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Como un avance ha calificado Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, el hecho de que importantes prespuestos y proyectos ligados a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, hayan quedado incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.
Este informe analiza la implementación del Acuerdo de Paz entre el 26 de marzo y el 27 de junio de 2023, un periodo que, según el documento, “estuvo marcado por los continuados esfuerzos de las autoridades colombianas y la sociedad civil para promover la paz, como reflejan las medidas de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la aprobación de políticas y legislación clave y la continuación de las iniciativas de diálogo para abordar la violencia relacionada con el conflicto que se sigue registrando”.
Como es costumbre desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cada tres meses el secretario general de la ONU rinde un informe similar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esta es la primera vez en que se destaca que unas 50 referencias relacionadas con la paz quedaron incluidas dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, del que reconoce que fue elaborado con una “amplia participación de la sociedad colombiana”.
Guterres informó que, en respuesta a la solicitud formulada por el Gobierno de Colombia el pasado 14 de febrero para que se ampliara el mandato de la Misión a fin de apoyar la verificación de los ceses al fuego con varios grupos armados, el 13 de junio presentó al Consejo de Seguridad recomendaciones detalladas sobre estas tareas adicionales y las implicaciones para su configuración.
Se espera que en próximos días y, en todo caso antes del 3 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU responda afirmativamente a la extensión del mandato de la Misión para apoyar la verificación del cese al fuego con el ELN. Ese día, con la entrada en vigencia plena del cese al fuego, deberá conformarse el Mecanismo de Monitoreo y Verificación donde debe participar la Misión.
El hecho de que el Congreso de la República haya aprobado durante su primera legislatura iniciativas tan importantes como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la jurisdicción agraria, contribuyen al cumplimiento de la reforma rural integral que fue pactada en el Acuerdo de La Habana, según el informe, que además subraya otros avances como la aprobación de medidas para promover la participación de las mujeres en política.
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“Confío en que las tierras puestas a disposición hasta ahora para fines de reforma rural se entreguen pronto a sus beneficiarios previstos, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, junto con el apoyo necesario para garantizar el éxito a largo plazo, como acceso a crédito y asistencia técnica”, declaró el Secretario General Antonio Guterres, a propósito del acuerdo logrado entre Fedegán, el más importante gremio ganadero del país, y el Gobierno Nacional, que aspiraba en principio comprar a los ganaderos al menos tres millones de hectáreas de tierra para ser entregadas a campesinos, víctimas del conflicto, mujeres rurales y comunidades étnicas.
En el apartado dedicado al punto 1 del Acuerdo Final sobre la reforma rural integral, en el informe destaca que desde la posesión de Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras ha comprado más de 13.800 hectáreas, pero aclara que “el Gobierno sigue estando lejos de su objetivo de comprar 500.000 hectáreas en 2023″. Y remarca que esa Agencia formalizó la tenencia de más de 1 millón de hectáreas, 118.000 de ellas para el campesinado (las mujeres son titulares del 57 % de estas 118.000 hectáreas).
También destacó la creación de cuatro nuevas zonas de reserva campesina en diciembre de 2022, y el compromiso del gobierno por responder positivamente a las solicitudes de organizaciones campesinas que han pedido la creación de nuevas zonas de reserva, entre otros, en los departamentos de Antioquia, el Cesar y Norte de Santander.
Al revisar la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, el documento llama la atención porque tras examinar el estado de implementación de las 3.241 iniciativas que se formularon durante el anterior gobierno en un proceso participativo con las comunidades, “se ha determinado que 834 corren el riesgo de fracasar y que se han priorizado unas 2.700 iniciativas por considerar que tienen carácter catalizador”.
Reincorporación de excombatientes: entre las amenazas y la participación política
Aunque el informe señala que es un gran avance el hecho de que alrededor de 500 excombatientes de las FARC estén inscritos como candidatos para diferentes cargos de elección popular en las próximas elecciones, pues esto es una muestra del éxito en el tránsito hacia la participación política que preveía el Acuerdo, y de cara a las próximas elecciones municipales y departamentales que deberán surtirse en octubre, el secretario general Antonio Guterres hizo un llamado “a tomar todas las medidas necesarias para preservar uno de los dividendos más tangibles del Acuerdo, a saber, la celebración de elecciones cada vez más pacíficas y participativas”.
No obstante, el informe también hace hincapié en las amenazas, ataques y agresiones que continúan sufriendo quienes dejaron las armas, lo que califica como una violencia que sigue poniendo en “peligro” el proceso.
