¿Petro evade su rol en el incumplimiento del Acuerdo de Paz? Esto dicen los datos

Lo que más ha generado suspicacias de las declaraciones de Petro es que relacionó el incumplimiento del Acuerdo de Paz a su insistente idea de convocar el “poder constituyente” y, de hecho, lo presentó como uno de los puntos para el acuerdo nacional.

Foto: El Espectador

“Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz”. Han pasado casi dos años desde que el presidente Gustavo Petro pronunció estas palabras en su discurso de posesión y hoy parecen apenas una débil promesa.

En casi 18 meses frente a la Casa de Nariño, el mandatario ha hecho repetidas advertencias sobre que el acuerdo necesita reformas o que no hay plata para hacer lo que hay que hacer, pero en una movida inédita y extraña hace unos días afirmó que iría ante la ONU a decir que el “Estado no quiere cumplir” la ejecución de lo pactado con la extinta guerrilla de las FARC.

Para muchos -incluido el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, - esa afirmación no deja de ser incomprensible viniendo de un gobierno afín al Acuerdo de Paz, que prometió cumplirlo, y que lo incluyó como una parte fundamental de su Plan Nacional de Desarrollo. Al mismo tiempo, la declaración ha sido calificada como una especie de autoincriminación, pues sería el Gobierno denunciándose así mismo por no ejercer su trabajo.

Varios informes sobre la ejecución de ese pacto, como el de la Misión de Verificación de la ONU que se hace trimestralmente o el del Instituto Kroc, cuya última edición fue publicada hace 15 días, afirman que aunque la implementación del Acuerdo de Paz en el Gobierno Petro no se ha detenido tampoco ha habido una aceleración significativa de varios puntos y los cambios han sido escasos.

“La declaración del presidente es sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón es insuficiente. La responsabilidad ha recaído exclusivamente en el Ejecutivo. El Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, de modo que no se ve cómo haya responsabilidad del Estado como un todo”, respondió el senador y exjefe negociador del Gobierno en ese proceso de paz, Humberto de la Calle.

Lo cierto es que esas críticas de Petro al pacto de La Habana ya han sido allanadas en un largo camino que inició hace meses el destituido canciller Álvaro Leyva, quien ante la ONU empezó una campaña contra la JEP, que el mandatario también comparte. De hecho, en las declaraciones de hace unos días Petro volvió a decir que “la verdad se fragmentó” en referencia a que ese tribunal debería incluir a paramilitares y responsables estatales en el conflicto armado y convertirse en un “tribunal de cierre”.

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Pero sumado a esto, lo que más ha generado suspicacias de sus declaraciones es que relacionó el incumplimiento del Acuerdo de Paz a su insistente idea de convocar el “poder constituyente” y, de hecho, lo presentó como uno de los puntos para el acuerdo nacional.

Hace unos días, en su cuenta de Twitter, el mandatario puso en su cuenta de X siete puntos, entre ellos el acuerdo, que deberían decidirse “a través de asamblea constituyente, constitucional o referendo constituyente”, según expresa. El primer punto es “la concreción del acuerdo de paz en materia de reforma agraria, transformación territorial y verdad”. Los otros seis tienen que ver con las reformas a la justicia, salud, pensión y educación, entre otros.

“Es como si el presidente estuviera usando al Acuerdo de Paz o buscando argumentos en lo que no se ha hecho para impulsar ese proceso constituyente y las reformas que se necesiten”, dijo a este diario un investigador del Acuerdo de Paz que pidió no ser citado.

De la Calle, por su parte, dijo que el gran problema no era la normatividad, sino la falta de ejecución de estas. “La obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado no está en juego aquí. No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas”, puntualizó.

En eso coincide Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio Al Territorio, que hace control político y de seguimiento al Congreso para mostrar cómo y cuánto se ha cumplido de ese pacto. “Los grandes obstáculos de la implementación del Acuerdo de Paz no son normativos, son más de capacidad de ejecución y de coordinación de entidades y eso tú no lo puedes arreglar con un proceso constituyente ni con una reforma legal, eso es sencillamente capacidad de ejecución, de gestión, de implementación y articulación de entidades tanto a nivel nacional como local”.

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Un informe que presenta este lunes Del Capitolio Al Territorio sobre los ajustes normativos pendientes en el Congreso para la implementación del acuerdo da cuenta de ello. “A la fecha hay 73 normas expedidas equivalentes al 66,4 % de la lista inicial, de las cuales 64 se expidieron en el gobierno de Santos, siete en el gobierno de Duque y dos en el gobierno de Petro (Jurisdicción Agraria y el Sello Colombia destinos de Paz)”, explica el informe.

Varela agrega que es, por decir lo menos, sorprendente, que esa declaración de incumplimiento del Acuerdo venga de Petro. “Durante el gobierno de Iván Duque hubo todos los retrasos en materia de implementación, pero hacia afuera, digamos en el ámbito internacional, nunca dijo que el acuerdo no se iba a cumplir. El impacto de que Petro de verdad lo diga ante la ONU o ante otra instancia de ese nivel sería durísimo en la lógica de que el Acuerdo de Colombia sigue siendo el ejemplo para mostrar”, afirma.

