Si el Acuerdo de Paz no avanza, lo hace mucho menos para los pueblos afros e indígenas

Mujeres participan en la conmemoración de los 22 años de la masacre de Bojayá. EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Varias acciones ocurridas entre 2022 y 2023 parecían ser el impulso que necesitaba el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Primero, la formalización en octubre de 2022 del acompañamiento de Estados Unidos, y un mes después la de México sobre este punto. Luego, en enero de 2023, la extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU para ese capítulo, pero mucho más, el anuncio de que la vicepresidenta Francia Márquez sería la custodia de los avances en las reivindicaciones históricas de los pueblos afros e indígenas.

Pero casi ocho años desde la firma del pacto de 2016, hoy ese capítulo tiene las cifras más bajas de cumplimiento, lo que ha llevado a lanzar serias alertas sobre el Gobierno. Así se desprende del tercer informe de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia (IEANPE), que se conoció esta semana, en el que además advierten sobre la grave situación humanitaria que atraviesan las comunidades en términos de asesinatos y desplazamientos forzados.

“Existe un considerable rezago en la implementación de las disposiciones e indicadores étnicos de los seis puntos del Acuerdo de Paz respecto a las disposiciones e indicadores generales (…) La brecha observada comprende entre los 4.4 puntos porcentuales (para el punto 6 sobre la ejecución) y los 30.10 puntos porcentuales (sobre el punto 3 de reincorporación)”, dice el informe (ver gráfico).

En medio de un panorama que ha vuelto a poner en boga al Acuerdo de Paz —en parte porque el presidente Gustavo Petro dijo que irá a la ONU para denunciar que el Estado no ha querido cumplirlo, y en otra porque se ha insinuado que se quiere usar el pacto de 2016 como una excusa para llamar a una constituyente—, el informe de la IEANPE es una muestra de lo que han dicho otros informes, como el del Instituto Kroc: que la ejecución del pacto durante el gobierno de Gustavo Petro no ha tenido una aceleración significativa (como lo prometió en campaña) y que los cambios han sido escasos.

En el documento, la IEANPE afirma que el bajo cumplimiento muestra que “todas las disposiciones étnicas han avanzado más lento que las demás” previstas en el Acuerdo de Paz y que ello muestra que “hasta la fecha los asuntos étnicos no han sido priorizados por los gobiernos que han tenido a su cargo la implementación”, con lo que “persiste la exclusión y del racismo estructural que el Estado y la sociedad colombiana han ejercido en contra de los pueblos étnicos del país”.

Armando Wouriyu Valbuena, secretario general de la IEANPE, explicó a Colombia+20 que otros de los puntos donde hay menos ejecución en el punto 1 (reforma rural) y el punto 5 (sobre la reparación a las víctimas). “En términos generales, en todos los indicadores relacionados con el capítulo étnico hay serios retrasos. Estamos hablando de un rezago de entre el 82 y 85 % si comparamos las diferentes fuentes de información”.

El informe de la IEANPE muestra también los indicadores generales del capítulo étnico y los divide en tres categorías, según el nivel de cumplimiento. El 38 % de los indicadores en el capítulo étnico no registran ningún avance, mientras que el 41 % tienen algunos adelantos de manera intermedia y tan solo el 21 % de los indicadores se han cumplido a cabalidad.

El secretario Wouriyu afirmó que, pese a haber pasado tres gobiernos con responsabilidad para la implementación, “no han existido rutas efectivas” que se ocupen de este trabajo. “De manera genérica, los implementadores de las políticas públicas desconocen o no son de su interés estas poblaciones, que en común tenemos estar alejados de la centralidad, en los últimos rincones del país”, indicó.

La vicepresidenta Márquez, quien es la coordinadora de la ejecución del capítulo étnico, se reunió la semana que pasó con varias entidades, entre ellas la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, el Departamento Nacional de Planeación y la IEANPE. Según se publicó en su cuenta de X, Márquez “hizo un llamado a las entidades del Gobierno para avanzar en acciones concretas, interinstitucionales e intersectoriales” para la materialización de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.

