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El Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las FARC incluyó dentro de sus compromisos implementar un principio único en los acuerdos de paz del mundo: el enfoque de género. Tras ocho años de ese pacto, los documentos señalan que la puesta en marcha de las disposiciones de ese principio transversal todavía se encuentran en un estado mínimo de implementación, pues la mayoría ni siquiera han iniciado según lo acordado. Así lo documentó la Ruta Pacífica de las Mujeres en su más reciente informe “Siete Años resistiendo y avanzando en los derechos de las Mujeres”, que hace un balance sobre avances, desafíos y oportunidades.
El documento elaborado por esa organización pone especial atención a las 130 medidas de género que están contenidas en el Acuerdo de Paz —que se evalúan a través de 54 indicadores—, pero también incorpora el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la lucha contra la discriminación y la incorporación de mujeres en las políticas públicas, sociales, económicas y ambientales.
Según el informe, cifras del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), señala que el enfoque de género tiene una implementación del 23,05% y para la vigencia del año 2023 a corte de 31 de diciembre el avance en la implementación fue de un 40,74%.
Eso teniendo en cuenta que no todos los indicadores han avanzado en la implementación. Por su parte, el Instituto Kroc entregó un reciente balance en el que se indica que de esas 130 disposiciones, el 15% estaba sin iniciar, ya sea porque no había empezado su implementación o porque se estaba implementando sin tener en cuenta el enfoque.
El 54% se encontraba en estado mínimo de implementación, el 19% en estado intermedio y el 12% se había completado. Esto se traduce en que la mayoría de las medidas no han iniciado y se encuentran en estado bajo de implementación.
Y en comparación a la implementación general del Acuerdo de Paz, todavía existen brechas que evidencian el rezago en el que queda el enfoque de género.
“El 49% tienen un nivel de implementación bajo o no ha iniciado, y comparado con los porcentajes relacionados con el enfoque de género se evidencia una brecha del 19% en la implementación, por lo que se puede concluir que en el séptimo año, las medidas de género se encuentran en niveles más bajos de implementación, dejando en evidencia un rezago que se ha venido presentando en los informes de seguimiento anteriores realizado por la Ruta Pacífica de las Mujeres”, se lee.
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Una de las barreras que identificó el informe tiene que ver con la participación de las mujeres en instancias derivadas del Acuerdo como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final en la que señalan la nula participación paritaria de mujeres.
Sin embargo, el documento destaca también los avances que se han logrado. Por un lado, la reactivación de la Alta Instancia de Género del Gobierno, encargada de coordinar, armonizar, concertar, impulsar y hacer seguimiento a la transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo y en la ejecución del Plan Marco de Implementación.
Asimismo, se resalta que desde el Gobierno de Gustavo Petro y su Plan Nacional de Desarrollo se planteó la Macro Meta para las Mujeres en la ruralidad, la cual impulsa las medidas de género, en temas relacionados con la Reforma Rural Integral como el acceso a tierras, el financiamiento para la autonomía, la gestión y movilización de conocimiento técnico, el fortalecimiento organizativo, la comercialización con igualdad y el catastro multipropósito.
En lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el informe señala que indicadores como el fin de la pobreza, salud y bienestar, energía asequible y reducción de las desigualdades están totalmente estancados. Y otros como hambre cero se están quedando atrás. Asimismo, se evidencia una crisis de seguridad, como consecuencia de los conflictos armados y la militarización de los territorios, lo cual afecta la seguridad personal de las mujeres. “Solo el 57% de las mujeres mencionaron sentirse seguras al caminar solas en las noches en sus zonas de residencia”, señala el informe.
Punto 1: Reforma Rural Integral
Dentro de los principales avances que destaca el informe en términos legislativos está el reconocimiento de la economía del cuidado no remunerado como una actividad productiva en el sector rural. Además, a partir del PND también se crea el proyecto de Decreto para establecer el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para Mujeres Rurales.
En agosto del año 2023 se firmó por parte de la entonces ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, la Resolución 295 que aprueba 15 mil millones de pesos para financiar iniciativas productivas de mujeres rurales, a través del Fondo de Fomento para la Mujer Rural (FOMMUR), que apoyará hasta con 400 millones de pesos cada uno de los proyectos de las mujeres. El informe también celebra la aprobación del Acto Legislativo de creación de la Jurisdicción Especial Agraria.
