Así son las “nuevas zonas” donde se ubican los excombatientes de las antiguas FARC
Tras ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, al menos 10.265 firmantes viven fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y se han trasladado a más de 600 municipios, ciudades capitales o zonas urbanas aledañas. El mayor reto del proceso es la seguridad. Este es el “nuevo mapa” de la reincorporación.
Equipo de comunicación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia
“Vengo de una familia humilde, soy nacido del Chocó, recuerdo la naturaleza de mi pueblo, el río, los árboles, la cancha…”. #SoachaEsMemoria. La frase es de Patricio Ramos, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, y está pegada a una pared blanca donde se ven decenas de otros mensajes redactados en diferentes colores por algunos de los más de 70 excombatientes de las antiguas FARC que viven en este municipio, contiguo a Bogotá. Ramos, proveniente de Riosucio, Chocó, es hoy quien más promueve la integración entre excombatienes y miembros de las comunidades de Soacha.
En la pared también hay fotografías de hitos como la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, pero también de momentos cotidianos de su proceso de reincorporación. Todas las imágenes las protagonizan personas firmantes quienes, individual o colectivamente, cimientan a diario la construcción de paz desde lo urbano, un fenómeno que está reconfigurando la reincorporación en el país, que en un inicio se dio en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), pero que poco a poco se ha mudado a las ciudades o a sus zonas aledañas.
El salón, las frases y las fotos hacen parte de la Fundación Casa de la Memoria, un sueño que empezaron a construir varios firmantes de paz que empezaron a llegar a Soacha desde el 2017, procedentes de diferentes regiones del país. Ramos es el representante legal de esta fundación que trabaja por recuperar y mantener la memoria de estos años en los que han continuado empeñados en cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz. “La gente piensa que los firmantes que no estamos en un ETCR nos salimos del proceso, o que somos perezosos, y lo que no saben es que nos ha tocado más duro, nos toca solos, pagar arriendo, servicios públicos y luchar contra la estigmatización, porque algunos creen que venimos a hacer mal, pero lo que hacemos todos los días es trabajar por cumplir el Acuerdo de Paz, que es un compromiso político, ético y moral”, dice.
Soacha y la reincorporación urbana
Soacha tiene una particularidad, -agrega- y es que aquí hay una gran población víctima del conflicto, parte de ella generada por la misma organización (las antiguas FARC) y resulta que ahora llegamos nosotros prácticamente en la misma condición. ¿Por qué llegamos? En mi caso porque tenía familia, pero también porque Soacha es un municipio grande, tiene seis comunas y supera el millón de personas, aquí mismo una persona se mueve de barrio y usted no la encuentra”, explica.
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Quizá, ese deseo de pasar desapercibidos y de sentirse seguros motivó la decisión de muchos firmantes, como Patricio, de salir de los ETCR. Según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 10.265 firmantes del Acuerdo viven fuera de los ETCR –el 82% del total-. La mitad de ellos viven en entornos urbanos.
Patricio llegó hace cinco años, después de empezar su proceso de reincorporación en el ETCR de Brisas, en Carmen del Darién, Chocó, y de haber culminado su proceso de dejación de armas en una nueva área de reincorporación, en San José de León, en Antioquia. También intentó vivir en Riosucio, en una tierra que era de su papá, pero según cuenta, un grupo armado lo expulsó. Así decidió ubicarse en Soacha.
Lo primero que hizo fue crear un emprendimiento de confecciones, con su hermana, y luego, cuando fue a reportarse ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), para seguir su proceso de reincorporación, se dio cuenta que no era el único firmante en Soacha. Allá conoció a otros de sus antiguos compañeros como Olga Bernal nacida en el Meta, que inició su proceso en el ETCR de Icononzo, en Planadas, Tolima, y quien hoy lidera una asociación de mujeres por la paz; y a Martha Macana, que fundó una empresa de servicios de alimentación.
Juntos, y gracias al impulso que recibieron del programa de Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, de la ARN y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fundaron la Casa de la Memoria en 2021, como punto de encuentro de los firmantes.
