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Cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente, el pasado 7 de agosto, dejó entrever en su discurso que su política de paz -o “paz total” como él la llama- debía incluir la aceleración de la implementación del Acuerdo de Paz.
“Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el Gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado”, dijo en ese momento.
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Ya elegido presidente, aunque aún sin posesionarse, asistió a la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV) el 28 de junio, en una ceremonia en la que justamente brilló por su ausencia el entonces presidente Iván Duque. En un detalle fuera del protocolo, pero lógico dada las puntadas que Petro había dado sobre su compromiso con el Acuerdo de Paz, fue él quien le recibió las recomendaciones a Francisco de Roux, presidente de la CEV.
En ese acto dio su primer discurso tras ganar la elección y afirmó: “Leeré las recomendaciones que se le hacen al Estado y a la sociedad. Estas recomendaciones se convertirán en eficaces en la historia de Colombia”, prometió Petro.
Desde entonces sus esfuerzos han estado concentrados en la política de “paz total”, que no solamente incluye la paz “tradicional” vinculada a negociaciones con actores armados con estatus político -como la que adelanta con el Eln, por ejemplo-, sino que la extiende a acercamientos con grupos armados criminales para que accedan a la justicia a través de un acogimiento.
La implementación del Acuerdo de Paz es el eje central de esa “paz total” de Petro, porque será su herramienta para demostrar que cumple los pactos y convencer a otros grupos de entrar en negociaciones o sometimiento. Si quiere que le crean todos aquellos que han tocado la puerta, el acelerador de lo pactado en La Habana debe pisarse ya.
El balance en ese sentido en los primeros 100 días de gobierno, que cumplirá el presidente este lunes 14 de noviembre, muestra que hay voluntad, pero aún lentitud en algunos procesos.
Tardanza en entidades claves
Solo hasta el pasado 13 de octubre se nombró a Gloria Cuartas como la nueva directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Este nuevo cargo en sí mismo fue el resultado de una reestructuración pedida por el mismo Petro para ahorrar dinero en el funcionamiento del Estado y acabar con entidades paralelas.
El revolcón en este sentido lo hizo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, que de las 13 consejerías que tenía Duque dejó cinco. Esos cambios supusieron la eliminación de la Consejería de Estabilización y Consolidación -encargada en la administración anterior del Acuerdo de Paz, en cabeza de Emilio Archila-, que se fusionó, entre otras entidades, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Cuartas asumió las funciones de esa consejería que ahora se llama Unidad para la Implementación, y que será una subdirección bajo el mando de Danilo Rueda, alto comisionado de Paz y el hombre clave de Petro en la “paz total”.
“No podemos permitir que un solo peso de los proyectos para la paz se pierda en coimas”, expresó entonces la nueva directora de la Unidad, en referencia al escándalo sobre contratos del OCAD Paz entregados “a dedo” o donde terceros pedían coimas.
Pero la designación de Cuartas no fue lo único lento. Otras entidades claves estuvieron sin cabeza, como la Dirección de Política de Drogas. El nombramiento fue el pasado 22 de septiembre y la entidad quedó a cargo de Gloria Miranda, cuya llegada fue cuestionada por su falta de experiencia en un tema clave para Petro, dada su férrea posición para cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas. Miranda está vinculada al senador Gustavo Bolívar, a quien acompañó en la formulación del proyecto de ley de regulación del cannabis.
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También estuvo acéfala la Agencia de Renovación del Territorio, cuyo director, Raúl Delgado, fue nombrado el pasado 26 de octubre; el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a donde llegó María Valencia Gaitán, la nieta del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, y cuya designación se supo el pasado 2 de octubre. Aún sigue sin director la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Relanzamiento de dos instancias clave
Pese a esta tardanza, un hecho clave dentro de la administración fue el relanzamiento el pasado 2 de octubre de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
Ambas comisiones tuvieron un rezago durante el gobierno de Iván Duque, que las veía como un organismo asesor y no como parte del Estado, que era como lo establecía el Acuerdo de La Habana.
En contexto: Relanzan dos instancias clave para la implementación de Acuerdo de Paz
La CSIVI es una entidad con 36 funciones primordiales para el cumplimiento de ese pacto como la de resolver diferencias de interpretación o situaciones imprevistas que surjan entre las partes, aprobar el Plan Marco para la implementación del Acuerdo Final, constatar el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, entre otras. Por su parte, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene como objetivo el diseño de la política pública para desmantelar organizaciones sucesoras del paramilitarismo responsables de homicidios y masacres contra defensores de derechos humanos, excombatientes o quienes participen en la implementación del Acuerdo de Paz.
Pese a la evidente violencia contra esta población durante el gobierno de Duque, que registró solo en 2021, 171 muertes de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, 43 de firmantes de paz y 96 masacres, la CNGS no logró tener importancia en esa administración. Una prueba es que durante los cuatro años de mandato de Duque solo sesionó siete veces.
Ese 1° de octubre Petro instaló la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de su gobierno y ordenó que esta instancia se reúna una vez al mes para agilizar sus tareas.
Tierras, el centro del conflicto
Lo que más sonó durante estos 100 días fue la compra de tres millones de hectáreas que el Gobierno se puso como meta para entregar a campesinos y cuya cifra responde a lo pactado en el punto uno (reforma rural integral) del Acuerdo de Paz.
Con ese ambicioso plan, Petro le apuesta a saldar la deuda histórica del acceso a tierras, la raíz del conflicto en Colombia: solo el 0,4 % de la población es dueña del 46 % de la tierra rural. En el camino dio un paso que parecía imposible: un histórico acuerdo entre el Gobierno y la Federación de Ganaderos (Fedegán) para la compra de esas tierras.
