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Varios estudiantes de doctorado de las universidades de Los Andes (Bogotá) y de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), reaccionaron a una publicación de esta semana de Colombia2020, la cual reveló que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se niega a acompañar el lanzamiento del informe sobre violencia sindical en el sur del Cesar Y a la vida por fin daremos todo. La propuesta de los académicos es acompañar las presentaciones en Bogotá en donde entregarán algunos de los 1500 ejemplares que aún permanecen en las bodegas del CNMH.
Contexto: El informe que el Centro de Memoria se niega a lanzar
La revelación contiene los detalles de cómo el director del CNMH, Darío Acevedo, por medio de un escrito, le informa al sindicato Sintraproaceites que esta actividad no es una prioridad para la entidad. Igualmente, el reportaje relaciona las cartas previas que se cruzaron el gremio Fedepalma y el director Acevedo. Ambos aseguran que tienen reparos sobre el informe, el director Acevedo responde que no se puede hacer nada porque ya está publicado. No obstante, le ofrece un espacio para reconstruir otras memorias. ¿Qué hay detrás del informe? ¿Por qué el sindicato dice que lo que se pretende es opacar la relevancia del informe? Reconstruimos algunos puntos importantes del documento, toda vez que este hecho marca un nuevo episodio en la batalla por la memoria.
Los 90, la época de mayores crímenes
El mes de enero de 1990 arrancó con más crímenes contra los líderes de los sindicatos de la industria palmera. El 4 de enero, por ejemplo, desaparecieron a Aquiles Gutiérrez Ochoa. Fue abordado por desconocidos junto con su padre, y desaparecidos entre San Alberto y San Martín (Cesar). En ese momento era trabajador de Indupalma y afiliado a la organización sindical Sintraproaceites. Luego, el 22 de enero sucedió lo mismo con Francisco Agámez Leal. Fue asesinado en las oficinas de la empresa Indupalma en San Alberto (Cesar). Era el administrador general de plantación y llevaba dos años al servicio de la empresa.Corría el año 1991 y la violencia contra el sindicato no se detenía. El 17 de abril fue abaleado José Manuel Madrid Bayona, cuando se encontraba en un establecimiento público de San Alberto. Era el presidente de la seccional del sindicato Sintraproaceites. Llevaba 13 años y medio al servicio de Indupalma. Todos estos hechos, denunciaron los miembros del sindicato en su informe, se dieron en la época en que incursionó el paramilitarismo a la zona, desde que atacaron la sede del sindicato en 1989.
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Durante esa época muchos trabajadores se aventuraban a participar en política con la recién implementada elección popular de alcaldes. Entonces, resultó elegido el directivo sindical Lázaro Hernández Lara, del reciente creado Movimiento Alianza Democrática M-19. Triunfó en las urnas y se presentó como una victoria del movimiento obrero y sindical de la palma de San Alberto (Cesar). Sin embargo, el 30 de mayo de 1990 murió en un accidente de tránsito, dos días antes de su posesión.
Pasaron los años y antes de la mitad de la década del 90 el accionar de la insurgencia se incrementó. Las Farc, el Eln y el Epl hacían presencia en la zona y aportaron su cuota de sangre con el homicidio de otros líderes sindicales, entre ellos, el director de la plantación Francisco Agámez Leal, asesinado por la guerrilla. Del otro lado, los paramilitares los acusaban de auxiliadores de las insurgencias que operaban en el territorio.
En San Alberto los crímenes arreciaron y el 18 de noviembre de 1995 mataron a Gerardo Borja Sierra. Según sus compañeros, quienes años después rememorarían su legado en este informe, los grupos paramilitares fuertemente armados ingresaron en su residencia en el corregimiento de Puerto Carreño (municipio de San Alberto) y luego de detenerlo y amarrarle las manos con lazos, procedieron a saquear la tienda que era de propiedad de Gerardo y posteriormente le pegaron varios tiros de gracia. “Los empresarios palmeros aprovecharon esta violencia antisindical para hacer recortes a las conquistas laborales ya adquiridas durante muchos años de lucha y huelgas. Porque los sindicatos no podían exigir nada porque ahí estaban los paras. Entre otras impusieron las cooperativas asociativas de trabajo”, relata otro líder sindical del sur del Cesar en el informe Y a la vida daremos todo.
