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Yo soy un buen colombiano que quiero mucho a mi tierra, quiero que acabe la guerra y no mueran más mis paisanos”. Con estas recitadas palabras, uno de los pobladores del corregimiento de Macayepo, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, sur de Bolívar, clama con su canto que el conflicto armado pase a la historia. Pero los rastros de la violencia no se pueden borrar por más acuerdo de paz que haya. Apenas a unos metros de donde él declama hay un árbol junto al cual, años atrás, los grupos armados perpetraron masacres selectivas.
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Aunque la situación es diferente hoy, las cenizas permanecen y, tal vez por eso, lo primero que se apresuran a defender sus habitantes son las tierras fértiles que les han permitido sobrevivir en medio de los innegables contrastes entre riqueza y pobreza que hay en todo el departamento de Bolívar, empezando por Cartagena, su capital.
Ayer, justamente, la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura estuvo en Macayepo entregando 60 sentencias a líderes de las comunidades que conforman los Montes de María y que resultaron favorecidas con la política de restitución. Son terrenos que, aunque suyos, tuvieron que abandonar por cuenta de la guerra y la presencia intimidante de las Farc, el Eln y el bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas.
De hecho, este último actor contribuyó a azotar con más violencia una región que ya suma más de medio centenar de masacres. En octubre del año 2000, 15 campesinos fueron asesinados en Macayepo y, debido al temor, varios pobladores se vieron obligados a desplazarse de sus tierras. Incluso, un exsenador, Álvaro García Romero, estuvo involucrado en los hechos como uno de los autores intelectuales de la masacre y hoy está condenado a 40 años de prisión.
Ciertamente, negar la ausencia del Estado en la zona es pretender tapar el sol con un dedo, como lo ratificó a El Espectador el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal. Así que “se debe llegar con desarrollo rural, y eso significa entregar proyectos productivos, vivienda digna y vías de acceso para que la gente pueda sacar sus productos”, dijo ante unos 300 campesinos reunidos en la cancha de fútbol del corregimiento, recordando que el reciente acuerdo de paz logrado con las Farc en La Habana obliga a poner los ojos sobre el campo, una lucha que desde hace décadas viene reclamando con marchas la región de Montes de María.
Por eso, la inversión en proyectos productivos en Bolívar por parte de la Unidad de Tierras asciende a más de $5.000 millones, para atender las solicitudes de 238 familias asentadas en 19 municipios del departamento (siete en Montes de María y 12 en la zona norte). El Carmen de Bolívar, por ejemplo, es el segundo municipio del país con mayor número de solicitudes de restitución, después del registro que se tiene de los municipios de Antioquia como primer departamento solicitante en Colombia.
Sin embargo, de acuerdo con Julio César Bolaño, que ha sido víctima directa de la guerra, todavía quedan varias cosas pendientes. Empezando por hacer efectivo el primer punto de la agenda de negociaciones de paz: la reforma agraria integral. “Todavía no sé si le creo al proceso de paz, porque quiero que nos den más libertad sobre el campo”, dice. Libertad que, pese a todo, no se dejó arrebatar hace varios años cuando la guerrilla (no sabe si las Farc o el Eln) asesinó a dos de sus 10 hijos, uno de 19 y el otro de 21 años.
Aunque por recomendación de la Cruz Roja, cuenta, accedió a abandonar sus tierras e irse a Sincelejo, decidió regresar. “Yo soy un hombre de campo y no podía quedarme quieto”. Ahora siembra arroz, yuca, ñame y maíz. En estas tierras fértiles también se produce plátano, aguacate y ají. “Mi tierra es esta, y si me toca morir, que muera acá”, apunta Bolaño, convencido de que hoy la forma de relacionarse con la comunidad es más tranquila.
En Alta Montaña, de la que hacen parte los corregimientos de Macayepo, Hondible, Jojacinto, Lázaro, Tierra Grata, Loma Central y Saltones de Mesa, ya se contabilizan 200 hectáreas restituidas en 60 predios, como parte de un primer acuerdo que se logró en 2013, luego de que la comunidad se manifestara para exigir al Estado la atención integral a las víctimas del conflicto armado.
Testigo de ello es Luz Marina Quintana, también víctima. Por cuenta de la guerra, tuvo que aceptar la ausencia de su marido, importante líder en Montes de María, por lo que fue tildado de guerrillero por el Ejército. “Ellos venían todos los días a preguntar por mi esposo. Al final, se dieron cuenta de que no estaba en la casa y dejaron de venir. Pero la gente me decía que me fuera porque me iban a matar”, cuenta con un tono algo más optimista, luego de recibir el título que confirma que es la dueña de 18 hectáreas en el corregimiento de Lázaro. Ya no extraña a su marido, que hoy está en Cundinamarca. Sólo espera que, con lo que producen sus tierras, pueda ayudar al menor de sus hijos, que vive en Bogotá, para que acabe sus estudios de derecho.
Con el apoyo que le dio la Unidad de Tierras recibió algunas cosas para cultivar: herramientas, cerca eléctrica y panel solar. Lo que saca lo vende a orillas de la carretera por un precio muy económico y, cuando puede, le envía entre $30.000 y $50.000 a su hijo. “Ahora puedo dormir. Antes me daba miedo por lo que les pudiera pasar a mis hijos, pero las cosas han cambiado”, cuenta Quintana, recordando momentos en los que los habitantes de Macayepo y Lázaro se habían impuesto fronteras imaginarias. A los primeros los señalaban de ser paramilitares y a los segundos de guerrilleros. Ahora todos conviven en la reconciliación.