Punto 1 y 2: Reforma Rural Integral y participación política
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El punto 1 es el que más ha avanzado en estos poco más de 100 días del gobierno de Gustavo Petro, que se dispuso a meterle acelerador a la implementación. Lo que más sonó fue la compra de tres millones de hectáreas que el Gobierno se puso como meta para entregar a campesinos y cuya cifra responde a lo pactado en el punto uno (reforma rural integral) del Acuerdo de Paz.
Con ese ambicioso plan, Petro le apuesta a saldar la deuda histórica del acceso a tierras, la raíz del conflicto en Colombia: solo el 0,4 % de la población es dueña del 46 % de la tierra rural.
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Punto 3, 4 y 5: Reincorporación, solución al problema de drogas y víctimas
Una de las acciones más urgentes para la nueva directora de la Unidad para la Implementación, Gloria Cuartas, entre todo lo que implica cumplir efectivamente el Acuerdo de Paz, es garantizar la protección y seguridad de los firmantes de paz. De acuerdo con Indepaz, 342 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016. De esos, 36 han ocurrido este año. Casi la misma cifra de la Misión de Verificación de la ONU, que también hace seguimiento al Acuerdo.
Sobre la solución a los cultivos de uso ilícito, el gobierno de Gustavo Petro detuvo las fumigaciones aéreas con glifosato para apostarles a la erradicación manual concertada con comunidades. Para ello, se pretende reforzar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la punta de lanza del Acuerdo de Paz para que los campesinos arrancaran esas siembras y las reemplazaran por proyectos productivos.
En el caso de las entidades del Sistema Integral de Paz, el 28 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada por el Acuerdo de Paz, le entregó al país su Informe Final que consta de 10 tomos y una declaración conjunta que compilan la investigación de más de tres años de la entidad. La Unidad de Búsqueda, por su parte, ha hecho 7 entregas dignas a familiares o seres queridos. Acciones realizadas en coordinación con el Grube de la Fiscalía y la Unidad de Víctimas.
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 13.578 personas han suscrito actas de compromiso y sometimiento ante la JEP. De ellas, 9.834 son exmiembros de las Farc, 3.496 miembros de la fuerza pública, 95 agentes de Estado diferentes a fuerza pública, 71 terceros civiles y 12 de protesta social. El pasado 21 de octubre, cuatro años después de iniciar su labor, la JEP dio a conocer la primera resolución de conclusiones, pero por el Caso 03 de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos ocurridos en el Catatumbo.
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