En el trimestre recogido por el informe doce excombatientes fueron asesinados, que se suman a una cifra consolidada de 375 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz. El secretario general destacó que la reacción del Gobierno Nacional fue rápida para atender la última gran amenaza contra excombatientes en proceso de reincorporación, ocurrida en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Mesetas, Meta, que fue ampliamente reporteada por este diario.
También destacó que se hubiera ampliado la atención de excombatientes dentro y fuera de los Espacios Territoriales de Reincorporación, señalando que a la fecha 10.564 excombatientes, de los cuáles 2.575 son mujeres, adelantan sus procesos de reincorporación individual y colectiva por fuera de dichos espacios. “Hasta el momento, el 77% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos, 62% de ellos individuales. El porcentaje de mujeres excombatientes que participan en proyectos productivos es del 86%”, de acuerdo con la ONU.
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Nuevos esfuerzos de paz en medio de crisis humanitaria
Un asunto importante es que el secretario general respaldó nuevamente los acercamientos y diálogos que el Gobierno Nacional ha entablado con diferentes grupos armados en el marco de su política de Paz Total, haciendo especial énfasis en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, los más avanzados de todos, aunque cuestionó que algunos de los ceses bilaterales al fuego firmados con otros grupos armados, como las disidencias de las FARC, no tuvieran protocolos y normas claras desde el principio.
Aun así, y citando un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz Guterres destaca que entre enero y abril de 2023 el número de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública se había reducido un 48 % en comparación con el mismo período de 2022. “La Unidad también reportó una disminución considerable del impacto en los civiles de estos enfrentamientos en los departamentos del Chocó, Norte de Santander y el Putumayo. No obstante, también apuntó que en los primeros cuatro meses de 2023 habían aumentado el reclutamiento y la utilización de niños”.
En ese sentido, el informe señala que la violencia ejercida por múltiples actores ilegales continúa “perturbando la vida de los civiles”, lo que socava la consolidación de la paz en varias partes del país. Citando datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el informe asegura que entre enero y mayo de 2023 se registraron 19.976 desplazdos y 19.789 confinados por causa del conflicto armado. Los territorios más afectados según el informe son Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, en donde comunidades indígenas y afrocolombianas se ven “desproporcionadamente” afectadas. Adicionalmente, se habla de 22 masacres ocurridas durante el mismo periodo, siente de las cuáles ya fueron verificadas por las Naciones Unidas.
“Elogio una vez más la determinación del Gobierno de buscar soluciones para responder a estas dinámicas de conflicto en constante evolución, especialmente su énfasis en el diálogo”, declaró Guterres, agregando que eran “particularmente dignos de mención los recientes resultados alcanzados en la mesa de negociación entre el Gobierno y el ELN. Confío en que las partes continuarán mostrando determinación y buena fe en la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y que los próximos ciclos conducirán a nuevos acuerdos en beneficio de todos los colombianos y las colombianas”.
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El informe llama la atención de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, porque “los avances en el enjuiciamiento de los autores de ataques contra excombatientes siguen siendo limitados” y pide “aumentar el despliegue de fiscales y jueces especializados en las regiones más afectadas y mejorar la colaboración con la Policía para ejecutar las órdenes de captura”. Y menciona los que esa unidad reportó dos nuevas condenas en los 453 casos de ataques contra excombatientes que está investigando, con lo que el total de condenas asciende a 67 (apenas 5 contra autores intelectuales). Un total de 198 órdenes de captura están pendientes de ejecución.
También recordó que la JEP insistió en darle la orden a esa unidad de la Fiscalía para informar sobre los progresos realizados en estas investigaciones de ataques contra exmiembros de las FARC-EP y sobre la elaboración de un plan de acción para mejorar las investigaciones y los esfuerzos a fin de desmantelar las organizaciones criminales.
La Misión de Verificación se declaró, además, a la espera de que la Comision Nacional de Garantías de Seguridad presente el proyecto de política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales, tras incumplir el plazo del 2 de mayo que le había establecido la JEP.
Sobre las sanciones propias que la Jurisdicción Especial para la Paz se apresta a imponer a exmiembros de las FARC e integrantes de la Fuerza Pública por delitos cometidos durante el conflicto armado, Guterres reportó que la Misión sigue monitoreando la preparación del Estado para implementar esas sanciones. Y destacó que ya instaló el mecanismo de coordinación entre el Gobierno y esa jurisdicción para facilitar la implementación y el monitoreo de las sanciones.
Lea el informe completo aquí: