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Este lunes, a través de un comunicado, excombatientes de las FARC que son parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) hicieron varias alertas al Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, que no se ha pagado la renta básica de diciembre y que hay una drástica reducción al presupuesto de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y al de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otras entidades que implementan el Acuerdo de Paz.
El Gobierno decretó el pasado 19 de noviembre el recorte de $28,4 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2024 anunciado el mes pasado, debido a una importante caída en los ingresos tributarios, pero también a que el Congreso no le aprobó la reforma tributaria ni la ley de financiamiento. En total, $18,2 billones se reducirán en gastos de funcionamiento, y $10,1 billones en inversiones.
Así las cosas, el presupuesto del próximo año ($523 billones) iniciará con un déficit de $12 billones tras la caída de la reforma tributaria. Este ajuste, que afectará principalmente los gastos de funcionamiento y la inversión, es una medida necesaria para enfrentar un déficit fiscal causado por la disminución de los recaudos de la DIAN, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las proyecciones económicas del país.
Entre las entidades que sintieron esa reducción está la ARN. “Las restricciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República amenazan la continuidad de estos esfuerzos. En particular, el recorte del presupuesto de la ARN, que pasará de 356 mil millones a 91 mil millones para 2025, pone en grave riesgo la implementación de la política de reincorporación. Asimismo, la desfinanciación de la ARN y la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han tenido serias repercusiones, como la imposibilidad de adquirir predios clave: el predio de Doncello, Caquetá; el predio Tabera, Tolima; y el predio de Fortul, Arauca, destinado a firmantes víctimas de desplazamiento forzado, así como otros predios destinados a formas organizativas en el país”, dice el comunicado.
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Además, dicen que en temas de tierras, menos del 10% de las solicitudes de acceso a estas presentadas por firmantes de paz han sido atendidas. “Esto constituye un obstáculo estructural para la estabilidad de sus proyectos productivos y su seguridad integral.”. Y agregan que cerca del 76% de esta población enfrenta desempleo, y que un número preocupante de proyectos productivos individuales ha cerrado, y los colectivos “están en riesgo de seguir el mismo camino”.
Pastor Alape, delegado de Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, dijo a este diario la desarticulación de la Alta Consejería de Paz ha hecho que no tengan a alguien que haga incidencia en los temas del Acuerdo de Paz.
“Todas las alertas que hacemos en el comunicado es porque hay una desfinanciación total de las entidades, agencias y unidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz. Esto es muy grave porque, además de la desarticulación que hizo el Gobierno de desmontar la Alta Consejería de Paz, la consecuencia que tenemos es esta: que no tenemos en el alto Gobierno, en ese Gabinete de Paz quien haga el ejercicio de incidir para que el presupuesto de implementación del Acuerdo no se disminuya. Claro, aquí hay una responsabilidad del Congreso por no aprobar la reforma, pero también del Gobierno”, aseguró.
Colombia+20 contactó a la ARN para conocer su postura sobre esta reducción, pero desde la entidad se dijo que por ahora “no hay pronunciamiento”.
Desde septiembre, cuando el Congreso se preparaba para los debates de la reforma tributaria, ya se había alertado sobre una baja en las entidades a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz.
Un informe del proyecto Del Capitolio al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y publicado en ese mes, indicaba que la aunque el Gobierno había destinado mayores recursos en comparación con el inicio de su mandato, los fondos asignados eran insuficientes para cumplir con los objetivos trazados. “Si bien para el 2025 es notable una reducción en buena parte de las entidades que directamente se ven involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, los niveles de inversión y funcionamiento son, en su mayoría, superiores a los recursos destinados para las mismas que en el 2023 cuando iniciaba el gobierno actual. Esto, a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno en la implementación del Acuerdo, resulta insuficiente por las altas demandas y necesidades que exige la implementación del Acuerdo y el fin del conflicto en Colombia”, aseguraba el informe.
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Retraso en pago de renta básica
En el comunicado, los ex-FARC también alertan en que a la fecha “no se ha realizado el pago correspondiente a la asignación mensual de diciembre”. De acuerdo con el documento, este pago no se ha hecho “debido a la falta de autorización por parte del Ministerio de Hacienda al Fondo Colombia en Paz, lo que ha generado incertidumbre y vulnerabilidad en los firmantes que ratificaron su compromiso firmando el acta del Decreto del Programa de Reincorporación Integral (PRI) antes del 9 de diciembre”.
“Por ello, se hace un llamado al presidente Gustavo Petro para que honre los compromisos establecidos en el Acuerdo Final y en el Plan Nacional de Desarrollo. Es imperativo que se asignen los recursos necesarios para garantizar la continuidad del proceso y que se realicen de manera inmediata los pagos pendientes de la asignación mensual”, dice el documento.
Sobre este tema, Alape dijo a este diario que es muy grave que no se haga el pago -cerca de 1 millón de pesos más un bono de 200 mil pesos- a los reincorporados. “Eso se paga entre el 16 y 17 de cada mes y no han dado razón, solo nos han dicho ‘miren cómo quedó el presupuesto’, pero el tema de la asignación presupuestal es algo que venimos peleando desde hace casi seis meses”, aseguró.
El comunicado finaliza diciendo que el incumplimiento hacia la población en reincorporación no solo socava la confianza en el Estado, “sino que también pone en riesgo los esfuerzos por alcanzar la paz total. Es urgente que el Gobierno actúe con la prontitud que la situación exige”.
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