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Luego de casi ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, los principales desafíos para implementar el pacto se concentran en la rama Ejecutiva, que tanto en el gobierno de Iván Duque como en el de Gustavo Petro han tenido un lento avance en la puesta en marcha de lo negociado en La Habana.
Sin embargo, el Congreso de la República también tiene un rol clave en materia de formulación de proyectos de ley, reformas constitucionales y control político a la puesta en marcha del Acuerdo.
Según un balance del proyecto Del Capitolio Al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante la última legislatura -que terminó el pasado 20 de junio- se presentaron 100 proyectos que impactan la implementación (69 fueron radicados en la Cámara de Representantes y 31 en el Senado).
La mayoría de estas iniciativas (54) estaban relacionadas con el primer punto del pacto, la Reforma Rural Integral. El siguiente punto en proyectos presentados (16) fue el quinto, que involucra temas de víctimas y justicia. Solo tres de las 100 iniciativas legislativas abordaban todos los puntos del Acuerdo.
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“Aunque varias de las tareas grandes ya se hicieron en el Legislativo, hay varios temas pendientes en los que le ha costado avanzar al Congreso de manera decidida”, explica Carolina Varela, coordinadora de Del Capitolio Al Territorio.
Las iniciativas aprobadas
Para Varela, el mayor logro de la legislatura que terminó es la aprobación de la ley estatutaria que estructura la jurisdicción agraria y rural, que pasó a revisión automática de la Corte Constitucional.
Otro de los grandes avances fue la aprobación de la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo y al que se le adicionaron elementos de la iniciativa de la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, aún está pendiente la sanción del presidente a esta reforma.
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Además, obtuvo luz verde el proyecto a través del cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada (el cual aún está pendiente de sanción presidencial).
También se aprobaron otras iniciativas clave en cuanto a la formulación de la política nacional de mercadeo agropecuario; la promoción del desarrollo del sector agropecuario y rural; la ampliación los términos para que las víctimas del conflicto declaren ante el Ministerio Público; y la creación de la Comisión legal de Paz y Posconflicto del Congreso de la República de Colombia.
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El 37% de los proyectos fueron archivados
De los 100 proyectos presentados, hubo 37 relacionados con leyes ordinarias que fueron archivados debido a que no surtieron ni siquiera su primer debate.
Entre estas iniciativas hundidas está la que habilitaba la adjudicación, concesión y el otorgamiento de uso de tierras en reservas forestales de la ley 2ª de 1959; la que establecía medidas afirmativas a favor de la mujer rural; y la que determinaba la competencia y funcionamiento de la jurisdicción agraria.
También fue archivado un proyecto “que pudo afectar la focalización de recursos en los municipios PDET: Nº 420/2024 de Cámara, por medio de la cual se establecen, definen y priorizan nuevos municipios como zonas más afectadas por el conflicto armado ZOMAC”.
Tres alertas al Legislativo
En el balance de Del Capitolio Al Territorio se incluyen algunas preocupaciones sobre iniciativas que deberán desarrollarse en el corto plazo.
Por ejemplo, respecto a la Jurisdicción Agraria, no solo hace falta la revisión de la Corte Constitucional, sino que el Gobierno debe radicar nuevamente e impulsar el trámite y aprobación de la ley ordinaria que define su funcionamiento, sus competencias y propone el procedimiento especial agrario para agilizar los procesos que esta jurisdicción lleve.
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De otro lado, el documento resalta que después de siete años de firmado el pacto con las FARC y seis de haber firmado acuerdos con cultivadores de coca, continúa pendiente la aprobación del tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores.
“Es importante que el Gobierno Nacional y las CITREP (autores del proyecto que fue aprobado en primer debate), construyan una ruta conjunta de trabajo para lograr consensos, que involucre a los campesinos y a la rama judicial, fortalecer el proyecto e impulsar su trámite y aprobación”, señala el balance.
La tercera gran alerta tiene que ver con ajustes normativos que tocan puntos importantes del Acuerdo de Paz y aún no han sido aprobados o tramitados.
Entre los temas, además del tratamiento penal diferenciado cultivadores, están las recomendaciones de la Misión Electoral Especial sobre la Reforma Política y Electoral; la Reforma Ley de Tierras; la Ley de sometimiento a la justicia de grupos de crimen organizado y las garantías para y durante la protesta pacífica.