Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Uno de los principales compromisos tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC fue la creación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), el primer espacio en que estarían concentrados los excombatientes luego de salir de sus campamentos hasta finales de 2017.
Sin embargo, una de las principales apuestas del Acuerdo era la creación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que en su momento fueron la columna vertebral del tránsito a la vida civil de los firmantes de paz, al ser los lugares donde se concentrarían. El Acuerdo de 2016 contempló que cada espacio, que sería transitorio y tendría vigencia de funcionamiento hasta el 15 de agosto de 2019, contaría con todos los recursos necesarios para que los excombatientes iniciaran proyectos productivos para su sostenibilidad económica y para que se garantizara el no regreso a las armas.
No obstante, ocho años después del Acuerdo, al menos 12 ETCR podrían ser trasladados porque no tienen tierra propia y porque sus ocupantes están en peligro debido a las confrontaciones armadas que hay en varios departamentos.
Algunos espacios territoriales (que desde el fin de su vigencia son considerados “antiguos ETCR”) han tenido experiencias exitosas, como el de Tierra Grata, en César, que se convirtió en una ciudadela de paz; o el de Aguabonita, en Caquetá, donde se han consolidado varios proyectos de los excombatientes. Pero otros han sido blanco de miembros de las disidencias de las FARC y de otros grupos armados que ejercen presión en ciertos departamentos del país -al punto de que han tenido que desplazarse forzosamente-.
Uno de los espacios que han padecido el azote de esta ola de violencia es el que está en Puerto Asís, Putumayo. “Acá vivimos 57 firmantes con nuestras familias, pero el ETCR está sobre una carretera que siempre ha sido usada por los grupos armados ilegales como un corredor estratégico. Ellos mandan allá y ejercen el control territorial, entonces no les conviene que estemos en la zona, porque saben que eso trae presencia del Estado. A nosotros ya nos han advertido”, le contó a Colombia +20 una de las firmantes de paz que vive en el lugar y quien prefirió no dar su nombre por seguridad.
La preocupación de los excombatientes no es menor. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz hasta octubre de 2024 han sido asesinados 465 firmantes, según cifras entregadas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
Este tipo de situaciones, que se suman a algunas dificultades con los procesos de compra de tierras y obstáculos para poner en marcha sus proyectos productivos, hicieron que la ARN empezara a ejecutar un plan de acción que permita trasladar los antiguos ETCR que están en riesgo por su ubicación o que necesitan soluciones de vivienda, espacio, condiciones para el desarrollo de los proyectos productivos o por imposibilidad en la compra de esas tierras.
Le recomendamos leer: El 72% de los niños reclutados por grupos armados son del Cauca
“La ubicación de algunos de los ETCR fue uno de los grandes errores del Acuerdo de Paz, porque no se incluyó el tema de compra de tierras. Fue un error de diseño que no se hubiera pensado en que la ubicación de estos espacios tenía que ser en un lugar donde se pudiera dar el desarrollo de proyectos productivos”, comentó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Los espacios que están priorizados para traslado
En diálogo con Colombia+20, Alejandra Miller, directora de la ARN, aseguró que ya se han priorizado seis de los 11 espacios que están en riesgo, y que con cada uno se está adelantando un plan diferente, pues sus condiciones geográficas y sociales son distintas.
El primero de los casos es el de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, donde habitan 70 personas en un predio de 14 hectáreas que fue tomado en condición de arriendo y que no se puede comprar debido a su tamaño. El área no cumple con lo pactado para que los firmantes puedan iniciar sus proyectos productivos. Según Miller, este es uno de los espacios que debe ser trasladado con urgencia porque, además, la situación de orden público en esa parte del sur del país marca una amenaza latente para los firmantes.
Desde la ARN señalan que junto con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ya se inició el proceso de compra, y se espera que los excombatientes puedan salir hacia un lugar más seguro en el municipio de Puerto Caicedo.
“Han existido muchas dificultades, por ejemplo en Putumayo, donde ha sido muy difícil poder encontrar tierras para la población firmante de La Carmelita, pero no es solo este caso, aún sigue siendo muy difícil el acceso a tierras para la población firmante, que es una de las dificultades que tiene que afrontar la ANT. Sí se han dado anuncios por parte del presidente para acceder a las tierras, pero desafortunadamente el tema con la población firmante ha tenido dificultades, y eso hace que este ejercicio sea muy lento y que no se atienda al llamado de inseguridad en muchos territorios”, señaló Federico Montes, excombatiente de las FARC y miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI).
