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Este lunes, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó su más informe trimestral sobre cómo va la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
El documento, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024, muestra algunos de los avances y retrocesos que tuvo el cumplimiento de ese pacto. El informe hace referencia a las sanciones propias, uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias-, y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.
De acuerdo con el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “para cumplir su papel histórico, la Jurisdicción Especial tendrá que demostrar una flexibilidad continua y la voluntad de lograr un equilibrio (...) para garantizar que la justicia transicional contribuya efectivamente a la paz a largo plazo”.
El informe, que se presentará el próximo 22 de enero ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, también dice que ahora que cuatro casos de la Jurisdicción Especial han llegado a la etapa de juicio, “es cada vez más urgente que el Gobierno tome todas las medidas necesarias para establecer las condiciones para la implementación de sanciones propias”.
Además, pide tanto al Gobierno como a la JEP “que procedan con la mayor celeridad posible y de manera colaborativa, de conformidad con sus respectivas responsabilidades y mandatos”.
El documento, dice que es fundamental “la provisión de seguridad jurídica a los comparecientes” al igual que lograr “los objetivos fundamentales de impartir justicia y contribuir a la consolidación de la paz se cumplan con celeridad en beneficio de las víctimas que esperan pasar página tras décadas de sufrimiento”.
La Misión de Verificación dice que está monitoreando de cerca los avances en esos casos y el estado de los preparativos para la implementación de las sanciones en materia de seguridad, condiciones de vida y sostenibilidad de las iniciativas restaurativas. El documento también registró el reciente “anuncio de una asignación inicial de 20 millones de dólares para 2025″. Ese dinero se había acordado el pasado 9 de octubre entre la JEP y el Dapre.
Sobre los recursos destinados para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el informe dice que “las actuales restricciones fiscales y las limitaciones presupuestarias generales previstas para 2025 podrían obstaculizar los esfuerzos de implementación”.
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El informe también afirma que la ejecución “exitosa de las sanciones” depende de que se aplique “un enfoque coordinado entre todas las instancias gubernamentales, es necesaria la participación continua de las distintas entidades, incluidos los Ministerios de Defensa y de Justicia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, a fin de garantizar que se den las condiciones para traducir rápidamente las decisiones judiciales en acciones restaurativas que beneficien a las víctimas”, explica.
Además, muestra las preocupaciones sobre la rápida resolución de la situación jurídica de miles de personas no consideradas máximas responsables, dice la Misión, por situación de estigmatización.
“Por ejemplo, a pesar de que se les ha concedido la amnistía o la libertad condicional con arreglo al Acuerdo Final, algunos miembros de las antiguas FARC-EP y de la Fuerza Pública han sido detenidos por las autoridades policiales y de migración en relación con actos que son competencia de la Jurisdicción Especial. Transcurridos ocho años desde la firma del Acuerdo, estas situaciones fomentan la estigmatización y una sensación de inseguridad jurídica y requieren un enfoque holístico del Estado para evitar que se repitan”.
Durante el período analizado, se reportaron 10 asesinatos y seis intentos de homicidio contra excombatientes, y desde la firma del acuerdo, se han registrado 441 homicidios de firmantes de paz. La violencia contra líderes sociales sigue siendo crítica, concentrándose en departamentos como Cauca, Antioquia y Arauca. La región del Pacífico y los pueblos étnicos son especialmente vulnerables, con un aumento del 60% en los casos de confinamiento.
ONU también pide renovación del cese al fuego con el ELN “lo antes posible”
El informe resalta las recientes reuniones entre el Gobierno y el ELN, consideradas un avance significativo tras meses de tensiones.
A pesar de ello, el texto dice que tras el fin del cese al fuego con esa guerrilla el pasado 3 de octubre, se percibió un aumento significativo de los casos víctimas mortales tras enfrentamientos entre el Ejército y el ELN que pasaron de “4 durante el cese al fuego a por lo menos 66 en su ausencia”.
Los incidentes, dice el documento, se dieron principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar y Norte de Santander, concretamente en la región del Catatumbo.
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El secretario Guterres instó a las partes a “restablecer un cese al fuego” y a continuar con los esfuerzos para restablecer el proceso de paz, suspendido desde septiembre tras el atentado del ELN a una base militar en Puerto Jordán, Arauca.
“Insto a que consoliden el progreso alcanzado hasta la fecha en la mesa de negociaciones y mantengan la vista puesta en el objetivo global de la paz. Hago un llamado a las partes para que establezcan un nuevo cese al fuego lo antes posible, con un mecanismo sólido de monitoreo y verificación y un alcance suficientemente amplio para mejorar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto.
Otros temas que toca el informe
Entre los aspectos más relevantes, el informe subraya el impulso que ha recibido la Reforma Rural Integral bajo la administración del presidente Gustavo Petro, con un enfoque en la adjudicación de tierras y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, los resultados están lejos de las metas establecidas: solo se ha logrado adjudicar el 5,7% de las 3 millones de hectáreas comprometidas y formalizar el 43,8% de los siete millones proyectados. La financiación adecuada sigue siendo crucial para cumplir estos objetivos y ampliar la presencia del Estado en zonas históricamente marginadas.
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“En el período sobre el que se informa se adquirieron 74.023 hectáreas, con lo que en 2024 suman en total 205.494. En el período sobre el que se informa, hasta noviembre, se entregaron 32.480 hectáreas de tierras adquiridas, con lo que desde la firma del Acuerdo Final se han entregado 173.796. No se avanzó lo suficiente para cumplir la meta del Gobierno de llegar a 500.000 hectáreas en 2024; en este año se adjudicaron el 11,3% de las tierras”, explica.
Sobre el plan de choque propuesto por el Gobierno, que busca acelerar la implementación del Acuerdo, tiene potencial para abordar estos retos. Guterres destacó que incluir las prioridades del capítulo étnico y de género en este plan fortalecería su impacto, particularmente en áreas donde la violencia y la inseguridad aún son predominantes.
“El plan de choque elaborado recientemente por el Ministerio del Interior tiene el potencial de acelerar la implementación de todo el Acuerdo Final y solo podría reforzarse mediante la inclusión de disposiciones sobre género y prioridades del capítulo étnico. Me alienta especialmente que, en el marco del plan, se hayan establecido pactos territoriales sobre prioridades de desarrollo entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales”, dice el informe.
El informe concluye con un llamado a priorizar el diálogo y a demostrar un compromiso firme con la paz, recordando que los procesos de reconciliación son complejos pero indispensables para construir un futuro más próspero. Naciones Unidas reafirma su apoyo al pueblo colombiano, confiando en que 2025 será un año decisivo para consolidar los avances hacia la paz.
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