Estas agendas son una apuesta de la ARN para fomentar procesos comunitarios con enfoque restaurativo entre firmantes de paz, comunidades e instituciones. El propósito fue promover acciones colectivas para la reconstrucción del tejido social y favorecer la convivencia, la reconciliación y la no-repetición, factores que contribuyen al desarrollo del proceso de reincorporación desde lo comunitario. Ese es el objetivo de la Casa de la Memoria de Soacha y de las más de 60 agendas territoriales que hay en curso en todo el país.
La experiencia de Soacha se enmarca en las nuevas áreas de reincorporación colectiva, en las cuales, grupos de personas firmantes han empezado a construir una nueva vida alrededor de procesos políticos, socioeconómicos y comunitarios que responden a sus intereses comunes y su sentido de cohesión. La Misión ha monitoreado hasta 75 de ellas en el país.
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El 14 de agosto de 2024 el Gobierno emitió el Decreto 1048, que da un reconocimiento a todas las realidades territoriales colectivas surgidas en el marco del proceso de reincorporación, dentro y fuera de las demarcaciones de los ETCR, estableciendo la figura de Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC). La norma contempla que colectivos reconocidos como AERC podrán tener un acompañamiento especial para gestionar una oferta institucional acorde a sus necesidades de reincorporación.
Otro ejemplo se da en Cali. En esta ciudad, se adelanta la única Agenda Territorial de Reincorporación Comunitaria de todo el país liderada e integrada exclusivamente por mujeres en un entorno urbano (en esa ciudad viven 205 firmantes, 53 de ese total son mujeres). Su historia inicia en marzo de este año cuando diez mujeres firmantes fueron convocadas por la ARN para socializar esta iniciativa nacional que busca crear espacios de diálogo entre firmantes de paz, comunidades e instituciones y así generar condiciones de convivencia pacífica y promover la reconciliación.
Tras varios encuentros facilitados por la ARN, las firmantes decidieron convocar a lideresas y víctimas del conflicto para lograr una conversación plural, que apuntara genuinamente a promover escenarios de reconciliación. Así fue como en mayo, 20 de esas mujeres, varias de ellas asociadas a diferentes organizaciones de la sociedad civil como la Ruta Pacífica de las mujeres, la Fundación Lila y Fundemixpa, formaron un equipo movilizador e iniciaron un dialogo sobre sus necesidades, propuestas y aportes para la construcción de paz.
Las discusiones rindieron frutos y este equipo movilizador logró vincular a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca alrededor de la primera propuesta comunitaria que surgió de sus charlas. Fue así como su experiencia de Comadreo por la Paz fue la actividad central en el marco de un Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, con el que se conmemoró el Día Internacional de la Paz en Cali.
El fantasma de los traslados y los hechos de violencia
Pero en este nuevo panorama no hay que olvidar el impacto que han tenido los traslados de algunos ETCR, como el ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando los firmantes de paz del antiguo ETCR de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán, llegaron con sus enseres a cuestas a una vereda del municipio de El Doncello, Caquetá. Tras más de siete años de haber consolidado su espacio en ese municipio, con proyectos de turismo y deportes como el mundialmente reconocido equipo de rafting Remando por la Paz, este colectivo del río Pato, que quiso “cambiar los fusiles por los remos”, debió reubicarse ante la degradación de sus condiciones de seguridad en el territorio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, al menos cinco de estos espacios han tenido que trasladarse; Santa Lucia-Ituango-, en Antioquia (2020); La Macarena-Yarí, en el Meta (2021); Mesetas, en Meta (2023); Vista Hermosa, en Meta (2023); Miravalle, Caquetá (2024). En una reciente audiencia ante la JEP, esta jurisdicción manifestó que esas reubicaciones deben considerarse en algunos casos como desplazamientos forzados.
Ahora, en Doncello, el equipo de Remando por la Paz sigue entrenando para consolidar habilidades esenciales en su proceso competitivo y de reincorporación. “Estamos reorganizándonos. Encontramos un río cerca donde entrenamos todos los días (el río Guayas), para prepararnos para las próximas competencias, quedamos clasificados para el Panamericano en Chile, y estamos buscando patrocinios porque queremos participar en campeonatos mundiales y nacionales”, dice Hermides Linares, firmante y miembro del equipo de rafting.
