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La nueva Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz quedó sin dientes y es una instancia débil. Eso dicen algunos conocedores de ese pacto, por cuenta del Decreto 2647 que firmó el pasado 30 de diciembre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda.
El decreto, que modifica la estructura del Dapre, es la formalización de lo que había anunciado el pasado 12 de octubre el director de esa entidad, Mauricio Lizcano, sobre la intención del Gobierno de Gustavo Petro de ahorrarle al país $83.000 millones en costos de funcionamiento del Estado. El resultado fue que de las 12 altas consejerías que había en el Gobierno de Iván Duque, en la administración de Petro quedarán solo cinco.
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Cuando se anunciaron esos cambios se dijo que se eliminaría la Consejería de Estabilización y Consolidación -que en el gobierno pasado lideró Emilio Archila y que centralizó las tareas de la implementación del Acuerdo de Paz- y que sus tareas se fusionaban con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bajo esa oficina quedó la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, y cuya cabeza es la defensora de derechos humanos y exalcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas Montoya.
Algunos artículos del decreto alertaron a distintos actores cercanos al Acuerdo de Paz, que afirman que la concentración de responsabilidades en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), que lidera Danilo Rueda, podría significar una desventaja para la implementación de ese pacto firmado entre el Estado y las extintas Farc.
Argumentan que el Alto Comisionado tiene varios frentes abiertos como la estrategia de Paz Total, que incluye a las negociaciones de paz que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), los diálogos exploratorios con otros grupos armados con miras a un sometimiento ante la justicia y los ceses al fuego bilaterales con algunos de ellos.
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En el periodo 2018-2022, la antigua Consejería para la Estabilización y Consolidación se encargaba de articular entidades para el posconflicto, que incluían al Viceministerio general de Hacienda, a la Vicepresidencia de la República y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. También lideraba acciones en la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), OCAD Paz y en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Al suprimir la figura de esa consejería, el decreto le asignó esas responsabilidades al Alto Comisionado para la Paz.
De acuerdo con el decreto, la Unidad de Implementación limitaría sus esfuerzos a “asesorar” a la Oficina del Alto Comisionado en “la formulación, estructuración y desarrollo de las políticas, programas y proyectos que se requieran”.
El documento plantea que la Unidad tiene apenas siete funciones, entre ellas “coordinar las directrices y líneas de política que permitan la implementación del Acuerdo Final”, pero atendiendo “los lineamientos del Alto Comisionado para la Paz”; el “realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final y de su alineación con el Plan de Gobierno” y otras tareas que le “sean asignadas por el Alto Comisionado para la Paz”.
Todo esto dejaría sin poder decisión a Cuartas en la gestión y organización de asuntos de tierras junto con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y los procesos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otros. Esto contradice las promesas de la funcionaria, cuando se posesionó hace apenas tres meses, en octubre de 2022.
La misma Gloria Cuartas, en un evento con Colombia+20 el pasado mes de noviembre, confirmó esas intenciones del gobierno con su oficina: “Desde nuestra unidad estaremos encabezando todas las responsabilidades concernientes a lo que quedó acordado en La Habana. Seremos puente entre la comunidad, excombatientes y el alto comisionado Danilo Rueda para sacar adelante los pedidos de paz que tienen tantos años. Sé que si en estos cuatro años no se avanza en temas concretos de PDET, tierras y reparación habrá consecuencias irreversibles”, dijo.
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Una lectura similar la da el senador Humberto de la Calle, figura cercana a la implementación de la paz por su papel como jefe negociador del gobierno Santos en La Habana. El líder político aseguró que depender de tanto de una sola figura, en este caso de la Oficina del Alto Comisionado, puede tener efectos adversos.
