan por primera vez)

Durante 2019, un pequeño grupo de mujeres indígenas nukaks e investigadoras de la Confluencia de las Mujeres para la Acción Pública, una organización feminista, se fueron a recorrer distintos territorios en los que había asentamientos de este pueblo indígena. Su objetivo: hablar de lo que no se habla. Es decir, de la violencia sexual que han ejercido todos los actores armados, legales e ilegales, contra ellas en los últimos 30 años, desde 1988, cuando ocurrió el primer contacto de este pueblo con la sociedad mayoritaria (gente no indígena). Todas conocían historias de violencia y estaban dispuestas a contarlas con la autorización de las mayoras y con la traducción de una compañera de confianza. Así, con una grabadora y un computador, empezó un trabajo que nunca se había documentado, y menos con el objetivo de contar su verdad, para que todo el país la conociera.

(Lea también: #YoHagoPaz rompiendo el silencio sobre la violencia sexual)

Este ejercicio comenzó después de que las mujeres nukaks del Guaviare se decidieran, en 2018, a contar sus historias en el Congreso de la República, durante el Tribunal Simbólico contra el Patriarcado y también después de que algunas pocas intentaran acceder a la justicia ordinaria, sin éxito. Lo hicieron como un grito de auxilio y de exigencia. Fueron 20 las que trabajaron en la construcción de un informe sobre violencia sexual que le entregan hoy a la Comisión de la Verdad, con la esperanza de que en el informe final de esta entidad, sobre lo que sucedió en el conflicto armado colombiano, queden consignados los vejámenes que han sufrido.

En este documento, que no es público, queda claro que hay una “relación entre el despojo del territorio y el despojo de los cuerpos de las mujeres”, dice Kelly Peña, coordinadora regional de la Confluencia de las Mujeres y quien coordinó también la realización del informe. Se refiere a la forma en la que la vida de las mujeres, y de todo el pueblo nukak, ha cambiado en los últimos 30 años, después del contacto inicial.

“Una de las cosas que observamos es que justamente en esos años empieza a configurarse el conflicto armado en la región. Ya a finales de los 70 la semilla de la coca se había regado y eso había incrementado la presión sobre su territorio. Esa presión es la que lleva de alguna manera a que los nukaks empiecen a salir, a tener interacciones con occidente. Ahí es cuando se roban un niño, comienza la gripe, comienzan a enfermarse, a morir. En el informe hay algunas descripciones de cómo ellas en medio de la gripe se quedaron solitas, viendo cómo los chulos se comían a sus mamás, a sus papás. Y llegar a Calamar también fue el comienzo del asedio sexual”, dice Peña. A Calamar, un municipio pequeño y campesino, llegaron mujeres desnudas, y ahí empezaron a “decirles cosas, a morbosearlas”.

Entonces, continúa Peña, “cuando las nukaks salen de su maloca a encontrarse con los colonos, con occidente, se encuentran con una sociedad capitalista, patriarcal, colonialista, y ellas, en total condición de vulnerabilidad, hacen ese encuentro. No solo son vulnerables por el hecho de ser indígenas y mujeres, sino también por el hecho de ser un contacto inicial. Otra cosa que las pone muy vulnerables es el contexto en el que viven, que es un contexto extractivista, porque la economía de la coca tiene unas lógicas culturales muy fuertes, que uno va a cualquier asentamiento de colonos donde se saca la coca y hay prostitución, consumo de licor y todo tipo de violencias hacia las mujeres”.

Posteriormente, ellas identificaron que su situación humanitaria empeoró en los lugares de refugio. En el informe se refieren a la situación de los nukaks como “refugiados”, aunque este término aplique en el Derecho Internacional Humanitario para conflictos internacionales. La decisión tiene que ver con que todo el pueblo está desplazado, pero vive en “asentamientos”, y esta última palabra no deja ver el despojo territorial. En estos lugares se dieron otras lógicas alrededor de la violencia sexual.

(Lea también: ¿Por qué la justicia no les cree a las víctimas de violencia sexual?)

En el idioma nukak violencia sexual se dice Neitiyuat, y tiene que ver con tres hechos: penetración sin consentimiento, acoso y explotación sexual infantil. La que reprochan más es la última, que, desde su presencia en los asentamientos, se ha incrementado, sobre todo contra las niñas y adolescentes. El asedio a las niñas, que en algunas ocasiones se ha documentado por parte de diferentes actores armados y colonos, está impune. Las pocas mujeres o familias que se atreven a denunciar, en algunos casos, han sido víctimas de represalias.

Peña dice que esto tiene que ver con que la violencia se ha normalizado. “Violan a una niña nukak o la niña está en situación de explotación sexual infantil y es normal, no hay nadie que haga algo. Por ejemplo, en las zonas donde las instituciones ni el Estado llegan, ni la guerrilla, ni los campesinos, ni nadie hace nada”. Como consecuencia, muchas mujeres nukaks se sienten como objetos, maltratadas y usadas, según sus relatos.

Esto no cambió con la firma del Acuerdo de Paz. Como en muchos territorios, el Estado no tuvo en cuenta la diversidad de la población ni pensó en cómo copar los espacios que dejaron las Farc. Por esto, como lo denunció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en su informe de 2019, se reportaron tres casos de violencia sexual en mujeres indígenas en Meta, Arauca y Guaviare. “Aunque en el Ministerio de Defensa hay una política de cero violencias hacia las mujeres, pues estos casos suceden ahí. Nos deja pensando en si esto fue considerado a la hora de firmar el Acuerdo, si se consideró qué iba a pasar con esta población, cómo iba a llegar el Estado a los campesinos, a las mujeres indígenas, tratando esto como un asunto de salud mental”, dice Kelly Peña.

Algunas mujeres nukaks han decidido contarle a la justicia las violencias que sufren. Pero varias desisten porque no hay enfoque étnico para hacerlo. “Le piden la fecha exacta en la que ocurrió, la hora, y muchas nukaks difícilmente saben español y las temporalidades son distintas”, explica Peña. De hecho, la Fiscalía tiene un reporte de solo nueve denuncias.

Este informe es una alerta. Las mujeres siguen teniendo miedo y tristeza, y las más jóvenes no conocen su territorio y las formas de vida de su comunidad. En este informe fueron fundamentales las lecturas de las más jóvenes y también las de sus padres y madres, lo que ellos piensan y sienten. Con este acto quieren, fundamentalmente, llamar a las instituciones a que protejan a las niñas, y a la sociedad guaviarense a que se incomode. No es normal que a las niñas y mujeres nukaks las sigan violentando.

La entrega del informe se hará en la Casa de la Verdad de San José del Guaviare, en un evento simbólico y ritual, al que asistirán 20 mujeres indígenas que compartirán sus reflexiones y relatos.

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