“Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero vale $150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”.
El presidente Gustavo Petro dijo estas palabras en abril de 2023 cuando en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia le preguntaron sobre su hoja de ruta para implementar el Acuerdo de La Habana y para reparar a las más de 9 millones de víctimas que dejó la guerra.
Lejos de esa cifra estimada por el jefe de Estado hace cuatro meses está la realidad en los bolsillos de su gobierno. Desde la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final confirmaron esta semana que el dinero real con el que se cuenta para ejecutar los seis puntos pactados con las extintas FARC es de $50,4 billones. Una cifra que se queda corta frente a una proyección inicial que hizo Fedesarrollo en 2016 -justo cuando se firmó el Acuerdo- a través de una fijación de viabilidad cercana a los $90 billones por mandato.
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Gloria Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación, aseguró durante el acto de rendición de cuentas del 2022 realizado el miércoles: “En el Gobierno de la vida estamos trabajando para la implementación del Acuerdo de Paz”. Y agregó desde su oficina harán todos los diálogos posibles para que la paz implementada sea una realidad.
Además se refirió a la seguridad de los excombatientes, un punto que no ha podido solucionarse desde la firma del Acuerdo de Paz. Desde 2016 hasta finales de julio, 380 firmantes de paz fueron asesinados, 24 en el gobierno Petro, según Indepaz. “Estamos trabajando por la seguridad de las y los firmantes, de los líderes y lideresas sociales, por una Reforma Rural Integral capaz de entender el gran reto de este país”, dijo Cuartas.
Hablar de desfinanciación de la paz en este gobierno no es algo nuevo y es una realidad que reconocen desde Casa de Nariño. De hecho, el presidente Petro tuvo que acudir en septiembre de 2022 a las comisiones económicas del Congreso de la República para adicionar más de $14 billones al presupuesto nacional para centrarlo en políticas rurales para el posconflicto y no verse apretado en el Presupuesto General de 2023.
Si bien logró aumentar rubros en distintos sectores como el de educación, a la hora de mirar una por una las entidades dolientes en implementar la paz hubo desajustes e interrogantes que incluso llevaron a desencuentros entre senadores y opinión pública.
Por ejemplo, Humberto de la Calle, ex negociador con las FARC y senador de la República, denunció en octubre de 2022 que dentro del presupuesto para 2023 había serios recortes en instancias claves para administrar y ejecutar la paz.
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“Hay una desfinanciación en la Agencia de Renovación del Territorio del 17% respecto al año pasado y en la Agencia para la Reincorporación y Normalización cercana al 48%”, reiteró.
Esto sumándole polémicas administrativas que atravesaron las instancias para la paz durante el arranque de 2023. Como documentó Colombia+20 el 20 de enero de este año, el Decreto 2647 del Departamento Administrativo de Presidencia se emitió quitándole brazos y alcance de fondo a la Unidad que lidera Gloria Cuartas y trasladándoles la mayoría de sus funciones ejecutorias a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Por aquellos días, la Unidad de Implementación apenas contaba con algunas funciones superficiales como “coordinar las directrices y líneas de política que permitan la implementación del Acuerdo Final”, pero atendiendo “los lineamientos del Alto Comisionado para la Paz”; el “realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final y de su alineación con el Plan de Gobierno” y otras tareas que le “sean asignadas por el Alto Comisionado para la Paz”.
Petro anunció los $50 billones desde abril
La cifra confirmada por Cuarta estaba dentro de los planes del presidente. El pasado 12 de abril, Gustavo Petro dijo que en su mandato “se superaría el presupuesto del cuatrienio respecto al del gobierno anterior y se tendría para la paz una asignación de $50,4 billones”.
En ese mismo consejo sobre paz y reconciliación, al que también asistió Gloria Cuartas, el presidente Petro hizo unas estimaciones que lo llevaron a la conclusión que para reparar a todas las víctimas del conflicto se necesitarían 125 años, con reparticiones de presupuesto anual de 2.5 billones de pesos. “Al país se le mentiría si se le dijera otra cosa”, sentenció.
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Sobre el tema presupuestal hay que aclarar que si bien hay montos que el Gobierno se fija anualmente para asignar en proyectos específicos (tierras, participación, seguridad humana, parte de la política de drogas y víctimas, para el caso de las competencias del Acuerdo de Paz), no se puede tomar a ese número como la totalidad de recursos que tiene el país para llevar a cabo iniciativas del posconflicto.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la cooperación internacional ha repartido más de 300 millones de dólares -según cifras de Naciones Unidas- para que lo dicho en el Acuerdo Final de La Habana sea realidad en los territorios. Solamente para el periodo 2023, el Fondo Multidonante de la ONU destinó USD$ 55 millones para el Acuerdo de Paz, con un especial enfoque en la Reforma Rural Integral y el desminado humanitario.
La articulación con cooperantes y la veeduría ciudadana sobre el acuerdo se mantiene igual que siempre. Estará por verse en los próximos meses si dentro de la administración de esos recursos hay solvencia y se cumple uno de los objetivos que dio Gloria Cuartas al anunciar el presupuesto: “se harán los esfuerzos para que los recursos lleguen realmente a las comunidades”.