Varias de las deudas pendientes están en trámite en el Congreso: reformar el sistema político, y fortalecer la participación y representación política de la mujer.
El Acuerdo de Paz se propuso avanzar hacia una apertura democrática a través de dos pilares, la ampliación de la democracia y su profundización. Sobre ellos descansa la aspiración de construir una paz estable y duradera. Lo anterior implicaba por lo tanto el que se tuvieran que adoptar una serie de decisiones políticas, reformas legales, incluyendo constitucionales, y medidas administrativas de diferente orden y en diversos niveles. Sin embargo, un seguimiento mínimo de su cumplimiento pone al descubierto con absoluta claridad la aplicación de la máxima de “se obedece, pero no se cumple”, en algunos casos, y “se le tiene, pero se le demora”, en otros.
Es importante recordar que la esencia misma de la negociación del Acuerdo radicó en “la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos”. Para lograrlo, el Estado debía dar todas las garantías necesarias para la participación y representación política de todos aquellos quienes han estado históricamente excluidos, incluyendo la creación de garantías para que las organizaciones armadas pudieran dar el paso hacia su constitución en partidos u organizaciones políticas.
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Es así como en el desarrollo de los “Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final”, como reza en el Acuerdo de Paz, se cumple con la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2017. Es con base en este marco legal que el Consejo Nacional Electoral - CNE – le reconoce la personeria jurídica el 31 de octubre de 2017 al partido “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC”, hoy Partido Comunes. Este reconocimiento está acompañado de la asignación, independiente del éxito electoral, de 10 curules en el Congreso, cinco en cada una de las cámaras para los periodos correspondiente al 2018 y 2022; de la designación de un representante en el CNE con voz pero sin voto, y de la asignación de recursos para la financiación estatal de sus campañas políticas.
Los derechos se otorgaron. En cambio, las garantías han sido, por decirlo menos, deficientes. En enero de 2022 la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (violación sistemática de derechos) por el bajo nivel de cumplimiento de las garantías de seguridad a favor de los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, sus familias y quienes integran el partido Comunes (Sentencia SU 020 de 2022). De manera específica sobre violencia política, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado 37 hechos violentos contra líderes políticos del partido Comunes desde 2017, de los cuales 14 son amenazas, 13 asesinatos, 9 atentados, y un desaparecido. De manera general, la Misión de Verificación de la ONU identificó a septiembre de 2022, el asesinato, la tentativa de homicidio y desaparición de 474 excombatientes.
Pero hay otros logros que sí se han materializado. En el 2018 se expidió el Estatuto de la Oposición, una promesa de la Constitución de 1991 que requirió un proceso de paz de por medio para establecer un catálogo de medidas que protegieran el derecho a la oposición política desde el nivel nacional hasta los ámbitos departamentales y municipales.
También es importante destacar que se reconfiguraron y reactivaron el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC), que tienen entre otros objetivos acompañar la implementación de las políticas y planes en las materias de reconciliación, convivencia y no estigmatización.
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Finalmente, ya corriendo el calendario electoral para las elecciones a Congreso que se llevaron a cabo este año, y después de muchos debates que habían hecho imposible la promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, como lo señala textualmente el Acuerdo, las 16 curules para la paz en la Cámara de Representantes fueron posibles gracias a la Corte Constitucional, que falló una tutela en la que resolvió una bizarra controversia jurídico-matemática que no permitía establecer cual era la mitad más uno de los votos de senado. Así, en 167 municipios, todos ellos afectados de una manera desproporcionada por la violencia del conflicto armado, se conformaron en 16 circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. El 13 de marzo pasado, los habitantes rurales de esos territorios pudieron elegir a sus representantes. Esta misma elección se repetirá por una última vez en marzo de 2026.
¿Qué está pendiente? Dos temas gruesos han entrado y se han hundido en el anterior Congreso de la República, y dos de ellos están actualmente haciendo tránsito en el legislativo que se posesionó el pasado 20 de julio. Estos son relativos a la necesidad de reformar el sistema político, y de otra parte, a fortalecer la participación y representación política de la mujer.
El primero de los temas es el de la Reforma Política. En el 2017, efectivamente fue conformada y convocada la Misión Electoral Especial, tal como lo previó el Acuerdo. Esta finalizó su encargo presentando una serie de propuestas de reformas y ajustes institucionales. Desde esa época se han presentado por lo menos nueve iniciativas por parte de diferentes organizaciones políticas, pero no han podido avanzar; ninguna de ellas ha superado el trámite legislativo. Aunque son varios los ajustes que nuestra democracia requiere, es necesario anotar que la reforma “imposible”, que a la vez es la más urgente, es la relativa a la arquitectura de las autoridades electorales, que tiene como objetivo que estas sean independientes, no partidistas, autónomas y especializadas. Esto representaría un avance enorme en las garantías a los derechos políticos de la ciudadanía, pero todo parece indicar que las mayorías políticas representadas en el Congreso no opinan lo mismo.
Si bien actualmente cursa una reforma política que empezará su discusión en tercer debate en la Cámara de Representantes, y que es el resultado de la acumulación de una iniciativa del Gobierno y otras iniciativas presentadas por congresistas, como está, genera más preocupaciones que tranquilidades. La reforma constitucional en debate no avanza del todo en los objetivos establecidos en el Acuerdo de Paz, en tanto flexibiliza el régimen de doble militancia, modifica las reglas de financiación política eliminando restricciones y haciendo confuso el régimen de responsabilidad para candidatos y organizaciones políticas, entre otras creativas iniciativas que esperamos irán siendo ajustadas razonablemente en los 4 debates que están pendientes.
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En lo concerniente a la participación y representación política de la mujer, el cual se debe ver dando alcance a normas que prevengan y sancionen de manera efectiva la violencia contra las mujeres que ejerzan diferentes tipos de liderazgos en la sociedad Colombiana. En torno a este último tema, nuevamente hacen cola para discusión dos proyectos de ley. En anteriores legislaturas su discusión se programó para que se llevará a cabo el día de la mujer. Después de ese día, mueren lánguidamente traspapeladas entre las propuestas que son consideradas “urgentes”. Todo parece indicar que la actual bancada de mujeres congresistas no va a permitir que esto suceda nuevamente. En lo relativo a la representación efectiva de las mujeres, en la propuesta de reforma política arriba mencionada, se ha aprobado hasta el momento, que las listas que se conformen a partir del 2026 deben ser paritarias y con alternancia.
Debido a la actual composición del Congreso de la República donde predominaron las declaratorias de bancadas de gobierno, es de esperarse que en los casi cuatro años que aún quedan de gobierno, se logren avances mucho más evidentes en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
* Directora de la Misión de Observación Electoral