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Pero esta no es la única realidad. E muchos otros casos, los traslados, a pesar de que significaron un desafío en su proceso de reincorporación, eran necesarios o por cumplir con la titulación de tierras o porque el espacio no era adecuado o para abrirse a otras oportunidades.
Por ejemplo, en Yalí, Antioquia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó la finca El Viento, de 333 hectáreas, a 31 firmantes y sus familias que actualmente habitan en el ETCR de Carrizal. Ese traslado debió darse porque su actual territorio está enmarcado en Ley Segunda, de reserva forestal.
“Aunque en un comienzo presentamos resistencia y no entendíamos qué iba a suceder con la llegada de los firmantes, (…) ahora nuestra apuesta es total, estamos acá para acompañar a estas familias”, dijo el alcalde de Yalí, John Jairo Giraldo, a donde llegarán los firmantes de Carrizal.
Para los reincorporados este cambio significa un gran contraste: “Es una nueva dinámica para nosotros, porque vemos un gesto de voluntad del Gobierno. Se abre un capítulo en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y en la reforma agraria. Aquí tenemos pensados proyectos de cacao, limón, ganadería, entre otros”, indicó Manuel José López, uno de los habitantes del espacio.
Tierra Grata y otros ETCR que se siguen consolidando
Pero otros espacios sí lograron en estos casi ocho años fortalecerse como el Llano Grande, en Antioquia; Agua Bonita, en Caquetá, y Tierra Grata, en el Cesar. Este último pasó de ser una montaña repleta de arbustos y pastos abandonados por el ganado, a una ciudadela de paz, como se llama su proyecto de vivienda que tiene 80 casas, muchas de ellas ya construidas. Tierra Grata es hoy una vereda formal del municipio de Manaure, al cual, hace pocos días el Ministerio de Vivienda aprobó un proyecto presentado por los firmantes para la construcción de un alcantarillado.
Allí, los excombatientes, con apoyo del Gobierno y de cooperación internacional, han logrado gestionar recursos para un jardín infantil para 25 niños y niñas, que es operado por el ICBF; un colegio de primaria, un puesto de salud con dos firmantes formados por la Cruz Roja, una biblioteca y un colectivo cultural que brinda capacitación en artes y fotografía. También tiene restaurante, ferretería, billar y un taller de confecciones, entre otros emprendimientos y proyectos productivos.
“Las claves para el éxito —según Abelardo Caicedo, líder de los firmantes en Tierra Grata—, fueron tres: la planeación, porque pensamos un lugar para nuestro futuro; segundo, la vivienda, porque alguien que tiene casa y una familia no quiere volver a empuñar un arma; y tercero, la capacitación, porque por eso ya hay más 92 personas graduadas de bachilleres y cinco de carreras profesionales”, asegura.
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Vivienda y seguridad, los desafíos
Aunque hay ejemplos positivos, tanto dentro como fuera de los ETCR, sin duda, la nueva realidad de la reincorporación en el país no está libre de retos. De acuerdo con el más reciente Informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los mayores desafíos se encuentran en las áreas de seguridad, tierras y vivienda. “Aunque el número de asesinatos de excombatientes se redujo (de 25 en el último trimestre de 2023 a 16 en la primera mitad de 2024), persisten otras formas de violencia, como amenazas e intentos de homicidio”, resalta el informe que afirma que seguridad continúa siendo la mayor amenaza al proceso de reincorporación.
En materia de vivienda el mayor desafío es la dificultad para acceder a subsidios. En lo concerniente a la cuestión de la tierra, desde 2023 los excombatientes han presentado aproximadamente 486 solicitudes a la ANT. De ellas se han priorizado 36.
La expectativa es que el nuevo Programa de Reincorporación Integral, aprobado recientemente por decreto, pueda afianzar la sostenibilidad de los procesos individuales y colectivos, para que cada firmante comprometido con la paz se transforme en sujeto de derecho. Este Programa incluye las cuatro dimensiones de una reincorporación integral: la reincorporación económica, social, política y comunitaria.
Los anteriores ejemplos muestran el compromiso y la resiliencia de los firmantes de paz, que a pesar de todas las amenazas externas y los asesinatos (432, a corte del 26 de septiembre), se mantienen firmes en su proceso de reincorporación.