Este año el Acuerdo de Paz llegará a la mitad del periodo que fue determinado para su implementación, por eso las advertencias del presidente deberían ser claves para hacer los cambios pertinentes como priorizar la entrega de tierras en los municipios que pertenecen al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), crear la Alta Consejería que se dedique a la ejecución del acuerdo -y con ello quitarlo de la sombrilla de la Oficina del Alto Comisionado de Paz- y ponerle acelerador a la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Colombia+20 hizo corte de cuentas con base en los últimos dos informes del Instituto Kroc (de 2022 y 2023) sobre lo que se ha avanzado y lo que no en esa ejecución del Acuerdo de Paz en la administración de Petro y las tareas pendientes de su Gobierno.

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Primer periodo (diciembre de 2021 a noviembre de 2022. Se cuenta a partir de agosto de 2022, cuando se posesionó el presidente Gustavo Petro)

Reforma rural

Lo que hizo

* Avance en la meta de los 100 días: la ANT informó que en los primeros cuatro meses —agosto a noviembre de 2022— se habían formalizado 807.000 hectáreas.

* Firma de un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para establecer un mecanismo de compra de tierras.

Lo que faltó

* En ese periodo solo se había logrado el 1 % de la meta total de tres millones de hectáreas adjudicadas hasta octubre de 2022.

* Aunque se creó la Jurisdicción Especial Agraria, necesita definir sus lineamientos.

Participación política

Lo que hizo

* Destacan la elección de las 16 curules de paz y la adopción de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización.

* El Gobierno nacional impulsó una reforma política que desarrolló algunas medidas del Punto 2, pero en su camino por el Congreso se distanció del Acuerdo Final.

Lo que faltó

* Es el punto con menor implementación, pues más de una cuarta parte de sus disposiciones está sin iniciar.

* La Política Pública de Participación Ciudadana fue adoptada por el Gobierno nacional, pero con debilidades en la incorporación del enfoque de género y su implementación no avanzó.

Reincorporación

Lo que hizo

* Desembolsos hechos por el CNE al Partido Comunes para la participación del partido en las elecciones de 2018 y 2022.

Lo que faltó

* El diseño jurídico de la política de paz total no contempló los compromisos en materia de desmantelamiento del Acuerdo Final.

* No hubo cambios significativos en la prevención y lucha contra la corrupción.

* El 2022 fue el año más violento contra liderazgos sociales y defensores de derechos humanos.

Sustitución de cultivos de uso ilícito

Lo que hizo

* Más del 80 % de las familias PNIS activas han recibido los pagos por asistencia alimentaria, así como asistencia técnica integral y entregas de insumos y herramientas por concepto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria.

* El Ministerio de Salud y Protección Social adelantó acciones para mejorar la atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas a nivel nacional y territorial.

Lo que faltó

* El informe explica que se corre el riesgo de incumplimiento de varias acciones que debía adelantar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), como el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y los proyectos de ciclo largo en el proceso de sustitución.

* El riesgo de resiembra aumentó en municipios PNIS tras los retrasos en los componentes de la sustitución, en especial del ciclo largo, el PAI comunitario y los PISDA en municipios no PDET.

Víctimas

Lo que hizo

* Finalización del mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y entrega de su Informe final.

* La JEP celebró las primeras audiencias de reconocimiento y adoptó las primeras resoluciones de conclusiones en el marco de los casos 01 y 03. Abrió tres nuevos casos, completando diez macrocasos en total. (Aquí aún no se incluye el macrocaso 11 que se dio hasta 2024)

Lo que faltó

* Persistieron las dificultades y los retrasos en la implementación del programa de reparación colectiva

* Hasta noviembre de 2022, el 12 % de las disposiciones del Punto 5 aún no había iniciado su implementación. Por otro lado, el 34 % estaba en estado mínimo, el 22 % en estado intermedio y el 31 % en estado completo.

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Segundo Periodo: diciembre de 2022 a noviembre de 2023

Reforma rural

Lo que se hizo

* Se reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria.

* Implementación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

* Empezó a operar la Jurisdicción Especial Agraria.

* La ANT formalizó tierra, pero hay inconsistencias en los registros sobre este indicador.

Lo que faltó

* El Gobierno nacional debe clarificar las cifras correspondientes a tierras adjudicadas y formalizadas.

* Definir la programación física y financiera para la implementación de las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Participación política

Lo que hizo

* Aprobación de la reforma al Código Electoral.

* Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y las personas LGBTIQ+.

Lo que faltó

* No hay consenso para transformar el sistema político electoral en el Congreso.

* La Política de Convivencia no avanza al ritmo esperado.

* Se reactivó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, pero no es claro su papel en la política de paz gubernamental.

Reincorporación

Lo que hizo

* Se aprobó la Política Pública de Desmantelamiento, el Programa de Reincorporación Integral y el Sistema Nacional de Reincorporación

Lo que faltó

* No se han implementado garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y firmantes de paz.

Sustitución de cultivos de uso ilícito

Lo que hizo

* Se expidió la Política Nacional de Drogas.

* Reactivación de algunos Comités Municipales de Seguimiento y Evaluación en municipios Programación de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Lo que faltó

* La expedición de la nueva política debe articularse con lo relacionado con el PNIS, así como con el nuevo Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas.

* La gestión de Felipe Tascón frente a la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos no fue la esperada.

Víctimas

Lo que hizo

* Creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

* La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió cinco autos de determinación de hechos y conductas, en los cuales imputó a 79 comparecientes.

* Apertura del macrocaso 11, que investiga la violencia sexual y basada en género.

Lo que faltó

* La JEP aún no ha expedido las primeras sentencias ni ha impuesto sanciones propias en ninguno de los macrocasos.

* Ha habido demoras en la resolución de amnistías por parte de la JEP.

* Persisten los rezagos en el programa de reparación colectiva.

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