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La meta, sin embargo, ha empezado a frenarse incluso por la misma ministra de Agricultura, Cecilia López, quien dijo el pasado 26 de octubre, en medio de un debate en la Comisión Quinta del Senado, que era “imposible” llegar a esos tres millones de hectáreas. “Para ser realistas, comprar tres millones de hectáreas en cuatro años, imposible. Si llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos millón y medio o un millón, somos unos magos. Eso es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo”, dijo López.
Una de las acciones en este sentido se dio el 6 de octubre, cuando se entregaron las primeras 297.000 hectáreas tituladas a indígenas. Diez resguardos fueron los beneficiarios de los predios donde estaban asentados hace décadas, pero sin una titulación formal por parte de la Agencia de Tierras. En 100 días, 681.00 hectáreas fueron legalizadas.
Comprar no es la única opción para cumplir con la meta, también se puede disponer de la adjudicación de terrenos baldíos y predios que hayan caído en procesos de extinción de dominio. El Gobierno ha avanzado en lo último con un revolcón en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra los bienes incautados, por cuenta de denuncias sobre irregularidades en el inventario de la entidad.
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La primera entrega de este tipo de bienes se dio el pasado 29 de octubre, y constituyó otro hecho histórico: como forma de reparación, 50 familias campesinas recibieron la finca Támesis, una propiedad ubicada a pocos kilómetros de Montería, de unas 590 hectáreas, y cuya propiedad era de Jesús Alfonso Berrío o Poncho Berrío, socio de Vicente Castaño, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El gran reto, aparte de la compra es la calidad de los predios y que estos de vuelvan productivos. “La ministra ha dejado claro que no pueden ser tierras despojadas, que no sean productivas, y que sean aptas para el uso del suelo. Pero este cambio solo va a funcionar si se convierte en una política de Estado no solo del gobierno de Petro”, explica a Colombia+20 Edwin Novoa, investigador sobre tierras en Colombia.
Para Novoa esa compra es solo el primer paso, el otro tiene que ver con la adjudicación y formalización de otras 7 millones de hectáreas -también previsto en el Acuerdo-. “Hay un plan de normalización, un marco normativo que pone muchas trabas, es un proceso complejo con una multiplicidad de pasos que ha demostrado quno ha funcionado. Si eso no se cambia no se hará la formalización que es el siguiente paso en el tema de tierras”, explica.
Seguridad de firmantes de paz
Una de las acciones más urgentes para la nueva directora de la Unidad para la Implementación, Gloria Cuartas, entre todo lo que implica cumplir efectivamente el Acuerdo de Paz, es garantizar la protección y seguridad de los firmantes de paz. De acuerdo con Indepaz, 342 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016. De esos, 36 han ocurrido este año. Casi la misma cifra de la Misión de Verificación de la ONU, que también hace seguimiento al Acuerdo.
Aunque en septiembre Indepaz registró una ligera disminución de violencias contra líderes, firmantes y masacres, octubre tuvo un repunte, según ese instituto.
Varios informes y alertas de organismos internacionales han indicado que estas muertes responden a un patrón sistemático contra ex-Farc y algunos de sus familiares. Hasta agosto pasado, 62 parientes de los excombatientes había sido asesinado a manos de las disidencias de las Farc y las Agc (Clan del Golfo), en su mayoría, según datos de la Fiscalía.
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El proceso de reincorporación es la base del Acuerdo de La Habana y el Gobierno sabe que la falta de garantías podría poner a tambalearlo y ser una excusa para que también se caiga la “paz total” con otros grupos. Hasta ahora, 12.820 firmantes de paz se encuentran activos en el proceso de reincorporación, es decir, el 94,1 % de los acreditados (13.616).
La situación de violencia llevó a que en enero pasado la Corte Constitucional declarara el Estado de Cosas Inconstitucional por la violación masiva del Acuerdo de Paz en cuanto a las garantías de seguridad a los firmantes.
Cambio en la política de drogas
Sobre la solución a los cultivos de uso ilícito, Petro ha sido insistente en que se debe cambiar el enfoque en la lucha contra las drogas. Su primer cambio -ligado a la paz total- fue dejar de centralizarse en los cultivadores de coca, y enfocarse en las organizaciones criminales. Ello se tradujo en detener las fumigaciones aéreas con glifosato y apostar por la erradicación manual concertada con comunidades.
Para ello, pretende reforzar el lánguido Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la punta de lanza del Acuerdo de Paz para que los campesinos arrancaran esas siembras y las reemplazaran por proyectos productivos, que hasta ahora no ha dado los frutos que buscaba.
En el presupuesto nacional de 2023 la asignación para el PNIS quedó en 1.3 billones de pesos, a los que ahora se le añadirá e 20% de lo que se recoja con el impuesto al carbono como quedó aprobado en la reforma tributaria.
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Pero su mensaje no solo se quedó en el ámbito local. Petro quiere liderar el cambio en la política en la región lo que incluso lo ha llevado a pedir una revisión en las políticas de extradición con Estados Unidos o, sin ir más lejos, fue su bandera en una primera -y nada tímida- intervención ante la Asamblea General de la ONU. Allí el presidente volvió a decir que la guerra contra las drogas “ha fracasado”.
“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder”, dijo el presidente.
Además, Colombia ya está dando pasos más pequeños, como impulsar un proyecto de ley que busca legalizar el consumo recreativo de la marihuana
Justamente ayer durante el quinto Foro de París por la Paz, Petro volvió a insistir en la necesidad de un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas. “La guerra contra las drogas solo ha traído muerte, y una muerte mayor que en las guerras en el XXI”, dijo.
