Acuerdo de Paz: ONU espera que plan de choque de Petro se traduzca en resultados
El informe trimestral que presenta la Misión de Verificación de la ONU ante el Consejo de Seguridad también señala que el plan, liderado por el Ministerio del Interior, puede agilizar puntos clave como la reforma rural integral. Estos son los otros avances que señala ese organismo en Colombia.
El más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dado a conocer una semana antes de ser presentado ante el Consejo de Seguridad, mira con buenos ojos los planes que tiene en marcha el Gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
El informe trimestral, que abarca el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024, nuevamente hace un repaso por los avances y retos más sobresalientes en la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC y hace especial énfasis en que el reciente plan de choque liderado por el Ministerio del Interior podría agilizar puntos clave de la implementación del Acuerdo e incluso espera que esa iniciativa se logre traducir en “resultados tangibles”.
Con esa premisa, el informe llegará el próximo 15 de octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que también participarán varios miembros del Gobierno Petro. Precisamente, uno de los presentes será el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde que llegó al cargo hace dos meses tiene el trabajo de implementador del Acuerdo. Junto con él, también se espera la presencia del canciller, Luis Gilberto Murillo y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.
Esa cita es la primera tras la visita de Petro al Consejo de Seguridad en julio pasado cuando demandó respaldo a la ONU para acelerar el Acuerdo de Paz -y habló de un fast track-, pidió ayuda económica, adelantó detalles su plan de choque y propuso un plan de ocho puntos con miras a acelerar la implementación.
En estos tres meses, la política de paz total del mandatario, así como la implementación del Acuerdo de Paz, ha tenido altos y bajos que quedaron plasmados en el informe trimestral de la Misión. Por un lado, el Gobierno avanzó en varias tareas para apresurar la ejecución como la actualización del Gabinete de paz, la regulación del programa para la reincorporación de los excombatientes de las FARC, la reforma política (que tiene un guiño al partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo) y el plan de choque.
Colombia+20 publicó el borrador de ese plan el pasado 30 de septiembre. El documento de seis puntos incluiría agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —encargado, entre otras cosas de las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos— y redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz. Esto último está contemplado en un borrador de decreto que dio a conocer Colombia+20 la semana pasada.
Los otros tres puntos son las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Pero también hubo otros asuntos en los que o hubo retrocesos, como la adjudicación de recursos para el Acuerdo de Paz en el presupuesto, y otros en los que persisten las diferencias, como las pugnas alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Asimismo, el informe señala que los avances en la implementación del capítulo étnico, nuevamente, fueron limitados y la mayoría de los procesos siguen en etapas iniciales.
El informe señala los nueve tableros de negociación que actualmente tiene en juego el Gobierno, lo que cataloga como un objetivo ambicioso de mantener. Entre ellos están las negociaciones políticas que se llevan con la disidencia Segunda Marquetalia y la conocida como Estado Mayor de los Bloques; el diálogo con Comuneros del Sur, grupo que escindió del ELN. Además, se mantienen los espacios socio jurídicos, con miras al sometimiento, con las estructuras criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó. A eso se le suman los tableros con el grupo conocido como Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El informe también habla de la suspendida negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Misión de Verificación ejerce el rol de buenos oficios en esa negociación de paz y , por mandato aprobado el Consejo de Seguridad, era parte del Mecanismo de Verificación, Monitoreo y Veeduría (MVMV) del cese al fuego.
Sobre este el cese al fuego, el informe afirma que el mecanismo ayudó a prevenir el contacto armado entre las partes en 61 ocasiones. Asimismo, hace especial énfasis en que las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales hacen repetidos llamados a que se vuelva a las negociaciones y se reanude el cese al fuego.
En términos generales, el informe ve como un asunto positivo el cambio de enfoque ha tenido el Gobierno Nacional en cuanto a la paz. La estrategia del Gobierno se viene caracterizando cada vez más por un enfoque territorial de la construcción de la paz, con énfasis en la implementación progresiva de medidas para generar dividendos tangibles de la paz a nivel local y regional. En ese sentido, el documento destaca que el plan de choque del Ministerio del Interior le apuesta a revitalizar los municipios PDET, zonas profundamente afectadas por el conflicto, a través de pactos territoriales para priorizar inversión con las comunidades.