* Artículo realizado por los oficiales de Información Pública de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia: Camilo Vargas, Elizabeth Yarce, Esteban Vanegas, Héctor Latorre, Jorge Quintero y Nadya González.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
“Vengo de una familia humilde, soy nacido del Chocó, recuerdo la naturaleza de mi pueblo, el río, los árboles, la cancha…”. #SoachaEsMemoria. La frase es de Patricio Ramos, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, y está pegada a una pared blanca donde se ven decenas de otros mensajes redactados en diferentes colores por algunos de los más de 70 excombatientes de las antiguas FARC que viven en este municipio, contiguo a Bogotá. Ramos, proveniente de Riosucio, Chocó, es hoy quien más promueve la integración entre excombatienes y miembros de las comunidades de Soacha.
En la pared también hay fotografías de hitos como la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, pero también de momentos cotidianos de su proceso de reincorporación. Todas las imágenes las protagonizan personas firmantes quienes, individual o colectivamente, cimientan a diario la construcción de paz desde lo urbano, un fenómeno que está reconfigurando la reincorporación en el país, que en un inicio se dio en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), pero que poco a poco se ha mudado a las ciudades o a sus zonas aledañas.
El salón, las frases y las fotos hacen parte de la Fundación Casa de la Memoria, un sueño que empezaron a construir varios firmantes de paz que empezaron a llegar a Soacha desde el 2017, procedentes de diferentes regiones del país. Ramos es el representante legal de esta fundación que trabaja por recuperar y mantener la memoria de estos años en los que han continuado empeñados en cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz. “La gente piensa que los firmantes que no estamos en un ETCR nos salimos del proceso, o que somos perezosos, y lo que no saben es que nos ha tocado más duro, nos toca solos, pagar arriendo, servicios públicos y luchar contra la estigmatización, porque algunos creen que venimos a hacer mal, pero lo que hacemos todos los días es trabajar por cumplir el Acuerdo de Paz, que es un compromiso político, ético y moral”, dice.
Soacha y la reincorporación urbana
Soacha tiene una particularidad, -agrega- y es que aquí hay una gran población víctima del conflicto, parte de ella generada por la misma organización (las antiguas FARC) y resulta que ahora llegamos nosotros prácticamente en la misma condición. ¿Por qué llegamos? En mi caso porque tenía familia, pero también porque Soacha es un municipio grande, tiene seis comunas y supera el millón de personas, aquí mismo una persona se mueve de barrio y usted no la encuentra”, explica.
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Quizá, ese deseo de pasar desapercibidos y de sentirse seguros motivó la decisión de muchos firmantes, como Patricio, de salir de los ETCR. Según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 10.265 firmantes del Acuerdo viven fuera de los ETCR –el 82% del total-. La mitad de ellos viven en entornos urbanos.
Patricio llegó hace cinco años, después de empezar su proceso de reincorporación en el ETCR de Brisas, en Carmen del Darién, Chocó, y de haber culminado su proceso de dejación de armas en una nueva área de reincorporación, en San José de León, en Antioquia. También intentó vivir en Riosucio, en una tierra que era de su papá, pero según cuenta, un grupo armado lo expulsó. Así decidió ubicarse en Soacha.
Lo primero que hizo fue crear un emprendimiento de confecciones, con su hermana, y luego, cuando fue a reportarse ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), para seguir su proceso de reincorporación, se dio cuenta que no era el único firmante en Soacha. Allá conoció a otros de sus antiguos compañeros como Olga Bernal nacida en el Meta, que inició su proceso en el ETCR de Icononzo, en Planadas, Tolima, y quien hoy lidera una asociación de mujeres por la paz; y a Martha Macana, que fundó una empresa de servicios de alimentación.
Juntos, y gracias al impulso que recibieron del programa de Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, de la ARN y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fundaron la Casa de la Memoria en 2021, como punto de encuentro de los firmantes.
Estas agendas son una apuesta de la ARN para fomentar procesos comunitarios con enfoque restaurativo entre firmantes de paz, comunidades e instituciones. El propósito fue promover acciones colectivas para la reconstrucción del tejido social y favorecer la convivencia, la reconciliación y la no-repetición, factores que contribuyen al desarrollo del proceso de reincorporación desde lo comunitario. Ese es el objetivo de la Casa de la Memoria de Soacha y de las más de 60 agendas territoriales que hay en curso en todo el país.
