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La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ha tenido avances durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero ha sido tan veloz como se esperaba y por ello varios cambios -entre ellos la salida de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación y la transformación de esa oficina- se alistan al interior del Ejecutivo para ponerle acelerador al tema.
El presidente dijo desde campaña que uno de sus compromisos más firmes es hacer más expedito el cumplimiento del pacto firmado con la antigua guerrilla de las FARC, pero varias movidas dentro de la estructura de su Gobierno debilitaron entidades que se dedicaban a la implementación dejando al Acuerdo de Paz en un segundo plano.
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Denuncias alertando sobre eso empezaron a darse desde principios de este año. Colombia+20 reportó en enero pasado que conocedores del acuerdo de La Habana afirmaban que la entonces nueva Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz era una instancia débil.
Esa entidad se creó tras el decreto 2647 que firmaron el 30 de diciembre de 2022 el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda.
Ese documento ponía en firme la decisión del Gobierno de ahorrar costos de funcionamiento y reducir el número consejerías de 12 a cinco, entre ellas la llamada Consejería de Estabilización y Consolidación —que en el gobierno Duque lideró Emilio Archila y que centralizó las tareas de la implementación del Acuerdo de Paz—.
La antigua Consejería para la Estabilización y Consolidación se encargaba de articular las entidades para el posconflicto, que incluían al Viceministerio general de Hacienda, a la Vicepresidencia de la República y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). También hacía acciones en la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), OCAD Paz y en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Al suprimir la figura, el decreto le asignó esas responsabilidades al Alto Comisionado para la Paz y otras pocas a la Unidad de Implementación, que de todas maneras quedó bajo la tutela de Danilo Rueda.
Esa nueva organización no funcionó, entre otras, porque dejó sin dientes a la Unidad, pero también porque la OACP es quien lleva la batuta de la política de Paz Total que hoy tiene abiertos siete diálogos de paz con guerrillas, bandas criminales y otras estructuras armadas.
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En el despacho del presidente Petro ya está listo el decreto que reversa esa decisión y que vuelve a traer a la vida una alta consejería presidencial, cuya tarea principal sea la implementación del Acuerdo de Paz.
La idea ya la había anunciado Petro el 29 de marzo pasado desde Mesetas (Meta) cuando estuvo por primera vez en un espacio territorial tras la amenaza de la disidencia de las FARC del Estado Mayor Central a los firmantes de paz que vivían en el ETCR Mariana Páez.
Ese día, delante de la misma directora Cuartas dijo: “Vamos a separar las tareas porque nos estamos colapsando. Hay unas tareas para construir la paz de ahora en adelante con los grupos que aún subsisten, y hay que tener unas tareas para implementar la paz ya hecha. Son dos tareas diferentes, por tanto habrá que separar funciones. Vamos a poner a una persona encargada en lo segundo, que es la implementación de todo el Acuerdo de Paz con las Farc”, dijo Petro.
Un día después, en una reunión entre los negociadores de paz de Petro, el expresidente Juan Manuel Santos y la comunidad internacional, se anunció que volvería esa figura. Desde entonces se han barajado varios nombres, varios cercanos al santismo, entre ellos el de Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera Flórez.
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Lo que sí es cierto y que fuentes cercanas al Dapre le confirmaron a Colombia+20 es que esta reestructura institucional le dará autonomía a esa nueva consejería que saldría del mando de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Además, con esta decisión el Gobierno quiere elevar el perfil del cargo y poner una persona de gran peso político.
La renuncia de Gloria Cuartas
Por su parte, la actual directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas, también presentó su renuncia protocolaria al presidente Petro. La defensora de derechos humanos y exalcaldesa de Apartadó, que estuvo un año en el cargo, dijo en la pasada reunión con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que era posible que en el próximo encuentro ya estuviera la persona que la sucedería.
En esa sesión, Cuartas también presentó política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, una de las principales estrategias contenidas en el Acuerdo de Paz que no había podido concretarse tras siete años de la firma.
Según el documento, las acciones para desmantelar organizaciones o conductas criminales y sus redes de apoyo deben responder a un enfoque integral. El Ejecutivo no solo le va a apostar “al ámbito judicial y militar”, sino a “eliminar cada una de las condiciones que originaron o estructuraron el fenómeno criminal representado en actores criminales”, lo que incluye factores de tipo económico, social, normativo, cultural y político.
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La política, consignada en un documento de 129 páginas, establece cuatro componentes claves para la desestructuración de conductas y organizaciones criminales: desmantelamiento; contribución a la transformación del Estado; acción integral del Estado; y monitoreo y evaluación. A través de estos, se espera aportar a la “no repetición de graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra las personas y comunidades sujetos de protección”, como lo son las organizaciones de sociales, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