De acuerdo con el instituto Kroc, “a noviembre de 2023, el 6% de las disposiciones del Punto 1 no había iniciado su implementación, el 70% estaba en estado mínimo, el 18% en estado intermedio y el 6% en estado completo”.
Después de siete años aún hay disposiciones del punto 1 del Acuerdo que no han iniciado y la mayoría se encuentran en estado mínimo, lo que da cuenta de una afectación en la implementación en este punto. “Se percibe un avance muy lento, pues en los territorios se ha desarrollado el tema de la flexibilidad en los créditos para que las mujeres puedan fortalecer su iniciativa productiva, pero se ha desarrollado en un bajo nivel y en los temas de fortalecimiento al campo es muy baja su implementación”, se lee en el informe de la Ruta Pacífica.
En ese contexto, frente al avance en la implementación de las medidas de género en el punto 1 es del 47,9%. Con respecto a la entrega de tierras la coordinadora de la regional Bolívar refiere que: “se les han entregado tierras a mujeres durante este Gobierno lo que abre una gran oportunidad para ellas, sin embargo, el número de hectáreas al que acceden las mujeres es muy bajo, esto unido a que sólo para compra de tierras el gobierno priorizó a municipios del departamento de Bolívar, como Córdoba y Zambrano, esto limita aún más a las mujeres”. Ese panorama quiere decir que persisten las barreras para las mujeres en el acceso a la tierra, influyendo esto en su autonomía y desarrollo económico.
Punto 2: Participación Política
El informe de la Ruta Pacífica otra vez pone sobre la mesa las preocupaciones por las barreras que las mujeres enfrentan en cuanto a la participación política. Además, resaltan que el paso lento en la implementación de este punto no permite la apertura democrática que se pretendía con el Acuerdo de Paz.
“Las mujeres siguen expuestas a múltiples formas de violencia política y no hay garantías de seguridad para las que se lanzan al escenario político. Algunas mujeres hacen su ejercicio de participación sin la acogida en sus comunidades, reflejado en los votos que logran cada una”, dice el informe sobre la regional en Putumayo.
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En ese contexto, el balance resalta que la participación de las mujeres en los espacios de capacitación política es escasa y hay mayor presencia de hombres. El porcentaje de participación por género en elecciones fue del 61% hombres (80.344) y 39% mujeres (52.209), según datos de la Registraduría Nacional.
“La participación de las mujeres fue baja, pues del total de candidatos 108 eran hombres y 36 eran mujeres, las cuales se presentaron 27 al Concejo, seis a Juntas Administradoras Locales y tres a la Asamblea. Ninguna se presentó a alcaldías ni a gobernaciones. Esto evidencia la brecha en la participación política entre hombres y mujeres pues ellas presentan más obstáculos en este aspecto”, indica el texto.
Con respecto a la violencia política contra las mujeres según el Observatorio Político de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el período comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y 29 de octubre de 2023, los hechos de violencia contra las mujeres incrementaron en un 158,8% en comparación con el 2019.
Punto 3: Reincorporación
Con respecto al enfoque de género en este punto, el ritmo es mucho menor al de la implementación general del Acuerdo. A noviembre de 2023, el 17% de las disposiciones asociadas al enfoque de género del Punto 3 se encontraba sin iniciar, el 50% en estado mínimo, el 25% en estado intermedio y sólo el 8% había completado su implementación.
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización se refirió a la construcción del Programa de Reincorporación Integral (PRI), aprobado en noviembre, y que incluyó acciones para fortalecer las capacidades de incidencia de las mujeres y las personas LGBTIQ. Además, el informe destaca como avances la aprobación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) y el Programa de Protección Integral (PPI) para firmantes y sus familias, por parte de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP). Por su lado, el Ministerio del Interior, realizó la reestructuración del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.
