Córdoba, el primer departamento en adoptar plan para proteger a los ex-FARC

Protesta en contra del asesinato de lideres sociales y firmantes de paz.

Foto: El Espectador - José Vargas

Córdoba se convirtió a final de 2024 en el primer departamento del país en adoptar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PEST) que busca garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC.

“Con la resolución 0109 del 24 de diciembre, la Gobernación de Córdoba comprometió a adoptar el PESP, realizar acciones de articulación y coordinación con las entidades competentes; a su implementación, ejecución y a comunicar el acto administrativo a entidades y autoridades del departamento”, escribió la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en su cuenta de X (antes Twitter).

El PEST, concebido bajo el marco de la seguridad humana, incluye medidas de prevención y protección dirigidas no solo a los excombatientes, sino también a sus familias y a las sedes del partido Comunes, la colectividad política surgida tras la firma del Acuerdo de Paz.

Entre las acciones de la mesa técnica está desarrollar “identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación” del plan estratégico. También “diseñar las acciones de protección individuales y colectivas para las personas” que son objeto del programa de protección.

Además, se debe hacer seguimiento y evaluación periódica a la implementación del plan y “proponer al Gobierno, por intermedio del delegado/a Presidencial, las reformas y ajustes normativos que se requieran para la protección y seguridad” de los firmantes.

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Así mismo se debe elaborar un protocolo de seguridad y protección y apoyar en la “reubicación temporal, medios de comunicación, atención psicosocial” y todos los apoyos que requieran los firmantes del Acuerdo de Paz.

Esta medida se basa en la Resolución Conjunta No. 0096 de 2024, firmada por el Ministro del Interior y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, en cumplimiento de la Sentencia SU 020 de 2022 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido al bajo cumplimiento de garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.

Según el fallo, las personas en proceso de reincorporación y sus familias enfrentan riesgos elevados derivados de su ejercicio político, social y humanitario.

“Desde Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el desarrollo. Gracias a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz por reconocer nuestro esfuerzo en impulsar el PESP en nuestro territorio. La paz es la base para llevar a Córdoba a otro nivel, y quienes le apuestan a ella contarán con nuestro compromiso, como el resto de cordobeses, para su protección y apoyo”, dijo Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, en su cuenta de X.

En cumplimiento de esta directriz, Córdoba adoptará el plan mediante acciones coordinadas entre las entidades locales y nacionales. Este enfoque busca brindar un entorno seguro para las actividades políticas y sociales de las comunidades afectadas, fortaleciendo la reincorporación de los excombatientes y promoviendo su integración plena a la vida civil.

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El desafío principal radica en articular esfuerzos institucionales para garantizar que las medidas de seguridad tengan un impacto real y sostenido. Organizaciones y actores sociales esperan que la implementación del PEST sea un ejemplo de cómo se puede avanzar hacia una paz con justicia y equidad en los territorios.

Casi una treintena de excombatientes de las antiguas FARC asesinados en 2024

Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) van 29 firmantes de paz asesinados -en el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, van 31 asesinatos- Ninguno de ellos ocurrió en Córdoba. En total, dice el tribunal, se han presentado 440 casos desde que se firmó el Acuerdo de Paz.

La cifra de excombatientes asesinados este año -tanto la de la JEP como la de Indepaz - es, sin embargo, la más baja desde que se firmó el Acuerdo de Paz hace ocho años. 2019 fue el año más difícil para los firmantes de paz, con 85 homicidios, seguido de 2020 con 82 casos, según la JEP.

El departamento con más casos de asesinatos de firmantes de paz, de acuerdo con las cifras de la JEP, fue Cauca, con 11 víctimas; seguido de Meta y Putumayo, con 3 reportes; y Guajira, y Caquetá y Valle del Cauca, con 2 asesinatos registrados en cada uno.

El asesinato a excombatientes de las FARC que cumplen con el Acuerdo de Paz de 2016 no es la única forma de violencia que se ejerce contra esta población. Tras dejar las armas, los hombres y mujeres que iniciaron con su camino de retorno a la sociedad civil han sido víctimas de otros fenómenos como la extorsión, las amenazas y los desplazamientos forzados que impiden que haya un proceso de reincorporación efectivo.

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