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Seis meses después de que la vicepresidencia Francia Márquez firmara un acuerdo con Estados Unidos para impulsar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016, parece haber un avance en la materia.
Según Richard Moreno, representante de la Vicepresidencia para el impulso de ese capítulo, se han adelantado una serie de reuniones con diversas entidades del Gobierno -unas 30 encargadas de esa implementación- para diseñar el cronograma de seguimiento. Además se pidieron las tareas específicas, un recuento de los recursos para ejecutarlos, así como el detalle de cómo está integrado el capítulo en el presupuesto general y en el Plan Nacional de Desarrollo, que se debate la próxima semana.
Con eso a cuestas, la propuesta de la vicepresidenta, Francia Márquez, a quien el presidente encargo esa tarea, se dará a conocer en mayo.
“Podremos decir que sobre mayo en un evento nacional se dará a conocer cuál es el plan de la vicepresidente Francia para llevar a cabo todo esto. Eso sí, lo que tenemos claro es que los ojos de la vicepresidenta para saber si esto sí o no se está cumpliendo son ustedes, las organizaciones y líderes y lideresas sociales en los territorios”, advirtió Moreno.
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La afirmación la hizo este sábado desde Tumaco donde se llevó a cabo el festival cultural Colombia, una historia de paz, el primer evento de socialización de la Misión de Verificación de la ONU tras la autorización del Consejo de Seguridad en enero pasado de ampliar su mandato para monitorear la reforma rural el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.
En el evento, jóvenes de organizaciones sociales y artísticas y culturales, así como representantes de Consejos Comunitarios y líderes afro e indígenas del territorio y delegados del Gobierno Nacional hablaron sobre cómo acelerar el cumplimiento del capítulo étnico, esencial para la protección de esas comunidades, pero el más rezagado hasta ahora.
En el primer panel, dedicado a la cultura como agente de paz, estuvieron presentes Harold Tenorio de la agrupación musical Plu con Plá, Diana Quiñones, del Centro Afro de Tumaco y Margoth Botina, de Redepaz, Nariño.
Los tres coincidieron en que una de las mayores tareas de la implementación del capítulo étnico es la conservación de la cultura y las tradiciones de los pueblos. “La cultura ofrece una ruta alternativa de la violencia porque sobre todo es una decisión de comunidad, la decisión de mantener, exacerbar y transmitir”, dijo Tenorio.
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Además, agregó que hay tensiones en la forma de existir para los grupos étnicos justamente porque han estado invisibilizados de los espacios y que, desde el arte se ha hecho un esfuerzo grande para circular y que el capítulo pueda tener toda la difusión posible. “Cuando hay víctimas de la capital, eso toca a la sociedad de una manera, hay movilizaciones, marchas. Si, en cambio, es un joven del Pacífico no conectamos. Pero Colombia, cuando nos reconoce, reconoce a las poblaciones indígenas y afro, ahí le queda difícil matarnos”, afirma.
Diana Quiñoñes, del Centro Afro de Tumaco, dijo que ve el capítulo étnico como una cámara enorme que por fin pone enfoca la escena que ellos ven todos los días y que el trabajo artístico que hace con jóvenes tiene como objetivo ser la grieta entre la vía fácil que usan los grupos armados para conquistarlos. “Me siento como esa grieta que les dice: por aquí hay otro camino detrás de esa pared (…) tengo la esperanza de que el capítulo nos ayude en ese trabajo, pero que también lo haga de la mano con el territorio, con nuestros árboles, con nuestros ríos, con el aguacero, con el río. Así entenderían nuestro concepto de vida”, explica.
Uno de los grupos con los que Quiñones trabaja hizo una presentación en ese sentido. Al ritmo de la canción Agua, de Plu con Plá, ocho niñas bailaron en honor al recurso natural. “Nosotros somos agua, vivimos en una isla. Tenemos una conexión inmensa con ella, representa nuestros alimentos, nuestro trabajo, nuestra forma de vida, de cantar, de caminar. Esa puesta en escena evidencia eso, que es también un reclamo por todo lo que le han hecho a esa agua y cómo sufrió en el conflicto”, dice Quiñones.
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¿En qué va la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz?
En el segundo sobre los desafíos del capítulo étnico participaron, además del representante Moreno, Gabriela Olguín, asesora de asuntos étnicos de la Misión de Verificación de la ONU, Nilson Estupiñan, de Redhpan, y José Canticus, gobernador del resguardo indígena Inda Guaracay.