En una situación similar a la de La Carmelita está el ETCR de Carrizal, en Remedios, Antioquia, donde hay 31 firmantes con sus familias que no pueden seguir viviendo en el espacio, pues solo cuentan con cinco hectáreas de tierra. Además, la zona representa una amenaza para los excombatientes por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN.
El traslado de esta comunidad estaría contemplado para los primeros meses del próximo año a un terreno en el municipio de Yalí, donde ya fueron entregadas 333 hectáreas para que los reincorporados avancen en proyectos productivos.
Los mayores desafíos
La situación en Cauca es quizás uno de los retos más grande para la reubicación de firmantes, pues en este departamento hay dos ETCR que están en riesgo y, de hecho, uno de ellos ya no tiene ningún ocupante debido al desplazamiento forzado.
El primero de estos casos es el de Monterredondo, en el municipio de Miranda, donde viven solo 11 firmantes, luego de que familias enteras tuvieran que salir por temas de seguridad. Este terreno está priorizado por la ARN.
Por el lado del ETCR de La Elvira, en Buenos Aires, Cauca, ya no hay ningún firmante viviendo en el espacio. Al menos 50 familias de firmantes están dispersas en las veredas de la zona, y desde la ARN se trabaja en conjunto con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para encontrar un predio y reubicar a los excombatientes.
Además: Reaparece Mordisco: este fue su fuerte mensaje a Petro tras atentado en El Plateado
La situación en este punto del país es crítica. En el norte de Cauca hay una fuerte presencia de las disidencias de las FARC, al mando de “Iván Mordisco”, con los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Esta sería una de las razones por las que estas familias serían ubicadas en otro departamento.
En el oriente del país también hay dificultades. Uno de los casos más sonados este año fue el de los firmantes de paz que fueron desplazados de Miravalle, San Vicente del Caguán, entre ellos los miembros del equipo de rafting de excombatientes. La población está asentada, temporalmente, en el municipio de Doncello, también en Caquetá, pero deberán abandonar ese predio. “Se hizo una oferta de compra en el Doncello, pero los dueños no estuvieron de acuerdo con el avalúo y se nos cayó la compra. Estamos buscando otras opciones para poder reubicar a estos firmantes que ya habían sido desplazados en agosto de este año”, dijo la directora de la ARN, Alejandra Miller, en diálogo con este medio.
Las amenazas contra esta población llegaron con un panfleto, en el que el frente Iván Díaz del Estado Mayor Central (EMC), al mando de “Mordisco”, hacía señalamientos en su contra y los amenazaba con desplazarlos de la zona. En ese momento el traslado de firmantes y sus familias fue acompañado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, por el Ministerio del Interior y por las Fuerzas Militares, en aras de proteger la vida de los firmantes.
En Meta hay procesos de compra activos, pues las comunidades que estaban asentadas en el ETCR Simón Trinidad tenían el mismo problema de falta de tierras, además de contar con amenazas por seguridad.
Otros espacios creados para la paz, como el de Filipinas, en Arauca; Los Monos, en Cauca; La Variante, en Nariño; Caño Indio, en Norte de Santander; La Plancha, en Antioquia; El Estrecho, en Cauca, y Caracolí, en Chocó, también están reseñados dentro del plan de traslados de la ARN, pues son terrenos que no cumplen con las condiciones para poner en marcha proyectos productivos.
En la mayoría de estos casos los lotes donde inicialmente fueron instalados los ETCR no estaban aptos para las necesidades de las comunidades, y ahora esto se traduce en un retraso dentro del proceso de reincorporación de decenas de excombatientes.
De los vacíos en el Acuerdo de Paz a los riesgos en la paz total
En diálogo con Colombia+20, Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, aseguró que la baja implementación del Acuerdo de Paz podría ser una de las causas para que los resultados de lo pactado en 2016 con estos espacios de reincorporación no fueran los más deseados: “Los proyectos productivos de los ETCR fracasaron y la reincorporación no llegó a su punto final. Muchas de esas personas se quedaron esperando tierras, y ahí está una de las problemáticas de los traslados ahora. Pero otra de las causas es que muchos de los proyectos productivos quedaron en incertidumbre y nunca se dieron”.