“Con respecto a la reincorporación, según la ARN a corte de 31 de diciembre del 2023, había 14.099 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como excombatientes de las extintas FARC-EP, de ellas 12.105 se encuentran en proceso de reincorporación, 9.952 residen fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), 1.934 residen en los antiguos ETCR y 219 se encuentran pendientes por ubicar. De las cuales 3.264 son mujeres es decir el 26% y el 78% de ellas son jefas de hogar”, destaca el balance.
Frente a las agresiones contra mujeres, se produjo un incremento del 7%, 14 hechos más que en el año 2022, entre los que se cuentan 4 asesinatos en razón del género, todos en contra de lideresas LGBTIQ+, 3 de ellas mujeres trans. En total, en contra de mujeres se confirmaron 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, 5 robos de información, 3 detenciones arbitrarias, 3 secuestros, 2 casos de tortura, 2 desapariciones forzadas, 2 hechos de violencia sexual y 1 judicialización. Es de anotar que las zonas donde mayor presencia de agresiones hubo fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño.
“Se ha observado un aumento preocupante en los casos de asesinato y amenazas dirigidas a lideresas en el departamento del Cauca. Este incremento refleja una situación humanitaria y de seguridad grave que enfrentan las mujeres en la región, lo que las coloca en condiciones de segregación y vulnerabilidad que afectan profundamente el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, relató una integrante de la Ruta Pacífica en ese departamento.
Punto 4: Solución a los cultivos de uso ilícito
Este punto sobre la solución a las drogas ilícitas tiene un porcentaje general de implementación del 22,5% donde el pilar con mayor avance es sobre la solución al fenómeno de producción y comercialización (66,2%), seguido de la prevención de consumo y salud pública (34,82%) y finalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) que tuvo implementación del 4,55%.
Por su lado, el estado de implementación de las medidas de género en este punto para la vigencia 2023 se reporta un avance del 15,62%. Frente a ello el Instituto Kroc refiere que de las disposiciones asociadas al enfoque de género el 11% se encontraba en niveles no iniciados; el 53% estaba en estado mínimo de implementación; el 26% en estado intermedio y el 11% se había completado y advierte que, en comparación con la generalidad del punto, el enfoque de género continuó registrando menores niveles de implementación.
“Las mujeres enfrentan diversas barreras que limitan su liderazgo efectivo. Estas barreras incluyen desigualdades arraigadas, dificultades para acceder a recursos y apoyo, riesgos de violencia y seguridad, así como estigmatización y discriminación. Es esencial abordar estas barreras para promover la inclusión y liderazgo equitativo de las mujeres en los PNIS y garantizar que las mujeres puedan participar plenamente y ejercer un liderazgo significativo en la implementación de estos programas”, explica una integrante de la Ruta Pacífica en Cauca, con respecto a la participación de las mujeres en los PNIS.
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Por otra parte, el informe destaca que con respecto a los indicadores de género de los PNIS, es importante mencionar que, en el 2021, mediante la Resolución 009 del 2021, la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) adoptó el Protocolo de Género del PNIS, el cual no cuenta con informe de acceso público para verificar el estado de su implementación, pues el último que se encuentra data de diciembre del 2021.
Punto 5: Víctimas del conflicto
En el marco del conflicto armado, cientos de mujeres, niñas y población LGBTIQ+ han sido víctimas de reclutamiento, abuso sexual, feminicidios, desaparición forzada, y en general, violencias basadas en género. Precisamente, esa fue una de las razones principales para que el Acuerdo de Paz de 2016 incluyera un enfoque de género en cada uno de los puntos que se pactó. El daño a esta población requiere un análisis y atención con este enfoque diferencial.
En las disposiciones de género implementadas en este punto para la vigencia 2023 se dio un avance del 58,62%.
Además, se registró un avance del 75,87% en el indicador Mujeres Víctimas con atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional de acuerdo a la línea de atención diferenciada a mujeres y grupos étnicos, donde se reporta que, “para la vigencia 2023, la atención de 55.558 mujeres víctimas del conflicto armado, a través del Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas en 408 municipios. De acuerdo con su pertenencia étnica, se atendieron un total 8.413 mujeres de los siguientes pueblos. 5.178 mujeres pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera. 2.974 mujeres pertenecientes a Población Indígena. 261 mujeres pertenecientes al Pueblo Rrom”.
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