“Es muy simbólico que Colombia al momento de firmar la paz entre las antiguas FARC y el Gobierno incluyera este capítulo. Así que cuando pienso en ese documento, pienso que ya es una lucha ganada de las comunidades. Ahí reconocen que no hay una sola Colombia, sino que son una Colombia diversa, y que hay colectividades con derechos que deben ser respetados. Esa es la aspiración que tienen los pueblos étnicos. Su implementación realmente puede tener unas transformaciones muy significativas en los territorios”, afirmó Olguín.
Algunos de los asistentes hicieron comentarios y preguntas a los panelistas, casi la totalidad encaminadas a cómo se está aterrizando esos planes en los territorios. Por ejemplo, el representante de la Mesa de víctimas de Tumaco le dijo al foro que se necesitaba menos teorización y más impacto real en las comunidades. “Ya no necesitamos ni contexto ni discurso. Se necesita superar los faltantes históricos y lograr una satisfacción de derechos. Además, se necesita revisar móviles de violencia que están atacando a las comunidades y que hoy no están incorporados en ese capítulo. Necesitamos una apuesta misional, no ejecutores con una planilla”, afirmó.
Moreno afirmó que actualmente el capítulo étnico significó varios avances importantes en Colombia.
“Significó por un lado, la unidad de los pueblos étnicos en Colombia. Si no nos juntamos negros e indígenas, para exigir, reclamar participación, y así evitar que lo negociado fuera a diferenciar de manera negativa los derechos adquiridos, no hubiese sido posible que tuviéramos ese capítulo. La vicepresidenta fue un actor activo en esa construcción de ese capítulo. Lo segundo es que el capítulo es la norma constitucional que rige la unidad de los pueblos y la garantía colectiva de derechos de los pueblos. Tiene rango constitucional. Por último, ese documento significa la posibilidad de paz territorial desde una perspectiva diversa, étnica y con autonomía de estos mismo pueblos”, explicó.
En enero pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación del mandato a la Misión de la ONU en Colombia para verificar el capítulo étnico y la reforma rural integral contenidos en el Acuerdo de Paz. La tarea era ni más ni menos que monitorear, entre otros, las peticiones que organizaciones indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales pusieron en el pacto de La Habana, que se convirtió en el primero en la historia de los acuerdos de paz en tener un capítulo dedicado específicamente dedicado a los temas étnicos.
Entre esas tareas está la entrega y formalización de tierras, la restitución de tierras a las víctimas del conflicto, la creación del tribunal agrario y del organismo de alto nivel para promulgar lineamientos sobre el uso de la tierra, pero todo ello teniendo en cuenta la inclusión de los pueblos y territorios étnicos.
El informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz que entregó el pasado 10 de abril la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad y que fue presentado unos días después en Nueva York, fue el primero en el que se incluyeron los resultados de estas tareas, con un panorama que muestra el retraso.
Por ejemplo, la tasa de implementación general del capítulo étnico es apenas del 44 % en comparación con la tasa promedio del 60% de implementación general.
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Durante el Gobierno de Gustavo Petro se ha formalizado 910.893 hectáreas a pueblos indígenas y 5.712 a pueblos afrocolombianos, según la Agencia Nacional de Tierras. Por los lados de la Unidad de Restitución de Tierras, se iniciaron acciones legales para la restitución de más de un millón de hectáreas de tierra para los cinco territorios priorizados en el capítulo Étnico en Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño y Córdoba.
Las condiciones de seguridad siguen siendo el tema más preocupante. De acuerdo con el informe, “las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo blanco de grupos armados ilegales, incluyendo las guardias indígenas, especialmente en Cauca”.
En el informe de Indepaz, el 70% de los hechos violentos que afectan el cese al fuego y de hostilidades a la población, se han presentado en dos de esos departamentos (Cauca y Nariño), en el primer trimestre de 2023. De los 35 líderes y lideresas sociales asesinados entre el 1 y el 31 de marzo de 2023, al menos tres han sido “indígenas y miembros de comunidades” de esos dos departamentos, quienes además adelantan procesos de defensa del territorio.
El informe de la Misión también pone el foco sobre los pueblos indígenas nukak y jiw, de quienes dice que, a pesar de haber sido priorizados en el capítulo étnico en cuanto a la restitución de tierras y el desminado humanitario “enfrentan una vulnerabilidad socioeconómica grave que tiene consecuencias como la explotación sexual de las niñas y el trabajo infantil”.
En su informe anual, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reveló que el 2022 fue el peor año para los pueblos indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz. Ese año se registraron 453.018 víctimas de hechos violentos, una cifra casi 23 veces más alta que la de 2021. El confinamiento fue la mayor afectación.