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“La primera estampida de todos nosotros fue hacia la ciudad de Bucaramanga desde donde organizamos una comisión a la ciudad de Bogotá para plantear la situación a las autoridades. Con la ayuda de compañeros de la CUT logramos una entrevista con el entonces ministro del interior Horacio Serpa Uribe. De la misma forma con la secretaría de la presidencia para los derechos humanos y dos organizaciones no gubernamentales”, relata otro testimonio en el relato.
Así pues, la violencia contra los trabajadores sindicales a lo largo de los años se recrudeció y normalizó en la región. La persecución y las amenazas, por culpa de la estigmatización, los puso a tiro de cañón de los ilegales quienes buscaban dominar el territorio e imponer la ley del mejor postor. En total, asesinaron a más de 95 trabajadores, entre afiliados y directivos, seis presidentes sindicales solo en San Alberto, 10 desaparecidos, 12 familias exiliadas y más de 300 desplazados, resalta el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La lucha de los trabajadores de la palma de aceite
El informe, a través de las narraciones propias de los pobladores del territorio y trabajadores de la palma, realiza un recorrido por la historia de la lucha de las organizaciones sindicales en Cesar desde sus orígenes. Es así como la narración ubica como momento clave el primer intento de huelga en el municipio de San Alberto, en 1971.Para entonces, las condiciones de quienes llegaron a la región a trabajar en las plantaciones de palma eran precarias y su régimen de trabajo era a través de un contratista, por lo cual no tenían prestaciones sociales. De hecho, ese ha sido el corazón de la lucha desde entonces: ser reconocidos como trabajadores directos de la empresa, particularmente de Indupalma.
“La huelga del 71 fue declarada ilegal y le quitaron la personería jurídica al sindicato, fruto de la persecución jurídica. La sede sindical fue derribada con un buldócer. Eso lo presentaron como un accidente”, dice uno de los testimonios recogidos en la publicación.
En el relato, representa un hito la “gran huelga” de agosto de 1977. Contrario a lo que sucedió en 1971, en esta movilización sí se logró el objetivo y un gran porcentaje de los trabajadores que estaban como contratistas fueron vinculados directamente a Indupalma, a pesar de la posición de la empresa hacia la organización sindical, que califican como “extremadamente antisindical”.
Durante toda la década de 1980 las organizaciones sindicales en la zona continuarían consolidándose, aún en medio de la violencia que se recrudeció a finales de la década. Sería en 1985 cuando nace finalmente una organización que recogería a todas las demás y que hasta hoy continúa vigente: Sintraproaceites, organización con la que se trabajó el informe.
En adelante, lo que vendría sería una oleada de violencia contra los trabajadores que se profundizó aún más con la llegada del paramilitarismo a la región. La situación empeoró hacia 1993 cuando la empresa, a raíz de la apertura económica, alegaba una crisis cuyos mayores afectados eran los empleados. Ello llevó ese año a otra gran huelga que no fue exitosa. La violencia sistemática se extendió hasta los años 2000, con una organización sindical considerablemente disminuida por los hechos victimizantes y la estigmatización.
Las condiciones actuales de los trabajadores no distan mucho de lo que eran décadas atrás. Aún hoy un sector importante de los trabajadores lucha para que sean reconocidos como trabajadores directos de la empresa, pues están tercerizados debido al modelo que implementó la empresa, denominado cooperativas de trabajo asociado. Un modelo laboral que ha sido incluso declarado ilegal por el ministerio del Trabajo.