De ahí que el informe de la Misión espere que ese plan de choque se traduzca en resultados tangibles, puesto que también asegura que las perspectivas de la implementación del Acuerdo han mejorado debido a ese plan que se discutió con el Ministerio del Interior para la definición de prioridades. “El plan tiene como finalidad simplificar los procesos en vigor y garantizar la coherencia general entre las principales estrategias elaboradas hasta la fecha”, indica el documento.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
El más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dado a conocer una semana antes de ser presentado ante el Consejo de Seguridad, mira con buenos ojos los planes que tiene en marcha el Gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
El informe trimestral, que abarca el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024, nuevamente hace un repaso por los avances y retos más sobresalientes en la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC y hace especial énfasis en que el reciente plan de choque liderado por el Ministerio del Interior podría agilizar puntos clave de la implementación del Acuerdo e incluso espera que esa iniciativa se logre traducir en “resultados tangibles”.
Con esa premisa, el informe llegará el próximo 15 de octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que también participarán varios miembros del Gobierno Petro. Precisamente, uno de los presentes será el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde que llegó al cargo hace dos meses tiene el trabajo de implementador del Acuerdo. Junto con él, también se espera la presencia del canciller, Luis Gilberto Murillo y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.
Esa cita es la primera tras la visita de Petro al Consejo de Seguridad en julio pasado cuando demandó respaldo a la ONU para acelerar el Acuerdo de Paz -y habló de un fast track-, pidió ayuda económica, adelantó detalles su plan de choque y propuso un plan de ocho puntos con miras a acelerar la implementación.
En estos tres meses, la política de paz total del mandatario, así como la implementación del Acuerdo de Paz, ha tenido altos y bajos que quedaron plasmados en el informe trimestral de la Misión. Por un lado, el Gobierno avanzó en varias tareas para apresurar la ejecución como la actualización del Gabinete de paz, la regulación del programa para la reincorporación de los excombatientes de las FARC, la reforma política (que tiene un guiño al partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo) y el plan de choque.
Colombia+20 publicó el borrador de ese plan el pasado 30 de septiembre. El documento de seis puntos incluiría agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —encargado, entre otras cosas de las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos— y redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz. Esto último está contemplado en un borrador de decreto que dio a conocer Colombia+20 la semana pasada.
Los otros tres puntos son las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Pero también hubo otros asuntos en los que o hubo retrocesos, como la adjudicación de recursos para el Acuerdo de Paz en el presupuesto, y otros en los que persisten las diferencias, como las pugnas alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Asimismo, el informe señala que los avances en la implementación del capítulo étnico, nuevamente, fueron limitados y la mayoría de los procesos siguen en etapas iniciales.
El informe señala los nueve tableros de negociación que actualmente tiene en juego el Gobierno, lo que cataloga como un objetivo ambicioso de mantener. Entre ellos están las negociaciones políticas que se llevan con la disidencia Segunda Marquetalia y la conocida como Estado Mayor de los Bloques; el diálogo con Comuneros del Sur, grupo que escindió del ELN. Además, se mantienen los espacios socio jurídicos, con miras al sometimiento, con las estructuras criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó. A eso se le suman los tableros con el grupo conocido como Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El informe también habla de la suspendida negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Misión de Verificación ejerce el rol de buenos oficios en esa negociación de paz y , por mandato aprobado el Consejo de Seguridad, era parte del Mecanismo de Verificación, Monitoreo y Veeduría (MVMV) del cese al fuego.
Sobre este el cese al fuego, el informe afirma que el mecanismo ayudó a prevenir el contacto armado entre las partes en 61 ocasiones. Asimismo, hace especial énfasis en que las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales hacen repetidos llamados a que se vuelva a las negociaciones y se reanude el cese al fuego.
En términos generales, el informe ve como un asunto positivo el cambio de enfoque ha tenido el Gobierno Nacional en cuanto a la paz. La estrategia del Gobierno se viene caracterizando cada vez más por un enfoque territorial de la construcción de la paz, con énfasis en la implementación progresiva de medidas para generar dividendos tangibles de la paz a nivel local y regional. En ese sentido, el documento destaca que el plan de choque del Ministerio del Interior le apuesta a revitalizar los municipios PDET, zonas profundamente afectadas por el conflicto, a través de pactos territoriales para priorizar inversión con las comunidades.
De ahí que el informe de la Misión espere que ese plan de choque se traduzca en resultados tangibles, puesto que también asegura que las perspectivas de la implementación del Acuerdo han mejorado debido a ese plan que se discutió con el Ministerio del Interior para la definición de prioridades. “El plan tiene como finalidad simplificar los procesos en vigor y garantizar la coherencia general entre las principales estrategias elaboradas hasta la fecha”, indica el documento.
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