Sobre el trabajo de Márquez, el secretario Wouriyu también se pronunció: “El reto está en que con el liderazgo de la señora vicepresidenta se logre coordinar este esfuerzo, que no ha tenido similares en los gobiernos de Santos y mucho menos en el de Duque”, dijo.

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Las brechas en la implementación del Acuerdo

A pesar de las dificultades para el acceso a los datos concretos y claros por parte del Estado, el informe de la IEANPE revisó cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final de Paz con enfoque en el capítulo étnico para identificar los avances y retos. Aquí un resumen:

Reforma rural integral

El informe también reconoce los avances del Gobierno y destaca que en el Plan Nacional de Desarrollo se modificó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo. También resalta la creación de la jurisdicción agraria y rural, así como la creación de tribunales y juzgados para atender los asuntos de las zonas PDET.

Sin embargo, sobre las iniciativas PDET con enfoque étnico persiste la preocupación de que todavía es reducida la apropiación de los proyectos por parte de las comunidades debido a una “gestión desarticulada con los mecanismos e instancias de participación territorial”. En esa línea, el informe resalta que los Mecanismos Especiales de Consulta han presentado 218 proyectos, de los cuales solo se han priorizado 120. Asimismo, han denunciado falta de acompañamiento técnico y dificultades presupuestales que obstaculizan la puesta en marcha de los mecanismos.

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Participación política

Según el informe, se podría inferir que las poblaciones étnicas no han podido ver reflejadas las posibilidades de participación política y profundización democrática que promete el Acuerdo. Ese fenómeno se podría explicar en parte por la falta de implementación de las medidas para este punto, pero sobre todo por la situación de seguridad que azota a esos territorios y sus poblaciones. Según Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde la firma en 2016, Nariño ha sido el departamento más afectado por desplazamientos masivos y las subregiones Pacífico Sur, Sanquianga y Telembí —donde en su mayoría habitan ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a pueblos étnicos— resultan como las más afectadas.

Un panorama similar se vive en Buenaventura, municipio que se registró como el más golpeado durante 2023, con un índice del 54,7 % de este hecho victimizante contra población étnica.

Ese impacto del conflicto armado sobre los pueblos étnicos ha desencadenado, entre muchas cosas, las barreras para el ejercicio político libre.

Reincorporación

Como en casi todos los informes, uno de los factores más preocupantes es el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz. Desde la firma del Acuerdo y hasta el 20 de enero de 2024 han sido asesinados 417 firmantes, de los cuales al menos 107 (25,65 %) eran excombatientes con autorreconocimiento étnico (57 afrodescendientes y 50 indígenas).

Frente a este panorama, el informe también alerta sobre las dificultades de reincorporación de los excombatientes de pueblos étnicos, pues según los datos registrados, solo se ha logrado en un 19,5 %. Y es mucho más preocupante cuando se desagrega por el componente de mujeres.

Según el SIIPO, este indicador cuenta con un avance del 0 %. Es decir, hay una nula reincorporación de mujeres excombatientes pertenecientes a pueblos étnicos, aun cuando deberían ser prioritarias en el proceso de reincorporación dadas sus condiciones de extrema vulnerabilidad.

Solución al problema de drogas ilícitas

En este punto el informe señala directamente problemas que se originan desde el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), debido a que carece de un enfoque étnico.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en su más reciente informe de monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca a fecha de corte de 2022, el 49 % de las hectáreas identificadas con cultivos de coca se localizan en áreas de manejo especial, desagregadas así: 19 % en tierras de las comunidades negras, 15 % en Parques Nacionales Naturales, 10 % en resguardos indígenas y 5 % en reservas forestales. “Lo más preocupante para la IEANPE es que en los territorios de las comunidades étnicas se ha registrado un aumento considerable en la presencia de cultivos de uso ilícito. Si se compara el año 2022 con 2021, se evidencia un aumento del 18 % de cultivos ilícitos en resguardos indígenas y un aumento del 4 % en tierras de las comunidades negras”, se lee en el documento.