La experiencia de Soacha se enmarca en las nuevas áreas de reincorporación colectiva, en las cuales, grupos de personas firmantes han empezado a construir una nueva vida alrededor de procesos políticos, socioeconómicos y comunitarios que responden a sus intereses comunes y su sentido de cohesión. La Misión ha monitoreado hasta 75 de ellas en el país.
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El 14 de agosto de 2024 el Gobierno emitió el Decreto 1048, que da un reconocimiento a todas las realidades territoriales colectivas surgidas en el marco del proceso de reincorporación, dentro y fuera de las demarcaciones de los ETCR, estableciendo la figura de Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC). La norma contempla que colectivos reconocidos como AERC podrán tener un acompañamiento especial para gestionar una oferta institucional acorde a sus necesidades de reincorporación.
Otro ejemplo se da en Cali. En esta ciudad, se adelanta la única Agenda Territorial de Reincorporación Comunitaria de todo el país liderada e integrada exclusivamente por mujeres en un entorno urbano (en esa ciudad viven 205 firmantes, 53 de ese total son mujeres). Su historia inicia en marzo de este año cuando diez mujeres firmantes fueron convocadas por la ARN para socializar esta iniciativa nacional que busca crear espacios de diálogo entre firmantes de paz, comunidades e instituciones y así generar condiciones de convivencia pacífica y promover la reconciliación.
Tras varios encuentros facilitados por la ARN, las firmantes decidieron convocar a lideresas y víctimas del conflicto para lograr una conversación plural, que apuntara genuinamente a promover escenarios de reconciliación. Así fue como en mayo, 20 de esas mujeres, varias de ellas asociadas a diferentes organizaciones de la sociedad civil como la Ruta Pacífica de las mujeres, la Fundación Lila y Fundemixpa, formaron un equipo movilizador e iniciaron un dialogo sobre sus necesidades, propuestas y aportes para la construcción de paz.
Las discusiones rindieron frutos y este equipo movilizador logró vincular a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca alrededor de la primera propuesta comunitaria que surgió de sus charlas. Fue así como su experiencia de Comadreo por la Paz fue la actividad central en el marco de un Festival Uniendo Voces por la Reconciliación, con el que se conmemoró el Día Internacional de la Paz en Cali.
El fantasma de los traslados y los hechos de violencia
Pero en este nuevo panorama no hay que olvidar el impacto que han tenido los traslados de algunos ETCR, como el ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando los firmantes de paz del antiguo ETCR de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán, llegaron con sus enseres a cuestas a una vereda del municipio de El Doncello, Caquetá. Tras más de siete años de haber consolidado su espacio en ese municipio, con proyectos de turismo y deportes como el mundialmente reconocido equipo de rafting Remando por la Paz, este colectivo del río Pato, que quiso “cambiar los fusiles por los remos”, debió reubicarse ante la degradación de sus condiciones de seguridad en el territorio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, al menos cinco de estos espacios han tenido que trasladarse; Santa Lucia-Ituango-, en Antioquia (2020); La Macarena-Yarí, en el Meta (2021); Mesetas, en Meta (2023); Vista Hermosa, en Meta (2023); Miravalle, Caquetá (2024). En una reciente audiencia ante la JEP, esta jurisdicción manifestó que esas reubicaciones deben considerarse en algunos casos como desplazamientos forzados.
Ahora, en Doncello, el equipo de Remando por la Paz sigue entrenando para consolidar habilidades esenciales en su proceso competitivo y de reincorporación. “Estamos reorganizándonos. Encontramos un río cerca donde entrenamos todos los días (el río Guayas), para prepararnos para las próximas competencias, quedamos clasificados para el Panamericano en Chile, y estamos buscando patrocinios porque queremos participar en campeonatos mundiales y nacionales”, dice Hermides Linares, firmante y miembro del equipo de rafting.
En otras noticias: La historia de los ex-FARC que restauran la Amazonia y se presentarán en la COP16
Pero esta no es la única realidad. E muchos otros casos, los traslados, a pesar de que significaron un desafío en su proceso de reincorporación, eran necesarios o por cumplir con la titulación de tierras o porque el espacio no era adecuado o para abrirse a otras oportunidades.