“Las funciones que este Decreto le otorga a Gloria Cuartas son lamentables. Pasamos de una Consejería que tenía entre sus funciones más de 20 responsabilidades específicas asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz en temas clave como la articulación de las 54 entidades, coordinar la hoja de ruta de cada PDET, impulsar la reincorporación con la ARN, liderar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad, entre muchas otros, a una Unidad para la Implementación del Acuerdo Final debilitada, con siete escuetas tareas amarradas únicamente a hacer seguimiento”, afirmó el senador.
Y agregó: “Hoy vemos a un Comisionado de Paz responsable de la negociación con el Eln, liderando múltiples negociaciones con organizaciones criminales y, adicional a eso, será el encargado coordinar con la ANT la implementación de la Reforma Rural Integral, coordinar con la ART la implementación de los PDET, coordinar con la ARN los programas de reincorporación, entre otras cosas. Es un error convertir a un consejero presidencial en un superministro”, afirmó el senador.
De la Calle fue uno de los primeros congresistas en alertar sobre otras situaciones que resultarían problemáticas en la institucionalidad para la paz en el corto plazo. En octubre pasado, mostró su preocupación sobre el recorte en algunas entidades en el presupuesto general que se debatía en el Congreso y que, tal como lo dijo Colombia+20 en esta nota, sí tuvieron alguna reducción en las partidas.
Otra de las críticas a Petro, tras su llegada al poder, fue el retraso en el nombramiento de las personas que liderarían las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz. Durante más de dos meses fue un enigma quién reemplazaría a Emilio Archila, lo mismo ocurrió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), entre otras.
De hecho, apenas este martes, se posesionó Alejandra Miller como directora de la ARN. Ahora, con todas las cabezas de las instituciones posesionadas, no está del todo claro hasta qué punto la OACP podrá delegar y descentralizar funciones que no retrasen más la implementación de una paz que este año cumplirá su séptimo aniversario.
Colombia+20 intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Cuartas y, aunque nos dio una fecha de la entrevista, no respondió.
Lea el decreto completo:
¿Hay molestias en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación?
Las alertas también las había dado la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), entidad que surgió del Acuerdo y que entre sus 36 funciones, están la de resolver las diferencias de interpretación o cualquier situación imprevista que surja entre las partes, hacer recomendaciones para impulsar la implementación, entre otras.
Colombia+20 conoció un derecho de petición que esa Comisión le envió al Dapre, el 23 de diciembre de 2022, (fecha en la que Lizcano ya tenía listo el rediseño de su oficina y dependencias) en el que formulaban algunas inquietudes sobre el desarrollo y formalización de los roles de las instituciones con las que han trabajado para implementar el Acuerdo de Paz en los territorios.
De acuerdo con miembros del partido Comunes que han hecho parte de esa Comisión y que pidieron no ser identificados para esta nota periodística, el hecho de marginarlos de la discusión de cómo operaría la Unidad de Implementación o cuáles serían los nuevos alcances de la OACP es “una deslealtad y eso es pasarle por encima a lo que ha significado la Csivi durante el posconflicto”.
Algunos incluso afirmaron que la formulación y aprobación del Decreto 2647 no cumplió con todos los requisitos de carácter legal porque no hubo una etapa de socialización. “Al final todos buscamos la paz en Colombia, eso es lo que nos une. Sin embargo, hay formas que no son las correctas y hay puntos innegociables para dialogar que siempre deben ser compartidos. La paz no es de unos pocos sino para beneficio del país”, dijo en diciembre a este diario Rodrigo Granda, líder de la Csivi.
El pasado 17 de enero, integrantes de la Comisión se reunieron con Lizcano -entre ellos Granda, Rodrigo Londoño y Pastor Alape- y aseguraron que tras una conversación provechosa “se pasó revista a una serie de inconvenientes que venían retrasando la implementación” y se habló en detalle de los nuevos roles de la OACP como la instancia con mayor jerarquía en el país para cumplir con lo pactado en La Habana en 2016.
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Este diario se comunicó con Mauricio Lizcano para que explicara la reestructuración de las funciones de la Oficina del Alto Comisionado y de la Unidad de Implementación, pero no hubo respuestas.