Víctimas del conflicto

En este punto, la IEANPE destaca que la Comisión de la Verdad realizó sus labores teniendo en cuenta la metodología étnica y en diálogo con los pueblos, y señala como un avance que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trabaje en el macrocaso 09 que investiga crímenes contra pueblos y territorios étnicos.

En lo que respecta a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, reconoce que se han hecho acciones y protocolos en la búsqueda de personas desaparecidas de estos pueblos en clave étnica en sentido territorial y poblacional. En materia de reparaciones, el informe indica que el 59,64 % de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) étnicos se encuentran en fase de identificación y alistamiento, frente al 11.41 % de los SRC no étnicos que se encuentran en estas fases lo que demuestra nuevamente un rezago considerable.

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Intensificar la protección es la prioridad

La tendencia al deterioro de los pueblos étnicos es evidente si se tienen en cuenta los 1.410 líderes y lideresas asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 31 de diciembre de 2023. De ese total, 417 eran liderazgos indígenas desagregados en 313 indígenas y 104 afrodescendientes, es decir, el 30 % del total nacional de víctimas.

Mientras tanto, los desplazamientos múltiples y masivos siguen afectando de forma desproporcionada a los pueblos étnicos. Codhes indica que representan cerca del 61.6% de las víctimas totales, donde los más afectados son los pueblos negros, afrocolombianos y afrodescendientes con el 36 % del total de víctimas a nivel nacional.

Estos hechos de violencia han sucedido en 131 municipios de 25 departamentos, aunque la región más afectada es la Pacifica, con 319 casos, equivalentes al 76,49 % de todos los casos registrados. El departamento de Cauca, azotado por la escalada de violencia tras el levantamiento del cese al fuego regional por parte de Gustavo Petro con una parte de la disidencia conocida como Estado Mayor Central, registra 150 de estos eventos, es decir, el 35,97 % de todos los asesinatos a líderes y lideresas registradas en el territorio nacional, según el informe que cita a Indepaz.

Para Wouriyu, justamente el tema de seguridad es el más urgente por tratar. “Definitivamente, la situación de orden público en los territorios étnicos constituye la prioridad por encima del conjunto de ítems del Acuerdo de Paz (...) La desafortunada ocupación de otros actores armados en el momento en que las extintas FARC se retiraban de las zonas rurales permitió que los pueblos y comunidades indígenas y afros continúen sometidos al asesinato, el reclutamiento en (proporción alta infantil), el desplazamiento y el confinamiento, entre otras violaciones”, explicó.

En la reunión de la semana pasada, la vicepresidenta Márquez también se refirió a la “urgencia de poner en marcha acciones y programas que prevengan y frenen el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los territorios más afectados por el conflicto armado”.

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La implementación del Capítulo Étnico: un asunto de Estado

El llamado de la IEANPE es a que la implementación del Acuerdo de Paz con enfoque étnico sea tratada como un asunto de Estado y no de gobierno, porque ello ha provocado nuevas rutas de implementación y a su vez una prolongación innecesaria en el tiempo.

Asimismo, el informe invita a que las entidades con responsabilidad directa en la implementación de este enfoque cuenten con personal preparado para atender las solicitudes, de manera que se logre un avance más ágil en los ejercicios.

“Resulta desgastante, tener que recordar al cuerpo de funcionarios y funcionarias del Estado las particularidades de nuestras comunidades y territorios, de la misma manera se recomienda garantizar el servicio de traducción a lenguas propias en todas las actuaciones de las instituciones del Estado con comunidades étnicas”, indica el documento.

El llamado también fue para el presidente Petro, con el fin de que se garantice la participación permanente con voz y voto para los pueblos étnicos.