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Falta un mes para que se termine la segunda legislatura del Congreso y eso solo puede significar que varios proyectos de ley, entre ellos varias normas clave para la implementación del Acuerdo de Paz, están con el tiempo en contra para que avancen en su trámite legislativo y no terminen hundidos.
Desde el inicio de este periodo, la agenda del Gobierno de Petro estuvo copada por el intento por sacar adelante en el Congreso las reformas sociales como la pensional, de salud, trabajo y de educación. Sin embargo, la tensa relación que hoy hay entre el Ejecutivo y el Congreso y las denuncias por presunta relación de congresistas en el sonado caso de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo han frenado casi todas las iniciativas y solo la reforma pensional tendría probabilidades reales de avanzar.
Con ese telón de fondo parece difícil que normas que impactan en la ejecución del pacto de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC pueden tener prioridad dentro de esa agenda.
Y si a esto se suma las recientes advertencias del presidente Petro sobre que el “Estado no quiere cumplir el Acuerdo de Paz” y que irá ante la ONU a denunciar ese hecho, parece aún más lógico no solo poner los ojos en el poder Ejecutivo, sino en lo que hace está haciendo el legislativo.
El proyecto Del Capitolio al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso, presentó un balance justamente de las normas pendientes y urgentes para esa ejecución en el que se resalta que dos de los factores que más incide en las demoras que hay en materia legislativa es la polarización que hay alrededor de ciertos temas y la falta de priorización.
“Las diferencias y falta de consenso entre los diferentes partidos políticos pueden llevar a un estancamiento legislativo o a la adopción de medidas dilatorias que dificulten el avance del proceso de paz”, concluye el informe.
Y agrega: “En un ambiente legislativo marcado por múltiples agendas y demandas, la implementación del Acuerdo de Paz podría no ser considerada una prioridad para algunos legisladores o partidos políticos. Puntualmente, la apuesta de reformas del gobierno Petro ha concentrado los esfuerzos en reformas estructurales, impidiendo que otras normas surtan su trámite e incluso generando que se hundan”.
Las normas pendientes
El documento analiza una lista de 107 normas que fueron identificadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos para la implementación del acuerdo.
“En su momento se identificaron estas 107 normas y se depuró lo que ya se aprobó en los gobiernos de Santos y Duque y lo que ha aprobado en el de Petro. No necesariamente esa aprobación viene de un proyecto de ley, sino que puede hacerse a través, por ejemplo, de un Conpes (documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social) o de una política pública. De esas 107 faltan 16 por aprobarse. Entre esas, la reforma política electoral, entre otras”, explicó a Colombia+20 Carolina Varela, coordinadora del proyecto.
Varela agregó que se le preguntó al actual Gobierno cuáles otros ajustes normativos —distintos al listado dejado por Santos— consideraban que debían incluirse para mejorar en esa implementación.
“Nos enviaron otro listado que también depuramos desde el proyecto e identificamos 35 normas adicionales —para un total de 51 con las 16 que faltan del listado de Santos— que creemos que sí pueden impulsar esa implementación”, detalló.
“A la fecha hay 73 normas expedidas equivalentes al 66,4 % de la lista inicial, de las cuales 64 se expidieron en el gobierno de Santos, siete en el gobierno de Duque y dos en el gobierno de Petro (Jurisdicción Agraria y el Sello Colombia destinos de Paz)”, explica el informe.
En el documento se insiste en que aunque “los rezagos de la implementación no se superan a través de modificaciones normativas, estas apuestas inciden en el funcionamiento de las instancias y su adecuado funcionamiento repercute en la implementación del Acuerdo”.
“Los grandes obstáculos de la implementación del Acuerdo de Paz no son normativos, son más de capacidad de ejecución y de coordinación de entidades y eso tú no lo puedes arreglar con un proceso constituyente ni con una reforma legal, eso es sencillamente capacidad de ejecución, de gestión, de implementación y articulación de entidades tanto a nivel nacional como local”, explica también la coordinadora.
Varias de esas apuestas están dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro como el plan de acción para acelerar el pago de indemnizaciones administrativas para víctimas del conflicto, modificaciones al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el Sistema Nacional de Reincorporación y los cambios en los recursos de asignación para la paz, entre otros.
Otras iniciativas que fueron sancionadas en el gobierno Petro y que no estaban incluidas en el listado inicial de Santos, pero sí inciden en la implementación del Acuerdo de Paz fue la creación de las regiones paz, el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección y el Ministerio de la Igualdad.
Entre las conclusiones del informe se afirma que la incidencia de las curules de paz, los escaños destinados a las víctimas del conflicto en la Cámara de Representante, se ha visto afectada “por la ausencia de mayorías o de herramientas de lobby que puedan alcanzar en las comisiones primera y quinta”, donde hay mayor influencia en asuntos que tienen que ver con el acuerdo.
El proyecto además recomienda generar mayores consensos políticos, especialmente en las disposiciones más urgentes, hacer mayor seguimiento a esas normas que están relacionadas con la implementación y acelerar la ejecución de las ya existentes.
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