Por ejemplo, en Yalí, Antioquia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó la finca El Viento, de 333 hectáreas, a 31 firmantes y sus familias que actualmente habitan en el ETCR de Carrizal. Ese traslado debió darse porque su actual territorio está enmarcado en Ley Segunda, de reserva forestal.
“Aunque en un comienzo presentamos resistencia y no entendíamos qué iba a suceder con la llegada de los firmantes, (…) ahora nuestra apuesta es total, estamos acá para acompañar a estas familias”, dijo el alcalde de Yalí, John Jairo Giraldo, a donde llegarán los firmantes de Carrizal.
Para los reincorporados este cambio significa un gran contraste: “Es una nueva dinámica para nosotros, porque vemos un gesto de voluntad del Gobierno. Se abre un capítulo en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y en la reforma agraria. Aquí tenemos pensados proyectos de cacao, limón, ganadería, entre otros”, indicó Manuel José López, uno de los habitantes del espacio.
Tierra Grata y otros ETCR que se siguen consolidando
Pero otros espacios sí lograron en estos casi ocho años fortalecerse como el Llano Grande, en Antioquia; Agua Bonita, en Caquetá, y Tierra Grata, en el Cesar. Este último pasó de ser una montaña repleta de arbustos y pastos abandonados por el ganado, a una ciudadela de paz, como se llama su proyecto de vivienda que tiene 80 casas, muchas de ellas ya construidas. Tierra Grata es hoy una vereda formal del municipio de Manaure, al cual, hace pocos días el Ministerio de Vivienda aprobó un proyecto presentado por los firmantes para la construcción de un alcantarillado.
Allí, los excombatientes, con apoyo del Gobierno y de cooperación internacional, han logrado gestionar recursos para un jardín infantil para 25 niños y niñas, que es operado por el ICBF; un colegio de primaria, un puesto de salud con dos firmantes formados por la Cruz Roja, una biblioteca y un colectivo cultural que brinda capacitación en artes y fotografía. También tiene restaurante, ferretería, billar y un taller de confecciones, entre otros emprendimientos y proyectos productivos.
“Las claves para el éxito —según Abelardo Caicedo, líder de los firmantes en Tierra Grata—, fueron tres: la planeación, porque pensamos un lugar para nuestro futuro; segundo, la vivienda, porque alguien que tiene casa y una familia no quiere volver a empuñar un arma; y tercero, la capacitación, porque por eso ya hay más 92 personas graduadas de bachilleres y cinco de carreras profesionales”, asegura.
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Vivienda y seguridad, los desafíos
Aunque hay ejemplos positivos, tanto dentro como fuera de los ETCR, sin duda, la nueva realidad de la reincorporación en el país no está libre de retos. De acuerdo con el más reciente Informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los mayores desafíos se encuentran en las áreas de seguridad, tierras y vivienda. “Aunque el número de asesinatos de excombatientes se redujo (de 25 en el último trimestre de 2023 a 16 en la primera mitad de 2024), persisten otras formas de violencia, como amenazas e intentos de homicidio”, resalta el informe que afirma que seguridad continúa siendo la mayor amenaza al proceso de reincorporación.
En materia de vivienda el mayor desafío es la dificultad para acceder a subsidios. En lo concerniente a la cuestión de la tierra, desde 2023 los excombatientes han presentado aproximadamente 486 solicitudes a la ANT. De ellas se han priorizado 36.
La expectativa es que el nuevo Programa de Reincorporación Integral, aprobado recientemente por decreto, pueda afianzar la sostenibilidad de los procesos individuales y colectivos, para que cada firmante comprometido con la paz se transforme en sujeto de derecho. Este Programa incluye las cuatro dimensiones de una reincorporación integral: la reincorporación económica, social, política y comunitaria.
Los anteriores ejemplos muestran el compromiso y la resiliencia de los firmantes de paz, que a pesar de todas las amenazas externas y los asesinatos (432, a corte del 26 de septiembre), se mantienen firmes en su proceso de reincorporación.
* Artículo realizado por los oficiales de Información Pública de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia: Camilo Vargas, Elizabeth Yarce, Esteban Vanegas, Héctor Latorre, Jorge Quintero y Nadya González.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com