Le podría interesar: “Toca que levanten el paro”: Otty Patiño le hace llamado al ELN por crisis en Chocó
Tanto él como Bonilla coinciden en que el recrudecimiento de la violencia en Colombia y el lento avance de las mesas de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados han significado una amenaza para los antiguos ETCR y para las comunidades que aún le cumplen al Acuerdo de Paz.
“En las zonas del sur hay una disputa por control territorial, y la presión armada se ha visto reflejada en los ETCR. Desde un principio la disidencia EMC vio como una amenaza a los reincorporados en su objetivo de ejercer control territorial. A ellos no les convenía que las cosas en los ETCR salieran bien, y por eso se daba la presión”, agregó Bonilla.
Además, se debe sumar la poca implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Iván Duque.
La ubicación de estos espacios en departamentos como Putumayo, Meta y Cauca ha representado quedar en medio de una confrontación armada entre las disidencias comandadas por “Mordisco” y la facción de “Calarcá Córdoba” que se separaron en marzo de este año, dejando solo a las estructuras de “Calarcá” en el proceso de paz con el Gobierno.
Según Mantilla, el asesinato de excombatientes también es una bandera roja que permite identificar los riesgos que hay en cada espacio de reincorporación: “Tras dos años del gobierno de Gustavo Petro aún no sabemos quién está detrás del homicidio de excombatientes. Considero que la seguridad de un ETCR y el deterioro del mismo se mide por la cifra de homicidios de excombatientes y la impunidad ante ese delito. Eso no lo resolvió el gobierno Duque, ni tampoco lo ha hecho el de Petro”.
Los firmantes que ya han sido desplazados de sus territorios
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cinco ETCR han tenido que ser trasladados debido a los riesgos a los que han estado expuestos sus ocupantes en medio de la confrontación armada que hay en los territorios.
El primero de ellos tuvo que ser reubicado en 2020, cuando 93 excombatientes de las extintas FARC y los miembros de sus familias tuvieron que salir de Santa Lucía, en Ituango, hacia dos predios adquiridos por el Gobierno en el municipio de Mutatá, Antioquia. En ese entonces, los hostigamientos del Clan del Golfo mantuvieron a la comunidad confinada durante varios meses.
En diciembre de 2021, 43 personas en proceso de reincorporación y sus familias tuvieron que salir desde La Macarena, en Meta, hacia un nuevo ETCR en El Doncello, Caquetá (el mismo que hoy está nuevamente en riesgo de traslado) tras las constantes amenazas de disidencias en la zona.
Además: Delegación de Gobierno pide al ELN que suspenda paro armado en Chocó ante emergencia
Para la evacuación de este territorio, las autoridades propusieron que se hiciera mediante helicópteros, pero fueron los mismos excombatientes quienes rechazaron la propuesta, al considerar que esta podría poner en riesgo la vida de las personas que quedaban en la zona de “un contexto de militarización”.
El tercer traslado de un ETCR se dio en 2023, cuando más de 200 personas de la comunidad de firmantes de paz “Mariana Páez” alertaron sobre los riesgos que tenían en el municipio de Mesetas, Meta.
Para este caso puntual, el Gobierno compró 1.460 hectáreas de tierra en Acacías, Meta, para que los excombatientes pudieran iniciar con el desarrollo de proyectos productivos, así como también en la construcción de viviendas.
En diciembre de 2023 fueron trasladados cerca de 200 excombatientes que estaban en el ETCR de La Reforma, en el municipio de Vista Hermosa, hacia el nuevo espacio en San Juan de Arama, en Meta. Dicho movimiento se dio luego de las denuncias de la comunidad, quienes aseguraron que en esa zona habían sido asesinados dos firmantes de paz.
“En los últimos dos años se configuró un fenómeno de inseguridad que se refleja en el desplazamiento masivo y forzado de excombatientes. Ya tenemos varios ETCR que han salido bajo esta figura y se ha convertido en una constante en muchos territorios la amenaza permanente de los actores armados que se están reconfigurando en estos territorios y que han hecho de la población firmante sus objetivos militares”, agregó Montes, respecto a la situación de inseguridad.
Entretanto, la población firmante del Acuerdo de Paz ha reiterado el llamado al Gobierno para agilizar lo pactado en La Habana y darle continuidad al plan de choque propuesto por el Gobierno Nacional, en voz del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, donde si bien no se contempla el tema de los ETCR, sí hay un punto sobre garantizar la seguridad física de los firmantes. No perder de vista a esta población es un eje clave para la sostenibilidad de la paz en el país.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
